OPERA GOBIERNO CONTRA EL EPR AUN CON COMISIONADOS

Intermediación, sólo si Sedena y Gobernación dan respuestas, advierte Montemayor Operaba el gobierno contra los líderes del EPR, pero hablaba de diálogo: comisionados No hay condiciones para asistir a la cita de mañana con Gómez Mont, opina mayoría del grupo Fabiola Martínez/La Jornada Un documento elaborado por la comisión de mediación para el caso de los desaparecidos del Ejército Popular Revolucionario (EPR) revela que por lo menos hubo tres operativos –a partir de mayo de 2007– con marcada presencia de militares, cuyo objetivo era atrapar a los líderes del grupo guerrillero. Además, se reportaron diversos actos intimidatorios contra los hermanos Cerezo Contreras (bajo la presunción oficial de que son hijos de Tiburcio Cruz Sánchez, identificado como principal dirigente del EPR). En principio, el enlace fue para establecer una eventual negociación con el grupo armado, y luego, con amenazas violentas, presionaron para disuadir a los eperristas de efectuar más atentados. Lo anterior forma parte de la exposición de hechos y preguntas que buscaban plantear los mediadores (en la cita diferida anteriormente por la autoridad) a funcionarios no sólo de Gobernación, sino de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Procuraduría General de la República (PGR) y Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Este martes, la comisión dio por concluida su labor ante la falta de interés y actitud poco atenta de los funcionarios federales; en opinión de los integrantes del referido grupo; la nula respuesta impidió dar pasos sustantivos y cumplir el objetivo de hallar a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, eperristas que fueron vistos por última vez el 24 de mayo de 2007 en la capital de Oaxaca. Hay una cita programada para mañana en la Secretaría de Gobernación, en la que supuestamente ofrecería respuestas. Sin embargo, la dependencia encabezada por Fernando Gómez Mont no contestó por escrito –como pidieron los mediadores– respecto a la presencia de militares, policías militares y elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) en sucesos aparentemente relacionados con la desaparición de los eperristas. Ello obedeció no sólo a una negativa implícita, sino a una acción deliberada de Gobernación y de la subsecretaría de Gobierno, ahora a cargo de Gerónimo Gutiérrez. –¿Le dejó mal sabor de boca el hecho de que hayan metido a la comisión en una suerte de enredo burocrático? –se le preguntó a Carlos Montemayor, ex vocero del citado grupo mediador. –Eso pesó mucho en el ánimo de la comisión, porque a veces parecía broma. No sabíamos si se trataba de desorden de archivos, de secretarias, de ineficiencia, de desdén o una burla. No es posible que un día hablen con conocimiento perfecto de fechas y documentos y al siguiente digan que no saben o no los encuentran, y que más tarde haya que enviarles nuevamente el documento de consultas. En el mismo sentido se pronunciaron ayer otros ex comisionados: no hay condiciones para asistir a la cita del viernes –señalaron–, aunque Montemayor dijo –a título personal– que todo podría reconsiderarse, como ha pedido Gómez Mont, siempre y cuando se entreguen las respuestas a preguntas planteadas. En la ampliación de interlocución, los mediadores expondrían que en septiembre de 2007, el general Tomás Ángeles Dauahare, subsecretario de la Sedena, y el titular del Cisen, Guillermo Valdés, trataron de establecer contacto con el EPR a fin de evitar más acciones violentas de la organización armada. Sin embargo, en ese lapso los hermanos Alejandro y Francisco Cerezo Contreras fueron amenazados de muerte, hechos que no fueron suficientes para disuadir el segundo atentado del EPR (en instalaciones de Pemex), por lo que los mediadores exponen, como duda fundamental, cuál es el criterio del gobierno respecto al origen de la tregua concedida –en los hechos– por los eperristas. Es decir, si creen que obedece a la presión que ejercieron sobre los hermanos Cerezo o por la existencia misma de la intermediación. En el documento de nueve puntos, la comisión plantea dudas acerca del operativo del Ejército, al mando del general Alfredo Oropeza Garnica, para tomar sin mandato judicial el edificio de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca y apoderarse de los libros de gobierno. “Solicitamos a la Sedena nos amplíe la información sobre la motivación y resultados de este operativo, del que supimos directamente por voz del procurador del estado de Oaxaca”, señalan. El 26 de abril de 2008, el mismo día en que el EPR informó que aceptaba la tregua propuesta por la comisión de mediación, la policía militar y la PFP participaron en “otro peculiar operativo” en Oaxaca, en el que capturaron a nueve agentes ministeriales y dos de éstos fueron arraigados por la PGR como presuntos culpables del secuestro de los eperristas desaparecidos. Señalan que hubo una tercera acción en Ciudad Nezahualcóyotl, estado de México. Por ello, piden detalles acerca de éstos y otros hechos ocurridos entre el 24 y 25 de mayo de 2007, donde se vincula a Alfredo Barrita Ortiz y Aristeo López Martínez, entonces comandantes de Oaxaca, asesinados tiempo después en esa entidad. Deseamos saber si Sedena ha considerado la eliminación de estos elementos vinculados de alguna forma con la desaparición de los eperristas. Esta pregunta la haremos también a la PGR y al Cisen, mencionaron los siete mediadores.