COLOMBIA: PARAMILITARISMO QUE LLEVARON A URIBE A LA PRESIDENCIA

Colombia: en el narco, miles de ex paramilitares Las bandas también se dedican al secuestro y la extorsión; su presencia se extiende por todo el país Dpa y Afp Bogotá, 18 de agosto. Bandas formadas por entre 4 mil y 10 mil ex paramilitares desmovilizados, que se dedican al narcotráfico, el secuestro y la extorsión, tienen en jaque al gobierno del presidente colombiano, Álvaro Uribe, reveló hoy el diario bogotano El Tiempo. Operan en el país hasta 82 bandas que se nutrieron de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), beneficiadas con acuerdos impulsados por el actual gobernante. Por otra parte, la fiscalía general dictó orden de detención contra el ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Miguel Maza Márquez, en calidad de coautor del asesinato, en 1989, del ex candidato presidencial Luis Carlos Galán. El Tiempo resaltó que los grupos de ex paras, conocidos ahora como emergentes o como bandas criminales al servicio del narcotráfico (Bacrim), han encontrado intereses distintos al combate de la guerrilla, que fue el punto de partida de las AUC. El rotativo refirió que según la policía, la ofensiva de los últimos meses, con más de 200 operaciones, debilitó a por lo menos tres estructuras; quedan tan sólo ocho grupos reconocidos. Sin embargo, la Fundación Nuevo Arco Iris tiene en sus registros 82 estructuras criminales, con presencia en 273 municipios del país. La Defensoría del Pueblo también cifra en 82 el número de bandas surgidas tras las desmovilizaciones de paramilitares, pero precisó que tienen incidencia en 141 municipios de 25 departamentos (estados). Se habla de Águilas Negras, la Cordillera, los Rolos, los Rastrojos y los Paisas, como las más temidas y con mayor presencia. En su mayoría, según los testimonios de la gente, sus integrantes son antiguos paramilitares, señaló Félix Durán, de la Organización Futuro, que ha atendido a varios desplazados, indicó el diario bogotano. La Fundación Nuevo Arco Iris explicó que 42 por ciento de la actividad delictiva con fines económicos de estas estructuras criminales está relacionado con el tráfico de drogas, y 58 por ciento restante corresponde a extorsiones, robo de tierras y delincuencia común en las grandes ciudades. Unos 32 mil hombres, según cifras oficiales, se desmovilizaron de las AUC al término de una negociación de paz con el gobierno de Uribe, que concluyó en 2006. El reciclamiento de los paramilitares se produce en medio de una serie de investigaciones de la Suprema Corte de Justicia sobre los presuntos vínculos de 41 congresistas con las AUC, entramado que se conoce como la narcoparapolítica, y que ha llevado a prisión a 36 legisladores, muchos muy cercanos al presidente Uribe, de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Otro de los implicados en la narcoparapolítica es Jorge Aurelio Noguera, quien se desempeñó como jefe de inteligencia en el gobierno de Uribe al estar al frente del DAS, resaltó Indepaz. Maza, quien hace 20 años era el jefe de inteligencia de este país, se entregó esta tarde a las autoridades en la escuela de entrenamiento del DAS. Recientemente la procuraduría pidió la orden de captura contra Maza por “el operativo inocuo e inoperante” que dispuso la noche en que Galán fue muerto por sicarios pagados por el cártel de Medellín. De acuerdo con la procuraduría, en 1989, cuando arreciaron las amenazas contra Galan, fue el año en que menos seguridad le prodigó el DAS. Medios de prensa han señalado en las últimas semanas que las más recientes investigaciones de la fiscalía apuntan a que el crimen no fue una acción individual del extinguido cártel de Medellín, sino que se trató de un complot en el que participaron narcotraficantes, paramilitares, agentes estatales y políticos. En otro asunto, la secretaria de Estado Hillary Clinton afirmó que Estados Unidos no busca tener bases militares en el interior de Colombia, sino el acceso para operaciones conjuntas, en referencia al convenio que será firmado en las próximas semanas entre ambos países para que personal militar estadunidense tenga acceso a siete bases. Tras reunirse en Washington con el canciller colombiano Jaime Bermúdez, precisó que el acuerdo, que no pertenece a otros países –en alusión a críticas de vecinos de Colombia– tampoco implica un aumento del personal militar en el país sudamericano.