INSTITUTO SAN FELIPE E INSTITUTO CERVANTES RED DE PEREDASTIA

-Recomendación de CNDH por tres menores violados

-Autoridades de Oaxaca, omisas en el caso de tres niños violados

Recomendación de CNDH por tres menores violados jueves, 19 de junio de 2008 En el caso de las víctimas de agresiones sexuales en el Instituto Cervantes, si hubo omisión gubernamental para procurar justicia a los afectados CÉSAR MORALES NIÑO La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CEDH) emitió la Recomendación 23/2008 dirigida al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, por el caso de tres menores de cuatro años de edad que fueron víctimas de presuntas agresiones sexuales en el Instituto Cervantes, de la Villa de Etla, debido a que hubo omisión por parte de autoridades estatales para procurar justicia a los afectados, y así evitar que este tipo de hechos se repitieran y así como por los obstáculos a las víctimas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. "Es preocupación de la CNDH el grave problema de la laxitud en el cumplimiento de la ley y la limitada sensibilidad del personal encargado de la aplicación de la misma, lo que se convierte en una nueva victimización de los menores y sus familias", asienta el documento. En el resolutivo puntualiza: Esta Comisión Nacional destaca que la omisión de las autoridades contravino la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Municipios de Oaxaca, por no actuar en concordancia con los principios de legalidad, eficiencia y profesionalismo. "Debe evitarse la repetición de este tipo de hechos": Comisión Nacional de los Derechos Humanos Además de que se violentaron los derechos de los menores a su sano esparcimiento y desarrollo integral, a su dignidad personal, de respeto a su integridad física, psíquica y social. Y la inactividad de las autoridades del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) hace presumir que esa dependencia no ha tomado las medidas para evitar que este tipo de conducta se repita. En su Recomendación, la CNDH solicita al gobernador de Oaxaca, a la brevedad, se garantice a los menores y a sus familiares una reparación del daño que incluya asistencia médica y psicológica; se brinde auxilio a víctimas y testigos de los hechos y se adopten medidas para evitar represalias; se dé vista la Órgano Interno de Control de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para que investigue a las autoridades ministeriales y se dé vista a la representación social para el ejercicio de sus atribuciones. También se pide que el Órgano Interno de Control del IEPPO investigue a los servidores públicos que omitieron intervenir oportuna y debidamente en el caso; que dicho Instituto emita directrices para que en casos similares los servidores públicos asuman sus responsabilidades y denuncien los hechos ante las autoridades ministeriales competentes. Así como adopten medidas para prevenir y eliminar la estigmatización social de los menores y sus familiares, se les facilite su recuperación y reintegración en su comunicad, y se adopten medidas para garantizar la no repetición de actos como el presente, mediante acciones preventivas y de capacitación en los planteles educativos del estado de Oaxaca. Puntualiza la recomendación de que se evite que los probables responsables de un delito de agresión sexual contra menores estén en contacto con éstos hasta en tanto exista una determinación final respeto de su situación jurídica y que el Instituto de Educación inspeccione a la escuela donde estudiaban los menores agraviados para evaluar la calidad de la enseñanza y las condiciones de dignidad y seguridad, y si de esa revisión existen irregularidades se evite que dicha escuela continúe con la prestación del servicio. La recomendación es porque las familias de los menores abusados sexualmente encontraron obstáculos tanto en la Comisión Estatal de Derechos Humanos como en la Fiscalía Especializada de Atención a los Delitos Sexuales. Entre las evidencias con que cuenta la CNDH, se destaca la averiguación previa que se sigue en contra de los probables responsables por el delito de delincuencia organizada en su modalidad de corrupción de menores, lo cual permite observar que se vulneró la integridad física y psicológica de los menores. El Organismo nacional reconoce la necesidad de que se adopten las medidas de carácter interdisciplinario, en las que se involucren el IEEPO y la PGJE en campañas de prevención del abuso sexual, debido a que gran parte de ellos permanecen impunes al no ser denunciados por los graves problemas que conllevan. Del análisis lógico jurídico de los hechos y evidencias que integran el expediente de queja, la CNDH obtuvo elementos suficientes para acreditar violaciones al derecho a la debida protección a las víctimas del delito, derivado de la omisión para brindar a los menores agraviados y a sus familiares asistencia médica y psicológica, así como de salvaguardar su integridad física, atribuible a servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca. ■ Confirma la CNDH abusos y señala insensibilidad de funcionarios Autoridades de Oaxaca, omisas en el caso de tres niños violados LA JORNADA. De la redacción La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, sobre el caso de tres niños de cuatro años de edad que fueron víctimas de “presuntas agresiones sexuales” en un colegio particular de Villa de Etla, ya que las familias de los menores “encontraron obstáculos y omisiones” tanto en la Fiscalía de Delitos Sexuales como en la Comisión de Derechos Humanos del estado a fin de obtener justicia. La institución destaca que no se han tomado medidas para evitar que estos delitos se repitan y solicitó al mandatario estatal garantizar a los agraviados la reparación integral del daño, brindarles auxilio, así como investigar y sancionar a las autoridades responsables de la omisión y violación de derechos de los menores. El ombudsman nacional, José Luis Soberanes, señala en la recomendación que el organismo a su cargo posee evidencias de que se vulneró la integridad física y psicológica de los infantes, así como evaluaciones sicológicas que muestran que al menos uno de los menores presenta indicios emocionales y conductuales de abuso sexual. La CNDH tiene un certificado médico con fecha 11 de julio del 2007, suscrito por un medico particular, que precisa las lesiones de uno de los niños, así como un dictamen sicológico, firmado por un perito de la Procuraduría estatal, que confirma el daño emocional que se ocasionó a otra de las víctimas. Asimismo, el 24 de enero recibió la opinión técnica de personal de atención a víctimas de la CNDH, la cual corrobora los daños emocionales causados a los tres agraviados. El ombudsman señala que, luego del análisis jurídico, existen suficientes elementos para acreditar que se violó el derecho de las víctimas a la debida protección del delito, ya que hubo omisión de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca para brindar asistencia médica y sicológica a los menores y a sus familias, así como para salvaguardar su integridad física La CNDH “considera de gran relevancia los relatos pormenorizados de los menores relacionados con los tocamientos bajo sus ropas de que fueron víctimas, los resultados de las terapias en las que se acredita abuso sexual, las muestras de agresión física en los cuerpos de los infantes y las negativas de éstos para acudir al colegio, ante el temor de padecer nuevas agresiones”, señala Soberanes. La institución instó a que el Instituto Estatal de Educación Pública y la Procuraduría de Oaxaca participen en campañas de prevención del abuso sexual, pues gran parte de esos delitos “permanecen impunes al no ser denunciados por los graves problemas que con llevan”. La institución dijo estar preocupada por “la grave laxitud” en el cumplimiento de la ley y la “limitada sensibilidad” del personal encargado de impartir justicia, lo que se convierte “en una nueva victimización de los menores y sus familias”. Resaltó que si bien hay una persona sujeta a proceso judicial por el abuso sexual contra los menores, las autoridades ministeriales que integraron las averiguaciones “omitieron brindar a los denunciantes atención médica y sicológica”, lo que viola su derecho constitucional a la protección. Esta omisión, resaltó, también contraviene la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.