SE DA CARCEL A " DELINCUENTES" MISERABLES Y LIBERTAD A DELINCUENTES DE " CUELLO BLANCO"

Se da cárcel a “delincuentes” miserables y libertad a delincuentes de “cuello blanco” Pedro Echeverría V. Rebelión 1. Los legisladores más hijos de puta (con perdón a las compañeras sexoservidoras) aprobarán estos días una “reforma en materia de justicia” con el fin de conservar el poder y la acumulación brutal de riquezas en unas cuantas familias. Sabiendo de sobra que no hay peor injusticia que la terrible inequidad en la distribución de la riqueza, que el desempleo y los miserables salarios llevan inevitablemente al robo y los asaltos para poder comer, que los miles de delincuentes de “cuello blanco” que saquean bancos y defraudan instituciones se pasean libremente después de repartir entre gobierno y jueces parte de lo robado, los legisladores del PAN, PRI, PVEM, PANAL se preparan para votar una reforma judicial que, entre otras cosas, permitirá a policías y al ejército catear cualquier domicilio sin la orden de un juez. Esto es: cualquier persona podrá sufrir con sobresaltos una irrupción militar, sembrándole droga o armas en alguna hora de la madrugada. 2. Por eso el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, advirtió que la reforma en materia de justicia, próxima a aprobarse en la Cámara de Diputados, “es una atrocidad”, porque vulnera garantías fundamentales y lleva a la Constitución los arraigos y allanamientos, y además se rompe el principio de presunción de inocencia. Dice: lo que más nos preocupa son los allanamientos, los cateos, el arraigo” La reforma constitucional, insistió, “va a provocar violaciones a garantías fundamentales”. Se rompe “lo más sagrado”: el principio de inviolabilidad del domicilio, porque ahora cualquier policía va a poder entrar a una vivienda sólo porque presuma que adentro hay una situación que pone en peligro la vida de los residentes. “Esto, perdónenme, es una atrocidad”, expresó. Además, precisó, el arraigo de por sí es inconstitucional “y ahora, con la reforma, ya tendrá vida en la Carta Magna”. 3. Por su parte, el Frente Nacional contra la Represión (FNCR) considera que la propuesta de iniciativa de reforma en materia judicial es un indiscutible retroceso en materia de derechos humanos porque legitima y facilita prácticas que a lo largo de la historia se han demostrado como de lesa humanidad; además de enfocarse en criminalizar la movilización y la lucha social. El FNCR pide apoyo a la iniciativa de Ley de Amnistía que promueven grupos independientes de derechos humanos y de protección a presos políticos en el país. De acuerdo con el frente, en México se estiman más de 600 presos políticos y de conciencia, y a lo largo de cuatro décadas un número desconocido de desaparecidos. Para apoyar ambos frentes, el organismo convoca a la Marcha Contra la Reforma Judicial y por la Ley de Amnistía, que tendrá lugar el viernes 22 a las 16:00 horas, partiendo del Hemiciclo a Juárez con destino al Palacio Legislativo. 4. El presidente ilegítimo, Felipe Calderón, si no es fascista usa métodos de vigilancia, persecución y represión muy parecidos a los usados en los 30 y 40 en Alemania e Italia y de los 40 a 70 en España. No solo están llenas nuestras cárceles de gente que se robó un pan para comer o un reloj para vender, sido que además han colocado en prisiones de alta seguridad a líderes sociales y políticos de los movimientos de Oaxaca, Atenco, a zapatistas y a estudiantes altermundistas. A las llamadas autoridades de justicia les importa un bledo porque saben que las leyes sirven, como dijera el dictador Porfirio Díaz hace 90 años: para imponer a como dé lugar “el orden, la paz y la justicia”, aunque lo que se impuso fue “el orden y la paz… de los sepulcros”. Pero a los legisladores, con enormes ingresos y fuertes compromisos con el gobierno de Calderón y los poderosos empresarios, les importa un bledo que esa reforma esté claramente contra el pueblo. 5. Y el presidente de la CNDH da más elementos: Ante el incremento de la delincuencia se aumentan las penas. “No se combate a la delincuencia, suben las penas. De cada cien delitos se sancionan tres. Vivimos un engaño del Estado hacia la sociedad. Dicen en el gobierno: ‘sí estamos preocupados’. Es gatopardismo. La delincuencia sube, la sanción no se aplica y vivimos en el engaño”. “Se requiere una reforma penal de fondo: que vayan a la cárcel los que tengan que ir, no los campesinos a los que se les encuentra un rifle. Nos topamos con un narco que posee un arsenal y no va a prisión. No lo agarran. Resulta que sorprenden a un chino –Zhenli Ye Gon– con 205 millones de dólares en su casa y nadie se da cuenta. ¡Metió al país 20 toneladas de seudoefedrina! “Ese señor saca 3 o 4 millones de dólares y nadie se da cuenta. Y si uno quiere abrir una cuenta en el banco hay trámites, investigación. Vivimos en el país del nunca jamás. 6. Las denuncias realizadas por la CNDH son sólo la reiteración de lo que hemos vivido en el país desde hace muchísimas décadas en los gobiernos del PRI y del PAN. Hasta principios de los ochenta los gobiernos del PRI, con una política engañosa y con menor desarrollo de los medios, pudieron esconder la enorme manipulación de las leyes para tapar corrupciones y negocios ilícitos en beneficio de políticos y empresarios. A partir de 1982, con la implantación del neoliberalismo privatizador y el crecimiento acelerado de los medios de información, la población comenzó a enterarse más del papel funesto de las instituciones, fue dándose cuenta que los llamados órganos de justicia como la Procuraduría, la Suprema Corte, los tribunales, la secretaría del Trabajo, etcétera, están al servicio del gobierno y los empresarios. Hoy la población sabe más y puede darse cuenta cómo la radio y la televisión tergiversan todos los hechos para favorecer a quienes dominan la política y la economía. 7. Aunque las autoridades oficiales (con altos ingresos) de Derechos Humanos suelen silenciar o encubrir hechos por las fuertes presiones gubernamentales que sufren, en varias ocasiones reconocen la realidad y se ven obligados a denunciarla. El FNCR (que hoy ha convocado una marcha de protesta), en menos de cinco meses de vida, ha demostrado ser una organización muy combativa, sobre todo muy pendiente de las luchas del pueblo mexicano. Los luchadores sociales no se han percatado bien de enorme peligro que representa para ellos y sus luchas la aprobación de esa neofascista reforma judicial que viene a acompañar a la militarización del país. No olvidemos inscribir en nuestra lista de criminales a aquellos legisladores que aprueben esta ley contra el pueblo. Quizá no haya un mejor calificativo que el que arriba se les da. Desafortunadamente están acostumbrados y no les hace ningún mal. Pero son unos HP. pedroe@cablered.net.mx

TOMAN MAESTROS DE LA SECCION 22 EL PALACIO MUNICIPAL DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON, OAXACA

Toman maestros de la Sección 22 el palacio municipal de Teotitlán de Flores Magón 22/02/2008 06:09:41 PM Autor: Rebeca Luna Jiménez luna312004@yahoo.com.mx * Hoy marcharon los más de 70 mil maestros suspendieron clases * Acuerda dirigencia magisterial con el gobierno no pagar a "externos" o "autoubicados" Oaxaca, México. Febrero 22- Maestros de la Sección 22 del SNTE de la región Mazateca bloquean los accesos del palacio municipal de Teotitlán de Flores Magón, como medida de presión para que les entreguen 100 escuelas en poder de la Sección 59. Los profesores de la región informaron a través de Adela Arellanes del sector 3 de esa zona escolar que tomaron el palacio municipal porque las autoridades municipales en contubernio con integrantes de la Sección 59 se niegan a entregar las escuelas. De las 120 escuelas en poder de la nueva sección sindical, la mayoría tienen problemas en diversas comunidades de la región Mazateca. Son autoridades municipales del PRI las que solapan a la nueva sección junto con padres de familia. Este viernes los más de 70 mil trabajadores de la Sección 22 suspendieron clases para exigir al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que emita la convocatoria para el relevo sindical, además de exigir a las autoridades de Educación Pública la entrega de las escuelas y la suspensión del pago salarial a "externos" o "autoubicados". Por su parte el líder del magisterio Ezequiel Rosales Carreño informó que se llegó a un acuerdo con el IEEPO y la Secretaría General de Gobierno para que no se paguen recursos a los maestros “externos” o “autoubicados” por el conflicto de 2006. Adelantó que no se reconocerán los estudios que brindaron estos profesores, ni tendrán validez las clases que se imparten en módulos externos “No se reconocerán los estudios ni se pagará a los externos que están en lugares que no les corresponde, violentando los reglamentos y ocupando los sitios de maestros que siempre han trabajado conforme a la ley”, indicó. “Se aplicará la normatividad, lo que podría generar la retención de salarios, aplicar medidas y oficios preventivos, dando plazos perentorios para que regresen a sus centros de trabajo y, en su caso, afrontarían la recesión del contrato”, dijo Rosales Carreño. Los puntos más difíciles de la entidad, donde persiste la problemática, se encuentra en el municipio de Santa María Chilchotla y en Huautla de Jiménez, además hay conflictos en la región de la Costa, Istmo de Tehuantepec, la Cuenca y el Valle Central. SE ABRIO COMISIÓN NEGOCIADORA AMPLIADA PARA SOLUCIÓN EN ESCUELAS Por otra parte Ezequiel Rosales dijo que se abrió una comisión negociadora ampliada con la finalidad de resolver los conflictos en las escuelas, para ello participan la Secretaría General de Gobierno y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Sin embargo dijo que cada escuela tiene diversas particularidades ya que hay maestros titulados que se autoubicaron durante el conflicto social del 2006, en otros lados hay externos que no tienen el perfil educativo, lo que genera que cada lugar se deba atender de manera distinta, afirmó. Rosales Carreño indicó que será la asamblea magisterial la que determinará las acciones a realizar, “hay actores externos que tienen las manos metidas y que no permiten la solución; son ex presidentes municipales, caciques, ex diputados que no quieren perder su parcela política”.

MARCHA MAGISTERIO EN OAXACA DE 4 PUNTOS

Se movilizan maestros en Oaxaca

Reiteran su demanda al CEN de emitir su convocatoria para la elección interna del SNTE.

Octavio Vélez, corresponsal
Publicado: 22/02/2008 10:20

Oaxaca, Oax. Maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que aglutina a 70 mil profesores, suspendieron clases hoy nuevamente para realizar una marcha masiva estatal en esta capital, a fin de demandar al Comité Ejecutivo nacional de esta asociación gremial la emisión de su convocatoria de elección interna.

Los manifestantes también reclaman la liberación de los "presos políticos y de conciencia" y la cancelación de las órdenes de aprehensión de miembros del movimiento magisterial y popular, aglutinado en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), y la entrega de más de cien escuelas ocupadas por priístas e integrantes de la sección 59 del SNTE.

La movilización estatal salió de cuatro puntos distintos (frente al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), la procuraduría de justicia, el mercado zonal de Santa Rosa e inmediaciones de una gasolinera del municipio de Xoxocotlán) para confluir en el Zócalo, frente al antiguo palacio de gobierno, donde se espera que los mentores realicen un mitin.

fotos: http://oaxacaenpiedelucha.blogspot.com/ Para exigir la convocatoria al congreso estatal para el cambio de dirección en la sección XXII, esta sección llamo una marcha masiva estatal este día. los poco mas de 70 mil profesores aslieron de 4 puntos de la ciudad entre ellos : -Mercado zonal Santa Rosa -Xoxocotlán. -IEEPO. -Casa de Gobierno. Fue asi como alrededor de la 12 del día arribo el último contingente de profesores que venían del mercado zonal de santa Rosa, para junto con los otros 3 contingentes participar del mitín que se llevo acabo en el quiosco del zócalo de la ciudad, donde se pidió la libertad de los presos políticos y de consciencia, la entrega de las escuelas en manos de la sección 59, la publicación de la convocatoria y el alto a la represión, Tuvo un especial atención la inminente aprobación de la ley gestapo que permitiría entre otras cosas que la policía ingrese a cualquier domicilio sin orden de cateo con la sola sospecha o intención de hacerlo. Por ello llamaron a la resistencia contra estas leyes. www.oaxacaenpiedelucha.blogspot.com

MAS IMPUNIDAD CON REFORMA JUDICIAL ( LEY GESTAPO )

-APROBAR LA REFORMA JUDICIAL NOS DEJARA EN ESTADO DE INDEFENSION : OLAMENDI

- "ATROZ" LA REFORMA JUDICIAL ADVIERTE LA CNDH(ni se le cree a Soberanes)

Aprobar la reforma judicial nos dejará en estado de indefensión: Olamendi ONG acuden a la CIDH Por Lourdes Godínez Leal México, DF; 21 feb 08 (CIMAC).- Ante la posible aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma al sistema de justicia penal, ONG de derechos humanos enviaron ayer por la tarde a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los relatores de Naciones Unidas información “urgente” en la que se considera que en esta iniciativa prevalecen elementos contrarios a las garantías del debido proceso y el respeto pleno a los derechos humanos en México. En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez informó hoy lo anterior y agrega que esta es la segunda ocasión que se presenta el tema en la CIDH. En octubre del año pasado las organizaciones civiles acudieron a una audiencia temática en la CIDH donde expusieron varias preocupaciones de las ONG, la fundamental fue que se aprobara una iniciativa de reforma en los términos en que se encuentra en la actualidad, ya que contiene puntos como elevar a nivel constitucional las figuras de arraigo y allanamientos sin orden judicial, las cuales con violatorias de los derechos humanos. Al presentar esta información “urgente” las ONG dan seguimiento al tema presentado en octubre pasado ante esta instancia internacional, con estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos (OEA), y hacen un nuevo llamado para que se atiendan las violaciones a los derechos humanos en nuestro país. La discusión en primera lectura de las reformas al Sistema de Justicia Penal se programó para el día de hoy en la Cámara de Diputados, sin embargo su análisis y posible aprobación se pospuso para la sesión de la próxima semana, el martes 26 de febrero. En el comunicado, organizaciones civiles como el Prodh, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos y Abogadas y Abogados para la Justicia hicieron un llamado a las y los legisladores a no limitar las garantías procesales propias de un Estado de derecho democrático, ya reconocidas en los tratados internacionales ratificados por México, “en aras de un siempre incierto combate contra el narcotráfico”. Señala que las ONG han resaltado que las acciones preventivas y de persecución a la delincuencia organizada y el narcotráfico deben darse con pleno respeto a los derechos humanos, por lo que “legalizar” en la Constitución un proceder contrario, sienta las bases para su violación. ESTADO DE INDEFENSIÓN Al respecto, la experta en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Patricia Olamendi Torres, señaló que uno de los principales problemas que enfrenta México es la falta de respeto a los derechos humanos y, de aprobarse la iniciativa de reforma judicial, “quedaremos en un estado de indefensión”. Ya que, enfatizó, esta iniciativa no garantiza la protección de los derechos humanos en nuestro país y da más “poder” a MP y policías que son más corruptos que antes. La ex subsecretaria para temas globales y derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, consideró que antes de “priorizar” esta reforma se tuvo que haber realizado una revisión de las más de las 400 recomendaciones que organismos internacionales han hecho a México en esta materia, específicamente en la actuación de policías, MP y jueces. En su opinión, estamos en el México de los 70 --época que se conoce como la Guerra Sucia contra la guerrilla-- “lo cual me parece gravísimo”, subrayó. Como también lo es la ausencia de las y los legisladores y en particular del Partido de la Revolución Democrática (PRD) quien en su opinión, lejos de votar en contra y sólo oponerse, debieron haber puesto sobre la mesa propuestas serias en materia de derechos humanos. La feminista y experta en violencia de género lamentó que no hay garantía de que con esta reforma, la policía y el MP mejoren porque “los hechos hablan de un sistema de procuración de justicia mucho más corrupto que antes y darle más poder a estas instancias me parece que es un problema muy serio”. Para Olamendi Torres lo más preocupante de la reforma es la ausencia de los derechos humanos y el poder que se aumenta para el aparato de justicia, ya que una vez que tengan éste y teniendo más facultades de intervenir en muchos casos so pretexto de combatir la delincuencia y el crimen organizado y, ante la ausencia también de una definición clara de ambos, colocan a la ciudadanía “en un estado de indefensión”, insistió. La ex funcionaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo un llamado para insistir en que hay más de 400 recomendaciones internacionales que deben tomarse en cuenta, para conocer cómo nos están viendo en el exterior en el tema de justicia. Eso ayudaría, dijo, a pensar y proponer una reforma seria con una visión diferente de la que ha sido consensada entre las y los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN). 08/LGL/CV “Atroz”, la reforma judicial, advierte la CNDH gloria leticia díaz * Defensores de derechos impugnan temas como arraigo y allanamiento México, D.F., 21 de febrero (apro).- Defensores de derechos humanos, oficiales e independientes, reprobaron la reforma judicial que será aprobada por los diputados el próximo martes. El propio José Luis Soberanes, titular de la CNDH, calificó de “atroz” la minuta en temas como el allanamiento y el arraigo. Algunas ONG insistieron en que la propuesta de ley contiene preceptos claramente violatorios de las garantías individuales. Ante integrantes de la Comisión del Distrito Federal en el Senado, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fustigó las figuras del allanamiento y arraigo. En el primero caso, porque se rompe con el principio de “inviolabilidad del domicilio”, y en el segundo porque a un inocente “se le somete a pruebas que a los mismos reclusos”. A ese reclamo se sumó el jurista Juan Velásquez, quien advirtió que México no cuenta con cuerpos policiacos eficaces que garanticen que las modificaciones constitucionales se traduzcan en disminución de los delitos graves. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) señaló que a pesar de que la reforma contiene avances, como la incorporación de un “modelo acusatorio más transparente y garante del derecho al debido proceso”, también incorpora “medidas que generan excepciones injustificables en relación con las personas que son procesadas o sentenciadas bajo el régimen de delincuencia organizada”. En un comunicado, el organismo que encabeza Emilio Álvarez Icaza alertó sobre la gravedad de la “constitucionalización de prácticas que son en sí mismas violatorias de derechos humanos, o bien que pueden serlo en su aplicación”. La CDHDF advirtió que es necesario “acotar en la legislación secundaria cualquier espacio de discrecionalidad que permita interpretaciones autoritarias de las normas reformadas en la Constitución, porque ello sería contrario al espíritu de la reforma, pero principalmente por el potencial de estas medidas para poner en riesgo la dignidad de las personas”. Además manifestó su preocupación por “la capacitación de los operadores que llevarán a los hechos la enmienda constitucional”, ya que la reforma “implica un cambio de actitudes que incide en la forma de apreciar el derecho no sólo a la luz de las normas, sino de los derechos humanos”. Por su parte, el director de Incidencia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), Humberto Guerrero, destacó que la única manera legal de frenar la reforma sería “promover una acción de inconstitucionalidad”. Guerrero aclaró que las instancias facultadas para promover este recurso ante la Suprema Corte, son PGR, una tercera parte del total de diputados o de senadores, así como la CNDH u órganos similares en las entidades. En entrevista, apuntó que “es claro que la PGR no va a recurrir a esa opción; la CNDH, a pesar de que ha expresado su rechazo a la reforma, no se ha distinguido por ir en contra de los lineamientos del gobierno federal; los legisladores, incluidos los del PRD, no se con qué cara irían a la Corte contra un asunto que ellos mismos aprobaron; en cuanto a los organismos públicos de derechos humanos de los estados, sabemos que hay divisiones: algunos están por recurrir a la Suprema Corte y otros en esperar que en las leyes secundarias se pongan los límites”. Después de recordar que durante la elaboración de la reforma “prácticamente se impidió la opinión de organismos de derechos humanos”, Humberto Guerrero advirtió que el proceso de aplicación de los preceptos del modelo acusatorio “es lento y tiene que ver con la aplicación de recursos, pero también con la capacitación de los abogados”. El modelo chileno En Chile, ejemplificó, “se tardaron 20 años para pulir el esquema, por lo que los ocho años que da la misma enmienda constitucional para aplicar el sistema acusatorio serán muy pocos, y mientras es previsible se caiga en viejos vicios o se inventen nuevos”. El también representante ante la mesa de la reforma del Estado en materia de derechos humanos, alertó sobre un aumento “en el trabajo de las organizaciones no gubernamentales, porque al ‘constitucionalizar’ medidas como el arraigo y el allanamiento, no van a proceder los amparos, y los casos de violaciones van a tener que ser llevados ante organismos internacionales”. El jurista Juan Velásquez –defensor de personajes como Raúl Salinas de Gortari y el expresidente Luis Echeverría-- consideró que “el problema no es de leyes: es de ineficiencia y corrupción de las instituciones policiacas”. Aseguró que en países donde se ha combatido esos males se han abatido los ilícitos hasta 75 por ciento. Destacó que reformas como la judicial que se aprobará la semana próxima, se han aplicado en países de primer mundo. “El problema es que no somos del primer mundo ni tenemos policías del primer mundo”. Velásquez advirtió que con esa reforma se retoma la política que permitía a las autoridades policiacas hacer lo que fuera de manera impune, con ello volverán “de nueva cuenta a ser autoritarias”.

GUERRERO, MEXICO

-LOS FIGUEROA Y ZEFERINO SON CULPABLES POR DESAPARICIONES Y ASESINATOS: TRIBUNAL POPULAR

-VIOLACION DE MUJERES INDIGENAS, MASACRES, DETENCIONES.. NEGRO HISTORIAL DEL EJERCITO EN GUERRERO: TLACHINOLLAN

Los Figueroa y Zeferino son culpables por desapariciones y asesinatos: Tribunal Popular Los Figueroa y Zeferino son culpables por desapariciones y asesinatos: Tribunal Popular Aurora Harrison El Tribunal Popular Nacional determinó este domingo que los ex gobernadores priístas Rubén Figueroa Figueroa y Rubén Figueroa Alcocer, así como el gobernador perredista Zeferino Torreblanca Galindo, “son responsables de los crímenes por los que el pueblo los acusa”. Deploraron “la notoria impunidad” que tienen los señalados en el segundo día de actividades del Juicio Popular Nacional que se llevó a cabo en el Zócalo de Acapulco, y exigieron que se esclarezcan los casos de asesinatos y desapariciones por las que son acusados los ex gobernadores y Torreblanca. Por la tarde, en conferencia de prensa, los representantes de organizaciones sociales que forman el Tribunal Popular Nacional manifestaron su rechazo a las reformas judiciales aprobadas por los diputados federales, que posibilita a policías catear propiedad privada sin una orden del juez, ya que “flagela las garantías individuales y los derechos humanos de las personas”, por eso hicieron un exhorto a la ciudadanía “a seguir evidenciando todos esos agravios que están viviendo los pueblos mexicanos”. Después de reseñar algunos casos de desapariciones y detenciones arbitrarias en Oaxaca y Guerrero, los integrantes del Tribunal informaron que decidieron enjuiciar a los tres funcionarios antes señalados, ya que sus acciones han puesto al estado en “uno de los cinco primeros lugares en violación a los derechos humanos y el primer lugar nacional en desaparición forzada de personas”. La resolución del juicio –de ocho cuartillas– fue leída por Juan de Dios Hernández Monje, miembro del Colectivo Zapatista y profesor de la UNAM. En el documento se precisa que desde que el gobernador Zeferino Torreblanca asumió el poder, empeoró la situación de violaciones graves a los derechos humanos, así como a las garantías sociales e individuales de los guerrerenses. Incluso, subraya que “la política del estado” ha causado que la sociedad “se vea criminalizada; esto se evidencia cuando los familiares de los desaparecidos salen a las calles para exigir castigo a los responsables y presentación con vida de los desaparecidos y su lucha es reprimida. En el acta de la cuarta audiencia del Juicio Popular Nacional contra Rubén Fiugueroa Figueroa, Rubén Figueroa Alcocer y Zeferino Torreblanca Galindo, que se leyó, se da a conocer que hay 650 desaparecidos que fueron víctimas de la guerra sucia de los años 60 a la fecha. De diciembre de 2006 a enero de 2008 se reportaron en la entidad 107 desapariciones forzadas, 11 secuestros, 390 asesinatos. Algunas circunstancias comunes son que las víctimas fueron llevadas por hombres con gorras, vestidos de negro o con uniformes de la policía, con armas largas, en camionetas de lujo y con vidrios polarizados, en los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Atoyac, Zihuatanejo, Iguala y Tecpan. El Tribunal detalla en el documento que el gobernador Zeferino Torreblanca se ha caracterizado por ejercer “la política de agresión a los policías independientes” y menciona que dos periodistas han muerto en este periodo: el corresponsal de Televisa, Amado Ramírez Dillanes, el editor del periódico El Despertar de la Costa Misael Tamayo y la desaparición de Leodegario Aguilera Lucas, editor de la revista Mundo Político, aunque este caso se dio en el periodo del ex gobernador priísta René Juárez Cisneros. En el documento también se menciona que el gobierno “ha puesto en marcha megaproyectos de inversión que favorecen a los dueños del dinero nacionales y extranjeros”, y que van en contra de los ejidos y comunidades, como es el caso del proyecto hidroeléctrico La Parota, así como se rechaza las golpizas y detenciones contra estudiantes y egresados de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. Y en los casos de las órdenes de aprehensión, mencionó el caso de los indígenas presos de Rincón de Chautla, municipio de Chilapa, entre ellos Santos Villava, Celso Hernández y Bernardino Luna. La reforma judicial es una “ley de excepción” Por la tarde, en conferencia de prensa, Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), Juan de Dios Hernández, así como miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Gilberto Hernández Santiago y Sonia Fuente Villa, rechazaron la reforma judicial, ya que “es una ley de excepción”. Ramírez López dijo, con relación al juicio, que “lo importante es señalar que no es la expresión de un acto político, se está invocando y recurriendo a todos los instrumentos jurídicos, del derecho nacional como del internacional, municipal y estatal para hacer justicia. Vivos se los llevaron y vivos los queremos”. Agregó que se van a seguir presentando pruebas y nuevas acusaciones para ampliar el interés del juicio popular, para que haya castigo a los responsables intelectuales y materiales de la guerra sucia en el estado. Por su parte, Juan de Dios Hernández explicó que se decidió hacer el juicio en Acapulco porque ya se había señalado que en Guerrero, “hay graves violaciones a los derechos humanos, hay actitudes de los gobernadores, desde el fallecido Rubén Figueroa, su hijo Rubén Figueroa Alcocer, René Juárez Cisneros y actualmente Zeferino Torreblanca, que están cometiendo atropellos contra la población”. Adelantó que la quinta audiencia se llevará a cabo en la Sierra Norte de Puebla, donde también hay “violaciones a los derechos humanos”, pues dijo que esto ocurre porque en México no se ha perseguido ni castigado a los responsables. En tanto que Sonia Fuente Villa, integrante de la APPO, declaró que está en contra de la reforma judicial porque se están “flagelando las garantías constitucionales de los ciudadanos, además están violando los derechos humanos”. Por ello, Sonia Fuente exhortó “a las diferentes organizaciones sociales del pueblo” a organizarse para dar una lucha de resistencia ante los atropellos de las autoridades. En el presidium estuvieron las ex diputadas locales perredistas Rosario Merlín y Adela Román, el asesor jurídico de las viudas de Aguas Blancas, José Sánchez Sánchez, así como Bernabé Jiménez Ruiz, de la Afadem. http://www.suracapulco.com.mx/nota1e.php?id_nota=33516 http://www.suracapulco.com.mx/nota1e.php?id_nota=33516 Violación de mujeres indígenas, masacres, detenciones... Negro historial del Ejército en Guerrero: Tlachinollan Violación de mujeres indígenas, masacres, detenciones… Negro historial del Ejército en Guerrero: Tlachinollan De la redacción México DF, 20 feb 09 (CIMAC).- Hostigamiento, abusos, maltratos, masacres, detenciones arbitrarias y violaciones sexuales de mujeres indígenas son algunas de las consecuencias que ha traído consigo la militarización en Guerrero, afirmó el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, en el contexto del Día del Ejército Mexicano que el gobierno conmemoró ayer 19 de febrero, desde hace 58 años. Indicó –de acuerdo con un comunicado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan-- que por ser esta institución la que ha cometido las “más graves violaciones a derechos humanos” contra pueblos y comunidades indígenas, “se hace necesario evaluar el papel que han tenido los militares y las nuevas atribuciones que se le han dado para combatir al narcotráfico”. Desde los años 70, el Ejército ha tenido una fuerte y constante presencia en La Montaña, Costa Chica y Costa Grande -tres de las siete regiones que integran el estado-, a través de campamentos que instalan en las orillas o entradas principales de las comunidades, y con retenes de revisión que colocan sobre los caminos y carreteras, señaló Barrera Hernández. La incursión militar en Guerrero se ha caracterizado siempre por su alto grado de violencia, sobre todo contra la población civil. Por ejemplo a finales de los 60, durante el gobierno de Raúl Caballero Aburto, los soldados masacraron a ciudadanos que se solidarizaban con maestros y estudiantes universitarios que peleaban por la autonomía. Luego en los años 70, con la guerra sucia, el Ejército se dedicó a perseguir, detener y desaparecer a indígenas y campesinos a quienes vinculaban con la guerrilla. En los 90, militares masacraron a indígenas na savi (mixtecos) que se encontraban en una escuela primaria de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres; y en 2002 un grupo de soldados violaron tumultuariamente a dos indígenas de Ayutla de los Libres, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. A esta historia se suman una serie de acciones hostiles que el Ejército ha asumido contra indígenas que se organizan para defender sus derechos humanos, como es le caso de la indígena, Obtilia Eugenio Manuel, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa de Ayutla de los Libres, quien ha estado recibiendo amenazas de personas vinculadas con el Ejército. También los pueblos, como tales, sufren represiones, ejemplo de ello es lo ocurrido en el pueblo nahua de Temalacatzingo, municipio de Olinalá, donde el Ejército no sólo instaló retenes e interrogó a vecinos que transitaban por las carreteras, sino que asentó un campamento y bajaron armados a la comunidad. En Juanacatlán municipio de Metlatónoc, uno de los más pobres de México según las Naciones Unidas, también irrumpieron en el mes de agosto y encañonaron a los pobladores cuando pretendían detener a un menor de edad. Como estos casos se han registrado otros más, en las regiones más pobres de Guerrero: Tan sólo de 1997 al 2001, Tlachinollan documentó 70 casos de violaciones a derechos humanos cometidos por el Ejército en territorios indígenas de Guerrero, no obstante muchos casos han quedado en el silencio y sin justicia. RECOMENDACIONES DE LA CNDH Por otra parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió dos recomendaciones al Ejército Mexicano: Una es la recomendación 20/2000 por casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales que cometió contra ciudadanos que fueron señalados como presuntos miembros de grupos armados después de la masacre de El Charco ocurrida el 7 de junio de 1998. Otra recomendación es la 48/2003 que emitió ese mismo organismo, por el caso de la indígena me´phaa (tlapaneca) de Ayutla de los Libres, Inés Fernández Ortega que fue violada sexualmente por soldados del Ejército en 2002. En ambos casos ha habido impunidad y ninguno de los responsables ha sido castigado. Barrera Hernández lamentó que la historia oficial no cite estos acontecimientos y criticó que el Comandante de la Novena Región Militar, general Sergio Magaña Mier, haya declarado ante reporteros que el Ejército no viola los derechos humanos y que los soldados entran a los pueblos sólo como parte de las campañas antidrogas. MÁS MILITARES EN SEXENIOS PANISTAS Destacó Barrera Hernández que con esta nueva política del control de drogas que se ha implantado en México, “es reprobable que no sólo se estén ampliando las funciones al Ejército para suplir a las corporaciones policíacas”, sino que se incremente también el número de elementos. Citó que esto es evidente con las mismas cifras que maneja el Gobierno federal cuando da a conocer que de los 19 mil 781 soldados que al principio participaban en las acciones de gobierno del presidente de la República, Vicente Fox, al final se incrementaron a 37 mil 253 militares y 14 mil 14 marinos. Mencionó que con Felipe Calderón esa importancia al Ejército ha prevalecido, pues para su primer semestre de gobierno ordenó que se incrementara un 20.5 por ciento el número de militares y un 40.7 por ciento los marinos que estaban adscritos a los operativos y programas de “vigilancia” y que explícitamente se incluyera como “propósito” la “prevención y disuasión”. Barrera Hernández sostuvo que cuando el gobierno conmemora el Día del Ejército, éste “tiene que entender que la política de control de drogas corresponde a las autoridades civiles, pues es preocupante que en este proceso de transición a la democracia en lugar de fortalecer la participación de la sociedad en los asuntos de seguridad pública, así como en la promoción de los derechos humanos, el Ejecutivo Federal esté echando mano del Ejército, para apuntalar su administración y de este modo legitimar un gobierno que surgió en medio de una crisis electoral”. Agregó que “lo más grave es que en está participación del Ejército en el combate a las drogas no existen mecanismos de control, ni formas eficaces de fiscalización sobre la actuación que tienen las fuerzas armadas cuando entran en acción y ponen en riesgo los derechos humanos de la población”. 08/GG

SAN PEDRO YOSOTATO, TLAXIACO OAXACA

Arriba a Yosotato grupo de observadores internacionales por IGABE on Febrero 21,2008 Oaxaca de Juárez.- Los pobladores de Yosotato emitieron un boletín de prensa en el cual informan a la ciudadanía que llegó un grupo de observadores internacionales a la comunidad de Yosotato en Tlaxiaco, Oaxaca, esto por el número de muertes y otros actos de violencia que han ocurrido por las tierras. Los habitantes afirman que en el año de 1931, se titularon las tierras ejidales de San Pedro Yosotato, entregando sin deslindarse correctamente 18 hectáreas, en las cuales quedaron viviendo vecinos de Zimatlán, esta irregularidad no fue motivo de pleito o enfrentamiento entre pueblos, Pero con las reformas Salinista, las Instituciones Agrarias asesoraron a San Pedro Yosotato a través de sus lideres demandaron a los ocupantes, ganando el Juicio en el año de 1997, el Tribunal se negó a ejecutar dicha resolución, esto provocó la invasión de más hectáreas. Ante esta situación el gobierno del Estado de Oaxaca inició una serie de pláticas entre las comunidades, pero más que conciliar a las comunidades, genero el divisionismo y el enfrentamiento a toda costa para tener control a partir del 2003 a la fecha el número de incidentes de violencia ha incrementado. Los pobladores afirman que el 24 de noviembre de 2003, se dio un enfrentamiento entre ejidatarios de San pedro Yosotato y San Sebastián Nopalera, en el cual el primero de ellos tuvo como saldo la desaparición de los hermanos Fabián y Ozmar, ambos de apellidos López Díaz y Raymundo Jiménez Hernández , hasta hoy en día no se sabe nada de ellos Después el 25 de junio de 2006, asesinaron a Calixto López Ortiz, en octubre del mismo año fue golpeado el señor Pánfilo Ramírez Santiago, el 9 de noviembre fue asesinado Inocente Castro Bautista otro de los opositores a la venta de las tierras, el 26 de enero de 2007, es asesinado en su domicilio el señor Efraín Castro Santiago, opositor a la venta de terrenos. En marzo del 2007 fueron detenidos Braulio García Castro y Jesús Clemente Cruz López por un delito que nunca se cometió , menos de un mes después el 16 de abril fue asesinado el señor Pedro Erasto Espinosa López y el 6 de julio fueron detenidos Constantino Castro López y Homero Castro López, más tarde el 24 de diciembre del 2007 fue asesinado Abrahám Plácido López Castro en su domicilio su muerte está relacionada con la defensa de las tierras, el 14 de enero del 2008, fue emboscado Joel García Castro, por el hecho de oponerse a la venta de tierras. Acudirán observadores internacionales a Yosotatu También participarán organizaciones, ante la denuncia de violaciones a los derechos humanos de ejidatarios y personas desaparecidas Alicia SANDOVAL/IGABE 20/02/2008, 23:02:24 PM HUAJUAPAN DE LEÓN, Oax.- Una delegación de organizaciones nacionales y de observadores internacionales de países como Italia, Estados Unidos y Francia, acudirán a la fiesta patronal del ejido de San Pedro Yosotatu, ubicado en el distrito de Tlaxiaco, del 21 al 24 de febrero. Esto ante la denuncia que hacen los pobladores de violaciones a los derechos humanos y personas desaparecidas en un conflicto agrario que inició en 1976 con San Sebastián Nopalera, perteneciente a Putla, por la disputa de 499 hectáreas, mismo que a su decir no ha terminado, aunque el 11 de abril de 1997 el Tribunal Unitario Agrario dictó sentencia favorable para ellos. Omar Esparza Zárate encargado del departamento de Derechos Humanos del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), que forma parte de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, informó que organizaciones nacionales como Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte (UCIZONI) y Comité de Defensa Ciudadana (CODECI) participarán. Además de que los ejidatarios han tenido acercamiento con Francisco López Barcenas –uno de los más destacados teóricos del derecho indígena- para invitar a más organizaciones como la Miguel Agustín Pro Juárez de defensa y promoción de los Derechos Humanos en México y a docentes de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Mencionó que el objetivo es visualizar la problemática que lleva más de 10 años, pues fue en 1976 cuando los ejidatarios de San Sebastián Nopalera se posesionaron de 18 hectáreas donde construyeron una zona urbana, y un nuevo asalto en 1998 cuando se adueñaron de 48 hectáreas más, hecho que desató la violencia. En este sentido, Esparza Zárate dijo que hay una política en contra de la comunidad por parte de las instituciones agrarias y políticos que “metieron las manos en el conflicto”, pues denunció que el gobierno ha tenido caciques dentro de la comunidad. “Los terceros manipulan con la Secretaría de la Reforma Agraria más de 47 millones de pesos que han obtenido de gente sin escrúpulos de gente que no permite que termine el conflicto”, aseguró Omar Esparza Zarate. El luchador social exigió el cese a las muertes, represión y desaparición de los pobladores de San Pedro Yosotatu y mencionó la desaparición de los hermanos Fabián y Omar López Díaz, y Raymundo Jiménez Hernández, de quienes hasta el día de hoy no se sabe nada sobre su paradero. la misma: los cambios no podrán venir sin una inmensa movilización popular.

SOBRE EL EPR

-RECHAZA EL EPR QUE EL NARCO FINANCIE SUS ACTIVIDADES

- ALGO QUE POR SENTIDO COMUN SE SABE : EL EPR NO FUE
EL EPR SE DESLINDA DE ASESINATO EN OAXACA

echaza el EPR que el narco financie sus actividades josé gil olmos * “No somos parte de la delincuencia organizada, sino luchadores sociales”, aclara México, D.F., 21 de febrero (apro).- El Ejército Popular Revolucionario (EPR) rechazó hoy tener vínculos con la delincuencia organizada o con el narcotráfico, como lo denunció el diputado Justiniano González Betancourt. A través de un comunicado, el grupo insurgente se deslindó también del asesinato del jefe de la Policía Bancaria de Oaxaca, Alejandro Barrita Ortiz; además, cuestionó el nombramiento --y la nacionalidad-- de Juan Camilo Mouriño como secretario de Gobernación. En varias partes del comunicado, el EPR se refirió a las acusaciones del general Justiniano González, presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, quien acusó al grupo armado de recibir financiamiento del narcotráfico. Insistió que no forma parte de la delincuencia organizada, “sino luchadores sociales con una moral diferente a la del gobierno”; y tachó de “ignorante” al legislador panista presidente de la Comisión de la Defensa Nacional. “Su apreciación es resultado de su ignorancia, porque no ha leído a los clásicos de la guerra. ¿Dónde habrá estudiado este señor que no sabe que los cambios sociales los hace el pueblo del cual somos parte y que éste tiene creatividad y decisión para luchar contra sus explotadores?” Luego, le recomendó que en lugar de “aventurar infundios” se comprometa con su quehacer legislativo y realice propuestas para sacar al Ejército Mexicano de “la servidumbre hacia la oligarquía, la ignominia, la corrupción, la impunidad y el narcotráfico” con el que “está coludido”. En cuanto al ajusticiamiento del comandante de la Policía Bancaria, Alejandro Barrita, el EPR señaló que a pesar de que fue el responsable de la desaparición de Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz Sánchez –a quien el grupo armado identifica como dos de sus líderes--, ninguno de sus miembros fue responsable de la ejecución. Sobre Juan Camilo Mouriño el EPR señaló que su nombramiento como secretario de Gobernación, confirma su diagnóstico de que “no habrá modificaciones en la política “antidemocrática” de Felipe Calderón, contraria al respeto de los derechos humanos. Reiteró también su exigencia de que sean presentados con vida y puestos en libertad sus compañeros Edmundo Sánchez Anaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desparecidos desde el 25 de mayo del año pasado; y continuará con sus acciones de “autodefensa”. “Al flamante Juan Camilo Mouriño Terrazo, preguntamos: ¿Cuándo va a informar sobre el paradero de todos los desaparecidos políticos del país? ¿Cuándo presentará vivos y en libertad a nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, a Francisco Paredes, a los hermanos Zamarrita, a Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, a Lauro Juárez, a la señora Dora Ávila Betancourt desparecida desde el 7 de este mes? ¿Qué está haciendo (además de investigarnos e intentar infiltrarnos), para liberar a los más de 800 presos políticos existentes en el país?” Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario País: Mexico República Mexicana, 21 de febrero de 2008 Fecha: 2008 02 21 Grupo: Categoria : Comunicado Logo del Grupo: AL PUEBLO DE MEXICO A LOS PUEBLOS DEL MUNDO A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y REVOLUCIONARIAS ¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS! En anteriores comunicados hemos afirmado que existe una crisis económica en México en la que la inflación por baja que sea es crónica. Crisis económica que repercute directamente en el nivel de vida de más del 60% de la población, y que ha sido negada primero y aceptada después por Felipe Calderón quien casi al estilo esquizofrénico de Fox un día dice una cosa y otro día lo contrario, signo paralelo en sus funcionarios subalternos como son Guillermo Ortiz y Agustín Cartens. Sin embargo, y a pesar de la anunciada recesión en E.E.U.U. aún persiste en hacernos creer que será factible crear los empleos ofrecidos desde su campaña y que la crisis económica no nos afectará mayormente cuando los despidos en diversas empresas como la automotriz ya están siendo anunciados a sus trabajadores, los precios de los productos básicos continúan aumentando, los pequeños negocios y tiendas siguen quebrando y el subempleo cada día es más precario; mientras en el campo la siembra de autoconsumo disminuye debido a la emigración de los jóvenes a las ciudades a engrosar los cinturones de miseria y la descomposición social sigue profundizándose. En el ámbito político hay... ¡Cambios en el gabinete! Sale Francisco Javier Ramírez Acuña de la secretaría de gobernación, entra Juan Camilo Mouriño Terrazo. No importa quién, ya que este cambio no modifica la política del gobierno. Esta sustitución no tendría mayor relevancia si no fuera porque a la ilegitimidad y al fraude del gobierno de Felipe Calderón se le agrega la falta de transparencia que despierta suspicacias en torno al tema de la nacionalidad del actual secretario, que no sería relevante si no constituyera una nueva y flagrante infracción al estado de derecho imperante y una burla más para la sociedad mexicana, lo cual sí “… merece la condena de toda la sociedad...”. ¿No le parece señor Mouriño? Y no sólo hubo ese cambio, Patricio Patrón Laviada fue nombrado secretario de la PROFEPA, constituyendo otra afrenta, quien además de ser un analfabeto funcional, infringió las leyes en Yucatán, al despojar a ejidatarios más de 300 hectáreas de sus propiedades, retorciendo la ley al cambiar el uso del suelo para beneficiarse a través de sus prestanombres y beneficiar a la oligarquía en dicho estado. Retomando el nombramiento del secretario de gobernación, en sus primeras declaraciones Juan Camilo Mouriño Terrazo, contundente afirma que “no habrá diálogo con el EPR”, declaración con la que confirma nuestro diagnóstico de que no habrá modificaciones en la política de Felipe Calderón Hinojosa, exhibiendo su verdadera posición antidemocrática y contraria al respeto de los derechos humanos ya que lo que en este momento estamos exigiendo es la presentación con vida y en libertad de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos desaparecidos desde el 25 de mayo del 2007 en el estado de Oaxaca con la responsabilidad directa de Ulises Ruiz Ortiz, también exigimos la presentación con vida de Francisco Paredes Ruiz y la de todos y cada una de las víctimas del delito de desaparición forzada solapado por Felipe Calderón Hinojosa. La política de este gobierno seguirá protegiendo los intereses de la oligarquía, por ende continuará violando constantemente los Derechos Humanos contenidos en las garantías individuales y sociales de nuestra formateada Constitución; política que sobreprotege y da manos libres a los gobernadores priístas como Ulises Ruiz Ortiz (quien sistemáticamente detiene, tortura, asesina y desaparece luchadores sociales); a cambio de tener el apoyo de los senadores y diputados de la fracción priísta para la aprobación de la reforma judicial, la venta de los energéticos y la comisión de crímenes de lesa humanidad, influyendo también en algunos senadores y diputados que se dicen de izquierda, al aprovechar sus contradicciones para mantenerlos entretenidos en dimes y diretes que los aleja de las funciones que debieran tener y legislar en beneficio de las mayorías y resolver grandes “pendientes” como lo son la presentación con vida y en libertad de los detenidos desparecidos de los setenta hasta la fecha, la libertad de todas y todos los presos políticos del país. Así como el castigo a los responsables como Luis Echeverría Álvarez y Arturo Acosta Chaparro para empezar a abatir la impunidad. Impunidad que se placea en Oaxaca en donde los luchadores sociales están siendo detenidos y desaparecidos sin que los diputados, los senadores, la ni tan Suprema Corte de justicia ni los Comisión Nacional de los Derechos Humanos hagan nada concreto para restituir la legalidad que tanto pregonan. Cabe mencionar que nos deslindamos totalmente de la muerte del señor Alejandro Barrita Ortiz quién como es sabido fue un torturador y represor de luchadores sociales, que gozaba al producir dolor a sus víctimas y disfrutaba de la impunidad, responsable también de la detención desaparición de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, quien se convirtió en un personaje incómodo para el gobierno de Ulises Ruiz por lo que coincidimos en este caso con la versión que Julio Hernández López en su columna ASTILLERO del diario La Jornada del día lunes 4 de febrero, en la que dice que esta muerte “... se dio en el marco de pugnas internas del poder oaxaqueño” opinión con la que coinciden otros brillantes analistas. Falta que también acallen a Vera Salinas, quien hoy se ha refugiado en Cancún, Quintana Roo como Jefe de la Policía y Tránsito. El miércoles 30 de enero, el diario EL UNIVERSAL publicó en primera plana que (el) “Cisen pide a Ebrard lo proteja del EPR” posición que consideramos es aparentemente pueril porque tiene como trasfondo político la militarización también del Distrito Federal para crearle más problemas al gobierno del PRD, ya que si de vigilancia se trata el Cisen tiene más de 15 de sus agentes vigilando sus instalaciones a quienes ya conocemos y no, no es amenaza Sr. Guillermo Valdez Castellanos, a los revolucionarios nuestra ética no nos permite tomar los agravios de un régimen como el de señor Calderón de una manera personal, como ustedes sí lo hacen junto con todo el aparato judicial al cebarse en los familiares, amigos o hijos al convertirlos en rehenes en las cárceles de máxima seguridad, en donde la tortura psicológica es permanente, el trato físico cruel y se continúa infringiendo las leyes y el estado de derecho que el propio Estado se ha dado, y con esta actitud intentar chantajear a los revolucionarios y dar un mensaje de advertencia a nuestro pueblo y a los luchadores sociales. Diferimos totalmente de las formas y métodos que utilizan y que nosotros jamás hemos utilizado. Por eso les urge la reforma judicial, para legalizar la injusticia, por eso tienen una alianza con representantes del poder legislativo de los cuales muchos de ellos tuvieron un indignante papel en gobiernos pasados y ahora continúan callando y ponen oídos sordos a los reclamos de Justicia, legisladores cómplices con su silencio o indiferencia que no legislan a favor del pueblo, legisladores que oficialmente no reconocen que en nuestro país hay más de 800 presos políticos y de conciencia y que su papel debiera ser el de legislar en función de la libertad de estos ciudadanos, al igual que la presentación con vida de todos los desaparecidos políticos, demanda surgida en el momento mismo en que se consumaron estos delitos y que sumamos a la exigencia de la presentación con vida y en libertad de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Queremos hacer hincapié en que han sido los agravios a nuestro pueblo lo que originó la realización de las acciones político militares del 5 y 10 de julio y 10 de septiembre de nuestro Partido, en un intento por detener la comisión gubernamental de delitos de lesa humanidad en contra del pueblo organizado, acciones de autodefensa en las que el pueblo mexicano no ha sido afectado y que al realizar una consulta por nuestros propios medios hemos obtenido como resultado su aprobación y constatado que ha causado alegría el hecho que haya quien intente frenar a este gobierno no sólo con palabras y buenas intenciones, por lo que nos han conminado a darle continuidad a nuestras acciones de autodefensa, (tómese en cuenta que en encuestas públicas realizadas el año anterior el 13% de los encuestados estuvieron de acuerdo con la lucha armada) y que cuando no se tiene nada que perder pues se vive en la miseria la vida es la más grande ofrenda en aras de legar una mejor vida a nuestros hijos. Nuestra consulta también arrojó el dato de que un gran número de miembros del ejército federal están de acuerdo con este tipo de acciones de autodefensa que evitan la confrontación directa entre hermanos mexicanos, al dar donde más duele a la oligarquía y al Estado: sus propiedades, sus intereses, su economía; constatamos también un gran descontento al interior del ejército porque es utilizado no para defender a la Nación sino para defender los intereses de oligarcas trasnacionales y políticos vendepatrias, porque lo están desligitimando al entramparlo en la “guerra” contra la delincuencia organizada, lo que le ha producido más de 300 bajas además de que están siendo coaccionados para participar en el tráfico de enervantes y encubrir el delito y, a pesar de sus “servicios” reciben un trato despótico, humillante y hasta de acoso sexual de sus superiores por lo que se ven en la necesidad de desertar, unos para preservar su vida y otros se integran a las filas de la delincuencia organizada con un gran rencor y resentimiento tal que son capaces de acribillar a sus ex compañeros. Calderón ha pervertido de tal manera al Ejército mexicano que ha hecho que nuevamente (como en 1968 y la guerra sucia de los 70) reprima y cometa atrocidades contra nuestro pueblo con toda impunidad. El general Justiniano González Betancourt, presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, como buen panista de doble moral, dice que nos patrocina el narcotráfico porque para nuestras acciones necesitamos dinero. A este diputado le decimos que de ninguna manera es cierta su apreciación resultado de su ignorancia, porque no ha leído a los clásicos de la guerra. ¿Dónde habrá estudiado este señor que no sabe que los cambios sociales los hace el pueblo del cual somos parte y que éste tiene creatividad y decisión para luchar contra sus explotadores?, le recomendamos se compenetre con su quehacer legislativo y en lugar de aventurar infundios se aplique a realizar propuestas que saquen al Ejercito mexicano de la servidumbre hacia la oligarquía, la ignominia, la corrupción, la impunidad y sí señor del narcotráfico al que según el Estado combate, sin combatirlo en realidad por estar coludido ya. Consulta realizada no sólo dentro de nuestra militancia, sino en el seno de los diferentes sectores sociales entre los cuales no han faltado quienes nos han manifestado su disposición a inmolarse heroica y radicalmente contra los instrumentos de la oligarquía, y otros que ya organizados se ponen a disposición esperando órdenes. A los primeros les decimos que es necesario prepararse en la lectura de las experiencias de nuestro lineamiento político para organizar y construir la conciencia anticapitalista y socialista para que esa disposición de combate se reproduzca orgánicamente; a los segundos que mientras se concreta el contacto orgánico a seguir preparando las nuevas fuerzas de la revolución previendo siempre la infiltración, porque hoy a algunos que se dicen revolucionarios ya han sido cooptados por inteligencia militar mexicana y están haciendo un llamado a la unidad a toda costa, experiencia que ya se vivió en los años 70, siendo el resultado la destrucción orgánica de la heroica Liga Comunista “23 de Septiembre”. Al flamante Juan Camilo Mouriño Terrazo, preguntamos: ¿Cuándo va a informar sobre el paradero de todos los desaparecidos políticos del país? ¿Cuándo presentará vivos y en libertad a nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, a Francisco Paredes, a los hermanos Zamarripa, a Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, a Lauro Juárez, a la señora Dora Avila Betancourt desaparecida desde el 7 de este mes? ¿Qué está haciendo (además de investigarnos e intentar infiltrarnos), para liberar a los más de 800 presos políticos existentes en el país? El pueblo y sus organizaciones sociales y políticas están logrando algunos acuerdos, se están manifestando masiva y pacíficamente en defensa de sus intereses, las formas de lucha se multiplicarán hasta lograr lo que en Argentina... ¡que se vayan todos los políticos corruptos sean del partido que sean! Insistimos, no somos parte de la delincuencia organizada, somos luchadores sociales con una moral diferente a la del gobierno, nosotros tenemos nuestros tiempos y nuestras formas, no amagamos ni amenazamos, pero estamos atentos para que se cumplan las demandas del pueblo, del cual somos parte, entre ellas la presentación de nuestros compañeros, la de todos los detenidos desaparecidos y la liberación de todos los presos políticos del país, coincidiendo en esta demanda con campesinos, maestros, obreros, estudiantes e indígenas como los que se manifestaron el pasado 31 de enero. ¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS! ¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS! ¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS! ¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA! ¡VENCER O MORIR! ¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS! ¡RESUELTOS A VENCER! ¡CON LA GUERRA POPULAR! ¡EL EPR TRIUNFARA! COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO. PDPR COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO CG-EPR Año 44 República Mexicana, a 21 de febrero de 2008.

MANTIENEN TOMADO EL IEEPO MAESTROS DE OAXACA

Mantienen tomado el IEEPO maestros de Oaxaca Nacional - Miércoles 20 de febrero (13:35 hrs) Por tercer día consecutivo profesores de educación indígena de la Sección 22 del SNTE demandan la entrega de escuelas Desde el pasado lunes, los inconformes arribaron a las instalaciones del instituto Notimex Oaxaca, 20 de febrero.- Por tercer día consecutivo, maestros de educación indígena de la Sección 22 del SNTE mantienen tomadas las instalaciones del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), en demanda de entrega de escuelas en poder de la Sección 59. Desde el pasado lunes, los inconformes arribaron a las instalaciones del instituto, al poniente de esta capital, donde con pancartas exigen la devolución de 100 escuelas bajo control de la Sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). En su momento, Juan Altamirano, secretario de Educación Indígena de la Sección 22, informó que por mandato de la asamblea estatal, su sector realizaría ese plantón con administrativos, por lo que las clases continúan con normalidad en las comunidades. Además de la entrega de los centros escolares, los maestros exigen la apertura de nuevas plazas para ese nivel, así como diversos apoyos para la operación de dichos centros como equipamiento, mejoramiento de las instalaciones, entre otros puntos. Los mentores ya han sostenido varias pláticas con autoridades educativas del estado, pero no se han alcanzado acuerdos que satisfagan a ambas partes, por lo que los sindicalizados han emplazado a que se firme una minuta de acuerdos con ese sector. De lo contrario, aseguraron, radicalizarán sus acciones, con el bloqueo a todas las avenidas alternas y calles cercanas al IEEPO, además de valorar otras movilizaciones. En dicha minuta, los demandantes solicitan el cumplimiento al acuerdo firmado en 2007 con la Secretaría de Gobernación, en el cual ésta se comprometía a la entrega de escuelas que desde finales de 2006 se mantienen en poder del también conocido como Consejo Central de Lucha (CCL). (Con información de Notimex/JOT)

PARQUE " EL LLANO " OAXACA DE JUAREZ, OAXACA

MUNICIPIO AUTONOMO: SAN JUAN COPALA OAXACA

-LOS RETOS DE UN NUEVO MUNICIPIO AUTONOMO: SAN JUAN COPALA OAXACA

LOS RETOS DE UN NUEVO MUNICIPIO AUTÓNOMO: SAN JUAN COPALA OAXACA LOS RETOS DE UN NUEVO MUNICIPIO AUTÓNOMO: SAN JUAN COPALA Giovanna Gasparello. Antropóloga, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa Rojo vivo, color de los huipiles que las mujeres triquis tejen para ellas, fue el tono dominante en la amplia explanada frente al Palacio Municipal, donde se realizó, en los días 19 y 20 de enero, el primer aniversario del Municipio Autónomo de San Juan Copala. "Es por la migración, pero sobre todo porque los hombres, los jovencitos y hasta los niños los mataron, somos puras viudas y huérfanas": así explicaron las mujeres su presencia mayoritaria en el evento. Y ellas mismas, de acuerdo con las autoridades autónomas, reconocen que el principal logro del Municipio Autónomo es que desde cuando se ha constituido no hubo ni un muerto en las 17 comunidades que lo conforman. "Antes de que se creara el municipio, la problema es que había muchos triquis muertos, cada 8 o 10 días. Ya van como 6 niños muertos, y muchas mujeres también heridas de bala". Desde hace tiempo la violencia desgarraba al pueblo triqui: empezó por conflictos agrarios en que las cabeceras mestizas de Putla Villa de Guerrero y Justlahuaca usurparon tierras comunales triquis. Luego siguió al interior de las mismas comunidades, cuando la principal organización indígena –Movimiento de Unificación de Lucha Triqui, MULT- se dividió, y empezó una sangrienta sucesión de reciprocas venganzas y agresiones. "Nosotros como jóvenes desconocemos completamente porque estaban peleando los señores anteriormente, pero todos recibimos el golpe de la violencia, hombres, mujeres y niños también", afirma José Ramirez Flores, presidente municipal autónomo. El MULT-Independiente, nueva organización cercana a la APPO, fue entre los impulsores del Municipio Autónomo. Resolver el conflicto político interno es uno de los principales retos del nuevo gobierno autónomo, y lo está logrando. "Al formarse el Municipio Autónomo se convocaron a todas las comunidades triquis, de todas las organizaciones, tanto las del MULT-I, UBISORT, y las 6 comunidades que la CNC controla en la región triqui. El tema de las pláticas era como evitar el baño de sangre en la región y avanzar por el bien de la comunidad. El acuerdo que alcanzaron es olvidar las organizaciones a las que se pertenece y verse más como hermanos triquis. Se acordó que en el Municipio Autónomo de San Juan Copala en un futuro no se instalaran las casillas de ningún partido político, no se permitiría la propaganda de los partidos ni se permitiría la entrada de los politicos" comenta Jorge, vocero del Cabildo Autónomo. Anteriormente San Juan Copala, como otras comunidades, era políticamente y físicamente dividida: una parte pertenecía al MULT, y otra al MULTI. "En las noches no se podía caminar por las calles, las balas andaban sueltas": lo testimonian los agujeros de los proyectiles el las puertas de las casas, en las paredes del palacio municipal. "Ahora ya no hay divisiones, las organizaciones se sumaron, ya estamos todos juntos", comentan unas mujeres que platican sentadas en la puerta de su casa ya entrada la noche. "Ya se apaciguaron los problemas, la región está más segura, más tranquila; las escuelas empezaron otra vez a funcionar. El año pasado las escuelas no funcionaron: solo las primarias que estaban sobre carretera, en la sierra los maestros no querían entrar" afirma Jorge. Las autoridades autónomas miran a otras experiencias cercanas tomando ejemplo para resolver sus principales problemas, como el de la violencia. "Aquí ya tenemos Policía Comunitaria: con ellos ya hay más seguridad, para las fiestas también, últimamente no ha habido balacera, ni tiroteo: el pueblo dice que ahora estamos mucho más mejor sin la policía del Estado, sin el gobierno. Hemos estado en contacto con la Policía Comunitaria de Guerrero, nos han guiado, para nosotros es una experiencia nueva", afirma Ramírez Flores. La creación de la Policía Comunitaria en territorio triqui es una novedad, aunque ya tiene tiempo que la gente había corrido militares y policías de sus comunidades. "En Copala había un cuartel militar, teníamos policía auxiliar del Estado, policía ministerial; pero nunca hubo paz en la región, al contrario. Luego el pueblo decidió sacarlos ya que no nos daba ningún beneficio tenerlos allí, la Policía auxiliar se convierte a veces en guardaespaldas de los dirigentes y de los caciques de la región…" comenta Jorge. Junto con la Policía Comunitaria, quien encabeza la defensa de las comunidades son sus habitantes, las mujeres: "Un tiempo la Policía trató de regresar, pero las mujeres se organizaron y cerraron las entradas a la comunidad y nunca entró en su campamento, igual que los militares". "Fue algunos meses antes de la creación formal del Municipio Autónomo, las mujeres estábamos realizando una actividad comunitaria, barriendo las calles, cuando llega la noticia de que están los policías… nos fuimos corriendo con nuestras escobas, los enfrentamos, hasta que se fueron". Otro importante paso que dio el Municipio en la construcción de su autonomía es la instalación de la radio comunitaria "La voz que rompe el silencio", inaugurada el mismo 20 de enero. "En un principio pensamos llamarla Radio Copala, pero como queremos que sea un instrumento para llamar a la unidad de todos los hermanos triquis, para superar los conflictos, para comunicarnos entre las comunidades, también las que no son parte del Municipio Autónomo, pues decidimos nombrarla Radio de los Pueblos Triquis", comenta Luís, uno de los jóvenes que integran el pequeño equipo de la radio. Los caminos de la autonomía Lo que plantea el Cabildo de San Juan Copala es una autonomía relativa: exigen del Estado los recursos destinados a los municipios, ya que "las cabeceras mestizas de Putla y Justlahuaca no entregaban los recursos a las comunidades, fue apenas en 2003 que nos enteramos de la existencia del Ramo 33 y el Ramo 28, queremos atraer los recursos porque nos pertenecen…" asevera el Presidente Municipal. No obstante esta disposición, durante todo el año no recibieron ningún tipo de recurso por parte del Estado (lo cual no nos sorprende, viendo cual es la línea federal hacia los procesos organizativos indígenas y el carácter autoritario y represor del gobernador Ulises Ruiz). Así, como en muchos otros lados, también en San Juan Copala la autonomía camina por la organización de la gente y el apoyo de quien se compromete para construir otra sociedad. "Nosotros nos declaramos municipio autónomo para que nos respete el gobierno, que decida el pueblo que necesidades tiene. Anteriormente el gobierno es el que decide que va a hacer en cada comunidad, pero aún así, no nos cumple tampoco. Ahora creemos que se deben hacer consultas en las comunidades y así decidir los proyectos que se realicen, según la iniciativa de la gente; la tarea de las autoridades es hacer cumplir estas decisiones" afirma Ramírez Flores. De esta forma se ha trabajado para formar a la Policía Comunitaria e instalar la Radio de Los Pueblos Triquis, y para consensuar los otros proyectos que se están elaborando. "Después de tres meses de constituirnos Municipio Autónomo, las autoridades fuimos a gestionar apoyo con instituciones no gubernamentales. Firmamos un convenio con la Universidad de la Ciudad de México para facilitar la titulación de nuestros maestros triquis. Con la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco trabajamos para que en este febrero inicie un diplomado para los maestros, se especializarán en la educación en el marco de la autonomía. Y en agosto empezarán las clases de la Preparatoria Intercultural, también con el apoyo de la UAM", documenta el Primer Informe del Gobierno Autónomo, leído en el marco de la celebración. Se está apostando a una nueva educación, "estamos retomando la lengua y la cultura triqui en las escuelas; antes la enseñanza solo era en español", afirma Jorge. "Revalorar la cultura significa también cosas concretas, por ejemplo que en las escuelas no tienen que ir los niños con uniformes compradas, sino con la vestimenta tradicional, y ya no es mucho gasto para los padres…" Poco a poco, los pueblos triquis están trazando su propio camino hacia el ejercicio del derecho a la libre determinación. Las autoridades que eligieron tienen claridad en su responsabilidad: "nuestro trabajo es unir más comunidades para que nos comprendan, ya que nosotros como jóvenes no tenemos que pelear, y no sabemos tampoco. Por esto también hicimos la radio, y espero que en el próximo aniversario del municipio autónomo vengan todas las demás autoridades triquis". Enhorabuena: los objetivos logrados indican que están caminando en la justa dirección

QUE SE ESPERA DE UNA PRESIDENCIA ESPURIA

-HAY ALMENOS 70 PRESOS POLITICOS EN MEXICO: CCIODH

-CALDERON, SIN VERDADERO INTERES EN LOS DERECHOS HUMANOS

-CALDERON SIN "VERDADERO INTERES" PARA PRIORIZAR RESPETO A DH: CCIODH

Hay al menos 70 presos políticos en México: CCIODH La violación grave a los derechos humanos, “política de Estado” Alfredo Méndez Ante los nulos avances en las investigaciones de la matanza de Acteal, de los casos de tortura en Atenco –a dos años de la ocupación policiaca– y de Oaxaca –a dos años de la represión al movimiento popular–, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) concluyó ayer que en México “la situación de los derechos humanos es extremadamente crítica; la magnitud de las vulneraciones y la falta de respuestas concretas convierten al gobierno de Felipe Calderón en plenamente responsable de las mismas”. Como parte de las conclusiones de su sexta visita a México descritas en siete puntos y complementadas con diversas recomendaciones dirigidas a los gobiernos federal, estatales y municipales, esta organización, mayoritariamente europea, consideró que en todo el país persiste la tortura, los conflictos en Chiapas, Oaxaca y Atenco; violencia de género y contra la libertad de expresión de periodistas, así como transgresión de las garantías de pueblos indígenas. En conferencia de prensa, Iñaki García, coordinador de la CCIODH, acompañado de varios representantes del colectivo, dijo que después de las jornadas de trabajo de 10 días por el sur y el sureste del país, donde sostuvieron más de 200 entrevistas individuales y colectivas, tanto con funcionarios como con activistas sociales, pudieron comprobar la existencia de al menos 70 presos políticos o de conciencia que se encuentran detenidos en cárceles estatales y de máxima seguridad. Asimismo, recalcó que la violación “grave” a los derechos humanos en México “se ha convertido en una política de Estado que no implica solamente al sexenio del presidente en turno, sino que afecta también a la institución de justicia y a la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad federales y locales”. Conclusiones y recomendaciones La CCIODH considera en primer lugar que el gobierno calderonista no ha avanzado en las recomendaciones del colectivo internacional realizadas en sus cinco visitas anteriores. En segundo lugar refiere que la tendencia es a que continúen las detenciones arbitrarias a miembros de movimientos sociales; que es habitual la tortura y los malos tratos, y que para justificar las detenciones se falsifican pruebas. Un tercer punto señala que en el actual sexenio se añadió al papel represor de los cuerpos policiacos en contra de espacios sociales de reivindicación, el del Ejército Mexicano. La cuarta conclusión sostiene que persiste la impunidad de los servidores públicos. Además, señala que la reforma de justicia penal calderonista ampliará el margen para endurecer la intervención policial y para fortalecer los márgenes de impunidad institucional. El quinto punto indica que la impunidad se apoya en la existencia de un sistema judicial incapaz e ineficiente. La sexta puntualiza que la exclusión y desigualdad social en el país agudiza el problema de las violaciones a los derechos humanos. Calderón, sin verdadero interés en los derechos humanos: Observadores internacionales josé gil olmos * La situación en México, “extremadamente crítica” México, D.F., 19 de febrero (apro).- La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) recomendó a la Unión Europea (UE) desplegar mecanismos que permitan vigilar el cumplimiento de la “cláusula democrática”, incluida en el Acuerdo Global firmado con el gobierno de Felipe Calderón. Al culminar su sexta visita al país, la ONG internacional reiteró que la situación de los derechos humanos en México es “extremadamente crítica”. Un grupo de observadores de varios países realizó visitas a Oaxaca, Chiapas y Atenco, en el Estado de México, para dar seguimiento a casos de violación de derechos humanos. Concluyeron además que no hay interés del gobierno de Felipe Calderón por resarcir los daños y castigar a las autoridades que han cometido delitos como tortura y desaparición de líderes sociales. La ONG, que realizó 280 entrevistas a 596 personas, sostuvo que “independientemente del ámbito que afecten, la magnitud de las vulneraciones y la falta de respuestas concretas convierten al gobierno de Felipe Calderón en plenamente responsable de las mismas”. Destacó que pudo constatar que persiste el clima de hostigamiento contra las organizaciones sociales y que nuevos presos políticos y de conciencia han sido recluidos en las cárceles. “Más allá de declaraciones, de intenciones y de determinados gestos diplomáticos, la CCIODH no ha detectado en el Ejecutivo federal un verdadero interés en situar el pleno respeto de los derechos humanos como prioridad de su acción de gobierno”. La comisión ejemplificó con el caso de la escritora y periodista Lydia Cacho, a quien la alta comisionada de Naciones Unidas para derechos humanos, Louise Arbour, recomendó salir del país para preservar su seguridad. La CCIODH denunció que, aparte de las policías locales y federales, ahora son los militares quienes juegan un papel más activo en la represión y hostigamiento a los grupos sociales. También manifestó su preocupación por la reforma judicial que empuja el gobierno calderonista, pues sólo alentará la detención de personas o el ejercicio de cateos en domicilios sin una orden del juez. Deploró que después de una década de su primera visita a México, siguen intactas las causas estructurales que están detrás de las graves vulneraciones de los derechos humanos. “Las regiones visitadas presentan todas ellas una situación social grave atravesada por profundas dinámicas de exclusión y de desigualad. Tales dinámicas son especialmente intensas en el caso de las mujeres y de la población indígena y campesina, cuya situación de marginación social, económica, política y cultural dibuja el contexto en el que se reproducen las violaciones de derechos”, señaló la CCIODH. En el caso de Oaxaca, recomendó una presencia permanente tanto del gobierno federal como de la oficina de la alta comisionada de ONU para los derechos humanos. Urgió así mismo a la reparación de daños individuales y colectivos en los casos de Acteal, Chiapas; el municipio mexiquense de Atenco, y finalmente Oaxaca. Calderón, sin “verdadero interés” para priorizar respeto a DH: CCIODH Acudan a organismos internacionales, recomiendan observadores Por Lourdes Godínez Leal México DF, 19 feb 08 (CIMAC).- Ante la impunidad que prevalece en el país y que “continúa siendo la regla y no la excepción”, frente a la violación de derechos humanos y el desinterés de Felipe Calderón por situarlos como prioridad en su agenda de gobierno, la Comisión Civil Internacional de Derechos Humanos (CCIODH) instó hoy a las y los mexicanos a acudir a los mecanismos de impartición de justicia internacionales como una medida para avanzar en la lucha contra la injusticia. Al presentar hoy en conferencia de prensa el informe preliminar de su sexta visita a México, realizada del 1 al 20 de febrero, la CCIODH enfatizó que mientras el Poder Judicial siga siendo incapaz de asegurar su plena independencia del Ejecutivo, la sociedad civil mexicana deberá continuar organizándose para defender los derechos y las libertades fundamentales, así como poner en marcha “todos los organismos de protección internacional de derechos humanos”. “El mantenimiento de la impunidad, elemento común y no corregido hasta la fecha en los casos de Atenco, Oaxaca y Chiapas, no sólo cuestiona la legitimidad de las autoridades, no sólo incrementa la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones sino que se presenta como la principal causa para que los abusos de poder se vayan generalizando”. La CCIODH, cuya visita tenía como propósito comprobar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas al Gobierno mexicano por los casos anteriores, así como documentar nuevos casos de violaciones a derechos humanos, consideró como “extremadamente crítica” la situación de los derechos humanos en México. “Durante el mandato del actual gobierno no se ha avanzado sustancialmente en las recomendaciones que realizamos en visitas anteriores. La CCIODH no ha detectado en el Ejecutivo federal, un verdadero interés en situar el pleno respeto de los derechos humanos como prioridad de su acción de gobierno”, dijo Ignacio García, de la Comisión Internacional. Y evidenció que, durante 2007, prácticas constantes en el país fueron las detenciones arbitrarias a miembros de movimientos sociales; la tortura; los malos tratos; falsificación de pruebas y de culpables y la impunidad, como una forma de reprimir la protesta social, además de las políticas encaminadas a debilitar el tejido social a través de la división de las comunidades indígenas y campesinas. El informe, que consta de siete conclusiones y siete recomendaciones, destaca también en el mismo periodo el hostigamiento contra las organizaciones sociales y la incorporación a las cárceles de nuevos presos políticos y de conciencia. El organismo internacional de derechos humanos enfatizó que existe “una auténtica política de Estado” y los casos de Atenco, Oaxaca y Chiapas (Acteal) ejemplifican “una situación más general caracterizada por un patrón de comportamiento continuado y común a las distintas autoridades”. Y criticó las reformas al sistema penal, ya que “suponen” la legalización de prácticas policiales atentatorias contra derechos y la inclusión permanente de una legislación de excepción, como la posibilidad de realizar cateos sin previa orden del juez, ampliar por periodos largos la incomunicación y la intervención de las comunicaciones. CAUSAS ESTRUCTURALES La CCIODH acusó al Estado mexicano de hacer caso omiso para atender las causas estructurales que están detrás de las graves violaciones a los derechos humanos, porque siguen “intactas”. El problema de raíz, destacó, está en la distribución y control de recursos básicos en unas cuantas manos, así como los alarmantes índices de pobreza y marginación de Chiapas y Oaxaca. Entre otras recomendaciones, la CCIODH consideró necesario que las instituciones de la Unión Europea implementen a la mayor brevedad mecanismos que permitan monitorear el cumplimiento de las exigencias de la cláusula democrática, incluida en el Acuerdo Global con México. Y pidió revisar “a fondo” el sistema de nombramiento y tipo de funciones que deben realizar las comisiones estatales y la Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a fin de conseguir una confianza en su labor, actualmente, “muy desacreditada”. Al referirse a los señalamientos hechos por Human Rights Watch en días pasados a la CNDH, porque ésta limita su impacto al no promover recursos eficaces para reparar las violaciones de los derechos humanos que documenta, la CCIODH dijo que fueron muy “duros”, pero quienes se han visto afectados por la violación a sus derechos humanos, como las personas de Atenco, Oaxaca, Acteal, entre otros, no han visto en la CNDH una postura de apoyo. Durante su estancia en México, la CCIODH sostuvo entrevistas con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, de la Procuraduría General de la República, Relaciones Exteriores y con las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.