EL CINISMO: ACUERDO DE PRI-PAN LLEVO A LA SILLA PRESIDENCIAL A EL ESPURIO CALDERON EN MEXICO

-Un acuerdo PRI-PAN llevó a la silla a Calderón

-Encubre Calderón excesos de militares: Human Rights Watch

-‘Calderón robó la Presidencia’; ha destrozado la economía del país

Un acuerdo PRI-PAN llevó a la silla a Calderón:

El Cinismo del partido del PRI asesino en Mexico, en voz de uno de tantos que roba a la nacion Ruben Moreira (diputado del PRI),asi como la clase de politicos que operan en Mexico como delincuentes de cuello blanco.Acuerdos y alianzas en Mexico.

Un acuerdo PRI-PAN llevó a la silla a Calderón Acusa el PAN: "Peña Nieto mató a su esposa"; Revira el PRI: "Calderón se robó la presidencia" Jesusa Cervantes MÉXICO, DF, 10 de marzo (apro).- Al pretender defender su honor y dignidad como político, pues desde ayer en la máxima tribuna del Congreso de la Unión fue tachado de “mentiroso”, el presidente nacional del PAN y diputado federal, César Nava, destapó la caja de Pandora de los partidos políticos. Primero afloraron los señalamientos de los panistas, entre ellos que el gobernador mexiquense, el priista Enrique Peña Nieto, “mató a su esposa”, hasta las acusaciones de los priistas, en el sentido de que Felipe Calderón “se robó la Presidencia”. El encono entre priistas y panistas se reeditó por cinco horas en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de este miércoles, luego de que Nava --quien en la sesión del martes pasado no estuvo presente en el momento en que la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, lo acusó de “mentiroso”, al tiempo que exhibía el controvertido pacto ‘antialianzas’, firmado por ambos dirigentes nacionales partidistas--, tomó la palabra para defenderse de las descalificaciones. El abierto pleito entre priistas y panistas motivó que de uno y otro lado surgieran revelaciones, confesiones de acuerdos pasados –y no sólo mutuas acusaciones--, así como pleitos en el PAN (entre Nava y el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont). También se ventilaron enconos al interior del PRI (entre Peña Nieto y el senador sonorense Manlio Fabio Beltrones), y diferencias de principios en el PRD (entre la corriente Nueva Izquierda y los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador). En el primer caso, la acusación estuvo a cargo de la diputada del PAN por el Estado de México, María Elena Pérez de Tejada, quien dijo que su entidad no necesita un gobernador “light”, y se siguió de largo cuando buscaba responder al señalamiento de que el exalcalde panista de Atizapán golpeó a su esposa: --Yo no estaba enterada, pero si así fuese, cualquier mexiquense exigiría se investigue el dicho de que Enrique Peña Nieto mató a su esposa. La denuncia en tribuna generó un gran movimiento entre los 40 diputados de la bancada del Estado de México. El hecho motivó que el vicecoordinador Jorge Carlos Ramírez Marín se acercara a ellos, mientras el resto de los legisladores priistas se incomodaba y comentaban lo sucedido. Tocó al diputado del PRI, también por el Estado de México, Rodrigo Reina Liceaga, hacer la defensa del mandatario mexiquense: --¡Quiero pedirle que, con base en el artículo 107, retire lo que ha dicho porque no tiene prueba alguna –se dirigió a la panista María Elena Pérez. Y siguió: --Del argumento que yo le di hay pruebas (de que el exalcalde panista golpeó a su esposa) y hay una denuncia. ¡Que lo retire la diputada y ofrezca una disculpa pública por una acción que no tiene por qué llevar a cabo! El presidente de la Mesa Directiva, el panista Francisco Ramírez Acuña, exhortó a la legisladora: “Está solicitando el diputado Reina que retire usted el término que utilizó hace unos momentos. Le pregunto, ¿lo retira para que no quede en el acta correspondiente? --Voy a contestar presidente –respondió María Elena Pérez--. Bien dije yo que no lo digo sólo yo, sino lo dicen los medios. Les voy a seguir contestando, permítanme. Conocí a la señora y fue una dama, y por ella lo retiro, no por el gobernador. --Acepta usted que se retiren esos términos --insistió Ramírez Acuña. --Por ella, por Mónica Pretellini, sí. Por el gobernador (Peña Nieto), no. --Acepta la diputada que se retire. Le pido a la secretaria, en los términos del artículo 107, no aparezcan en el acta correspondiente. Sin embargo, el hecho no satisfizo a los priistas, por lo que el vicecoordinador Ramírez Marín pidió la palabra: --Presidente, además de que se retire, que quede constancia que el tema no era materia de debate en este momento. Es una expresión estrictamente personal de la diputada. Entonces reviró Ramírez Acuña: --Es una intervención de la diputada y hay un reclamo correspondiente. Ese reclamo ha aceptado la diputada que no aparezca en el acta. Lo que usted nos solicita no es procedente, diputado. La panista María Elena Pérez continuó entonces haciendo uso de la palabra para sostener que Peña Nieto tiene que dar cuentas claras a las víctimas de la delincuencia… y siguió. No satisfechos con esa salida, los priistas insistieron, pero ahora tocó el turno al legislador mexiquense José Adán Rubí Salazar: --Que retire las palabras que acaba de pronunciar en contra del señor gobernador del Estado de México, licenciado Enrique Peña Nieto, a efecto de que podamos tener, y escuche lo que le voy a decir, condiciones en este Poder Legislativo de gobernabilidad, de viabilidad en los acuerdos que se están requiriendo. Si no es así, reitero subrayadamente, las condiciones de ingobernabilidad van a seguir creciendo el mismo día de hoy en adelante. Le pido a la diputada que retire esas palabras, son calumnias, es una difamación que no puede permitirse en el seno del Poder Legislativo. La panista María Elena Pérez de Tejada respondió: “Sí lo hice y lo puedo volver a decir, presidente, si usted así lo quiere. Y le volvió a preguntar Ramírez Acuña si retiraba la acusación en contra de Peña Nieto. --Sí estoy de acuerdo, ya lo había mencionado –atajó Pérez de Tejeda. El capítulo sobre la acusación en contra de Peña Nieto, de haber matado a su esposa, no prosiguió en la tribuna, pero al término de la sesión, los panistas Javier Corral y Carlos Pérez Cuevas se acercaron a la curul del coordinador de la bancada priista mexiquense, Emilio Chuayffet, a quien le dijeron que los priistas también habían echado mano de los insultos. --Pero nada que ver con la acusación de asesinato --les respondió Chuayffet. PRI: Calderón, “presidente ilegítimo” El segundo tema que surgió en el debate motivado por el convenio firmado entre los líderes nacionales de PRI y PAN, fue el de la aceptación de los priistas de que Calderón Hinojosa no ganó la elección presidencial de 2006, y que ellos lo habían legitimado por acuerdo, permitiéndole tomar posesión el 1 de diciembre en la Cámara de Diputados pero bajo la promesa de que gobernaría para todos los mexicanos, “pero hasta en eso nos traicionó”. La revelación de los priistas corrió a cargo del diputado Rubén Moreira Valdez, quien antes de fijar la posición de su partido, respondió a una pregunta que le formuló al perredista Víctor Cossio, afín a López Obrador, sobre si “¿el presidente Calderón es el presidente legítimo de México?”: Y Moreira Valdez soltó: “Para un servidor, el presidente Calderón también es ilegítimo”. Después, cuando le tocó a Moreira subir a tribuna, remachó: “Lo que mal inicia mal acaba”. “El presidente Calderón inició mal, inicio cuestionado sobre su legitimidad, porque como dice el diputado Gerardo Fernández Noroña, se robó la Presidencia de la República”. Y prosiguió: “Somos la generación del no. Los que le decimos a Calderón, ‘no vendas la patria’; los que le decimos a Calderón, ‘tú no eres legítimo’; los que le decimos a Calderón, ‘te robaste la Presidencia de la República’”. En ese momento, el perredista Víctor Cossío le reviró la pregunta y planteó: “El apoyo que le dieron ustedes para legitimar a Calderón, ¿lo retira en este momento? --Mi partido fue consecuente –respondió el priista Moreira Valdez--; no podíamos caer en la anarquía; pero Calderón, que recibió la confianza para entrar por una puerta aquí, a escondidas, y jurarle a la nación que iba ser presidente de los mexicanos, también en eso nos traicionó. No hay apoyo para el presidente, al menos de parte de muchos de nosotros”. Luego el petista Mario Di Costanzo cuestionó: “Quiere decir que si no ganó Calderón, ¿el que ganó fue Andrés Manuel López Obrador? --Creo, en lo personal, que las elecciones debieron haberse repetido. Nava vs Gómez Mont El panista César Nava fue quien abrió el debate, y lo hizo para “limpiar” su nombre luego de que un día antes había sido exhibido por la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, como un mentiroso, por propalar que el convenio ‘antialianzas’ fue a cambio de la aprobación del paquete fiscal 2010, con la consecuente alza en los impuestos. “La mentira y la falsedad también vertidas el día de ayer en esta tribuna, porque no sólo se ha mentido ante los medios de comunicación, también se ha venido aquí a esta tribuna a mentir, y se ha negado, se han atrevido a negar que había alguna obligación del PRI en este acuerdo. Lo reitero, como lo he dicho y lo he sostenido”, dijo Nava Vázquez. --¿Usted mintió? --le preguntó el diputado priista mexiquense Felipe Enríquez Hernández. --Como respuesta afirmo y ratifico la verdad. El PRI en ese acuerdo se obligó a aprobar la Ley de Ingresos en el Senado, en los términos aprobados originalmente en la Cámara de Diputados –insistió Nava. El también priista y mexiquense, Humberto Benítez Treviño, acotó: “No fue un convenio retroactivo”. Y Nava insistió: “No me crea a mí, no me crea a mí si no quiere; créale a su coordinador, al diputado Francisco Rojas, quien a pregunta expresa aceptó que el PRI aprobó la legislación en materia tributaria a cambio de concesiones en materia de alianzas electorales. No me crea a mí, créale a su coordinador parlamentario”. El líder nacional panista se refería a la declaración que el 16 de febrero pasado hizo Rojas, en el sentido de que la aprobación de la Ley de Ingresos y el convenio ‘antialianzas’ “corrieron en vías paralelas”. Las preguntas hacia Nava continuaron y, cuando éste respondió en referencia a la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, provocó que ella también tomara la palabra. “A quien debe preguntarle, señor diputado, es a la señora presidenta de su partido. Debe preguntarle por qué ocultó y por qué mintió. Porque en el fondo y en la voluntad del acuerdo y del compromiso del PRI, estuvo siempre la obligación de aprobar en el Senado la Ley de Ingresos”, dijo Nava Vázquez. Paredes tomó el micrófono y desde su curul le recordó a Nava que hacía unos momentos el propio secretario de Gobernación acababa de decir que el convenio fue para construir “gobernabilidades en el país” (es decir, descartaba algún un trueque por la Ley de Ingresos). “¿El señor secretario de Gobernación miente?”, desafió Paredes a Nava. Entonces Nava desmintió a Gómez Mont, e incluso recordó que el propio secretario de Gobernación ya había aceptado, el pasado 5 de marzo, que sí hubo tal intercambio. “El secretario de Gobernación el pasado viernes afirmó, categóricamente lo afirmó y está citado en diferentes medios de comunicación. Él lo dijo: ‘en todo momento estuvo a cargo del PRI la obligación de aprobar en sus términos el Paquete de Ingresos, ya aprobado previamente por la Cámara de Diputados el 21 de octubre. “Lo ha confirmado el secretario de Gobernación, lo ha confirmado el coordinador de su bancada, lo he confirmado y lo he sostenido. Solamente usted (Paredes) y el gobernador Peña Nieto lo niegan”, acuso Nava. “Llueven” descalificaciones a Nava En la discusión, los priistas no sólo llamaron “mentiroso” una y otra vez a Nava, sino que además lo acusaron de ser un corrupto. Y para sostener su dicho, los priistas echaron mano del libro de la periodista Ana Lilia Pérez, Camisas azules, manos negras, donde se da cuenta de los contratos que César Nava autorizó para beneficiar a gente de su grupo político justo cuando él se desempeñaba como el encargado jurídico de Petróleos Mexicanos (Pemex). La acusación fue respaldada por el petista Fernández Noroña, quien dijo que una prueba más de que Nava es un corrupto se sostiene con el ofrecimiento que éste le hizo a él en lo personal, cuando estaba la lucha del “voto por voto” para esclarecer la elección presidencial del 2006. Fernández Noroña recordó que fue el propio Nava quien primero le ofreció dinero, luego posiciones políticas y finalmente recursos para respaldar las luchas sociales de López Obrador, a cambio de que dejaran su lucha y reconocieran a Felipe Calderón como el ganador de la Presidencia. Otra de las revelaciones que surgieron en el debate las hizo el panista Javier Corral, quien sostuvo que el hecho de hacer público el convenio ‘antialianzas’ solo forma parte del pleito que existe entre los priistas Peña Nieto y Beltrones en su lucha por la candidatura presidencial del PRI para el 2012. Insistió en que Beltrones “acorraló” a Peña Nieto para que hiciera público el pacto PRI-PAN, pues de lo contrario el sonorense lo revelaría, y con ello destaparía los acuerdos que Peña Nieto ha entablado con el gobierno de Felipe Calderón a cambio de que lo “blinden” contra eventuales alianzas partidistas de cara a las elecciones locales de 2011, cuando se renovará la gubernatura mexiquense. César Nava también insistió en que el convenio fue a petición de Peña Nieto y donde sólo el mexiquense sería el beneficiado. Incluso, retó a Peña Nieto y a la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, a entablar un debate sobre el tema. Paredes aceptó inicialmente el debate, pero luego reculó. Finalmente ambos, Nava y Paredes, aceptaron someterse a la prueba del Polígrafo o “detector de mentiras”, para determinar quién de los dos dice la verdad sobre el motivo de la firma del convenio y los acuerdos a los que se llegó y que no están explicitados en el documento. Luego de cinco horas de debate, la exigencia de someterse al Polígrafo alcanzó al propio Calderón. Los priistas pidieron que también él se sometiera al detector de mentiras para que la ciudadanía se dé cuenta y convenza de que el Ejecutivo federal siempre estuvo al tanto de la firma del convenio. Finalmente, el debate culminó con la propuesta de la fracción del PRI para que se conforme una comisión investigadora que indague sobre los supuestos actos de corrupción de César Nava durante su paso por Pemex. Sin embargo, el tema quedó en el aire y en las manos de la Junta de Coordinación Política, órgano que deberá establecer si presenta de manera formal ante el pleno la conformación de dicha comisión. A lo largo de todo el debate, Nava se llevó los peores calificativos, que fueron desde mentiroso y corrupto, hasta el que le endilgó el priista David Penchyna: “Es un cobarde y mentiroso… No busque con quién debatir, señor César Nava, usted le ha mentido al pueblo de México. Le ha mentido a su partido. Ha ensuciado la política. No merece una curul como no la mereció hace diez años, donde por su propia voluntad salió de este cuerpo colegiado y no le aportó nada al Poder Legislativo”. Remachó: “Y se trasladó a una empresa que hoy sigue investigando sus cochinadas, sus mugreros que han sido publicados, ése es su lugar. Por nosotros, pida licencia. ¡Nunca más regrese al Poder Legislativo! Y cerró así: “Es evidente que anda buscando con quién debatir, ya ni los de su partido quieren debatir con usted. Viene aquí a querer confundir y a salvar un honor que perdió hace muchos años: la dignidad del político; la honra de tener palabra; la capacidad de ver a sus hijos a la cara bajo la gestión honesta de la administración de su cargo”. Pero Nava no quiso darle gusto a los priistas y, mientras se proponía una comisión especial para investigarlo, el aún líder nacional panista anunciaba en conferencia que no solicitaría licencia. Revelaría, además, que si en el convenio no aparece que fue a cambio de la aprobación de los impuestos, fue porque el propio Peña Nieto así se lo pidió. Encubre Calderón excesos de militares: Human Rights Watch Por Kiosco Mayor / Redacción Las fuerzas armadas mexicanas han cometido graves violaciones de derechos humanos, dice documento de la organización Ciudad de México Marzo 9 de 2010. Martes Texto íntegro del resumen ejecutivo del documento difundido hoy por la organización Human Rights Watch: Desde que asumió el cargo, el Presidente Felipe Calderón ha delegado principalmente en las fuerzas armadas la lucha contra la violencia producto del narcotráfico y del crimen organizado. La necesidad de mejorar la seguridad pública es evidente. México enfrenta un contexto de intensas luchas territoriales entre poderosos cárteles de narcotraficantes, la entrada de armas sofisticadas al país, numerosos secuestros y ejecuciones en varios estados de la República, y aterradoras formas de violencia incluyendo decapitaciones. La competencia y las pugnas entre poderosos cárteles, así como los enfrentamientos armados entre estos y las fuerzas de seguridad pública, han causado la muerte de miles de civiles, policías y oficiales de las fuerzas armadas. El número de víctimas ha incrementado significativamente desde 2006, llegando a una cantidad estimada de 6.000 muertes en tan sólo 2008. México ha utilizado a las fuerzas armadas en operativos contra el narcotráfico y la insurgencia durante décadas. No obstante, la visibilidad de las fuerzas armadas en operaciones de seguridad pública ha incrementado drásticamente durante el gobierno de Calderón, quien ha planteado el despliegue del Ejército como una de sus estrategias clave para combatir al narcotráfico y mejorar la seguridad pública. Miles de integrantes de las fuerzas armadas han sido incorporados a la policía federal y más de 40.000 efectivos entre militares y policías han sido asignados a distintas partes del país. En ciudades muy violentas, como Ciudad Juárez y Tijuana, los gobiernos locales han designado a militares de alto rango al frente de la policía. Si bien el gobierno de Calderón ha señalado que el uso del Ejército es de carácter temporal, aún no ha presentado siquiera un plan provisional para el repliegue de las tropas. En el marco de las actividades de seguridad pública, las fuerzas armadas mexicanas han cometido graves violaciones de derechos humanos, como desapariciones forzadas, asesinatos, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias. Los abusos documentados en este informe incluyen una desaparición forzada, la violación sexual de mujeres indígenas durante operativos de lucha contra la insurgencia y el narcotráfico en el sur de México, la tortura y detención arbitraria de ambientalistas durante operaciones contra el narcotráfico, y varios casos de tortura, violación sexual, asesinatos y detenciones arbitrarias de decenas de personas cometidos durante operativos de seguridad pública llevados a cabo en varios estados de la República en 2007 y 2008. Muchas de las víctimas en los casos documentados en este informe no tenían ningún vínculo con el tráfico de drogas ni con grupos insurgentes. Estos abusos aberrantes atentan directamente contra el objetivo de terminar con la violencia vinculada con el narcotráfico y de mejorar la seguridad pública. Actualmente, el Ejército ha desplegado a sus soldados en las regiones del país más afectadas por la violencia ligada con el narcotráfico. Los militares deberían ser los principales interesados en actuar profesionalmente y en que la gente perciba que actúan respetando a la población civil y los derechos humanos. Cuando los soldados cometen graves crímenes que constituyen violaciones de derechos humanos, menoscaban esta imagen, pierden el apoyo de la población civil y generan una sensación de desconfianza y temor hacia el Ejército en poblaciones que, de lo contrario, podrían contribuir a las medidas para mejorar la seguridad pública. Abusos como los documentados en este informe, además, son contrarios a uno de los principales objetivos que deben cumplir las fuerzas armadas durante los operativos de seguridad pública: aplicar la ley y proteger a la población. Una de las principales causas por las cuales estos abusos continúan ocurriendo es que los responsables no son sancionados. Y esta falta de sanciones se debe, en gran parte, a que la mayoría de estos casos terminan siendo investigados y juzgados por los propios militares. Al permitir que las fuerzas armadas se investiguen a sí mismas mediante un sistema de justicia militar que carece de garantías básicas de independencia e imparcialidad, México está, en los hechos, permitiendo que los militares que participan en actividades de seguridad pública cometan violaciones atroces de derechos humanos impunemente. El sistema de justicia militar mexicano está muy lejos de cumplir con su obligación de impartir justicia en casos de abusos militares contra civiles. Debido a la poca transparencia del sistema y a que las autoridades militares no difunden públicamente el resultado de gran parte de los casos, es difícil obtener una perspectiva detallada sobre qué sucede en cada uno de ellos. De cualquier manera, resulta evidente que son muy pocos los casos en que se aplican condenas por los delitos cometidos. En enero de 2009, cuando Human Rights Watch preguntó a funcionarios de alto rango de la Secretaría de la Defensa Nacional por ejemplos de violaciones graves de derechos humanos juzgadas por la justicia militar que hubieran llevado a la imposición de una condena penal a personal militar, los funcionarios señalaron que existían “muchos”. No obstante, sólo pudieron recordar un único caso de 1998. A pesar de reiteradas solicitudes de Human Rights Watch, la Secretaría de la Defensa Nacional no ha proporcionado una lista de estos casos. Tampoco ha entregado aún una copia de la decisión adoptada en el caso de 1998. El presente informe describe 17 casos de crímenes atroces cometidos por militares contra más de 70 víctimas, incluidos varios casos de 2007 y 2008. Ninguna investigación militar sobre estos casos ha concluido con una condena penal, ni siquiera de un soldado, por la comisión de violaciones de derechos humanos. El único caso que concluyó con la condena de cuatro soldados fue investigado y juzgado por autoridades civiles. Evidentemente, algo está fallando en la forma en que México trata las denuncias de graves violaciones de derechos humanos cometidas por militares. Dado que el sistema de justicia militar no está sancionando a los responsables, es crucial que estos casos sean trasladados al sistema civil de justicia penal. Esta conclusión está plenamente avalada por el derecho internacional, que dispone claramente que las violaciones graves de derechos humanos deben ser investigadas y juzgadas a través de mecanismos efectivos e independientes. Como resulta evidente en este informe, el sistema de justicia militar de México no cumple con estos estándares. Organismos internacionales a cargo de interpretar los tratados internacionales de derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desaprueban el ejercicio de la jurisdicción militar en este tipo de casos debido a que los sistemas de justicia militar frecuentemente son poco transparentes. También sostienen que, dado que las fuerzas militares se juzgan a sí mismas, abundan potenciales conflictos de interés. El sistema mexicano no es una excepción: no se encuentra estructurado para garantizar resultados justos y, como claramente lo demuestra la información existente hasta el momento, estos resultados tampoco se obtienen en la práctica. En México, el Secretario de la Defensa ejerce a la vez poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas. Los jueces militares no gozan de la garantía de permanencia en el cargo, y podrían razonablemente temer que el Secretario de la Defensa los aparte de su cargo u obstaculice de otro modo su carrera profesional si emiten decisiones que el Secretario no comparte. El control civil de las decisiones adoptadas por los tribunales militares es sumamente limitado. Aún más grave, prácticamente no existe ningún escrutinio público ni acceso a información sobre qué sucede realmente durante las investigaciones, los procedimientos y los juicios militares, los cuales pueden extenderse durante varios años. Estas fallas estructurales tienen un impacto directo en la práctica. La Secretaría de la Defensa Nacional de México restringe excesivamente y sin una justificación razonable el acceso por parte del público a información básica sobre el estado de los casos de abusos cometidos por el Ejército contra la población civil que se tramitan ante la justicia militar. Ello prácticamente impide saber, a ciencia cierta, en qué medida los miembros de las fuerzas armadas realmente responden por sus actos. En muchos casos, los testigos y las víctimas son renuentes a declarar o participar en este ámbito por el temor de sufrir represalias por hablar de los abusos militares frente a los propios militares. La información disponible sugiere que las probabilidades de obtener justicia en este tipo de casos dentro del sistema de justicia militar son escasas. Como señalamos anteriormente, ninguna de las investigaciones de la justicia militar sobre abusos cometidos por el Ejército que se analizan en este informe han culminado en la imposición de condenas penales por la comisión de violaciones de derechos humanos. En los casos más viejos, las investigaciones militares terminaron en la impunidad. Y, en otros más recientes de 2007 y 2008, las investigaciones penales militares o bien han sido cerradas o están siendo impulsadas de forma tal que es probable que, igualmente, terminen en la impunidad. En varios casos, los agentes del ministerio público militar han concluido las investigaciones por falta de pruebas, basándose para ello en las declaraciones de los soldados e ignorando evidencia independiente y creíble que demostraba que efectivamente se habían cometido los abusos. Si bien la justicia militar ha otorgado indemnizaciones a las víctimas en algunas ocasiones, estas no compensan la falta de justicia que prevalece en estos casos. Pese a estos hechos contundentes, los militares continúan basándose en el texto del Código de Justicia Militar y en una interpretación forzada de la Constitución para justificar su práctica de continuar investigando los casos. En general, los agentes del ministerio público federales y locales han aceptado que los militares asuman estos casos casi sin protestar. Si no se pone fin a esta práctica, continuará prevaleciendo la impunidad, lo cual a la larga contribuirá a frustrar el éxito de las estrategias para combatir la violencia vinculada con el narcotráfico y para mejorar la seguridad pública. Como se explica más adelante, el principal argumento esgrimido por las fuerzas armadas para asumir la jurisdicción en casos de violaciones graves de derechos humanos cometidas contra víctimas civiles es una disposición constitucional que prevé el fuero militar “para los delitos y faltas contra la disciplina militar”. Uno de los principales problemas es que el Código de Justicia Militar, queriendo interpretar la Constitución, establece una definición sumamente expansiva de estos delitos e incluye a los “delitos del orden común o federal… que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo”. Las fuerzas militares han interpretado que, según esta disposición, no deben hacer distinción en función de la naturaleza del delito y, por ello, incluso los delitos más aberrantes como la violación sexual y la tortura deben ser juzgados ante los tribunales militares, siempre que hayan sido cometidos en servicio y junto con un delito militar. No obstante, ni la Constitución Política de México ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación exigen este resultado. Por el contrario, el texto de la Constitución, su interpretación por expertos en derecho constitucional y una decisión reciente de la Suprema Corte apoyan que la jurisdicción civil debería investigar estos casos. De hecho, la práctica de los militares debería haber cambiado con una jurisprudencia dictada en 2005 por la Suprema Corte que es vinculante para todas las autoridades judiciales, incluidas las militares. En su decisión, la Suprema Corte limitó el alcance de la disposición del Código de Justicia Militar al definir “servicio” como la “realización de las funciones propias e inherentes al cargo que desempeña”. Si bien la Suprema Corte no determinó expresamente que todos los abusos militares contra civiles deben ser investigados y juzgados por autoridades civiles, los abusos graves como violaciones sexuales y torturas claramente no pueden ser considerados “funciones inherentes” de las fuerzas armadas. En México, el tema central no es el contenido de la Constitución, sino la voluntad política para asegurar que los casos de abusos cometidos por el Ejército contra civiles sean juzgados donde corresponde. Deben ser oídos ante los tribunales civiles, donde existe la garantía de independencia judicial y el escrutinio público necesarios para que las víctimas puedan obtener justicia. Información obtenida de www.KioscoMayor.com ‘Calderón robó la Presidencia’; ha destrozado la economía del país: Rubén Moreira Por Rodrigo Flores 11/03/2010 - 04:00 AM Saltillo, Coah.- En medio de un tenso clima en la Cámara de Diputados, el legislador Rubén Moreira Valdez habló a nombre de la bancada priísta, al cuestionar sobre la legitimidad de la administración del presidente Calderón y discutir los resultados de quien mencionó “está ensangrentando a la nación”. El coahuilense en su intervención en tribuna cuestionó la legitimidad del presidente Felipe Calderón, “pues como dice el diputado Noroña, se robó la Presidencia de la República, se la llevó porque no ganó, porque es cierto que es espurio el señor Presidente de la República, y como las cosas iniciaron mal, van mal”, dijo. Al convocar a sacar adelante al país con un nuevo proyecto de nación, “aun cuando Felipe Calderón lo quiera hundir”, el diputado adelantó que para lograrlo el PRI tenderá la mano a otras opciones políticas más responsables que Acción Nacional. Durante su intervención en el marco de la discusión que ayer se generó en la Cámara de Diputados, Moreira sentenció: “A tres años del gobierno del presidente Calderón, las cosas van de mal en peor” y añadió que “hoy la economía del país está destrozada y México perdió competitividad”. Contundente, dijo además que “hoy la economía de nuestro país pasó de ser la novena, a la número 14; en competitividad, México pasó del lugar 40, al lugar 62”. Externó también que el presidente Calderón empezó en enero de 2006 con 100 víctimas de la delincuencia organizada, y ahora, en un mes se han presentado mil homicidios por esta misma causa. “El señor presidente Calderón está ensangrentando esta nación”, acotó. Recordó que en el PRI los diputados fueron libres para votar por los impuestos o en contra de los impuestos, “muchos de nosotros votamos en contra de los impuestos, y muchos de nosotros en el próximo paquete fiscal vamos a seguir luchando por decirle no al presidente Calderón”, manifestó. Y admitió: “Sí somos una generación del no. (Somos) los que le decimos a Calderón ‘no venda la patria’; los que le decimos a Calderón ‘tú no eres legítimo’, los que le decimos a Calderón ‘te robaste la Presidencia de la República’”. Aseguró que el gobierno de Calderón se acabó, porque ya no gobierna, porque está encerrado en Los Pinos rodeado de guardias de seguridad, y además porque se convirtió en jefe de un partido político y no en el jefe de Estado que esta nación reclamaba y está más preocupado en cómo ganar elecciones.