ASI SE ARREGLAN LAS COSAS EN OAXACA GOBERNADA POR EL PRI

AMLO, PRETEXTO PARA LA IMPUNIDAD EN OAXACA En la encomienda de parar a los seguidores de López Obrador, el ex diputado Bulmaro Rito Salinas se llevó 12 mdp libres en 2006 Como en la actualidad, en los meses previos al inicio del conflicto sociopolítico del 2006 la descomposición del régimen se manifestaba en los excesos de uno de sus peores representantes, que en su afán de agradar usaba para sí las reglas más sucias de la política no escrita. Su nombre: Bulmaro Rito Salinas, llegado al poder apenas ocho años atrás de la mano de su autor, José Murat Casab, pero para ese entonces en desmedido crecimiento económico y político, al grado de considerarse como uno de los posibles sucesores de su nuevo jefe: Ulises Ruiz Ortiz. Y como ahora, en su pretensión de parar las simpatías hacia el entonces candidato presidencial perredista, Andrés Manuel López Obrador, la emprendió contra todo y contra todos, y uno de los afectados inmediatos fue el presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Roberto Molina Hernández. Un mitin multitudinario en el parque central de Xoxocotlán y al final una visita de cortesía del ex jefe de Gobierno del DF a su compañero de partido, el Edil perredista en su oficina del palacio municipal, fue el “beso del diablo” que Rito Salinas necesitó para iniciar su guerra. Molina Hernández regaló a López Obrador un Dios Tláloc, la deidad del agua, laminado en oro, plata y bronce, sin pensar que este detalle despertara la ambición del entonces poderoso presidente de la LIX Legislatura del Estado, Rito Salinas. Para empezar, el novel político tehuano exigió regalada una pieza similar al Munícipe xoxeño, pero éste le respondió: –¡Con mucho gusto, diputado, pero cuando seas candidato a la Presidencia de la República! Después se fue a fondo. Le exigió 12 millones de pesos para no promover su destitución en el Congreso del Estado. El problema no fue la presunta ingobernabilidad que se hizo creer vivía el municipio conurbano de Santa Cruz Xoxocotlán, sino poner un ejemplo de castigo a los demás ediles que usaran otorgar su apoyo a López Obrador. Pero en la tarea de cobrar esta afrenta hacia el régimen priista, el diputado Rito Salinas pretendió sacar provecho para sí, aunque en un principio no obtuvo los 12 millones de pesos. La suerte de Molina Hernández estaba echada. El proceso de su destitución se completó el 14 de marzo de 2006, tres meses antes de que iniciara el conflicto magisterial-popular con su posterior secuela de toma y saqueo del palacio legislativo de San Raymundo Jalpan y el andar itinerante de la Cámara de Diputados, que llegó a sesionar en la casa particular del sedicente legislador convergente Genaro Vásquez Colmenares, hoy titular del Instituto de Transparencia. Lo que vino después, fue el arreglo político en Xoxocotlán, a modo del gobierno priista y del gusto de Bulmaro Rito. El Congreso del Estado de mayoría priista hizo presidenta municipal interina a Sandra Eugenia Ramírez Flores, la entonces perredista que fungía como directora del DIF municipal. Y Bulmaro volvió a solicitarle su cuota de 12 millones de pesos, para “liberar” el presupuesto retenido a su antecesor, Molina Hernández, pero Ramírez Flores tampoco cedió. Por eso, después de tomar lo suyo, a la Alcaldesa interina no le quedó nada para invertir en Xoxocotlán durante los siguientes seis meses a su arribo al poder municipal. Pero Rito Salinas no quitaba la presión, convertido en poderoso presidente del Congreso del Estado, que incluso se dio el lujo de declarar a la periodista Denisse Maerker que el gobernador Ulises Ruiz debía “pensar” su dimisión al poder si quería que el pueblo de Oaxaca recobrara la paz y tranquilidad anheladas. El tehuano solicitó a la Secretaría de Finanzas suspender la entrega de dinero y cancelar todas las cuentas a Sandra Eugenia de septiembre de 2006 a noviembre de 2007, y en su lugar proporcionarlo al síndico hacendario, el priista Luis Enrique Baltazar Aquino. Y es con éste último que Bulmaro Rito Salinas habría conseguido su anhelada “comisión” de 12 millones de pesos. Así trabajaron, priistas cómplices, hasta el final del reinado de la LIX Legislatura. Sandra Eugenia Ramírez Flores, por su parte, se quedó con una deuda de 1.8 millones de pesos que ahora debe pagar con obsequios costosos. La fugaz alcaldesa de Xoxocotlán no pudo comprobar el dinero porque aprovechó el cargo para comprar dos casas, una por la Colonia Indeco, cerca del CIIDIR, y otra en la Colonia Reforma, remodeladas ambas por el constructor Alejandro Melchor Carreño. Y para evitar ser auditada, la misma Ramírez Flores presume entre sus cercanas que tuvo que regalar un “reloj carísimo”, de marca “muy buena”, a la ex procuradora de Justicia y actual titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), la joven Rosa Lizbeth Caña Cadeza. Así se arreglan las cosas en esta Oaxaca gobernada por el PRI, principalmente con los que tienen la infortuna de que los “bese el diablo”. *** Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que señala al gobernador Ulises Ruiz de ser el responsable de las violaciones graves a los derechos humanos durante el movimiento sociopolítico del 2006-2007, pocos, muy pocos colaboradores, han salido en defensa de su Jefe con argumentos sólidos y creíbles. ¿Es que fue sólo Ulises Ruiz el que dio las órdenes y los demás cumplieron como robots, o esperan que en sus conclusiones la Suprema Corte señale a los extintos Alejandro Barrita Ortiz y Aristeo López Martínez como autores autónomos y únicos de la represión que le corresponde al Gobierno estatal? Porque los de la Asamblea Popular de los Pueblos de la Oaxaca (APPO) y la Sección 22 del SNTE ya pagaron su parte, a pesar de que los jueces nunca les comprobaron responsabilidad alguna en los desmanes. Centenares de appistas y ciudadanos estuvieron refundidos en prisiones de mediana y alta seguridad, del estado y del país, pagando por hechos que NO cometieron, en tanto que otros fueron desaparecidos, torturados y golpeados. Y aún no se sabe con certeza quiénes saquearon el palacio legislativo de San Raymundo Jalpan, quiénes incendiaron el Tribunal Superior de Justicia –donde se “perdió” o simplemente “desapareció” información valiosísima–, quiénes orquestaron las “caravanas de la muerte”, ni están pagando su culpa los asesinos. Tendrán algo qué decir Jorge Franco Vargas, Bulmaro Rito Salinas, Rosa Lizbeth Caña Cadeza o Lino Celaya Luría, entre otros. O ya que se declaren “inocentes” y que la culpa la cargue toda el gobernador Ulises Ruiz. *** Quién es el legislador federal oaxaqueño por la vía plurinominal que logró colarse como integrante de la poderosa Comisión de Seguridad y Defensa Nacional de la Cámara de Diputados. Será verdad que la negociación, conseguida entre los que mandan en la Cámara baja a cambio de la presidencia de otra comisión ya asegurada, implica un blindaje para que el diputado no sea involucrado en los excesos oficiales que se cometieron en Oaxaca durante 2006-2007? Al tiempo.