jueves, 4 de marzo de 2010

JUEZA ORDENA DETENCION DE AMIGOS DE ULISES RUIZ


El ExSecretario de Salud, Juan Diaz Pimentel dialoga con el expresidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlan, de filiación perredista, mientras se toman un café.Archivo.Proceso


Ordena Jueza detener a 15 colaboradores de URO, acusados de corrupción

Por Agencia Reforma
martes, 02 de marzo de 2010

MÉXICO, D.F., marzo 2.- Por solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR) una jueza federal ordenó la aprehensión de 15 colaboradores y ex colaboradores del Gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, acusados de malversar más de 320 millones de pesos en recursos federales destinados a equipar hospitales y a programas de salud.

De acuerdo con información judicial, la jueza segunda de distrito en el Reclusorio Norte, Graciela Malja Aguirre, ordenó la captura de los indiciados por el delito de ejercicio indebido del servicio público dentro de la causa penal 110/2009.

Entre los acusados se encuentran Juan Ramón Díaz Pimentel, ex secretario de Salud de Oaxaca; Arturo Pérez Estrada, director de Desarrollo de la Secretaría de Salud, y Adolfo Jesús López Valdés Mañón, quien fuera secretario técnico de los Servicios de Salud del Estado.

Las irregularidades denunciadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) supuestamente derivan de los recursos aportados por la Federación al Gobierno de Oaxaca en 2005 y 2006.

Para la Procuraduría General de la República, este es el caso de delitos de servidores públicos más relevante que ha presentado ante los tribunales federales en lo que va del sexenio del presidente Felipe Calderón.

Según lo informado, uno de los principales indiciados en este expediente, el ex secretario de Salud de Oaxaca y ex presidente del Congreso del Estado, Juan Ramón Díaz Pimentel, compareció la semana pasada en el juzgado y tuvo conocimiento de la imputación, pero decidió reservarse su derecho a no declarar.

La juez federal Silvia Carrasco Corona otorgó la semana pasada a Díaz Pimentel una suspensión definitiva, con la que impide que la Policía Federal proceda a capturarlo, pero al mismo tiempo le impuso el pago de una garantía de 100 mil pesos, para que esta protección tenga vigencia.

De acuerdo con listados oficiales, la Juez también suspendió en definitiva la captura de López Valdés, lo que implica que también tiene la obligación de presentarse a declarar ante el juzgado donde se lleva la causa penal.

Una fuente judicial comentó por separado que la PGR desde septiembre tramitó las solicitudes de captura, pero el juzgado del DF se declaró incompetente y remitió el expediente a Oaxaca, donde también fue rechazado.

Al final, el caso fue radicado con la juez Malja, quien ordenó las aprehensiones hace más de una semana.

Las versiones recabadas mencionan que las acusaciones penales derivan de una denuncia presentada en 2008 ante la PGR, por parte de la Secretaría de la Función Pública, que cuestionó el uso de recursos aportados al gobierno de Uises Ruiz.

Particularmente, se mencionan las partidas del Convenio de Coordinación y Reasignación de Recursos de 2005, suscrito por la Secretaría de Salud federal y el Gobierno de Ulises Ruiz, así como el Convenio de Coordinación y Transferencia de Recursos 2006.

En el primero, el énfasis es en los recursos destinados a equipar el hospital Regional de Alta Especialidad en San Bartolo Coyotepec; en el segundo convenio, aparentemente se trata de recursos para el hospital de la Niñez de Oaxaca y el Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida.

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación señaló desde el 2008 que hubo recursos ejercidos en plazas no autorizadas, pagos a personal con plazas en áreas médicas que desarrollaban funciones administrativas y pagos indebidos a personas que ya habían sido dadas de baja.

Por separado, cuando la SFP denunció el caso, también se hizo público el presunto uso de los recursos para proyectos distintos a los estipulados, realización de obras que no estaban previstas y transferencias de dinero a cuentas no autorizadas.

En breve, la juez Malja determinará si esta acusación tiene los indicios suficientes para iniciar un juicio a Díaz Pimentel, o le dicta la libertad por carecer de elementos probatorios.

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