OAXACA Y EL ASILO POLITICO

Oaxaca y asilo político en Estados Unidos Lynn Stephen* En el tercer aniversario de su detención, tortura y encarcelamiento bajo acusaciones falsas, el biólogo Ramiro Aragón Pérez puede respirar libremente como la primera persona del conflicto de Oaxaca en 2006 que ha recibido asilo político en Estados Unidos. El caso de asilo político de Aragón Pérez fue soportado por la cuidadosa documentación proporcionada por organizaciones y delegaciones de derechos humanos mexicanas e internacionales. Aragón Pérez es biólogo con una especialización en ornitología. Ha trabajado en México y en Estados Unidos con una variedad de organizaciones que incluyen ONG, de observación de aves y de conservación. El 10 de agosto de 2006, alrededor de la una de la madrugada, fue abruptamente detenido junto con su cuñado Elionai Santiago Sánchez y con Juan Gabriel Ríos, ambos maestros. El rostro de Ramiro fue quemado con un cigarrillo, fue continuamente golpeado y pateado, su cabello le fue arrancado, y recibió amenazas de violación y muerte. A Elionai Santiago Sánchez casi le cortan por completo una oreja. El 12 de agosto de 2006, cuando Ramiro fue procesado por la Procuraduría General de la República en San Bartolo Coyotepec, se le avisó que era acusado de un delito federal, la posesión de un mosquetón de 1924, cuyo uso es exclusivo de las fuerzas armadas de México. Los cargos fueron federales, impidiéndole salir bajo fianza. Igualmente, los dos maestros detenidos con Ramiro fueron acusados de posesión ilegal de armas de fuego. Pagaron fianza y fueron liberados el 12 de agosto de 2006, y posteriormente fueron hallados culpables. Aragón Pérez fue mantenido en la cárcel de Zimatlán por casi tres meses. Fue liberado misteriosamente el 30 de octubre de ese año, después de haber sido presentado públicamente en una conferencia de prensa en un edificio del gobierno. El caso contra el biólogo quedó en un limbo jurídico y fue puesto en libertad mientras sigue acusado de un delito federal. Aragón Pérez, su esposa y sus dos pequeños hijos, quienes son ciudadanos estadunidenses, tuvieron que abandonar México y buscar refugio en el vecino país. En enero de 2008 presentaron una petición de asilo político. El 28 de julio de 2009 ambos recibieron la notificación de parte del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos de que su solicitud había sido aceptada. Este caso es sumamente significativo, debido a que los gobiernos estatal de Oaxaca y federal insisten en negar la gravedad de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Oaxaca durante 2006 y 2007. Durante sólo seis meses en 2006 (junio-noviembre), por lo menos 23 personas fueron asesinadas, cientos fueron detenidas y encarceladas, y más de mil 200 denuncias fueron presentadas ante comisiones de derechos humanos. El 31 de julio de 2007, en una conferencia de prensa, el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, descartó un informe que le fue presentado por Amnistía Internacional, titulado Oaxaca: clamor por la justicia, el cual documentaba graves violaciones a los derechos humanos ocurridos entre junio de 2006 y abril de 2007. Aparentemente, a diferencia de Ruiz Ortiz, los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional de Estados Unidos encontraron creíble éste y otros informes de Amnistía Internacional que documentaron las violaciones de derechos humanos en Oaxaca. Ramiro Aragón Pérez recibió asilo político en parte con base en esos documentos. Esto no fue poca hazaña. Con base en datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, un reportaje reciente de la revista mexicana Milenio señala que de los 75 mil mexicanos que han solicitado asilo político en el vecino país durante los últimos 10 años, sólo 548 casos han sido aceptados. La tasa de aceptación es de menos del uno por ciento. Por tanto, si este caso pudo sostenerse y recibir una decisión favorable por parte de los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ciertamente debería recibir un trato similar en el sistema de justicia mexicano. Lamentablemente éste no parece ser el caso. Hasta el momento no ha existido ninguna investigación sobre las personas que secuestraron y torturaron a Aragón Pérez y a sus dos compañeros, no ha habido alguna indemnización por daño moral, sicológico y físico que sufrieron o por el tiempo pasado en la cárcel por falsa acusación. Aunque libre en Estados Unidos, Ramiro Aragón Pérez –como muchos otros en Oaxaca– sigue esperando justicia en México. *Lynn Stephen es profesora distinguida de antropología y estudios étnicos, y directora del Centro de Latinos/as y Estudios Latinoamericano de la Universidad de Oregon