EL GOBIERNO FEDERAL DESARROLLA GUERRA SUCIA EN EL CASO DEL EPR

Lamenta comisión mediadora que manden a barandilla de la PGR el tema de los desaparecidos Busca el gobierno salida perversa a la problemática con el EPR: González Ruiz Busca el Estado preservar etapa de guerra sucia contra movimientos sociales, señala López y Rivas Miembros del Ejército Popular Revolucionario en imagen tomada durante una entrevista a los comandantes Óscar y VicenteFoto La Jornada Fabiola Martínez y Gabriel León El gobierno federal no ha mostrado ninguna evidencia de tener voluntad política equivalente a la tregua del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y sólo se mantiene en un estado declarativo respecto de la investigación para dar con los eperristas desaparecidos hace dos años, señalaron miembros de la comisión de mediación. Asimismo, lamentaron que la única estrategia oficial sea enviar el caso a la barandilla de la Procuraduría General de la República (PGR), instancia que ha dilatado por décadas la indagatoria sobre delitos de lesa humanidad de Luis Echeverría, por ejemplo. Las declaraciones del subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Gerónimo Gutiérrez (en el sentido de que cualquier asunto relacionado con los eperristas desaparecidos debe ser conducida por la vía jurisdiccional), ponen en evidencia que se busca una salida perversa a la problemática con el EPR, dijo Enrique González Ruiz, integrante del grupo mediador. El escritor Carlos Montemayor –quien fungió como vocero de la comisión– confirmó que hasta el momento no ha recibido información de ninguna de las partes –EPR y gobierno federal–, de ahí que deberán esperar para retomar el análisis del tema. Lamentó que los funcionarios sólo abunden en declaraciones, no sólo para este caso, sino para muchos otros de interés nacional. La amplitud de las declaraciones, no coincide con la amplitud operativa, comentó. Este domingo se cumplen dos años de que los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron vistos por última vez en la capital de Oaxaca. Semanas después, el grupo guerrillero detonó bombas en instalaciones de Pemex como medida de presión para exigir al gobierno la presentación con vida de sus compañeros, en cuya desaparición aseguran que intervinieron elementos policiales y militares. Casi un año después, el EPR propuso a un grupo de personajes (Montemayor, Rosario Ibarra, Samuel Ruiz, González Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa, Gilberto López y Rivas y Juan de Dios Hernández) para que fungieran como mediadores con el gobierno federal, con el único fin de hallar a los desaparecidos. Sin embargo, el mes pasado, casi un año después de iniciada su tarea –y sin resultados acerca de la indagatoria de la PGR–, la comisión de mediación dio por concluida su misión ante la falta de voluntad política de las autoridades. El subsecretario Gutiérrez informó (La Jornada, 20 de mayo de 2009) que continúa la investigación tanto para hallar a los eperristas como para dar con los responsables de los atentados en Pemex. Al respecto, López y Rivas dijo que tales afirmaciones sólo confirman la percepción de que el gobierno federal asume actitudes de estadolatría en las que invoca el estado de derecho pero en realidad hay un Estado represivo, burócrata y cómplice, con la intención de preservar la etapa de guerra sucia contra los movimientos sociales y de criminalización de las protestas. Para González Ruiz, la declaración de Gerónimo Gutiérrez ratifica mi opinión de que no hay voluntad política para hallar a los desaparecidos, porque repite mecánicamente lo que vienen diciendo desde hace dos años. No hay una sola aportación real que sea equivalente a la tregua del EPR. El gobierno sólo busca la vía de presentar huesos y asumir así una salida perversa. Doble discurso oficial: ONG La Red Todos los Derechos para Todos y el Observatorio Eclesial señalaron que el gobierno federal no depura los mecanismos para la identificación de riesgos que puedan amenazar la seguridad nacional, lo que en realidad hace es mantener un doble discurso para justificar su política de criminalización de la protesta social mediante acciones de hostigamiento a dirigentes y representantes sociales que reivindican y exigen de forma pacífica el respeto a los derechos humanos. Luego del señalamiento del gobierno federal, por conducto del subsecretario Gerónimo Gutiérrez, la Red indicó que este supuesto trabajo de depuración y detección de grupos armados en muchos casos lo que en realidad significa seguimiento y hostigamiento a movimientos sociales. Las agrupaciones civiles –afirmó– buscan reivindicar y exigir el respeto a sus derechos humanos y la defensa pacífica de sus causas, “pero en muchos casos se les descalifica y se les niega una solución con acusaciones –a veces más abiertas o veladas– de que pudieran estar implicadas con grupos armados”, afirmó Édgar Cortés, presidente de la organización no gubernamental. Un caso muy concreto es el de la Organización Indígena de Pueblos Mixtecos de la Zona de la Montaña de Guerrero, que son señalados por supuestas relaciones con grupos armados sin que haya evidencia de tal cosa, dijo.