DE LA SUPREMA CORTE DE INJUSTICIA EN MEXICO

Atrae SCJN caso de abuso sexual a niño oaxaqueño Sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. [03:24] MÉXICO, (SUN).- En un caso excepcional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará una sentencia dictada en contra de una persona que participó en el abuso sexual de un niño y optó por no participar en el juicio de los secuestradores de Hugo Alberto Wallace. La Primera Sala resolvió atraer el caso relacionado con la violación de un niño de cuatro años de edad, cometida por sus propios profesores en el Instituto San Felipe, una de las escuelas privadas más importantes de la ciudad de Oaxaca. Se trata de un caso que en los últimos tres años ha generado polémica en la sociedad oaxaqueña por la forma en que han actuado las autoridades locales y porque dos de los acusados están prófugos desde entonces. De manera unánime, los cinco ministros de la Primera Sala del alto tribunal resolvieron atraer dos juicios de amparo directos en los que se impugnan la sentencia que se le dictó a la profesora Magdalena García Soto, a quien se condenó a tan sólo seis años de prisión por el delito de violación equiparada, y a quien se absolvió de no pagar la reparación del daño y de no ser suspendida en el ejercicio de su profesión de Profesora de Educación Preescolar. La profesora impugnó, vía juicio de amparo dicha sentencia, con la intención de revertir la condena de prisión que enfrenta en la Penitenciaría Central de Santa María Ixcotel, en Oaxaca. A la par de este juicio, la mamá del menor afectado, Leticia Valdés, también promovió un juicio de amparo, pero para lograr que la pena se incremente y para que no se le absuelva de la reparación del daño ni se le permita ejercer su carrera en el futuro. De acuerdo con la información que consta en el expediente del caso, la profesora Magdalena García Soto entregaba al niño al maestro de computación Adán Salvador Pérez Ramírez y a Hugo Gabriel Constantino García, esposo de la directora del colegio, quienes lo cubrían de los ojos y lo ataban de las muñecas para poder ultrajarlo, mientras grababan el acto con una cámara de video. Dicen No a caso Wallace En una votación dividida, de tres contra dos, la mayoría de ministros de la Primera Sala del alto tribunal rechazó la petición que le hizo el procurador General de la República (PGR), Arturo Chávez Chávez, de atraer el juicio de apelación en el que demanda que se incrementen las penas que un juez federal les dictó a los secuestradores. El 24 de diciembre de 2009, el juez Augusto Octavio Mejía Ojeda, condenó, a penas que van de 28 a 45 años de prisión, al ex policía de Morelos César Freyre Morales; a la bailarina Juana Hilda González Lomelí; y a los hermanos Antonio y Alberto Castillo Cruz, por el secuestro del hijo de Isabel Miranda de Wallace. En contra de esta decisión, la PGR promovió una apelación y luego pidió que la atrajera la Corte. Pero este miércoles la mayoría de ministros, a propuesta de su compañero José Ramón Cossío consideró que este caso no reúne los requisitos de importancia y trascendencia desde el punto de vista jurídico. En un hecho inusual, durante la discusión, el ministro Cossío aseguró que con este asunto el procurador General de la República, Arturo Chávez, les “aventó” un tema que está en la esfera del legislador y que es la reconfiguración de las penas. Cossío pidió no generar falsas expectativas “cuando esto está claramente en el ámbito de la esfera de los legisladores”. Mientras que su compañero, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, hizo un llamado para que no se entienda que con esta decisión los ministros de la Sala negaron que el caso sea importante, doloroso, y especialmente grave. Simplemente, dijo, que una cuestión constitucional les impidió hacerse cargo de este asunto, de momento. Porque, según explicó, Cossío, una vez que se dicte la sentencia todavía se tiene la posibilidad de recurrir a la vía del amparo y esperar a que el asunto se pueda revisar en ese momento. En contraste con estas opiniones el ministro Juan Silva Meza, quien se quedó en la minoría con su compañera Olga Sánchez Cordero, estimó que sí había elementos para considerar este asunto importante y trascendente desde el punto de vista jurídico. En especial, dijo Silva, en un momento en el que existe una crisis en el sistema de imposición de penas en el país. Y en donde la Corte tiene pocas oportunidades de enfrentarlos y resolverlos. La apelación de las penas, después de esta decisión, será revisada por un tribunal unitario, que es la instancia que normalmente atiende este tipo de asuntos. En la sesión estuvo presente la mamá de Hugo Alberto, la señora Isabel Miranda de Wallace, quien al salir del recinto dijo que respeta la decisión, pero se va “muy decepcionada, desilusionada, creo que tuvieron una excelente oportunidad para mandarle a la sociedad el mensaje de que si el Poder Judicial, ellos están para solucionar esto”. “Nosotros veníamos por un criterio, no sólo por el caso de Hugo Alberto Wallace, sino para todos los que viene atrás, que son muchas, desgraciadamente las personas que han muerto”.