viernes, 30 de noviembre de 2007

LA PAROTA , GUERRERO OTRO UN FOCO ROJO PARA EL SISTEMA,

Hay cuatro juicios agrarios contra La Parota, advierten

Denuncian ejidatarios guerra sucia de la CFE

Señalan que la paraestatal trata de relacionarlos con el EPR

Matilde Pérez U. y José Antonio Román

El director de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, miente al asegurar que la hidroeléctrica La Parota podrá ser construida; en su contra están cuatro juicios agrarios ganados por los campesinos y el recurso de revisión del amparo 879/2007 interpuesto por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental ante la autoridad judicial y el cual aún no concluye, aclaró Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP).

Acompañado por otros integrantes del CECOP y por Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Suástegui Muñoz agregó que la CFE ya emprendió “una guerra sucia” en contra del movimiento al tratar de involucrarlo con el EPR.

“Los comuneros y ejidatarios opositores a La Parota hemos manifestado nuestra simpatía por el EZLN, pero también hemos sido claros al señalar que no estamos a favor de la lucha armada para detener la construcción de la hidroeléctrica. Si el EPR o el ERPI han manifestado a través de desplegados su simpatía por el movimiento, los respetamos, pero no tenemos la certeza de que esos pronunciamientos sean auténticos”, puntualizó Suástegui Muñoz.

En conferencia de prensa, el grupo de ejidatarios y comuneros no descartaron la posibilidad de que se trate de militarizar la región bajo el pretexto del combate al narcotráfico. “Sabemos que un nuevo jugador ya entró a jugar a la cancha: el Ejército. Hace algunas semanas pasó por el plantón permanente que tenemos en el ejido Dos Arroyos y detuvo a uno de los integrantes del CECOP, al cual logramos liberar. Desde entonces hemos dicho que también los elementos del Ejército tienen que pedir permiso para pasar por nuestras tierras”.

Frente a la campaña de descalificación lanzada en contra del movimiento llevaremos a cabo acciones de información en las universidades, volveremos a reunir con los empresarios de Guerrero y con los ministros de la Iglesia católica. Acudiremos a organismos internacionales, aunque del movimiento ya tienen conocimiento los relatores especiales para la vivienda, Miloon Khotari, y sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales para los Indígenas, Rodolfo Stavenhagen.

El vocero del CECOP explicó que los cuatro juicios agrarios mediante los cuales la CFE pretendió expropiar y ocupar las tierras de los ejidos Los Cuajes, Dos Arroyos, La Palma y de la comunidad de Cacahuatepec fueron ganados por los campesinos y “eso es cosa juzgada”. También se ganaron tres juicios más mediante los cuales se impide a la CFE y al gobierno de Guerrero ingresar a las tierras ejidales de Los Cuajes, Dos Arroyos y La Palma para realizar obras de La Parota.

Por su parte, la Organización de Naciones Unidas alertó de la escalada de violencia que podría generar la “intromisión” de la guerrilla en la controversia sobre la construcción de la presa La Parota, en el estado de Guerrero.

Amerigo Incalcaterra, representante en México de la alta comisionada de Naciones Unidas, se refirió así a la reciente advertencia que lanzaron más de 48 organizaciones sociales aglutinadas en la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero (APPG), que incluye a los grupos armados EPR y ERPI, que saldrían en defensa de los campesinos que se verían afectados si se continúa la construcción de dicha presa.



HACIA DONDE VA LA ONU.

acaso no sabra realmente que sucede en la Parota?

La Organización de las Naciones Unidas consideró grave que la guerrilla se entrometa en un problema tan delicado como el de la presa La Parota, porque éste sólo le compete a los pobladores, a las autoridades estatales y federales. Y México “no necesita de guerrillas para arreglar los problemas”.

El representante del alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México, Amerigo Incalcaterra, manifestó su esperanza de que los pobladores que se consideran afectados por ese desarrollo hidroeléctrico no acepten la participación de grupos guerrilleros.

Entrevistado durante la presentación de una campaña de spots sobre derechos humanos y pueblos indígenas”, Amérigo Incalcaterra destacó que los conflictos sociales que se presentan en la sociedad mexicana son de preocupación de la oficina del alto comisionado, así como la manera de cómo se encaran y se solucionan.

Lo importante, dijo el funcionario de las Naciones Unidas, es “no cerrar puertas, abrir siempre espacios y no ser fantasiosos en la búsqueda de una solución”; por eso, agregó, “aspiramos a que las autoridades y personas involucradas tengan acuerdos”.

En la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México, señaló: “No estamos viendo una situación en particular. Vemos todo lo que surge y tenemos interlocuciones con los distintos actores y sugerimos no agotar ningún diálogo”

Sobre la advertencia de la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero, que incluye a los grupos armados Ejército Popular Revolucionario y Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, de que saldrán a la defensa de los pobladores de La Parota si se impone el proyecto hidroeléctrico, señaló: “Es sumamente grave que fuerzas guerrilleras que hacen uso de la violencia, de la fuerza, se entrometan en asuntos que son ajenos a su responsabilidad; esa es una situación que compete a los pobladores de la zona, a las autoridades de Guerrero y a las federales, como es la Comisión Federal de Electricidad y la secretaría que tiene incumbencia.

“Esperemos que sea rechazada por todos los sectores que están involucrados, porque es un problema delicado. Pero no se necesita de guerrillas para solucionar los problemas”.

Aún no están agotadas todas las instancias de diálogo, ni las jurídicas para tener acuerdos, sostuvo el funcionario de las Naciones Unidas.

El martes, la Comisión Federal de Electricidad aseguró que finalmente ganó el litigio que le impedía avanzar en los trabajos para llevar a cabo la construcción de la presa La Parota, lo que le permite retomar el proyecto y reiniciar las negociaciones con los comuneros que serían afectados con el proyecto.

México • Eugenia Jiménez


Fuente: Milenio Diario

Gana CFE juicio sobre presa La Parota: Elías Ayub

Miriam Posada

El funcionario dijo, sin embargo, que la paraestatal trabajará para alcanzar un acuerdo con los siete mil ejidatarios que se oponen a la construcción de la presa.

México, D.F. El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, anunció este martes que la empresa ganó el litigio en torno a la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, por lo que está en condiciones legales para llevar a cabo la construcción del proyecto, ubicado en el estado Guerrero.

Durante la Reunión de la Calidad y la Competitividad de la CFE, el funcionario dijo, sin embargo, que la empresa deberá trabajar en generar consenso social entre 7 mil ejidatarios de la región que se oponen a la realización del proyecto.

El 13 de septiembre pasado, la juez federal Livia Larumbe Radilla había concedido una suspensión definitiva en vía de amparo a los pobladores del municipio de Cacahuatepec, Guerrero, y ordenó a la CFE que de inmediato detuviera la construcción del embalse.

Dicha resolución no significaba que los inconformes con el megaproyecto hubieran ganado el juicio de garantías a la CFE, sino que estarían protegidos durante el tiempo que durara el litigio.

Este megaproyecto, emprendido hace cuatro años, ha provocado fuerte resistencia entre los pobladores afectados y movimientos ambientalistas, quienes argumentan que la construcción de la presa provocaría el desplazamiento de 25 mil personas, la inundación de 17 mil 300 hectáreas y un grave deterioro ecológico.

Los opositores al proyecto formaron una agrupación denominada Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota (CECOP). Esta lucha no ha estado exenta de víctimas: tres campesinos fueron asesinados durante un enfrentamiento para impedir que la CFE construyera el embalse. Además, los campesinos han enfrentado constantes amenazas de expropiación de tierras por parte del gobierno federal.

La concesión de la hidroeléctrica fue otorgada el 24 de junio de 2005 por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la resolución fue aprobada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).




NUEVAMENTE LA PFP

DESALOJA PFP A NORMALISTAS EN UNA CASETA DE COBRO EN GUERRERO

Sergio Ocampo, corresponsal

Extraoficialmente hay 56 detenidos y dos personas heridas.

Chilpancingo, Gro. Egresados y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron desalojados por un centenar de policías federales y estatales preventivos poco después del mediodía de este viernes de la caseta de cobro de La venta, ubicada en el municipio de Acapulco.
Los estudiantes tomaron la caseta como parte de una jornada de protesta que se realizó en las ciudades de Tlapa, Iguala, Chilpancingo, Atoyac y Acapulco, previo al 33 aniversario de la muerte del guerrillero Lucio Cabañas Barrientos.

Fuentes extraoficiales dieron a conocer que hay 56 detenidos y dos personas heridas, una de ellas de gravedad.

Desde julio pasado los normalistas demandan la entrega de plazas de maestro y la permanencia de la licenciatura en educación primaria.

Apenas el 14 de noviembre pasado, policías estatales desalojaron a más de 800 estudiantes que se habían apoderado de la sede del Congreso de Guerrero en apoyo a alumnos y egresados de la Normal de Ayotzinapa. Diez personas resultaron heridas.

Como parte de sus protestas, estudiantes y egresados toman por alrededor de dos horas, por lo menos una vez a la semana, casetas de peaje de la Autopista del Sol y permiten el paso de los automovilistas tras una "cooperación voluntaria".

Fuente: La Jornada

¿QUIENES SON LA APPO?

Ehttp://www.kaosenlared.net/noticia.php?id_noticia=46440d

Escrito por:Sergio de Castro Sánchez (Para Kaos en la Red) [28.11.2007 23:49]



Ante las circunstancias que han rodeado la realización de la Tercera Asamblea Estatal de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) creo que se hace necesario replantearse (o recordar, según se mire) quiénes son la APPO.

Recordemos primero cuáles han sido esas circunstancias. Por primera vez un sector de organizaciones que han tenido desde la constitución de la APPO un papel protagonista en su interior, se han negado a acudir a una Asamblea Estatal. Según escribía uno de los integrantes de una de estas organizaciones, no era el momento adecuado para convocarla, aunque desde febrero no se celebraba un encuentro que según los resolutivos de la Asamblea Constituyente de la APPO celebrada en Noviembre de 2006, es el máximo órgano de decisión de la APPO. A ello hay que sumar el que tras ser superado el contexto electoral, que ha provocado serias diferencias entre diversos sectores de la APPO, parecía ser necesario el consensuar una nueva estrategia de lucha.

Estas organizaciones, a las que se ha sumado la dirección del magisterio,han declarado que los convocantes a esta Asamblea Estatal no estaban legitimados para hacer tal convocatoria, ya que no había sido consensuada por los integrantes del Consejo Estatal; mientras, en la propia Asamblea Estatal se llamaba a algunas organizaciones a pronunciarse acerca de su pertenencia o no a la APPO.

Un punto esencial para responder a la pregunta que da título a esta nota sería el de aclarar cuál es la propia naturaleza de la APPO. Desde su creación, en mi opinión, ha habido dos concepciones al respecto. La primera de ellas (la más manejada en los medios) es la de que la APPO es un conglomerado de organizaciones de las más diversas ideologías. Todos los que, por tanto, no acuden a las Asambleas, al Consejo, etc. pero que acudieron a las marchas o se defendieron de los convoyes de la muerte desde las barricadas (recordemos que todo el pueblo oaxaqueño y no sólo determinados grupos de jóvenes formaron parte de ellas) no formarían parte de la APPO.

La segun concepción, entendería que los órganos directivos de la APPO, sobre todo el Consejo Estatal, pero también la Asamblea Estatal, son sólo algunas de las formas concretas de organización de la APPO, pero no la APPO. Según esta idea, la APPO sería un movimiento de movimientos, parte del cual son las organizaciones y demás que acuden a las reuniones de los órganos directivos y de decisión referidos, pero cuya base social representa lo profundo de la APPO, su realidad y su esencia, la cual también tiene otras formas de organizarse al margen, sobre todo, del Consejo Estatal. Todo el pueblo de Oaxaca comprometido con el ideario antiimperialista y que luchó y lucha por la transformación estructural del Estado, por el castigo a los culpables de la represión, por la salida de Ulises Ruiz y por la libertad de los presos y presas políticos, formarían parte de la APPO. Algo que parece mucho más acorde con la ya famosa proclama del movimiento (con la que todos estaban de acuerdo) de que “La APPO somos todos”.

Esta diferencia explicaría mucho de lo ocurrido durante los meses de la insurrección (pero también después) cuando el pueblo actuaba por su cuenta al margen de lo que la Dirigencia Provisional primero y el Consejo Estatal después, pensaban que era lo correcto; seguramente, tiempo después, se podría decir que ambos cometieron aciertos y errores. Pero también está a la base de lo sucedido en las últimas semanas, permitiéndonos a su vez responder a nuestra pregunta.

Si “la APPO somos todos”, ¿quién tiene legitimidad y quién no para convocar a una Asamblea Estatal en la que se pretende discutir cuál es el rumbo que debe tomar el movimiento social en Oaxaca? Algún “líder” u organización (por muy “importante” que sea), ¿puede decirle a nadie cuándo se debe o cuándo no convocar una Asamblea? Si la convocatoria es clara e incluyente, como creo que lo fue en esta última ocasión, ¿quien tiene la potestad, la autoridad para decir que no es legítima? Si la mujer que llevaba tortas y café a los que resistían en las barricadas, piensa que es el momento de reunir al movimiento, tiene la misma legitimidad para hacerlo que cualquier dirigente de cualquier organización presente en el Consejo Estatal de la APPO, porque ella, como tantos otros y otras miles, también es la APPO.


"EL OTRO CABARET DE OAXACA" CONGRESO DEL ESTADO

Esto sucedio hace unos dias en el congreso del estado de Oaxaca

algo muy cierto en alguna perspectiva

Intervención de diputado Zenen Bravo Castellanos ante el pleno de la Cámara de Diputados.
C. INTEGRANTES DE LX LEGISLATURA DEL ESTADO
He solicitado el uso de la palabra para exponer a ustedes algunas reflexiones y consideraciones con respecto al ambiente político y social que se vive en el estado de Oaxaca y que esta instancia legislativa como representación política y plural de la ciudadanía no puede ignorar o seguir ignorando, así como también creo que es necesario valorar las alternativas que permitan su atención y solución correspondiente.
El estado de Oaxaca es un ejemplo vivo de los contrastes existentes en nuestro país por su gran riqueza natural y cultural y por otro lado la grave marginación y miseria en que vive la gran mayoría de la población de los municipios y comunidades más alejadas de la capital o de las ciudades más importantes del estado, ante la falta de caminos o carreteras, servicios tan indispensables como agua potable, luz eléctrica, espacios educativos suficientes, hospitales, clínicas o casas de salud con infraestructura adecuada, personal y medicamentos necesarios para atender a la población más necesitada, siendo los pueblos indígenas los que más padecen esta situación.
Esta realidad económica y social a la que muchos no voltean a ver o que solo visitan en tiempos de campaña ofendiéndola con la entrega de despensas a cambio del voto, es la que conforma el telón de fondo de la gran movilización social que protagonizó el pueblo de Oaxaca en el 2006 y que aún lo mantiene en pie de lucha, realidad que no ha cambiado y que por el contrario tiende a complicarse ante la persistencia de esquemas políticos tradicionales del ejercicio del poder que siguen actuando como si no hubiera pasado nada, ya que si bien la represión desactiva momentáneamente la fuerza de la movilización social, genera a su vez más indignación y rencores que solo esperan una mayor acumulación y el mejor momento para explotar con mayor fuerza para barrer todo aquello que le oprime y estorba la posibilidad de tener otra vida, sobre todo con dignidad.
Allá afuera hay un hartazgo social y popular a causa de la pobreza y la miseria en que viven los pueblos pero además por toda una serie de injusticias que se viven a diario ante la falta de atención a las peticiones de la población en las distintas dependencias de gobierno municipal, estatal y federal, ante la prepotencia y abuso de las fuerzas de seguridad, ante la falta de cumplimiento a las promesas de campaña y a la corrupción presente en muchas acciones de gobierno, ante la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos y la simulación de democracia en la que impera el poder del dinero o el ser parte de algún nivel de gobierno. La inconformidad se seguirá expresando y extendiendo a lo largo y ancho del estado y del país ante la carestía de la vida existentes y que se agravará con el aumento al precio de la gasolina, que echará por los suelos los millones de pesos que supuestamente se recaudará con esta medida impulsada por el PRI y el PAN en el Poder Legislativo Federal; la indignación se hace más fuerte ante el uso de la persecución policíaca y la cancelación de los derechos humanos y políticos ante la manifestación del pueblo por todo lo que le acontece.
Todavía recuerdo las palabras amenazadoras de Jorge Franco Vargas, ex Secretario General de Gobierno, en distintas mesas de diálogo con representaciones del movimiento social en el 2005 y los primeros meses del 2006, de que el gobierno de Ulises Ruiz Ortíz estaba preparado para hacer frente a cualquier eventualidad que surgiera en el movimiento social y popular en Oaxaca; esta frase reiterada, de ser profética pasó a ser anecdótica y ridícula; el movimiento surgido después de la decisión estúpida de intentar desalojar el plantón magisterial y popular el 14 de junio y que le daría forma y fuerza a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, se encargó de hacer ver a México y al mundo la rabia y la indignación que se venía callando durante muchos años, décadas o siglos, y que el gobierno del tirano no tuvo la capacidad de ver y oír, y que hoy cree que ese movimiento está derrotado o disminuido, sin embargo éste se encuentra más vivo y vigente que nunca, como las causas que le dieron origen. Ojalá los cómplices de esa y otras decisiones políticas que el pueblo sigue repudiando, comprendan con altura de miras que hoy no basta únicamente con deslindarse, sino de proponer y comprometerse con los cambios que los distintos sectores de la clase trabajadora y el pueblo reclaman, porque debo decirles que el pueblo puede a veces callar pero jamás olvidar. El pueblo pues reclama información veraz y transparencia sobre el manejo y destino de los recursos, producto de sus impuestos, exige participación en la toma de decisiones para que no vuelva a ocurrir la experiencia de los parquímetros y cierre de calles del centro histórico, el respeto a su derecho a la libre manifestación, etc., etc. Es vital entonces pronunciarnos por no dejar pasar NI UNA ACCION MAS DE GOBIERNO SIN LA INFORMACION Y CONSULTA AL PUEBLO. NO MAS LEGISLACIONES SIN LA PARTICIPACION AMPLIA Y ABIERTA DE LA POBLACION.
Ulises Ruiz Ortiz dijo hace unos días, a propósito de mi llegada a esta Cámara de Diputados, como resultado del dictamen del Tribunal Federal Electoral, que una golondrina no hace verano, al respecto afirmo que yo no vine aquí a hacer verano ni a veranear, yo he venido a reiterarles que el verano allá afuera está presentando ya fuertes tormentas eléctricas y si quiere ser receptivo junto con los que todavía creen poder seguir gobernando este estado, que es tiempo que abran las compuertas porque las tormentas se están transformando en huracanes y los pequeños arroyuelos de la lucha popular se están convirtiendo en grandes avenidas que amenazan nuevamente con desbordarse y llevarse a su paso a todos los obstáculos que les tiene secuestrado el presente y les roba la posibilidad de alcanzar a ver la primavera.
Ciudadanos diputados, el pasado 15 de noviembre del presente año, una comisión representativa de la Sección 22 del SNTE y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca entregó formalmente un documento denominado “TERCER CONTRAINFORME DE GOBIERNO. ULISES RUIZ ORTIZ: EL ROSTRO DE LA IGNOMINIA GUBERNAMENTAL” en el que hacen un recuento de una serie de agravios sufridos por el movimiento social de parte del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, señalando que… “El actual conflicto popular tiene como origen la falta de atención a las demandas populares y magisteriales; viejas y nuevas injusticias cometidas contra trabajadores de la educación, obreros, campesinos e indígenas, la artificial huelga en el periódico Noticias, sostenida a sangre y fuego desde las más altas esferas de poder, la presencia del narcotráfico, el feminicidio y la pederastia, son parte de una lista interminable de afrentas contra el pueblo oaxaqueño”.
“El ambiente se enrarece con la constante inseguridad que la ciudadanía padece, la nota roja se convierte en lo principal de los diarios con levantones, secuestros y ejecuciones; se entremezcla el accionar del narco y el Plan México ahora conocido como Plan Mérida. Uno y otro bando se confunde: incapaz el gobierno federal y estatales de frenar la ola, producto de sus propias corruptelas, solapamiento, encubrimiento e impunidad en los cuerpos de seguridad pública, vínculos directos con los cárteles buscan someter a esa parte de la delincuencia organizada, bajo la lógica de la militarización”… “Todo el operativo conlleva a implantar terror y miedo para sofocar cualquier rebeldía que se exprese y ponga en riesgo la permanencia en el poder de la actual clase política”.
Posteriormente, en desplegado publicado el 25 de noviembre pasado el Comité Ejecutivo de la Sección 22 del SNTE, en representación de sus agremiados reitera lo siguiente:
“Con la represión masiva, criminalizando y atemorizando al movimiento magisterial-popular creyeron el gobierno federal y estatal que solucionaban la crisis política de Oaxaca. El conflicto sin embargo, no se ha resuelto, porque las causas que le dieron origen están aún vigentes. La violación a los derechos humanos ha tenido altos impactos físicos, emocionales y psicológicos, dejando severos daños a las personas, a las familias y a la comunidad, así lo constatan todos los informes de los organismos no gubernamentales de los Derechos Humanos, señalando que los “hechos ocurridos en Oaxaca son un eslabón de una estrategia jurídica, policíaca y militar, con componentes psicosociales y comunitarios cuyo objetivo último es el control y amedrentamiento de la población civil, en zonas donde se desarrollan procesos de organización ciudadana o movimientos de carácter social no partidista”. La polarización de la sociedad oaxaqueña es una realidad dramática porque Ulises Ruiz ha continuado usando su maquinaria represiva legal e ilegal contra el movimiento y por la infiltración, la provocación y la división al interior del mismo y la impunidad que campea en su gobierno. En Oaxaca se sigue viviendo un estado excepción, donde el estado de derecho es obligatorio para los ciudadanos pero no para las autoridades y los intereses económicos y políticos que protege. Para lograr la paz social, superar la polarización social, reconstituir el tejido social, en primer lugar se tiene que hacer justicia y luego realizar los cambios democráticos que el pueblo de Oaxaca demanda, sin la presencia de Ulises Ruiz en el Estado.
La represión al pueblo de Oaxaca, es un asunto que ya es del conocimiento no sólo del pueblo de México, sino de todo el mundo. En Oaxaca se ha derramado sangre, se ha detenido arbitrariamente, se ha torturado y esto no puede quedar impune. Siguen abiertos los procesos jurídicos y las órdenes de aprehensión, así como la persecución y hostigamiento en contra de los luchadores sociales, se siguen manteniendo en prisión a Flavio Sosa Villavicencio, David Venegas Reyes, Wilbert Aquino Aragón, Adán Mejía López, Víctor H. Martínez, Miguel A. García, sumados a decenas de presos de luchas anteriores al estallido de 2006, por delitos que jamás cometieron, solo por el hecho de haber alzado la voz contra las injusticias en Oaxaca, por lo tanto el espíritu de justicia y de lucha está vivo en nosotros”.
El movimiento magisterial-popular que todavía es vigente, solo se defendió, realizó una resistencia pacífica y continuará haciéndolo porque no hay respuestas satisfactorias a sus demandas.
Por lo anterior, me sumo a las siguientes DEMANDAS del movimiento magisterial - popular:
1. Que la Secretaría de Gobernación instale de inmediato una mesa de diálogo para tratar el conflicto. La instalación de la mesa es prioritaria, de lo contrario, los conflictos se agudizarán.
2. El cumplimiento pleno de todos lo compromisos firmados con el Gobierno Federal.
3. La salida y el castigo de Ulises Ruiz Ortiz, como represor del pueblo oaxaqueño, así como de los responsables materiales e intelectuales de todos los asesinados y agresiones contra el pueblo de Oaxaca.
4. La libertad de todos los presos políticos y de conciencia, como resultado de la violencia gubernamental.
5. La cancelación de todas las órdenes de aprehensión y procesos jurídicos que aún quedan pendientes.
6. Alto inmediato a la represión orquestada por los gobiernos federal y estatal sobre el movimiento popular-magisterial encabezado por la sección 22 del SNTE y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
7. El irrestricto respeto a las libertades políticas y democráticas, a los derechos humanos y el cese a la criminalización de la protesta social.
8. Cese al hostigamiento de los perseguidos y exiliados políticos.
9. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva de manera satisfactoria y en lo inmediato a partir de las pruebas que se han presentado en contra de Ulises Ruiz por las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto en la entidad y además que amplíe el plazo de los hechos a investigar hasta el mes de octubre de 2007.
El 15 de noviembre, en el momento de recibirse el documento denominado TERCER CONTRAINFORME”, diputados de diferente filiación política se comprometieron a darle el cauce respectivo a fin de poder dar una respuesta a esos reclamos que cuentan con el apoyo de cientos de miles que siguen manifestándose a lo largo y ancho del estado, como ocurrió en esa fecha y luego el 25 de este mismo mes; por lo que los integrantes de la Fracción Parlamentaria de Convergencia, con base en las facultades de este Poder Legislativo proponemos a esta honorable asamblea los siguientes puntos:
a) LA CREACION DE UNA COMISION PLURAL DE DIPUTADOS DE ESTA LX LEGISLATURA DEL ESTADO DE OAXACA, ABIERTA A LAS DISTINTAS EXPRESIONES POLITICAS QUE DESEEN FORMAR PARTE DE ELLA, A FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LOS RECLAMOS YA EXPUESTOS.
b) EN VIRTUD DE LAS REITERADAS DENUNCIAS DE LA PARTICIPACIÓN DEL GOBERNADOR DEL ESTADO EN LAS ACCIONES U OMISIONES EN LOS ATENTADOS AL DERECHO A LA VIDA DE HOMBRES Y MUJERES DE NUESTRO ESTADO DE OAXACA, ESTA LX LEGISLATURA SE SIRVA AL MISMO TIEMPO INICIAR EL PROCESO DE DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA Y PUEDA SER SOMETIDO A JUICIO POLÍTICO PARA SER CASTIGADO DE ACUERDO CON LAS LEYES DE NUESTRO PAÍS Y DE NUESTRO ESTADO.


Enviado por : Jasser

INFAMIA EN LA CORTE

En una votación dividida, de seis contra cuatro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exoneró ayer al gobernador de Puebla, Mario Marín, de las acusaciones en su contra por la violación a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, al señalar que “no se puede afirmar sin controversia alguna que (Marín) tuvo la participación que se le imputa”.

De este modo, el máximo tribunal del país rechazó el dictamen elaborado por el ministro Juan Silva Meza, presidente de la comisión investigadora del caso, en el que quedaba sentado “un concierto grave de autoridades para violar las garantías individuales” de la comunicadora, en el que intervino de manera determinante el titular del Ejecutivo estatal.

La exoneración de Marín se da, en primer lugar, a contracorriente de una opinión pública generalizada que, a más de año y medio de conocer las ignominiosas conversaciones que el mandatario poblano sostuvo con el empresario Kamel Nacif, no ha cesado de condenar y de clamar justicia por una conjura evidente, urdida desde los altos círculos del poder político y económico, para golpear a una periodista. Pero sobre todo, la determinación judicial, por su escandalosa falta de ética y de congruencia, deja inermes ante la impunidad a los ciudadanos del país. Tras reconocer la existencia de un complot para atentar contra Cacho, y tras admitir la autenticidad de las grabaciones referidas, la evidencia fue minimizada por el ministro presidente del organismo, Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien aseguró que la periodista fue objeto de “irregularidades menores” y no de violaciones graves, tras lo cual se decidió simplemente no hacer justicia.

El fallo de la Suprema Corte sienta un precedente sumamente preocupante, toda vez que convalida una afrenta contra la vigencia de las garantías individuales y el desconocimiento del más elemental sentido del civismo en el ejercicio del poder; se entrega así un mensaje de que, en lo sucesivo, cualquier funcionario público podrá atropellar los derechos de la ciudadanía –ya sea por voluntad propia o a petición expresa de algún empresario o de otra autoridad– , sin que ello se traduzca en sanciones en su contra, y se deja entrever que la justicia en este país se imparte sólo para quienes tienen dinero o poder mediático y no para el conjunto de la población.

No puede omitirse que la infamia aprobada ayer en el órgano superior de impartición de justicia tiene como telón de fondo el intercambio de apoyos entre el presidente Felipe Calderón, débil de origen por su falta de legitimidad y por los señalamientos de que surgió de un fraude electoral, los cacicazgos priístas estatales y las coordinaciones del Revolucionario Institucional en el Congreso de la Unión. Desde el último año del foxismo, y hasta el presente, la constante ha sido la impunidad para los priístas a cambio de reconocimiento a la administración que arrancó hace precisamente un año como producto de una elección impugnada y cuyos resultados no fueron esclarecidos por el empecinamiento del grupo en el poder.

Por lo demás, hay que señalar que, con la determinación referida, la porción mayoritaria de los magistrados que integran la SCJN renunciaron a la posibilidad de revertir la desconfianza generalizada que los mexicanos sienten respecto de las instituciones de impartición de justicia y que antes bien han concitado un velo de desaprobación hacia la institución. Tal estigma habrá de pesar sobre Salvador Aguirre, Mariano Azuela, Sergio Valls, Guillermo Ortiz, Olga Sánchez y Margarita Luna, con el agravante para las dos últimas de que, no obstante ser mujeres, evitaron sancionar un grave abuso en el que hubo una manifiesta misoginia y un claro ensañamiento de género, como puede apreciarse en las grabaciones referidas.

Ha de reconocerse, por último, la valía de los magistrados Genaro Góngora, José Ramón Cossío, José de Jesús Gudiño y el propio Juan Silva Meza, quienes hicieron honor a su compromiso con las leyes, no obstante las burlas de sus propios compañeros, y a pesar de no poder impedir un fallo que, en materia de credibilidad institucional, de impartición de justicia y de vigencia del estado de derecho, es sencillamente catastrófico.

Editorial: La jornada

LA JORNADA

Astillero

Julio Hernández López
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

Corte preciosa

Seis ministros coñaqueros

Se cumplen acuerdos FC-Marín

Calderón diserta frente a Ulises

El pacto de impunidad que Felipe Calderón selló con Mario Marín a cambio de ayuda electoral en 2006 fue refrendado ayer por seis de diez ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un escandaloso episodio de suciedad legalista que confirma a los ojos de los ciudadanos sin fuero ni privilegios (ni votos adulterados que canjear) que el máximo aparato institucional de impartición de justicia está controlado por una pandilla filopanista capaz de las peores aberraciones.

La parte coñaquera de la Corte está acelerando el desprestigio de una institución que va en caída desde que el entonces presidente, Mariano Azuela, asistió a una reunión dominical en Los Pinos para dictaminar (a domicilio, como las pizzas) sobre el proceso de desafuero del jefe del gobierno capitalino. El sucesor, Guillermo Ortiz Mayagoitia, ha solapado las varias irregularidades punibles que cometió Azuela y de las que aquí se han dado pruebas en anteriores columnas (aunque, ¿pruebas? Ja, ¿pruebas para qué, si la realidad se puede acomodar mediante votación arreglada en un pleno judicial?). Salvo excepciones notables, como la muy destacada de don Genaro Góngora Pimentel, y de José Ramón Cossío, la mayoría de los ministros (y ministras, diría el clásico) de la Corte son personajes cargados de compromisos políticos, que ejercen el privilegio de juzgar desde una lujosa burbuja (el derroche presupuestal es generalizado y los “favores” a contratistas agradecidos son frecuentes e impunes), atentos y seguros servidores de los guiños del poder, muy sabios y solemnes ejecutantes de los deseos e intereses de quienes mandan.

La derrotada o maltratada no es la periodista Lydia Cacho, sino todos aquellos ciudadanos que creen posible luchar contra abusos e injusticias mediante procesos tradicionales de acopio de pruebas, denuncias oportunas y una mínima pericia jurídica. Como pocas ocasiones, el desenlace en la Corte del expediente de Cacho confirma al pueblo en general que las complicidades y los arreglos subterráneos son suficientes para torcer el curso natural de un proceso en el que sin duda, y a oídos de todo mundo, un gobernador se ponía de acuerdo, en términos soeces, con un empresario sospechoso de delicados actos delictivos, para castigar, mediante un operativo que partía de Quintana Roo y desembocaría en Puebla, a quien había osado investigar y denunciar esos actos de pederastia.

La impudicia de la Corte se da mientras el todavía presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, cree llegado el momento de comenzar a repartir culpas por el desastre histórico que él organizó y convalidó. Los ciudadanos Fox y López Obrador “iniciaron una serie de acusaciones mutuas que llevaron al país a un contexto de enorme conflicto que no merecíamos”, dice el licenciado Ugalde, como si todo se redujera a un pleito de tortillería o como si uno de esos “acusadores” no fuera el presidente de la República y el otro un candidato a la sucesión. Pa’ qué andan diciéndose de cosas ambos dos uno al otro, podría ser la conclusión doctoral que explicara lo sucedido en 2006. El nuevo gurú académico, Ugalde, también dijo que las reformas electorales en curso se hicieron como quien actúa a partir de la cruda de la fiesta de una noche anterior. También lamentó que, al pretender acallar a los empresarios, se impida que campesinos, indígenas y trabajadores se puedan expresar (¡oh, ¿qué harán esos potentados con los centenares de millones de pesos que ya no podrán usar para difundir sus puntos de vista electorales?!).

Corrupción, impunidad y abusos al cumplirse el primer año de gobierno de Felipe Calderón quien, para demostrar la seriedad de sus compromisos políticos, visitó ayer, día del Marinazo, a su otro aliado estratégico, Ulises Ruiz, a quien regaló el paquete propagandístico de un supuesto programa de asistencia social que, obviamente, será oro molido para que el gobernador de Oaxaca haga proselitismo electoral. Calderón, mientras en la Corte cerraban ojos y oídos a evidencias de confabulación de funcionarios y de protección a pederastas, decía en la Oaxaca mancillada diariamente por un gobernador repudiado que “de nada sirve que la Constitución diga cosas muy bonitas, ni que los legisladores hagan leyes muy resonantes, si la gente no tiene cómo vivir”. Frescura del egresado de la Escuela Libre de Derecho que, junto al hombre que ha violado diariamente la legalidad, y que tiene en su saldo muertes, tortura, detenciones arbitrarias y persecución de opositores, se permite la lindura de criticar las “leyes muy elegantes” que no sirven de nada a la gente. Como diría Mafalda frente a la sopa: “¡Puaj!”

Fiesta de aniversario mientras en todo el país sigue corriendo la sangre a cuenta de la narcopolítica. Conmemoración festiva con un líder de la mayoría del Senado gringo que ha venido a México a verificar que el patio trasero esté en condiciones de recibir ayuda del patrón norteño mediante una iniciativa llamada Mérida cuyos fondos, advirtió el supervisor visitante, deberán ser vigilados en su aplicación por los dos países, para que lleguen a los “lugares indicados” y no sean usados para violar derechos humanos.

Y, mientras continúa la rebelión de los partidos de poca monta, cuyos líderes durante años han usado a su contentillo carretadas de millones de pesos para llenar sus cuentas personales (ejemplos notables los del Niño Verde y su pandilla de juniors que han pervertido el sentido de la lucha ecologista, y la dantesca combinación de oportunismo que se da en Convergencia, por citar sólo dos casos), ¡feliz fin de semana, con este tecleador que estará mañana, de 17 a 19 horas, en el Salón México III, del Hotel Hilton de Guadalajara, donde se realizará una mesa redonda con Emilio Aliaga, de Televisa, y Jorge Zepeda Patterson, de El Despertador y Día Siete (con la moderación de Leonardo Schwebel), sobre periodismo digital, en el marco del Tercer Encuentro Internacional de Periodistas que organiza la FIL!



jueves, 29 de noviembre de 2007

COMO PELEAR CONTRA ESTE TIPO DE IMPUNIDAD, LO MISMO PODRIA PASAR CON OAXACA

Absuelve SCJN a Mario Marín en el caso de Lydia Cacho

Jesús Aranda.La Jornada On Line

Determinó por seis votos contra cuatro que no hubo violación grave a las garantías individuales de la periodista, con lo que exoneró al gobernador de Puebla.

México, DF. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó por seis votos contra cuatro que no hubo violación grave a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, con lo que exoneró al gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres, de las acusaciones en su contra.

Para el ministro presidente de la Suprema Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, la periodista fue objeto de “irregularidades menores” en el proceso penal en su contra, opinión que compartió la mayoría.

Los ministros señalaron que no hay evidencia contundente de que existió conspiración de autoridades para agilizar la denuncia del empresario Kamel Nacif contra Cacho por relacionarlo con redes de pederastia en el libro Los Demonios del Edén.

También se pronunciaron por que, en caso de la existencia de violaciones a garantías, otras instancias judiciales den seguimiento a los actos ilícitos en que presuntamente incurrieron el gobernador de Puebla y otras autoridades de esa entidad y de Quintana Roo.

La ministra Olga Sánchez consideró además que la acción penal por difamación contra Cacho se desarrolló en términos legales. “No se puede afirmar sin controversia alguna que (Mario Marín) tuvo la participación que se le imputa”, agregó.

La Corte determinó que Marín Torres tampoco será investigado por las conversaciones telefónicas en las que se evidenciaban asuntos de pederastia y pornografía infantil, porque –estableció- esas llamadas no tienen valor probatorio.

Por su parte, el ministro instructor Juan Silva Meza reiteró su convicción de que Marín Torres es responsable de la violación grave de garantías de la escritora y, a manera de reproche, dijo que en un Estado constitucional democrático y de derecho no puede haber cabida a la impunidad.

Esta vez, ni Cacho Ribeiro ni su abogado estuvieron presentes en la sesión.

OAXACA IMPUNE AÑO 2007

Oaxaca esta de cabeza, el monopolio de Oaxaca, el cacicazgo tiene en su poder a las instituciones, impunidad, violación a los derechos humanos casi a diario, crimen organizado vestidos de blanco y corbatas.
El salvajismo en toda su extensión, ayer con una mujer fue agredida, montoneros, escudados tras su uniforme manchado de sangre, solo por no ceder un espacio a estacionamiento se viene la represión ,todo un operativo para frenar a la “delincuente” Ivett Suárez Reina, una persona comun sin influencias en el estado, violentacion sus derechos que no existen aqui en Oaxaca.
Esto es algo que siempre se ha vivido en nuestra ciudad, que ahora es mas evidente aunque en los medios comerciales no lo mencionen, ahora la cortina de humo hecha por burrises que se según se iba a matar en el helicóptero para desviar la atención de medios comerciales, algo muy falso en ningún medio televisivo se menciono esto la agresión a Ivett Suárez Reina ,y que pone de manifiesto el servicio de toda una cadena de medios comerciales al estado, por consiguiente al servicio de la represión e impunidad.

Perros falderos pasando por sus comandantes y jefes policíacos ,hasta los delincuentes mecánicos azules ,los policías llamados erróneamente así ,monigotes sin razonamiento escondidos tras su uniforme y sus armas ,la escoria y podredumbre de Oaxaca los policías llamados también delincuentes ,arrastrados, violadores sexuales y de derechos humanos, que piden dinero extra como ocurrió en la pasada guelaguetza para golpear y reprimir a su propio pueblo , también el 2 de noviembre a compañeros callados golpeados y encerrados por celebrar algo significativo para ellos, la agresión y acoso constante a medios independientes o alternativos, toda una ola represiva.
“humanos de azul “sin dignidad que si les queda algo la venden por los mas bajos servicios ,pseudohumanos que no estudiaron, universitarios al servicio del estado algunos y de primaria otros, hasta analfabetos, que no piensan por si solos ,que actúan bajo sus instintos salvajes igualables a los animales ,con sed de golpear, amenazar, sacando dentro de sus mentes lo que viven ellos a diario ,así los tratan y así les gusta vivir, nada mas que no pueden sacar su ira porque no tienen identidad propia, que la sacan cuando ven a gente del pueblo indefensa, no así frente al crimen organizado donde a esos cabrones si les tienen miedo ,no les levantan la voz cuando los agarran o no los golpean con sado, porque bien saben que están a su servicio.
Delincuentes vestidos con uniforme envalentados por portar armas de alto calibre y por que superar en numero porque así actúan solamente ,porque si es uno solo se aguanga o solamente se escabulle y desaparece, pobreza de mente razonable, la cual no les permite pensar por si solos, que se sienten amenazados cuando los cuestionas sobre derechos humanos son analfabetas no saben que es eso, que se forman a travez de una vida fácil y corrupta, que escogen lo mas fácil para hacer lo menos difícil para ellos, forjados con lavadas de coco por su pobre preparación ,que cuando los ves es mejor huir de ellos ,ya que sabes si te agarran lo primero es que te golpearan o simplemente violaran tus derechos humanos solo por sospecha de que eres algo amenazante hacia ellos o por mantener a sus jefes contentos. Espero que los funcionarios asesinos corruptos, represores, violadores de derechos humanos siempre estén cubiertos por su escoria , esto ya es muy evidente en Oaxaca ,los policías, transito, paramilitares, se tiene que calmar, ya que no dudamos que el pueblo empezara a tomarse la justicia por su propia mano, ojo por ojo y diente por diente, el que a hierro mata a hierro muere, aunque la violencia es para mucho mala y a nadie se le desea esto, pero estos perros falderos así solamente se le puede combatir, ya es suficiente ,casi llegamos al limite, la porquería de Oaxaca no puede estar impune, y a los que nos duele que haya injusticia, lo tomamos a lista ,ni perdón ni olvido, no es necesario encontrarse en la ciudad de la resistencia para sentir en carne propia la represión la cual en alguna parte de nuestra vida nos ha alcanzado por una u otra razón, así es el comportamiento de estos tipos en Oaxaca ,y quien no le cause coraje tristeza que esto ocurra en Oaxaca o tan siquiera se sorprenda de lo ocurrido , no respira o no vive, simplemente es un cuerpo inerte sin razonamiento ,que come, camina y vaga por la ciudad de la represion: Urolandia.

aGony
¡Todo el Poder al Pueblo!



Video completo.
tomado de www.fridaguerrera.blogspot.com

IBA A HACER PATRIA ANTES DE TIEMPO

Helicóptero de Ulises Ruiz se desploma; él sale ileso

Piloto y copiloto están heridos.

Oaxaca, Oax. El helicóptero en el que se desplazaba el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz y otros funcionarios estatales se desplomó alrededor de las 18:50 horas de este miércoles en el barrio La Chigulera de la agencia municipal San Felipe del Agua, al norte de la capital oaxaqueña, cuando pretendía aterrizar.

Ruiz Ortiz salió ileso, así como su secretario de Obras Públicas, Eriel Pérez Magaña: el ex presidente de la Gran Comisión del Congreso local, Bulmaro rito Salinas y Germán Ulloa, funcionario del Instituto Estatal del Agua.

El piloto y el copiloto resultaron lesionados y fueron internados en una clínica privada.

En conferencia de prensa, el mandatario oaxaqueño dijo que la aeronave cayó porque perdieron fuerza los motores cuando intentaban aterrizar.

Octavio Vélez, corresponsal.La Jornadaonline

En referente a esta nota, podríamos pensar todos que malo que no se mato, hijo de su m...se salvo,que mala suerte.
Como todos sabemos esta clase de "personas"se merecía eso y mas, pero por otro punto de apreciación, burrises no se lo merece todavía, no se lo merece porque en realidad no ha pagado lo que debe aquí ,no es tiempo de ir al limbo, falta las deudas cometidas contra la represión en contra de nuestro pueblo de Oaxaca, falta que rinda cuentas a la justicia, falta el juicio político, falta que de cuentas a Hemeterio y a los presos políticos, falta que nos de cuenta de los asesinatos cometidos impunes actualmente, la muerte en este momento seria un camino muy fácil para el, aunque creo saber el tampoco lo desea, es burro pero para esto no tanto, pero para nosotros no es suficiente, la muerte llega de repente en algunas ocasiones, pero a el eso lo salvaría, el todavía tiene que pagar lo que debe, una vez saldado la cuenta hasta entonces se podrá ir y el pueblo oaxaqueño "dormirá" tranquilo(es un decir ya este tipo no nos quita el sueño a algunos),habría una gran fiesta, el pueblo comerá, disfrutara o simplemente reirá.

Pero no cabe duda que esta es una advertencia, divina talvez?, podría ser, pero bien dicen hierva mala nunca muere, increíblemente se han salvado de lesiones ,ya que solo eran 20 metros de altura según lo declarado, algo poco creible,muy armado, no así los monigotes que iban manejando trasladando a los sátrapas de Oaxaca, hasta creo que se hizo en los calzones ,de algo estamos seguros que de perdida se le subió el azúcar y unos “cuerpecillos de forma esférica" se le subieron hasta el cuello.

Estará celebrando no haber caído como debía, como dijeron por ahi Oaxaca se estremecio pero no preocupados por el burrises sino porque ni eso hace bien,pero nosotros desde aquí y la mayoría de todos los oaxaqueños le deseamos mas acciones de estas.

aGony



TERRORISMO DE ESTADO EN EL SUR DE MEXICO

Como parte del recrudecimiento de la criminalización de la protesta social en nuestro país, se instrumentan operativos y acciones militares como una política sistemática de Terrorismo de Estado

AL PUEBLO DEGUERRERO Y MEXICO

A LOS CAMPESINOS E INDIGENAS POBRES

A LOS HERMANOS MEXICANOS Y LATIONAMERICANOS RADICADOS EN LOS EE.UU.

A LAS ORGANIZACIONES DEMOCRATICAS Y REVOLUCIONARIAS

A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS

Como parte del recrudecimiento de la criminalización de la protesta social en nuestro país, se instrumentan operativos y acciones militares como una política sistemática de Terrorismo de Estado bajo las órdenes de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, quien gobierna nuestro país de manera espuria e ilegítima desde el primero de diciembre de 2006 bajo un golpe de estado.

El encarcelamiento de los principales dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y la pena de por vida a los Dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (67 años) se enmarcó en la criminalización de la organización y la protesta social en México.

Definida la política militar, el ejército federal salió a las calles: carreteras, pueblos y comunidades, municipios y estados enteros se vistieron de verde olivo y gris, bajo el pretexto de encarar al narcotráfico: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Sinaloa, Veracruz, Coahuila, Nuevo León, son sólo un ejemplo de esta política de paramilitarización del país, que hasta hoy ha tenido como resultado ejecuciones extrajudiciales; recordamos que en la sierra Zongolica, se materializó la brutalidad con la que el ejército federal trata a las mujeres y los pobres, Ernestina Ascensio Rosario, mujer indígena de 70 años de edad, fue violada, torturada, finalmente asesinada. Sus familiares fueron ultrajados y amenazados por los grupos paramilitares enquistados en el poder Local y Federal; las violaciones cometidas por el ejército en Michoacán y Coahuila, en Sinaloa fue hostigada, torturada y finalmente asesinada una familia entera; bajo este mismo contexto, las organizaciones de derechos humanos y el pueblo en general se han convertido en un blanco idóneo de hostigamiento, detenciones ilegales, cateos, tortura y desapariciones. Esta estrategia de militarización y paramilitarización no es nueva en nuestro país. Surge desde los años sesentas y setentas con la implementación de la guerra sucia que ha dejado un saldo de más de 1000 desapariciones forzadas, principalmente en el Estado de Guerrero con el pretexto de combatir a la guerrilla y al comunismo y eliminar toda disidencia organizada aunque fuera legal y abierta. Como ejemplos de estas heridas que no podemos olvidar están los hechos ocurridos en Aguas Blancas en 1995; Acteal en 1997; El Charco en 1998; la represión sistemática de tierra arrasada que se ha desarrollado sobre la región de Loxicha desde 1996 con un saldo de decenas de desapariciones y asesinatos y 12 presos políticos que están en pie de lucha por su libertad; Pasta de Conchos; SICARTSA; Atenco; Oaxaca; y la represión que se vislumbra hacia el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras al Proyecto Hidroeléctrico la Parota (CECOP) en la lucha que está dando por la defensa de sus tierras comunales de usos y costumbres.

Por todo lo antes expusto exigimos:

1. Presentación con vida de los siguientes ciudadanos: Raymundo Rivera Bravo, Edmundo Reyes Amaya, Leodegario Aguilera Lucas, Profr. Gregorio Alfonso Alvarado López, Gilberto Romero Vázquez, Benito Bahena Maldonado, Fredy Nava Ríos.

2. Libertad a los siguientes presos políticos: Ignacio del Valle, Flavio Sosa, Tomás de Jesús Barranco, Gloria Arenas Agis, Jacobo Silva Nogales, Ángel Guillermo Martínez González, Héctor y Antonio Cerezo Contreras.

3. Alto a la represión y persecución y cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de: Profr. Nicolás Chávez Adame, Benigno Guzmán Martínez, Juan Mendoza Tapia, Raymundo Velázquez Flores, Rafael Santiago López, Omar Alvarado Benito, José Guadalupe Bernal Pacheco.

4.El retiro del ejército federal de la zona de la montaña y la sierra de Guerrero.

5. Por la solución a las demandas de los campesinos e indígenas pobres del país.

A T E N T A M E N T E

¡¡¡Por la liberación proletaria de los campesinos pobres!!!

¡Zapatismo y socialismo!

¡Venceremos!

LIGA AGRARIA REVOLUCIONARIA DEL SUR EMILIANO ZAPATA (LARSEZ)

MONTAÑAS Y SIERRA MADRE DEL SUR DEL ESTADO DE GUERRERO, MEXICO. NOVIEMBRE DE 2007

miércoles, 28 de noviembre de 2007

MASACRE DE CAMPESINOS SI NO SE SUSPENDE EL PROYECTO DE "LA PAROTA" EN GUERRERO(DENTRO DEL PLAN PUEBLA-PANAMA)

Ratifican campesinos de la CNC su apoyo a La ParotA
Sergio Ocampo, corresponsal

La organización de labriegos dijo que sólo espera luz verde de los gobiernos federal y estatal para iniciar la discusión sobre la indemnización

Chilpancingo, Gro. El secretario general de la Confederación Nacional Campesina (CNC, ORGANIZACIONAL SERVICIO DEL ESTADO), ratificó su disposición a que continúen los trabajos del proyecto de construcción de la presa La Parota, y acusó al Centro de Derechos humanos de la Montaña Tlachinollan y al alcalde de Acapulco, Félix Salgado, de manipular y financiar al movimiento opositor a la obra hidroeléctrica.

Mientras que el dirigente de la CNC en Guerrero, Evencio Romero Sotelo, aseguró que ejidatarios ya fijaron un precio inicial de 200 mil pesos por sus hectáreas, aunque dijo que el costo podría aumentar dependiendo de su utilidad.

Ayer martes el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, dio a conocer que ganó un juicio de amparo que le permitirá empezar las obras de construcción de La Parota, lo que fue calificado como "falso" por los comuneros opositores al proyecto.

Romero Sotelo dijo que sólo esperan el visto bueno de los gobiernos federal y estatal para iniciar la discusión relacionada con la indemnización por las tierras de los comuneros.

Se ganó juicio de La Parota, dice CFE; lo desmienten comuneros

Falta un largo camino y hasta se podría llegar a la SCJN, advierte representante campesino

La Comisión invertirá 22 mil millones de dólares en 2008 en 47 nuevas plantas de generación

Miriam Posada, Elizabeth Velasco, Alfredo Méndez y Sergio Ocampo, corresponsal

El director general de la CFE, Alfredo Elías Ayub, en la reunión anual de Competitividad y Calidad, donde junto al representante del sindicato, Medeo Vargas, entregó reconocimientos a trabajadores
El director general de la CFE, Alfredo Elías Ayub, en la reunión anual de Competitividad y Calidad, donde junto al representante del sindicato, Medeo Vargas, entregó reconocimientos a trabajadores Foto: Jesús Villaseca

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ganó el juicio de amparo que le permitirá empezar las obras de construcción de la hidroeléctrica La Parota, aseguró el director de la paraestatal, Alfredo Elías Ayub.

Con esta noticia ayer se reavivó el conflicto con cerca de 7 mil comuneros de Guerrero, quienes advirtieron que no habrá construcción de la hidroeléctrica, “así lo diga el presidente Felipe Calderón”.

Al respecto, el representante legal de los comuneros de La Parota e integrante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Xavier Martínez Esponda, afirmó que son “falsas” las declaraciones del titular de la CFE, Alfredo Elías Ayub, en sentido de que esa paraestatal ha ganado el juicio, pues “aún falta recorrer un largo camino para librar la segunda batalla” y, de ser necesario, llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Durante la inauguración de la reunión anual de Competitividad y Calidad de la CFE, Alfredo Elías Ayub anunció que la empresa ganó el juicio de amparo que le permitirá erigir la hidroeléctrica La Parota, en Guerrero, aunque puntualizó que para empezar las obras es necesario llegar a acuerdos con unos 7 mil comuneros que se han opuesto al proyecto.

La respuesta en contra no se hizo esperar. La dirigencia del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop) desconoció las declaraciones de Elías Ayub y exigió respeto a sus derechos.

José Venus Hernández Nicanor, integrante de la dirigencia del Cecop, advirtió que los comuneros no permitirán la construcción. “No sean tercos, el pueblo ya acordó que la presa no pasará, así lo pueda decir el gobernador, el presidente Felipe Calderón o quien sea, porque nosotros como campesinos ya fijamos nuestra postura, y es que nuestras tierras no están en venta”.

En tanto, Xavier Martínez Esponda explicó que el Cemda apeló en tiempo y forma ante un tribunal colegiado de circuito, jerárquico superior de la juez Livia Lizbeth Larumbe, por lo cual sigue vigente la suspensión definitiva de las obras de construcción de la hidroeléctrica. “La suspensión definitiva se mantiene vigente hasta que resuelva el tribunal colegiado, y de no ser favorable llegaremos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Destacó la imposibilidad jurídica que tiene la CFE para continuar con las obras de la hidroeléctrica, no sólo porque ya acudieron ante una instancia jurídica superior, sino también porque la CFE “perdió una serie de juicios ante los tribunales agrarios, y por ello no puede entrar por ningún motivo a los terrenos de los comuneros” de Cacahuatepec, Guerrero. “De esto tiene conocimiento Elías Ayub, por lo cual sería temerario, e incluso contravendría el estado de derecho, cualquier intento por tratar de ejecutar las obras de La Parota”, insistió.

Según fuentes del Poder Judicial, el juicio de amparo comenzado a petición de pobladores que se inconformaron con la construcción de la presa La Parota no ha concluido en todos sus términos legales, ya que está pendiente la resolución del recurso de revisión interpuesto ante un tribunal colegiado de distrito con sede en el estado de Guerrero.

De acuerdo con los informantes, en tanto no sea analizado el recurso de inconformidad, no puede darse por concluido el litigio judicial iniciado a petición de los comuneros que están inconformes con la construcción del embalse.

Hasta el momento se encuentra en manos del segundo tribunal colegiado el juicio, mismo que podría prolongarse varios meses.

Generar 25% de electricidad con energías renovables, la meta

Ante trabajadores de la CFE, Alfredo Elías Ayub destacó que estudios de colegios de ingenieros y organismos especializados sostienen que la inundación en Tabasco responde a un desastre natural producto de que en octubre llovió 3.5 veces más que el promedio normal, lo que provocó que los ríos no controlados por presas llevaran más agua.

Señaló que el derrumbe que bloqueó el curso del río Grijalva estará removido en tres semanas, con la apertura de un canal que permita el paso ordenado del agua hacia la presa de Peñitas.

Durante el encuentro con trabajadores electricistas, el director de la comisión destacó que entre los mayores retos de la paraestatal figuran invertir 22 mil millones de dólares en la construcción de 47 plantas para 2010, con capacidad para generar 22 mil 105 megavatios, además de ahorrar 7 mil millones de pesos el año próximo por la reducción de costos de operación.

Este proyecto permitirá llevar electricidad a todas las comunidades indígenas del país, con una meta para 2008 de mil lugares,m con lo que casi estaría cubierto el suministro de energía en el territorio nacional.

Destacó que la empresa tiene como propósito terminar la actual administración generando 25 por ciento de electricidad con energías renovables, y aseguró que el suministro de gas natural para la operación de las centrales está garantizado con las dos plantas regasificadoras instaladas en el país.

Elías Ayub aseguró que el margen de reserva que tiene la comisión le permitió mantener el suministro de electricidad de manera regular durante los atentados a los ductos de Petróleos Mexicanos, cuando se interrumpió el abasto de gas natural. Destacó además que la fortaleza del Sistema Eléctrico Nacional es lo que ha permitido llevar electricidad a todo el país, ahora que las hidroeléctricas del sureste están detenidas.

Asimismo, adelantó que la empresa y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) empezarán pláticas para modificar el régimen de pensiones para los nuevos trabajadores de la CFE, sin tocar los derechos de los actuales y los jubilados.

Este acuerdo fue producto del último consejo nacional ordinario del SUTERM, y el convenio al que lleguen los trabajadores con la empresa permitirá garantizar la viabilidad financiera, las pensiones de los que están hasta ahora en activo, las cuales no serán cambiadas, y las pensiones de los jubilados que tampoco serán modificadas, aseguró Elías Ayub.

Campesinos con machetes, palos, resorteras y piedras que se oponen a

La Parota es un megaproyecto de presa hidroeléctrica, como ya hubo varios en México, que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) espera construir al norte de Acapulco en el estado del Guerrero: 17 mil hectáreas de tierras cultivables y de bosques inundados, 25 mil campesinos afectados según los opositores; 3 mil 500, según la CFE.

Este proceso ha generado una resistencia fuerte por parte de los afectados desde hace más de dos años, ya que sigue un modelo de carácter colonial como es común en México, especialmente con la población rural e indígena. Otra vez, las comunidades enfrentan no sólo a una paraestatal que quiere imponer su voluntad en su área de vida y proceder a lucrar con la energía extraída, sino también a políticas gubernamentales que, al promover la instalación de un megaproyecto de presa bajo la premisa de que mejorará la situación macroeconómica de la región y del país, promueven conflictos sociales y ambientales.

La CFE tiene un expediente largo en materia de expulsión forzosa por motivo de construcción de presas y por no haber cumplido compromisos o haberlo hecho a medias. Son numerosos en el país los afectados que esperan todavía que "la CFE pague", a veces desde hace más de 40 años, atrapados en una colonia urbana extemporánea, sin fuentes de empleo, sin restitución de tierra alguna.

Es dentro de este panorama impune e injusto, que La Parota se perfila como un capítulo más en la triste historia de un Estado autoritario.

En la propuesta o construcción de nuevas presas, vemos repetirse actualmente un fenómeno relativamente común en México, una persecución anticampesinos, con las propias palabras de algún funcionario ("¡indio pendejo!"), sus identificadores (pobreza...) y sus muy concretas leyes de persecución (contra la propiedad comunal de la tierra, en particular).

La idea común a muchas políticas censatarias (exclusión de los pobres) se hace oír de nuevo: "esta gente es demasiado pobre, ellos no sirven para nada mientras que sus aguas y sus tierras podrían ser útiles a la nación".

La relación de conflicto que los campesinos de la región afectada por el proyecto La Parota mantienen con el poder es testimonio de su exclusión, de su deslegitimación como ciudadanos y del no reconocimiento institucional de su presencia en su propio territorio. Es esencial ver que la precariedad y la marginación de las comunidades en gran parte fueron construidas desde la intervención institucional.

Los pueblos fueron y siguen siendo sometidos a acciones de expulsión cuyas motivaciones son múltiples (presa La Venta, Autopista del Sol, La Parota), pero siempre por razones de "interés económico mayor" u "obras de utilidad publica" que no benefician a dichas poblaciones afectadas por el despojo. ¡Vaya a hablar de integración económica a gente a quien se niega de manera manifiesta la calidad de personas!

Lo que han dicho muchos campesinos es esto: "Somos de este país y todo pasa como si el Estado no nos contara, ¿acaso no somos nosotros la nación?" El Estado por su parte se apresuró a validar esta declaración, promulgando una serie de medidas discriminatorias y represivas, como chantajear las ayudas de Procampo, del Programa Oportunidades y quitar la policía comunitaria de las comunidades mayoritariamente opositoras.

Lo más increíble en los recientes acontecimientos es la disposición tomada por el Estado. Es notable –e inquietante– constatar la facilidad con la cual una lucha de comuneros y ejidatarios se circunscribe con asambleas amañadas, corrupción, amenazas y represión, y la facilidad con la cual eso ha sido aceptado por una amplia parte de la opinión controlada por el Estado, a pesar de la interminable cadena de denuncias por parte de organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil.

En 2004 se anuncian las primeras asambleas para que los ejidatarios aprueben el proceso expropiatorio y el cambio de uso del suelo. La ilegalidad de estas asambleas se hace sentir muy rápidamente cuando, a mediados de 2005, llegan a los núcleos agrarios campesinos de las comunidades más afectadas de Cacahuatepec, Los Huajes, Dos Arroyos y La Palma que representan el 63 por ciento de las tierras que serán inundadas.

Fue hasta finales de 2005 cuando la CFE mostró de lleno su capacidad para hacer genuflexiones. Se trataba de acabar lo más rápido posible y a como diera lugar con las asambleas para poder licitar, y con ello se desplegó todo un arsenal de corruptelas e ilegalidades en los tres niveles de gobierno.

Se ve al futbolista Jorge Campos prestarse, sonrisa feliz, al juego de propaganda impulsado por la CFE a través de spots publicitarios; jóvenes distribuir en la playa de Acapulco folletos que dicen que la presa La Parota garantizará 50 años de agua potable a Acapulco, cuando la misma Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) admite que la presa no tendrá que ver con el abastecimiento de agua para esta ciudad.

Se comprende que la propaganda y la mediatización prevalieron al establecimiento de una verdadera información dirigida a los afectados. Sale también a la luz pública el uso de la corrupción cuando el nuevo presidente municipal de Acapulco, Félix Salgado Macedonio, revela a la prensa que la paraestatal se ofreció financiarle toda su campaña, a cambio de que hiciera declaraciones a favor del proyecto.

En los años 90 del siglo pasado, este espectáculo parecía ser condenado a una desaparición cercana con las promesas de la CFE de implementar las medidas contenidas en el informe de la Comisión Mundial de Represas (CMR): ya no se podía, para obtener un préstamo del Banco Mundial, seguir implementando megaproyectos de presas que implican el desplazamiento de mucha población sin respetar sus derechos humanos más elementales, la destrucción de los ecosistemas y el daño al medio ambiente.

Pero parece que sí. Esta falta de esfuerzo para cambiar los métodos de implementación de la infraestructura energética del país muestra que la CFE sigue haciendo lo mismo desde hace 50 años con total impunidad. Llevó a cabo las asambleas de comuneros y ejidatarios sin respetar ni la Ley Agraria ni los usos y costumbres de los pueblos, usando a las corporaciones policíacas para intimidar e impedir la entrada a las asambleas los comuneros opositores, excluyendo así su participación en las políticas que les afectan, y generando enfrentamientos violentos.

Las convocatorias fueron ilegales en tiempo, lugar, modo y forma según lo estipula la Ley Agraria, y se orquestaron los mecanismos fraudulentos de siempre, recurriendo a prácticas de compra y coacción del voto, recolección de las credenciales de elector y ofrecimiento engañoso de obras, como la pavimentación de las calles de San José Cacahuatepec, una de las comunidades que va a quedar debajo de las aguas de la presa.

El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) interpuso demandas de nulidad de las asambleas comunales y ejidales desarrolladas en esos núcleos agrarios ante el Tribunal Unitario Agrario con sede en Acapulco. El 17 de enero el tribunal les concedió la razón al declarar la nulidad del acta de asamblea de los comuneros de Cacahuatepec llevada a cabo en San Marcos el 23 de agosto del 2005, así como de los convenios y acuerdos suscritos con la CFE.

Con todo, la paraestatal –que a pesar de todo ha iniciado su proceso de licitación– parece tener la firme intención de seguir negando los derechos de los campesinos de la Parota, repitiendo la misma historia de siempre.

A cambio de la inundación, la CFE, vía la Universidad Autónoma de Guerrero, propone "planes de desarrollo alternativo", pero en total contradicción con los impactos de la presa destacados en el Estudio de Impacto Ambiental y en el informe de la CMR.

¿Las dos grandes propuestas del "desarrollo sostenible" prometidos a cambio de la inundación del único bien que tienen los campesinos, o sea su tierra?

Una propuesta es el impulso a la pesca, sin tomar en cuenta que el agua será contaminada rápidamente como en todas las presas. Y por supuesto el turismo, opción riesgosa ya que faltarán adeptos a ir a broncearse delante de un embalse color café en temporada de lluvias, y menos aun cuando Acapulco y las playas del Pacífico se encuentran a una hora.

No hay aquí nada de nuevo, se trata "del método de desarrollo sostenible de la CFE" reproducido en muchas presas de México y que no ha dado hasta ahora resultados factibles.

El problema es que el proyecto no fue diseñado y no se está realizando ni en un marco legal ni en una lógica sustentable. No es un proyecto que se plantee cambiar la lógica del desarrollo, revertir las desigualdades y las exclusiones, sino que ofrece únicamente la continuidad de la inercia neoliberal.

Todo ello ha elevado el nivel del conflicto al grado de que la capacidad de resolverlo adecuadamente se ha vuelto una cuestión casi imposible.

Es tiempo de recordar la existencia de valores, principios y propuestas sociales más importantes que lo estrictamente económico, de implementar un sistema político democrático que asegure a sus ciudadanos una participación efectiva en la toma de decisiones y un desarrollo concordante con el derecho de conservar y mejorar la identidad campesino/indígena y la calidad de vida, respetando el medio ambiente para las generaciones futuras.

Antes de expropiar las tierras, la CFE ya tiene un pendiente largo, y la falta de diálogo del gobierno y de la paraestatal sigue alimentando la confrontación y alienta la división en los pueblos. Esta división ha ocasionado en el último año tres muertos, tres lesionados graves, cuatro detenidos y siete presos, sin contabilizar los múltiples heridos resultados de los enfrentamientos que ocurrieron en las asambleas.

Sería conveniente que la paraestatal contestase por lo menos a algunos interrogantes que hicieron los comuneros y los especialistas:

Primero, la alta sismicidad de la zona reconocida por los geólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México que pone en peligro no sólo el proyecto, sino las poblaciones locales.

Segundo, la degradación de las cuencas y de los recursos acuáticos en una zona árida que va a agravar este megaproyecto.

Tercero, el peso de la deuda que se contraerá y que tendrá que reembolsar el pueblo mexicano.

El potencial energético, de 900 MW generados durante 50 años (en la óptica optimista), en un contexto de apertura y liberalización del mercado energético nacional, sería un excelente botín para empresas privadas. Operada por la CFE, La Parota será construida por empresas privadas y representa una inversión de mil millones de dólares, que infla la deuda de la paraestatal que ya aumentó considerablemente durante el sexenio del presidente Fox. Este esquema acaba con el mito de la justificación común de las expropiaciones para "obras de utilidad pública".

"Tal justificación fue utilizada en casi todos los proyectos de presa, cuando sólo es un disfraz jurídico para ocultar la transferencia de recursos públicos a manos privadas", confirma Scott Robinson, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Iztapalapa, que ha estudiado más de veinte años el asunto de las presas en México.

Tendría que acabar lo más pronto posible esta historia de siempre para que se evite la masacre que temen los campesinos y que puede ocurrir si no se cancela el proyecto La Parota.

Magali Tirel

ANTECEDENTES:

Más de 590 viviendas pretende el gobierno inundar. Aunque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta sólo 2,812 habitantes que serían desplazados, varias comunidades rebasan, cada una, esa cifra. Sin embargo, los pobladores saben cuántos son: más de 20 mil habitantes de 13 poblados ubicados en 3 municipios del estado de Guerrero que tendrían que abandonar sus lugares. De estos terrenos ejidales y comunales el 76% de su población se dedica a la actividad agrícola. El embalse cubriría 13,728 mil hectáreas de superficie. La capacidad del embalse es tres veces menor que la Presa La Angostura; dos veces que la Presa Malpaso; pero cuatro veces más grande que la de Chicoasén; y más grande que la presa proyectada de Itzantú
n, todas ellas en Chiapas.

En el documento "Proyecto Hidroeléctrico La Parota. Estado de Guerrero" de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada, Subdirección de Construcción de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fechado en el 2002, se establece que el proyecto hidroeléctrico se basará en ciertos principios de relación con la sociedad: equidad social, sustentabilidad, eficacia en las acciones, toma de decisiones participativa y responsabilidad en el cumplimiento de compromisos. La Parota es calificado por la CFE como "una alternativa viable para contribuir a la satisfacción de la demanda de energía eléctrica en el área Central del país", y estaría ubicado en la cuenca del río Papagayo a 350 km al sur de la Ciudad de México y a menos de 50 km del puerto de Acapulco. La altura de la cortina que represaría el río sería de 162 metros de altura y se uniría a las más de 45 mil represas que se han construido en todo el mundo, según el Informe de la Comisión Mundial de Represas del año 2000, y que han represando más del 60% de los ríos del planeta. Sus 765 MW de potencia instalable nuevamente se centran en el modelo de desarrollo neoliberal, en el marco del Plan Puebla-Panamá (PPP) y con el objetivo de proporcionar energía a las maquiladoras, los grandes centros turísticos, a las ciudades y la industria de extracción, entre otras, pero no para el desarrollo y las necesidades de los pueblos. Los megaproyectos hidroeléctricos pretenden también abastecer la energía eléctrica del sur de los Estados Unidos y unirse a la red eléctrica nacional y centroamericana.

En 1976 la CFE inició los estudios técnicos en el sitio La Parota y en 1988 terminó el estudio de factibilidad geológica. Hace más de 20 años, entre 1983 y 1984 realizó el estudio socioambiental de la región y que luego actualizó en 1994. La CFE cuenta ya con el estudio de factibilidad técnico económica y de preconstrucción. Según la Comisión sus "prioridades estratégicas" respecto a la construcción de la hidroeléctrica son: información permanente y participación sistemática con las comunidades; evaluar exhaustivamente las acciones; preservar los medios de subsistencia; reconocer derechos patrimoniales; proporcionar beneficios comunes; y asegurar se cumplan con las normas. Destaca además tres retos: que La Parota sea "socialmente deseable"; "ambientalmente sustentable" y "económicamente rentable". Paralelamente, la CFE calcula que la producción afectable serán 320 hectáreas de cultivos frutícolas y 3,500 hectáreas de cultivo. Además inundaría dos puentes carreteros sobre los ríos Omitlán y Papagayo; 16.6 km. de carreteras pavimentadas; 22.8 km. de caminos de terracería; 31.5 km. de líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica y la misma central hidroeléctrica La Venta.

No hay que olvidar que la construcción de represas en el mundo provocó que durante el siglo XX el 50% de los humedales en el mundo se hayan extinguido, y que al menos el 20% de los peces están en peligro de extinción. Para la Red Internacional de Ríos (IRN por sus siglas en inglés) hasta el año 2003 se han construido 47 mil grandes represas en todo el mundo y más de 800 mil pequeñas represas. A nivel mundial, el 67% del agua es usado por la agricultura, sector que más desperdicia el líquido; y el 19% lo ocupa la industria altamente contaminante. En el caso específico de la energía que producen las grandes represas, el 36% han sido construidas para la irrigación; el 20% para generar energía; el 17% para abastecimiento de agua; el 12% para controlar las inundaciones; el 9% para la recreación y el 6% para otros usos.

Otros estados en el país no se han salvado de los efectos de las represas. En agosto de 2002 se decretó la alerta máxima en Zacatecas y San Luis Potosí por el desbordamiento de las presas La Ventanilla y El Capulín. Más de 3 mil damnificados, 13 muertos y 15 desaparecidos fue el saldo en varias comunidades luego que las presas se rompieran por la presión del agua. Un año después, en septiembre de 2003, alrededor de 5 mil personas fueron evacuadas de varias comunidades en el estado de Nayarit ante el peligro de desbordamiento de la presa Aguamilpa. En el estado de Nuevo León más de 10 comunidades fueron afectadas por la apertura de las compuertas de la presa El Cuchillo para evitar su desbordamiento y rompimiento. En Acámbaro Michoacán más de 200 viviendas se las llevó el agua al abrir las compuertas de la presa Solís.

Se calcula que para el 2010 se terminaría la construcción de la presa La Parota, año en que la mayoría de las presas del país habrán cumplido su vida útil de 50 años. Estos megaproyectos del sexenio de Vicente Fox se contextualizan también en el marco de la gran obra hidroeléctrica de El Cajón en el estado de Nayarit, de la ampliación de la presa Benito Juárez en Oaxaca y de los proyectos hidroeléctricos en Chiapas, así como de la privatización de la energía eléctrica y los contratos millonarios que están logrando las grandes compañías transnacionales españolas, alemanas, japoneses y norteamericanas, entre otras.

En el estado de Guerrero ya existen seis centrales generadoras de energía eléctrica (cuatro hidroeléctricas: La Venta, La Villita, Infiernillo y El Caracol; una de turbogas: Las Cruces; y una termoeléctrica: Petacalco). Para el año 2000 aportaban el 9.2% de la producción eléctrica total del país y el porcentaje de electrificación fue de 47.9% ocupando el lugar 25 a nivel nacional. Guerrero junto con los estados de Oaxaca y Chiapas son las entidades del país en la que menos energía eléctrica cuentan los habitantes en sus domicilios.

La banca internacional ha sido el instrumento para la financiación de las grandes represas que además han endeudado a los países. También va aparejado con el enriquecimiento de las grandes corporaciones transnacionales y la privatización de la infraestructura, de la energía eléctrica y del agua. Ninguna hidroeléctrica ha logrado producir la energía proyectada y por lo general los costos han aumentado hasta en un 56% de lo estimado inicialmente. Del mismo modo el tiempo real de construcción siempre se ha sido mayor en meses y hasta en años al calculado en su planeación. Por otro lado, el calentamiento global, el cambio climático y los largos periodos de sequías han alargado el periodo de llenado de los embalses lo que pone en duda su rentabilidad y la consecución de su financiamiento. Si a ello le sumamos el desplazamiento de la población, la alteración de ecosistemas, la contribución del efecto invernadero, la desaparición no sólo de peces y otros animales y vegetación sino hasta de culturas y monumentos históricos; la disminución o casi desaparición del agua río abajo y la afectación río arriba, y hasta la conversión de grandes territorios secos por la alta concentración de sales, entre otros efectos, necesariamente nos lleva a reconsiderar las grandes represas y en su lugar buscar nuevas alternativas de energía eléctrica bajo otro modelo de desarrollo.

La Parota significará un grave deterioro ambiental con la deforestación además de acelerar la desaparición de los mantos freáticos que abastecen de agua al Puerto de Acapulco. Por ello los pobladores manifestaron que "defenderemos nuestras tierras porque es nuestro patrimonio y no lo entregaremos a la Comisión Federal de Electricidad". La CFE oculta información y evita la consulta con la población que será afectada y quienes aseguran que los estudios de impacto ambiental elaborados pro la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) parten de parámetros sesgados para hacer el estudio. Con la crisis del campo, con el crecimiento de la población, ¿a dónde irán más de 20 mil personas? ¿A los Estados Unidos?

Este proyecto ha generado movilizaciones sociales en al menos 10 poblados exigiendo información que el gobierno se niega a dar. En el mes de octubre de 2003 la movilización tuvo una sola demanda: detener la hidroeléctrica. Más de 3000 campesinos iniciaron las protestas contra la represa y dispuestos a morir en defensa de sus tierras y comunidades. "Ni un paso atrás contra la presa La Parota" y "estamos dispuestos a morir por la tierra" fueron algunas de las consignas apoyadas por organizaciones sociales, colonos, taxistas, universitarios y militantes de partidos políticos quienes se sumaron al apoyo de los campesinos que serán afectados. En pocas semanas más de 30 mil personas se manifestaron en la ciudad de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero. Los manifestantes han bloqueado la entrada a la zona de la represa. La estrategia gubernamental fue crear grupos de choque e iniciar la contratación de personal para la construcción y dividir a la población informando también de los supuestos "beneficios" que traería la presa La Parota. Hace tres meses la población opositora al proyecto logró que se suspendiera una asamblea comunal cuyos líderes pretendían otorgar la aprobación para continuar con los estudios y el proyecto de la represa, protegidos por 50 elementos de las policías del estado de Guerrero, Preventiva y Rural. Sólo 395 comuneros de los 7,825 de la región pretendían dar la autorización. Luego de cuatro horas de discusión y conatos de violencia se decidió suspender la asamblea. Aunque los machetes no se blandieron la situación sigue siendo tensa.

Los poblados y comunidades en resistencia han logrado detener las máquinas que comenzaban a trazar caminos para la entrada y salida de material y equipo de construcción. Se le exigió a la CFE que pagara los destrozos de los trabajos iniciados y la población ha logrado detener su avance. Se ha exigido también a la CFE el pago adeudado desde hace 46 años por los terrenos utilizados para la construcción de la presa La Venta que ahora quedará totalmente cubierta por La Parota. Tampoco se ha indemnizado a los afectados desde hace 23 años por la construcción de la Presa El Caracol y 20 años a los desplazados por la represa Petacalco. El Consejo General de Comunidades Inconformes con el Proyecto La Parota manifiestan que "el impacto ecológico será irreversible en nuestras selvas tropicales de la región. Pedimos que abran los ojos y entiendan que no habrá progreso sino más pobreza, porque lo único que generarían sería más de 25 mil desplazados".

Los pobladores de los ejidos y comunidades directamente afectadas han convocado a un Campamento de Resistencia el 14 de marzo de 2004, Día Internacional contra las Represas y por la defensa de los Ríos, el Agua y la Vida. En este evento realizarán mesas de discusión y análisis sobre el deterioro social y ambiental de los embalses, los derechos humanos, etc.

El problema es mundial. En días pasados en Brasil el Movimiento Nacional de los Damnificados por Represas (MAB por sus siglas en portugués) denunciaron que 100 mil familias pretenden ser expulsadas de sus tierras a causa de las 70 grandes represas proyectadas para los próximos tres años por el gobierno del presidente Lula. Actualmente en Brasil existen más de dos mil represas que han provocado el desplazamiento de un millón de personas equivalentes a 300 mil familias; han inundado 34 mil km cuadrados que equivalen a 3.4 millones de hectáreas, aproximadamente la mitad del territorio del estado de Chiapas. Las represas hidroeléctricas en Brasil proporcionan el 89% de la energía del país. Sin embargo más de 20 millones de personas, equivalentes a cinco millones de casas habitación, no cuentan con energía eléctrica. Mientras tanto, la industrias de propiedad extranjeras pagan proporcionalmente 10 veces menos que la población por megawatt de energía eléctrica. La gran mayoría de las familias quienes han sido desplaza de sus tierras para construir las represas no han recibido apoyo por el traslado forzoso, y el 70% no han recibido ningún tipo de indemnización.

Los ríos son para el planeta como la circulación de la sangre en nuestro cuerpo. Tenemos que dejarlos libres, que fluyan, que corran, que den vida. El impacto por su represamiento nos obliga a construir alternativas de desarrollo realmente sustentable. Los efectos de las represas nos afectan a todos los pueblos del mundo de manera directa o indirecta. Necesitamos generar un proyecto que de esperanza y vida, no de muerte y desolación a costa del desplazamiento de población y más pobreza humana y medioambiental.

OAXACA DE JUAREZ, MAGON Y ZAPATA ,APPO 2011, http://todoelpoderalpueblo.blogspot.com