ELSEXENIO TEÑIDO DE SANGRE DE ULISES RUIZ EN OAXACA

Gobierno de URO, un sexenio teñido por la sangre Domingo, 31 de Octubre de 2010 00:15      Escrito por Juan Carlos Zavala / Blanca Padilla      Era sábado, y conforme pasaban las horas parecía que sería un día sin mayores aspavientos. Al menos, ninguno fuera de los que ya se han vuelto costumbre en la ciudad de Oaxaca: bloqueos, marchas, plantones, protestas. No fue así. Cerca de las once de la mañana de ese 23 de octubre el líder del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), Heriberto Pazos Ortiz, moría acribillado a balazos mientras viajaba en una camioneta cerca de sus oficinas. Una muerte más que vino a sumarse a la larga lista de este sexenio. A esa misma hora, en un escenario distinto, uno de los líderes de la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca (APPO), ex preso político de 2006 y actual diputado electo por el Partido del Trabajo, Flavio Sosa Villavicencio, afirmaba: “Tenemos en Oaxaca una paz engañosa”. El diputado electo participaba en el seminario Las lecciones de la elección 2010, convocado por el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (IISUABJO) y al enterarse en ese foro de la muerte de Torres Pazos, expresó su repudio y agregó resignado: “espero no ser el siguiente”. Apenas un día antes de este asesinato, el dirigente del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci), Catarino Torres Pereda – preso político en 2006 –, fue ejecutado también por un grupo armado dentro de las oficinas de su organización ubicadas en Tuxtepec. En menos de 24 horas dos líderes sociales en Oaxaca fueron asesinados. Los escenarios futuros se comenzaron a pronosticar catastróficos para el estado. Pero, mientras esto se cumple o no, lo real es que aún en su ocaso, el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz continúa manchándose de sangre. Hay que recordar que la lista de activistas y dirigentes sociales, políticos y sindicales asesinados en los seis años de su gobierno es larga, supera los cincuenta. __________________________________________________________________________________ Crímenes postelectorales Psicosis colectiva Desapariciones forzadas y otras violaciones El fin justifica los medios Violencia acentuada desde 1999 Retrospectiva cronológica, sólo algunos casos __________________________________________________________________________________ Crímenes poselectorales En este último tramo del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, tan sólo, pasadas las elecciones del cuatro de julio, en las que resultó derrotado el Partido Revolucionario Institucional (PRI), los crímenes con tintes políticos volvieron. El primero de ellos, fue la ejecución del líder camionero y materialista Javier García, quien fue acribillado junto con su esposa y su hijo en Santa Cruz Mixtepec, Zimatlán, el 20 de julio. Un personaje identificado con el partido Revolucionario Institucional que protagonizó distintas protestas y actos de agresión para lograr que se les asignaran obras públicas a sus agremiados, sobre todo construcción y pavimentación de carreteras. El otro caso fue el del secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Oaxaca (Sutcobao), Tomás Matus Matus. Este hecho ocurrió el pasado 17 de agosto, cuando una persona solitaria disparó contra el líder sindical en cuatro ocasiones frente a sus oficinas en la colonia Reforma, cerca de las diez de la mañana, según la versión de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Y durante este mes que termina, el 9 de octubre, el presidente municipal electo por el PRI de Mártires de Tacubaya, distrito de Jamiltepec, Artemio Tomás Jiménez Baños, fue emboscado y asesinado cuando regresaba de trabajar en su parcela. Al día siguiente el diputado local electo en el distrito de Ocotlán, Manuel Benítez Manzanares fue secuestrado por un grupo armado. Y a dos meses de la privación ilegal de la libertad del legislador electo, salido de las filas del Partido Acción Nacional (PAN), su paradero se desconoce. En ninguno de los crímenes mencionados se ha detenido a los responsables y la PGJE ha sido incapaz de presentar avances sobre las investigaciones, o señalar las líneas de investigación o posibles móviles. Pero Oaxaca no bien se recuperaba de los asesinatos de Catarino Torres, líder de Codeci y de Heriberto Pazos, líder del MULT, crímenes cuando este viernes 29 de octubre fueron baleados dos personajes identificados como líderes del porrismo en la Universidad, Rubén Marmolejo Maldonado, alias “El Dragón” y José María González Cruz, alias El Güero. Estos personajes fueron acribillados en el atrio del templo de Santo Domingo de Guzmán, a un lado de la calle Macedonio Alcalá o Paseo Turístico. Ambos, al igual que en los casos de Catarino Torres y Heriberto Pazos, fueron atacados por hombres armados que viajaban en motocicletas. La paz en el estado “es engañosa”, retomando las palabras de Flavio Sosa Villavicencio, los asesinatos de estos personajes pueden desestabilizar al gobierno entrante ante la exigencia de justicia y castigo a los responsables que seguramente iniciarán sus seguidores, como ya lo anunciaron quienes pertenecen al Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), quienes sostuvieron que de no haber justicia en el caso de Heriberto Pazos, “correrá la sangre en Oaxaca”. Psicosis colectiva El dirigente de la Coordinadora contra la Represión y la Impunidad, Gilberto Hernández Santiago, sostiene que con los asesinatos de líderes sociales en el estado, como Heriberto Pazos y Catarino Torres, se pretende intimidar y generar psicosis colectiva. “Son crímenes de Estado con los que se busca generar terror para inhibir la inconformidad y el descontento social”, afirmó. Asimismo, señaló que estos crímenes pueden servir como distractor para “olvidar los múltiples crímenes que se han cometido con anterioridad y que se en encuentran en la total impunidad”. Para opacar el descontento generalizado del pueblo ante la situación de pobreza, la falta de empleo, los grandes y millonarios desvíos de recursos públicos que el gobierno que encabeza Ulises Ruiz Ortiz protagonizó y la deuda multimillonaria, derivada también de los saqueos de recursos, que deja a la próxima administración, enlistó Hernández Santiago. Y Gilberto Hernández fue más allá al señalar que desde la campaña electoral del actual gobernador del estado, Ulises Ruiz, se han cometido crímenes con tintes políticos que permanecen impunes. Recordó el asesinato del profesor Serafín García en Huautla de Jiménez; así como los más de 26 crímenes cometidos durante las movilizaciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en 2006, los que, a cuatro años de haber sido ejecutados, siguen sin esclarecerse y sin que los responsables hayan sido castigados. El dirigente de la Coordinadora menciona también, los más de 32 crímenes cometidos en la región Triqui donde las víctimas han sido niños, mujeres y personas que han representado un liderazgo de carácter moral para dicha región. Desapariciones forzadas y otras violaciones La cifra de crímenes considerados políticos en lo que va del periodo de Ulises Ruiz Ortiz, como gobernador del estado de Oaxaca, podrían superar los 50, desde el 2004 a la fecha. Los casos fueron retomados y registrados por el investigador de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), Santibáñez Orozco, en su ensayo “Oaxaca, 2006: las raíces de la discordia”, así como en el informe alternativo “El Estado mexicano en la mira de la ONU”. El especialista señala que uno de los factores que desencadenaron en el conflicto social del 2006, fue que “las acciones emprendidas por Ulises Ruiz durante el primer año de su sexenio tenían la pretensión, de fondo, de doblegar al costo que fuera, a todas las organizaciones sociales que se opusieran a sus decisiones, entre ellas la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)”. Sin embargo, el gobernador no contó con el hecho de que, a pesar de las agresiones sufridas, “las organizaciones no estaban dispuestas a ceder ante las acciones de un gobierno tiránico”. Así, la ola de hechos violentos iniciados con su gobierno siguió: asesinatos, desapariciones, privaciones ilegales de la libertad y otros. Entre las desapariciones el académico recordó una ocurrida en 2005, de la que casi no se habló, sin embargo “ocurrió en una forma extraña y el personaje implicado era importante para el sistema”. Se trato de la desaparición del líder del Partido Cardenista, Miguel Herrera Lara, ex diputado local, ex presidente municipal de Colapa y uno de los líderes sociales “más dados a establecer acuerdos con los sucesivos gobiernos priístas del estado, desde Diódoro Carrasco Altamirano, José Murat Casab y Ulises Ruiz”. Las organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos en el estado, también hicieron sus propios registros y en ellos señalan que entre 2004 y 2008, las violaciones a los derechos humanos se acentuaron de forma gradual y sistemática. En este periodo, indican, la inestabilidad política, el quebrantamiento del orden legal y el autoritarismo gubernamental fueron los signos que caracterizaron el contexto oaxaqueño. La relación de desaparecidos de estas organizaciones la encabezan Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya reclamados por el Ejército Popular Revolucionario (EPR), Lauro Juárez, miembro del Frente Popular Revolucionario (FPR), las indígenas triquis Daniela Ortiz Ramírez y Virginia Ortiz Ramírez integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y Sergio Bautista y Alberto Santiago Velásquez miembros de la Unión Campesina Democrática (UCD). El fin justifica los medios Ulises Ruiz Ortiz, fundó su gobierno “siguiendo aquella política de cooptar a unos y enfrentar a otros”, de acuerdo con el investigador del IIHUABJO. De esta forma, cuando apenas empezaba, el 10 de diciembre de 2004, ocurrió la aprehensión del dirigente del Frente Único Huautleco (FUH), Agustín Sosa Ortega; a quien se le acusó de haber participado en el asesinato de su compañero de organización, el profesor jubilado Serafín García Contreras. Cabe recordar que el FUH se oponía a que Ruiz Ortiz hiciera campaña en Huautla y que Serafín García Contreras fue asesinado a palos el 27 de julio de 2004, presuntamente por seguidores del entonces candidato priista como lo muestran fotografías y videos del suceso. Sin embargo, lejos de proceder contra los homicidas, se pretendió revertir la responsabilidad hacia los compañeros de la víctima, encarcelando a Agustín Sosa Ortega, luego de que Ulises Ruíz asumiera el mandato. En el mismo contexto del asesinato del profesor, el alcalde priista de Estancia Grande, Huautla, asesinó por la espalda a la señora Guadalupe Ávila Salinas, que había ganado la elección para sucederlo. Los dos homicidios siguen impunes y la primera procuradora General de Justicia del Estado (PGJEO), Patricia Villanueva Abrajan, sólo atinó a decir entonces que “los instigadores son responsables de que los maten”, luego fue premiada con una curul en la Cámara de Diputados local. Violencia acentuada desde 1999 Estos crímenes, se enmarcan en un escenario de violencia acentuado desde 1999, durante el cual la entidad ha vivido dos “periodos de excepción”, de acuerdo con el investigador del Instituto de Investigaciones en Humanidades (IIHUABJO), Porfirio Santibáñez Orozco, Uno, antes de la caída electoral del PRI hacia la presidencia del República, los gobernantes de los estados estaban sometidos a los titulares del Poder Ejecutivo en el país y otro cuando llegó el Partido Acción Nacional (PAN) al poder, a partir de este momento “no hay poder que esté por encima de los gobernantes de las entidades, quienes tienen el control de los ediles municipales, el Poder Judicial y el Congreso local”. Los gobernadores adquieren un poder ilimitado en sus entidades gobernadas. A esta postura se unen representantes de la organización social Liga Estudiantil Democrática, quienes señalan que con la alternancia en el poder en la República, iniciada con el arribo de Vicente Fox a la presidencia, se le dio un nuevo giro a “la guerra sucia”, lo que implicó que las formas de represión y capacidad coercitiva del gobierno comenzaran a ejercerse de manera selectiva y masiva en contra de los defensores de Derechos Humanos, luchadores sociales y protagonistas de movimientos populares. Como ejemplos pusieron la masacre de los campesinos de Agua Fría en Oaxaca, ocurrida el 31 de mayo de 2002, en la que 26 campesinos de la comunidad de Agua Fría, Oaxaca, fueron acribillados con armas de alto poder en un camino rural, al regresar de trabajar como jornaleros en un aserradero. Con esta masacre, señalaron, se incrementó la militarización en los estados de Puebla, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Chiapas y Veracruz, regiones donde se concentra la mayor cantidad de pobres en el país. Retrospectiva cronológica, sólo algunos casos 2009 Diciembre Ejecutan al líder de la Organización de Comerciantes Independientes y Verbeneros del Estado de Oaxaca, Roberto Mendoza, un personaje de reconocida fortaleza al interior del Partido Revolucionario Institucional. Fue ultimado a balazos en un restaurante de la ciudad de Oaxaca y su muerte enrareció la contienda electoral de 2010. 7 de abril Fue asesinada Beatriz López Leyva, abogada y líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en San Pedro Jicayán. 24 de enero Fue acribillado Aristeo López Martínez, ex coordinador de Seguridad Pública Municipal del ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca. Los hechos ocurrieron en Calzada de la República, en el centro de la capital. Con esta muerte, desaparecían de la escena pública tres actores principales en la represión ejercida contra activistas sociales durante el conflicto de 2006 y 2007 en Oaxaca presuntamente relacionados también con el crimen organizado: Alejandro Barrita López, Ricardo Rodríguez Silva, El Gigio y Aristeo López Martínez. 2008 Agosto Los indígenas chontales de la Sierra Sur del estado, fueron agredidos por fuerzas militares, resultado de estos actos perdieron la vida Cecilio Vásquez y Venancio Olivera, indígenas y autoridades comunales que se encontraban realizando labores de siembra en su parcela. 7 de marzo Fue ejecutado Ricardo Rodríguez Silva, El Gigio, comandante de la Policía Ministerial del Estado (PME) de Oaxaca en los Valles Centrales, mientras le boleaban sus zapatos en el Paseo Juárez El Llano, ubicado en el Centro Histórico de la capital. 30 de enero Asesinan al ex director de la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), Alejandro Barrita López. Hecho ocurrido en el parque deportivo El Tequio, cerca del aeropuerto. Barrita López estaba considerado como uno de los brazos ejecutores de la represión del gobierno del estado en el conflicto social del 2006 y de encabezar las denominadas “brigadas blancas” que disparaban contra las barricadas de la APPO y del magisterio. 2007 Mayo Fue ejecutado Félix Cruz Barrita, dirigente del PRD en el municipio de Ejutla de Crespo, coordinador de la campaña del candidato a diputado local de la coalición “Por el Bien de Todos”, César Vargas Martínez y organizador de la visita a esa región del ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador. 7 de abril Son asesinadas las locutoras triquis de la radio “La voz que rompe el silencio”, Teresa Bautista Moreno y Felícitas Martínez Sánchez. 2006 Entre mayo y noviembre Se registraron más de 500 detenciones, algunos de los detenidos fueron enviados a cárceles de mediana y alta seguridad. En este lapso también ocurrieron 26 asesinatos y un sinfín de violaciones a los derechos humanos como detenciones arbitrarias e injustificadas, alteraciones al debido proceso, tortura y malos tratos, allanamientos ilegales, desapariciones forzadas, abusos de autoridad y fabricación de delitos. Entre las 26 personas que murieron en este periodo, están el periodista de Indymedia, Roland Bradley Will. 2005 1 de diciembre En la región mixteca, en Santa María Asunción Juxtlahuaca fue asesinado Nicolás Ramírez Ruiz, miembro de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort). 30 de noviembre Cerca de Jamiltepec, en la costa oaxaqueña, fue ultimado Marcelino Sánchez Ramírez, coordinador del Programa de Fortalecimiento de Empresas y Organizaciones Rurales, (Profemor) y miembro del PRD. 29 de noviembre También en Tuxtepec, fue asesinado el líder del Consejo Regional Obrero Campesino Urbano de Tuxtepec (CROCUT), César Toimil Roberts y sus tres acompañantes. 21 de noviembre Fue acribillado en la región de Tuxtepec, Vicente Martínez González, dirigente del Frente Cívico Indígena Mazateco e integrante del Consejo Estatal Campesino Emiliano Zapata (CECEZ), que dirigía el ex secretario General de Gobierno, Manuel García Corpus. 2004 Octubre de 2004 Durante la campaña electoral fue asesinado Enrique Martínez, un militante del PRD en el municipio de San José Tenango, pero la procuraduría descartó que estuviera relacionado con las elecciones que se desarrollaron en el lugar y donde ganaron los partidarios del PRD, precisamente.