SOY PRESO POLITICO... JUAN MANUEL MARTINEZ MORENO

“SOY PRESO POLÍTICO” Octavio Velez Ascencio Penitenciaria deIxcotel, Oaxaca.“Soy un preso político; por mi participación en el movimiento estoy en la cárcel. Soy moneda de cambio del gobierno de (Felipe) Calderón para los Estados Unidos”. Es Juan Manuel Martínez Moreno, activista de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Juan Manuel Martínez Moreno, acusado de ser el autor material del asesinato del camarógrafo estadunidense de Indymedia, Brad Will, durante un enfrentamiento entre seguidores del movimiento magisterial y popular, el 27 de octubre del 2006, en el municipio conurbado de Santa Lucía del Camino. Desde la Penitenciaría Central de Santa María Ixcotel, el appista, de oficio panadero, de 36 años de edad, dice que su detención, el 16 de octubre del 2008, y el posterior enjuiciamiento como criminal, constituyen una “gran injusticia y una gran infamia” de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Poder Judicial del Estado. “Es una perversidad; yo no he matado a nadie, nunca he cometido algún delito. Siempre he tenido las manos limpias”, añade. Su inocencia, subraya, ha quedado demostrada en el proceso penal (seguido en el Juzgado Cuarto de lo Penal) por la declaración de los propios testigos de cargo presentados por la PGR, Alfredo Feria Pérez ---sobrino del ex presidente municipal de Santa Lucía del Camino, el priísta Manuel Martínez Feria--- y el ex camarógrafo de Televisa, Carol Iván Ilescas Reséndiz, actual empleado del gobierno estatal. “Ellos nunca me han acusado directamente; nunca han declarado que me vieron disparar a Brad Will”, observa. ---¿Por qué dice usted que se ha convertido en moneda de cambio del gobierno mexicano? ---Mi detención ha sido parte de la negociación para que el gobierno de Estados Unidos entregara los recursos a México del Plan Mérida. Por intereses políticos, por seguir al movimiento, y para quedar bien ante un país, me detuvieron y han pasado por encima de mi familia. No obstante, confía que alcanzará su libertad por la vía legal y por la fuerza del movimiento magisterial y popular, aglutinado en la APPO, sobre todo porque no existen pruebas incriminatorias en su contra. “No tendrán otra más que dejarme en libertad”, recalca. Martínez Moreno agradeció a la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a las organizaciones adheridas a la APPO y al pueblo, la lucha emprendida por su libertad. “Además de darles gracias por ese apoyo incondicional, quiero reconocer su valor porque han salido a las calles a pesar de la represión. Sé que nunca me van a dejar”, asienta. Se aferra a la Virgen Libia Martínez Moreno, hermana del appista, quien junto con su esposa Liliana Tejada Romero, se han convertido en las principales reclamantes de su libertad, pondera el ejemplo de lucha de su consanguíneo, a pesar de estar en la cárcel. “A veces las cosas empeoran o están fuera de control, (pero) siempre tiene una palabra de aliento para nosotros, para sus hijos, para que sigamos luchando porque él es inocente. Se aferra a la Virgen de Juquila; él es muy creyente y dice que no le va a fallar para demostrar su inocencia”. Lamenta que el Estado mexicano ha desgastado a su familia y sobre todo que ha privado a Juan Manuel de ver crecer a sus hijos, de acompañarlos a la escuela, de no ayudarlos en la tarea y de no acompañarlos a comer en la mesa. “A un año (de su encarcelamiento) nos da mucho coraje porque en Oaxaca, en México, priva la impunidad. Por esa impunidad, la familia está sufriendo mucho”, indica. Irregularidades del proceso Alba Cruz Ramos, coordinadora jurídica del Comité de Liberación “25 de Noviembre”, fundador por el pintor Francisco Toledo, y abogada del appista, sostiene que el proceso penal de Martínez Moreno está lleno de irregularidades. Y da cuenta: “En las declaraciones de las personas que estuvieron cerca de Brad Will, no existen señalamientos directos en contra de Juan Manuel. Nadie refiere haberlo visto, mucho menos que haya privado de la vida al periodista estadounidense. La PGR y la Procuraduría General de Justicia del Estado, han usado dos testigos, Alfredo Feria Pérez y Karol Iván Ilescas Reséndiz. El primero, relacionado con los grupos priístas de Santa Lucía del Camino y el segundo ex-camarógrafo de Televisa y actual empleado del gobierno estatal. Su testimonio rendido el 29 de septiembre pasado, perdió todo valor probatorio en la acusación contra Juan Manuel, al afirmar que él no observó quien disparó en contra de Brad Will. Es importante decir que la PGR desestimó los testimonios de algunas de las personas que presenciaron los hechos en los que señalaba a los grupos priístas como los responsables de los disparos”. Pruebas periciales deficientes La abogada, también destaca la deficiente conducción en la investigación por agentes del Ministerio Público local y federal porque causó desde un inicio que se descartaran líneas de investigación a priori, haciéndose a un lado circunstancias y pruebas que pudieron haber allegado datos relevantes para el esclarecimiento de los hechos. “Por otra parte, las pruebas periciales fueron muy deficientes desde un inicio. Por ejemplo, los peritajes de necropsia y balística realizados por peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, difieren en la enumeración de las lesiones y en la identificación de los proyectiles alojados en el cadáver del periodista. Mientras los médicos forenses dijeron que correspondían a un arma pistola automática nueve milímetros; en el transcurso de la investigación realizada por la propia Procuraduría se estableció que las balas fueron proyectada desde un arma calibre 38 especial, existiendo una diferencia muy considerable entre ambos calibres”, añade. Estas inconsistencias ---resalta---, “cobraron mayor relevancia cuando el peritaje independiente del Programa Internacional Forense de Médicos por los Derechos Humanos, realizado por expertos internacionales en patología forense y criminalística, concluyó que ambos disparos fueron realizados por una sola arma calibre 38 especial y consideraron que las autoridades locales y federales se guiaron desde un principio únicamente bajo la hipótesis de que el periodista estadounidense fue ultimado por personas que se encontraban a su alrededor, sin evidencia científica alguna y con una metodología deficiente. Por su parte la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su recomendación 050/2007, manifiesta de acuerdo con pruebas de audio que los dos disparos muy probablemente se realizaron a una distancia entre los 32 y 50 metros por una misma arma calibre .38 especial”. Creación de pruebas falsas Cruz Ramos dice que la manipulación del testimonio de Alfredo Feria Pérez, es un claro ejemplo de cómo se fabrica una prueba para incriminar a alguien de un delito, pues “en sus declaraciones realizadas hasta 2008, a más de un año de que ocurrieran los hechos, ni siquiera menciona a Juan Manuel”. “No lo señala ni en la declaración de 29 de febrero del 2008 ni en la del 4 de julio del 2008. Feria Pérez se limita a decir en su primera declaración ministerial que estuvo en el lugar de los hechos pero que no vio quién disparó contra el periodista norteamericano. Sobre esto, dijo textualmente ‘me han comentado por otras personas que fueron integrantes de la APPO los que le dispararon a Brad, también se dice que una persona pesada que tiene una (camioneta) Cherokee de color negro y una golf de color café claro (…) es el único que tiene esos carros, que fue quien disparó en contra del gringo (…)’. El 4 de julio de 2008, al ampliar su testimonio, a pregunta del Ministerio Público Federal en relación a si sabe o conoce quien es la persona que supuestamente disparó a Brad Will, Feria Pérez manifestó textualmente ‘(…) no sé la identidad de esa persona porque no la vi (...)’. Además, agregó ‘(…) como ya lo dije anteriormente yo no vi cuando le dispararon a Brad Will”, refiere. A pesar de esto, destaca que el Juzgado Cuarto de lo Penal decretó el auto de formal prisión a Martínez Moreno, el 6 de mayo pasado, al considerar que el testimonio de Feria Pérez es un “testigo de probidad”, haciendo una serie de consideraciones que nada tienen que ver con la declaración del testigo. “Es un claro intento de recomponer una historia alrededor de este testimonio”, apunta. Para lograr credibilidad Cuestiona también que la PGR, en su afán de alcanzar credibilidad en el proceso penal, recurrió a peritos retirados e la Policía Montada Canadiense, para confirmar sus conclusiones sobre los disparos a corta distancia. “El informe no tiene ningún valor dentro del expediente penal; los peritos canadienses no tienen ningún carácter o personalidad para intervenir dentro de la indagatoria. Es evidente que no tuvieron a su disposición todos los elementos necesarios para emitir una opinión de calidad. En opinión de (la organización estadunidense) Physicians for Human Rights, el informe del equipo canadiense reitera las afirmaciones imprecisas presentadas por la PGR anteriormente y tampoco reconoce que el homicidio de Brad Will fue uno de varios homicidios por arma de fuego que ocurrieron durante las protestas de Oaxaca en el año 2006”, asienta. El Plan Mérida, detrás de todo El también abogado del appista, Gilberto López Jiménez afirma que el Plan Mérida está detrás del arresto y procesamiento penal de Martínez Moreno porque la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos condicionó la entrega de mil 120 millones de dólares a México a cambio de resultados de la investigación del crimen de Brad Will. En el propio articulado del capítulo “Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley”, “Programa de Financiamiento a Fuerzas Militares Extranjeras” y “Fondo de Apoyo Económico” del Plan Mérida, así lo establece: “Las investigaciones estatales y federales sobre el asesinato del ciudadano estadounidense Bradley Will (…) han sido defectuosas y el Secretario de Estado deberá presentar un informe a los Comités de Asignaciones detallando los avances en la ejecución de una investigación rigurosa, creíble y transparente para identificar los perpetradores del crimen y llevarlos a juicio a más tardar 45 días después de la promulgación de esta Ley y 120 días a partir de entonces, el Departamento de Estado debe trabajar con las autoridades del gobierno mexicano y las agencias gubernamentales federales de los Estados Unidos para ayudar en la investigación del caso”.