Noviembre: un año después
25 de noviembre: enfrentamientos con la PFP
VÍCTOR RAÚL MARTÍNEZ VÁSQUEZ/IISUABJO
Muchas de las detenciones fueron el resultado de los enfrentamientos de jóvenes encapuchados armados de piedras, cohetones, molotov, resorteras y hondas, con la PFP.
El 20 de noviembre, alrededor de 1,500 personas marcharon del monumento a Juárez y se dio un nuevo enfrentamiento entre agentes de la PFP y miembros de la APPO.
El enfrentamiento comenzó al filo de las 13:30 horas, cuando al llegar a la esquina de Morelos y García Vigil, un grupo de jóvenes subió a una camioneta incinerada -utilizada como parapeto por la PFP- para gritar consignas y cantos irónicos. En ese momento, según los participantes, desde el fondo de la formación policial fue lanzada una piedra que golpeó en la cabeza a uno de los manifestantes, provocándole una gran herida. De inmediato, los inconformes respondieron aventando piedras y botellas de plástico.
Los policías arrojaron gases y los jóvenes que accionaron sus "bazucas" hechizas para lanzar cohetes.
Según los reportes hubo 15 detenidos, siete de los cuales fueron liberados en negociaciones con la PFP, los otros fueron remitidos a las autoridades municipales. En esa ocasión se reportaron varios descalabrados y cinco intoxicados.
Los integrantes del grupo policiaco llegaron a agredir incluso a periodistas y fotógrafos, entre ellos Alejandro Torres de El Universal, quien recibió el impacto de una bomba lacrimógena, y el camarógrafo de TV Azteca, Alejandro Domínguez quien fue golpeado con toletes en las piernas y en la cámara.
El día 24 de noviembre, fueron agredidos y detenidos los dirigentes de la APPO, César Mateos y Jorge Sosa; luego los trasladaron a un penal en Matamoros, Tamaulipas.
El 25 de noviembre, fue sin duda el enfrentamiento más cruento y de mayores daños. Ese día, luego de una marcha que en su trayecto fue pacífica y que atrajo nuevamente a decenas de miles de simpatizantes del movimiento popular, muchos jóvenes se enfrentaron a la policía. La APPO había convocado a cercar a la PFP durante 48 horas, lo cual sin duda fue algo temerario.
Según la crónica de El Universal, fue a las 17:05 horas cuando los miembros de la APPO y la PFP intercambiaron los primeros proyectiles en la esquina de Morelos y Alcalá, en el Centro Histórico. El motivo fue la detención de uno de los marchistas por parte de los policías.
Los jóvenes respondieron con lo habitual. Los combates se extendieron luego a las bocacalles del norte y el oriente del primer cuadro. En cuestión de minutos la violencia se generalizó. Los miembros de la APPO incluso destrozaron banquetas y jardineras para obtener pedazos de concreto y piedras. Las tanquetas salieron en varias ocasiones para dispersar con sus chorros de agua a los manifestantes.
Luego de un primer enfrentamiento vendría otro después, hasta que la PFP llegó a la plaza de Santo Domingo. Los "chavos banda", dice el reportaje de Milenio, iban con la decisión de no obedecer a líder alguno. "Bájate pinche gordo, bájate a pelear", le gritaban a Flavio Sosa, quien se había subido a una trajinera para contener la furia que apenas estaba desatándose contra la PFP. "No podemos hacer nada en este momento", diría Flavio Sosa, desanimado e impotente.
El movimiento era víctima de sus creencias. "Éste no es un movimiento de líderes, sino de bases", se había dicho reiteradamente.
En su retirada, después de que la PFP tomó la plaza de Santo Domingo, miembros de la APPO la emprendieron contra automóviles y oficinas públicas que ardieron toda la noche. En los enfrentamientos, hirieron a tres periodistas: Amaury Guadarrama, de la agencia Cuarto Oscuro, Virgilio Sánchez de Reforma, y Abundio Núñez de El Financiero. La violencia con la que la PFP reaccionó fue brutal, parecía el desquite de las agresiones del 2 de noviembre en que salieron diezmados.
El saldo del enfrentamiento, registrado el sábado 25 de noviembre en Oaxaca, según el diario Reforma: 152 personas detenidas, 20 vehículos y automóviles quemados y 19 inmuebles dañados, entre los cuales se encontraban, el Tribunal Superior de Justicia, oficinas del Poder Judicial Federal, el teatro Juárez, el hospital Molina, las Oficinas de Relaciones Exteriores, la Asociación de Hoteles y Moteles, el SAT, la Secretaría de Turismo, el hotel Camino Real, el restaurante Copal, una sucursal de Banamex, la sucursal de Telmex, la mueblería Nueva, las oficinas de Aviacsa, la Plaza Santo Domingo, la tienda Piticó, una oficina de caja de ahorro y dos casas habitación. Se reportaron cuatro policías lesionados y ocho manifestantes intoxicados con los gases. Por su parte, Marcelino Coache, de la APPO, reportó más de 40 lesionados.
Según otra nota periodística, en el Tribunal Superior de Justicia se incendió un archivo histórico que contenía documentos del siglo XVI a la primera mitad del siglo XIX.
En sus declaraciones al respecto, Ulises Ruiz, quien se veía contento, desde un hotel, diría: "Son pequeños detalles", "se van a limpiar en las próximas horas. El conflicto está superado luego de que se firmó la minuta con el SNTE". Aprovechó para acusar de nueva cuenta al PRD, a extranjeros, atencos, panchos villa y miembros del CGH, de ser los responsables de los hechos ocurridos.
Según se supo posteriormente, priístas infiltraron la marcha de la APPO y ocasionaron destrozos. Fuentes del gobierno admitieron que la PFP detuvo a operadores de Ulises Ruiz, entre ellos a Geodardo Martínez Canseco, colaborador del diputado local por la zona mixe, y a Jesús Madrid Jiménez, promotor de las Unidades Móviles para el Desarrollo, además de dos militantes del PRI que realizan actividades en la zona mazateca. Los grupos priístas actuaron en células y Martínez Canseco habría encabezado una de ellas.
Para la APPO, en los hechos violentos, "existieron muchos detalles sospechosos que sugieren la participación del gobierno: ¿Por qué no se resguardaron los inmuebles fundamentales? ¿Por qué los bomberos no acudieron a sofocar los incendios? ¿Por qué se quemaron edificios fundamentales en la inspección hacendaria y en zonas que no estaban en la parte externa?", se preguntaron algunos dirigentes.
Muchos de los detenidos incluso no tuvieron relación alguna con la APPO ni con los sucesos del 25 de noviembre, el abogado Casiano Luis Mejía dijo que entre las personas detenidas se encontraba el presidente municipal de San Juan Yaee, Javier Sosa Martínez, así como 100 integrantes de la Sección 22 del SNTE y 40 ciudadanos que estuvieron en un mal lugar, en un mal momento y fueron detenidos sin justificación alguna. Una organización no gubernamental llegó a afirmar que 80% de los detenidos no tenía ligas con la APPO.
Uno de los inculpados dijo que sólo acudió, con su padre, al Centro Histórico a buscar medicina cuando los detuvieron y golpearon.
Eréndira Garnica, de 15 años. fue detenida junto con su madre cuando salían de un restaurante del Centro Histórico, donde prestan sus servicios como trabajadoras eventuales.
Ángela Soriano San Juan relató que sus hermanas Lourdes y Socorro fueron detenidas cuando acudieron a pedir medicación al IMSS.
El mismo Ulises Ruiz reconoció ante familiares de reos que acudieron a verlo para pedir la liberación de algunos que, efectivamente, "había gente inocente".
Después de ese fatídico día los detenidos, torturados, heridos y desaparecidos se incrementaron.
Organismos de Derechos Humanos reportaron 31 desaparecidos (11 mujeres y 20 hombres), 203 detenidos (50 mujeres y 153 hombres); 142 de ellos, fueron trasladados al penal de Nayarit y el resto al de Matamoros, Tamaulipas. Según testimonios de un familiar: "Se los llevaron esposados y agachados, no los dejaron decir nada. Los estaba cuidando el mismo ejército, para sacarlos hacia otras cárceles del estado". Para el traslado se utilizaron los helicópteros PF202 y PF203.
La Secretaría de Seguridad Pública Federal argumentó que todos lo detenidos eran de "alta peligrosidad" sin comprobarlo, pues la mayoría carecía de antecedentes penales. ONGs y familiares denunciaron que con el traslado, las autoridades intentaban ocultar el maltrato físico y la tortura.
Entre los detenidos se encontraban: una vendedora ambulante, una estudiante de maestría, un albañil, un mesero, una ama de casa, un carpintero, una bibliotecaria, un pintor, un arquitecto, un estudiante de bachillerato, un impresor, un prensista, un profesor y artista plástico, un director de escuela bilingüe, un carpintero, ninguno de ellos con antecedentes penales, sin embargo, fueron considerados como reos de alta peligrosidad por el gobierno de Ulises Ruiz.
Estudiantes de medicina denunciaron que el sábado 25 de noviembre, a muchas cuadras del epicentro de los acontecimientos, cerca de la escuela ubicada en el norte de la ciudad de Oaxaca, ocurrió una balacera y la desaparición de Luis Javier Pacheco, estudiante del quinto año que colaboraba en los puestos de socorro. Añadieron que en la asamblea de la escuela se denunció que, alrededor de las 21 horas del mismo sábado, un grupo de personas que intentaba resguardarse en las instalaciones de la facultad, al ser perseguidos por paramilitares y judiciales, fue arteramente acribillado en el frontispicio de la institución como lo evidenciaron testigos presenciales, siendo los cuerpos levantados por los elementos mencionados. Dijeron que hasta el momento de la denuncia, permanecían en calidad de desaparecidos. Incluso, el mismo día de la asamblea en que se dieron a conocer estos hechos, se oyeron unos disparos, luego se enteraron que un vehículo rojo le cerró el paso a otro de color gris, en el que viajaban tres estud
iantes de medicina, dos de los cuales fueron "levantados". El periódico Excélsior mostraría fotografías de esta situación.
Al día siguiente, el 26 de noviembre, según nota del Reforma, escoltas del gobernador balearon a Bernardo Pérez Luna y luego de operado, agentes de la policía ministerial lo sacaron del Hospital Civil. Antes, un grupo de appistas, entre los que se encontraba la persona antes mencionada, se había apersonado en la residencia del gobernador Ulises Ruiz, por lo que fueron interceptados y perseguidos por los escoltas hasta la fuente de las Siete Regiones donde, según testigos, se habían dado un enfrentamiento armado, en el que una persona cayó de la batea de una camioneta pick up al ser herido de bala en la cabeza y luego internado en el Hospital Civil, sitio al que llegaron los ministeriales para llevárselo.
En los días posteriores continuaron las detenciones y los cateos. Las mismas fuerzas federales reportaron que, en las 24 horas posteriores, habían sido capturadas 60 personas y realizado tres ingresos a inmuebles, para detener a presuntos participantes de los actos vandálicos ocurridos el sábado 25. Los detenidos fueron ingresados a los penales de Miahuatlán y Tlacolula. En la mayor parte de las detenciones se presentaron casos de tortura. Días más tarde, la policía ministerial se apersonó incluso en algunos centros escolares para realizar detenciones.
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