ECOCIDIO EN TUXTEPEC POR PRESA HIDROELECTRICA " CERRO DE ORO"

Ecocidio en la Cuenca del Papaloapan por construcción de hidroeléctrica Oscar Rodríguez / Malú Cruz N enviados / Zenón Bravo Corresponsal Oaxaca, sábado 12 febrero 2011 - 08:29 hrs Una empresa estadunidense adquirió con muchas facilidades los permisos  para poner en marcha  una planta hidroeléctrica en los vasos de la presa Cerro de Oro, también llamada “Miguel de la Madrid”, para  producir energía eléctrica y poderla vender en nuestro propio país. San Juan Bautista Tuxtepec.-La construcción de la presa hidroeléctrica “Cerro de oro”, de Oaxaca,- que se localiza en la región de la Cuenca del Papaloapan-, podría ser suspendida por la presunta desviación de 30 millones de dólares de fondos internacionales destinados por el gobierno norteamericano a México para la ejecución de proyectos sustentables en comunidades indígenas. La edificación de la infraestructura ha generado además un presunto “ecocidio” en la zona, que fue denunciado por diputados locales y habitantes cercanos a los embalses que realizaron la clausura simbólica de los trabajos. El director del Centro de Investigaciones de Estudios Superiores (Ciesas), Guillermo Padilla, reconoció que la investigación en contra de las trasnacionales, “Conduit Capital Partners (CCP), que opera a lado de las empresas mexicanas “Electricidad de Oriente” y Comex Hidro, surgió en San Francisco California a petición del consorcio Resposability Acontability Council, - que integran un grupo de abogados ambientalistas-, que demanda un manejo transparente del fondo gubernamental estadounidense Fondo Latín Power III. “Existe la duda de un manejo indebido que estamos indagando”, presumió el también antropólogo de origen colombiano. Padilla detalló, que de acuerdo con su indagatoria el proyecto de construcción de la presa ubicada en las inmediaciones de los municipios de San Juan Bautista Tuxtepec y San Lucas Ojitlán, tiene varias irregularidades de origen. En su análisis refirió se rompieron tres normas básicas, desde la ausencia de una consulta previa y popular, hasta violaciones a la leyes agrarias y forestales. “Si se violan estos fundamentos normativos, el estado de México tiene la obligación de cancelar la mega obra”. Padilla, dijo que las inconsistencias agrarias, respecto de la forma como las trasnacionales obtuvieron los terrenos donde construyen la presa, revelan un presunto problema de corrupción, una vez que un solo particular logra adquirir zonas claves y estratégicas dentro del polígono ejidal del municipio de Tuxtepec para iniciar la construcción de la obra hace un año. Mientras tanto las autoridades de los Ejidos “Los Reyes”, de la agencia municipal de Santa Úrsula, Tuxtepec, Leonardo Soto, Manuel González Parra y Teodoro Sánchez, denunciaron el despojo de terrenos y daño ecológico que padecen a consecuencia de la construcción de la presa. Advirtieron que la ejecución de los trabajos previos de la hidroeléctrica ha empezado a secar su principal fuente de abasto de agua, -el Arroyo” Sal”-, donde también cohabita una gran diversidad natural y especies en peligro de extinción. Los radicados, cuestionaron los engaños de que fueron víctimas, donde relucieron los cuestionamientos contra los priistas Gustavo Pacheco ex alcalde de Tuxtepec y hasta en contra de Eviel Pérez ex candidato a gobernador. La queja de los lugareños, causo que una comisión plural del Congreso Local, encabezada por la convergente Ángela Hernández Solís y el petista Flavio Sosa, ex líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Sosa, agregó que bajo ninguna condición el gobierno de Gabino Cué, debe permitir la operación de obras que ponga en riesgo la naturaleza. “Cuando hayamos matado al último pez, y derribemos el último árbol entenderemos que el dinero no se puede comer”. En los embalses de la presa “Cerro de Oro”, habitan en casuchas de paja y tabique, poco más de 500 familias. LAS VISIONES En tanto el director del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral (CIIDIR) dependiente del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Juan Rodríguez, deberá haber un estudio serio del probable impacto ambiental antes de determinar un probable ecocidio. Aseguró que de detectarse el daño, las empresas involucradas, deberán aplicar un programa de mitigación de daños. Por su parte el Presidente de la Comisión de Infraestructura del Congreso Local Joel Isidro, urgió asumir una posición objetiva respecto al daño ambiental, antes de exigir una clausura de los trabajos. El panista reconoció que la generación de energía eléctrica, bajo ninguna condición debe generar un daño al ecosistema, por representa una fuente de energía limpia.