viernes, 22 de febrero de 2008

GUERRERO, MEXICO

-LOS FIGUEROA Y ZEFERINO SON CULPABLES POR DESAPARICIONES Y ASESINATOS: TRIBUNAL POPULAR

-VIOLACION DE MUJERES INDIGENAS, MASACRES, DETENCIONES.. NEGRO HISTORIAL DEL EJERCITO EN GUERRERO: TLACHINOLLAN

Los Figueroa y Zeferino son culpables por desapariciones y asesinatos: Tribunal Popular

Los Figueroa y Zeferino son culpables por desapariciones y asesinatos: Tribunal Popular

Aurora Harrison

El Tribunal Popular Nacional determinó este domingo que los ex gobernadores priístas Rubén Figueroa Figueroa y Rubén
Figueroa Alcocer, así como el gobernador perredista Zeferino Torreblanca Galindo, “son responsables de los crímenes por los que
el pueblo los acusa”.
Deploraron “la notoria impunidad” que tienen los señalados en el segundo día de actividades del Juicio Popular Nacional que se
llevó a cabo en el Zócalo de Acapulco, y exigieron que se esclarezcan los casos de asesinatos y desapariciones por las que son
acusados los ex gobernadores y Torreblanca.
Por la tarde, en conferencia de prensa, los representantes de organizaciones sociales que forman el Tribunal Popular Nacional
manifestaron su rechazo a las reformas judiciales aprobadas por los diputados federales, que posibilita a policías catear
propiedad privada sin una orden del juez, ya que “flagela las garantías individuales y los derechos humanos de las personas”, por
eso hicieron un exhorto a la ciudadanía “a seguir evidenciando todos esos agravios que están viviendo los pueblos mexicanos”.
Después de reseñar algunos casos de desapariciones y detenciones arbitrarias en Oaxaca y Guerrero, los integrantes del Tribunal
informaron que decidieron enjuiciar a los tres funcionarios antes señalados, ya que sus acciones han puesto al estado en “uno de
los cinco primeros lugares en violación a los derechos humanos y el primer lugar nacional en desaparición forzada de personas”.
La resolución del juicio –de ocho cuartillas– fue leída por Juan de Dios Hernández Monje, miembro del Colectivo Zapatista y
profesor de la UNAM.
En el documento se precisa que desde que el gobernador Zeferino Torreblanca asumió el poder, empeoró la situación de
violaciones graves a los derechos humanos, así como a las garantías sociales e individuales de los guerrerenses.
Incluso, subraya que “la política del estado” ha causado que la sociedad “se vea criminalizada; esto se evidencia cuando los
familiares de los desaparecidos salen a las calles para exigir castigo a los responsables y presentación con vida de los
desaparecidos y su lucha es reprimida.
En el acta de la cuarta audiencia del Juicio Popular Nacional contra Rubén Fiugueroa Figueroa, Rubén Figueroa Alcocer y Zeferino
Torreblanca Galindo, que se leyó, se da a conocer que hay 650 desaparecidos que fueron víctimas de la guerra sucia de los años
60 a la fecha.
De diciembre de 2006 a enero de 2008 se reportaron en la entidad 107 desapariciones forzadas, 11 secuestros, 390 asesinatos.
Algunas circunstancias comunes son que las víctimas fueron llevadas por hombres con gorras, vestidos de negro o con uniformes
de la policía, con armas largas, en camionetas de lujo y con vidrios polarizados, en los municipios de Acapulco, Chilpancingo,
Atoyac, Zihuatanejo, Iguala y Tecpan.
El Tribunal detalla en el documento que el gobernador Zeferino Torreblanca se ha caracterizado por ejercer “la política de
agresión a los policías independientes” y menciona que dos periodistas han muerto en este periodo: el corresponsal de Televisa,
Amado Ramírez Dillanes, el editor del periódico El Despertar de la Costa Misael Tamayo y la desaparición de Leodegario Aguilera
Lucas, editor de la revista Mundo Político, aunque este caso se dio en el periodo del ex gobernador priísta René Juárez Cisneros.
En el documento también se menciona que el gobierno “ha puesto en marcha megaproyectos de inversión que favorecen a los
dueños del dinero nacionales y extranjeros”, y que van en contra de los ejidos y comunidades, como es el caso del proyecto
hidroeléctrico La Parota, así como se rechaza las golpizas y detenciones contra estudiantes y egresados de la Normal Rural Raúl
Isidro Burgos, de Ayotzinapa.
Y en los casos de las órdenes de aprehensión, mencionó el caso de los indígenas presos de Rincón de Chautla, municipio de
Chilapa, entre ellos Santos Villava, Celso Hernández y Bernardino Luna.

La reforma judicial es una “ley de excepción”

Por la tarde, en conferencia de prensa, Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos
Humanos (Limeddh), Juan de Dios Hernández, así como miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO),
Gilberto Hernández Santiago y Sonia Fuente Villa, rechazaron la reforma judicial, ya que “es una ley de excepción”.
Ramírez López dijo, con relación al juicio, que “lo importante es señalar que no es la expresión de un acto político, se está
invocando y recurriendo a todos los instrumentos jurídicos, del derecho nacional como del internacional, municipal y estatal para
hacer justicia. Vivos se los llevaron y vivos los queremos”.
Agregó que se van a seguir presentando pruebas y nuevas acusaciones para ampliar el interés del juicio popular, para que haya
castigo a los responsables intelectuales y materiales de la guerra sucia en el estado.
Por su parte, Juan de Dios Hernández explicó que se decidió hacer el juicio en Acapulco porque ya se había señalado que en
Guerrero, “hay graves violaciones a los derechos humanos, hay actitudes de los gobernadores, desde el fallecido Rubén Figueroa,
su hijo Rubén Figueroa Alcocer, René Juárez Cisneros y actualmente Zeferino Torreblanca, que están cometiendo atropellos
contra la población”.
Adelantó que la quinta audiencia se llevará a cabo en la Sierra Norte de Puebla, donde también hay “violaciones a los derechos
humanos”, pues dijo que esto ocurre porque en México no se ha perseguido ni castigado a los responsables.
En tanto que Sonia Fuente Villa, integrante de la APPO, declaró que está en contra de la reforma judicial porque se están
“flagelando las garantías constitucionales de los ciudadanos, además están violando los derechos humanos”.
Por ello, Sonia Fuente exhortó “a las diferentes organizaciones sociales del pueblo” a organizarse para dar una lucha de
resistencia ante los atropellos de las autoridades.
En el presidium estuvieron las ex diputadas locales perredistas Rosario Merlín y Adela Román, el asesor jurídico de las viudas de
Aguas Blancas, José Sánchez Sánchez, así como Bernabé Jiménez Ruiz, de la Afadem.
http://www.suracapulco.com.mx/nota1e.php?id_nota=33516
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Violación de mujeres indígenas, masacres, detenciones... Negro historial del Ejército en Guerrero: Tlachinollan

Violación de mujeres indígenas, masacres, detenciones…
Negro historial del Ejército en Guerrero: Tlachinollan

De la redacción

México DF, 20 feb 09 (CIMAC).- Hostigamiento, abusos, maltratos, masacres, detenciones arbitrarias y violaciones sexuales de mujeres indígenas son algunas de las consecuencias que ha traído consigo la militarización en Guerrero, afirmó el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, en el contexto del Día del Ejército Mexicano que el gobierno conmemoró ayer 19 de febrero, desde hace 58 años.

Indicó –de acuerdo con un comunicado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan-- que por ser esta institución la que ha cometido las “más graves violaciones a derechos humanos” contra pueblos y comunidades indígenas, “se hace necesario evaluar el papel que han tenido los militares y las nuevas atribuciones que se le han dado para combatir al narcotráfico”.

Desde los años 70, el Ejército ha tenido una fuerte y constante presencia en La Montaña, Costa Chica y Costa Grande -tres de las siete regiones que integran el estado-, a través de campamentos que instalan en las orillas o entradas principales de las comunidades, y con retenes de revisión que colocan sobre los caminos y carreteras, señaló Barrera Hernández.

La incursión militar en Guerrero se ha caracterizado siempre por su alto grado de violencia, sobre todo contra la población civil. Por ejemplo a finales de los 60, durante el gobierno de Raúl Caballero Aburto, los soldados masacraron a ciudadanos que se solidarizaban con maestros y estudiantes universitarios que peleaban por la autonomía.

Luego en los años 70, con la guerra sucia, el Ejército se dedicó a perseguir, detener y desaparecer a indígenas y campesinos a quienes vinculaban con la guerrilla. En los 90, militares masacraron a indígenas na savi (mixtecos) que se encontraban en una escuela primaria de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres; y en 2002 un grupo de soldados violaron tumultuariamente a dos indígenas de Ayutla de los Libres, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.

A esta historia se suman una serie de acciones hostiles que el Ejército ha asumido contra indígenas que se organizan para defender sus derechos humanos, como es le caso de la indígena, Obtilia Eugenio Manuel, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa de Ayutla de los Libres, quien ha estado recibiendo amenazas de personas vinculadas con el Ejército.

También los pueblos, como tales, sufren represiones, ejemplo de ello es lo ocurrido en el pueblo nahua de Temalacatzingo, municipio de Olinalá, donde el Ejército no sólo instaló retenes e interrogó a vecinos que transitaban por las carreteras, sino que asentó un campamento y bajaron armados a la comunidad. En Juanacatlán municipio de Metlatónoc, uno de los más pobres de México según las Naciones Unidas, también irrumpieron en el mes de agosto y encañonaron a los pobladores cuando pretendían detener a un menor de edad.

Como estos casos se han registrado otros más, en las regiones más pobres de Guerrero: Tan sólo de 1997 al 2001, Tlachinollan documentó 70 casos de violaciones a derechos humanos cometidos por el Ejército en territorios indígenas de Guerrero, no obstante muchos casos han quedado en el silencio y sin justicia.

RECOMENDACIONES DE LA CNDH

Por otra parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió dos recomendaciones al Ejército Mexicano: Una es la recomendación 20/2000 por casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales que cometió contra ciudadanos que fueron señalados como presuntos miembros de grupos armados después de la masacre de El Charco ocurrida el 7 de junio de 1998.

Otra recomendación es la 48/2003 que emitió ese mismo organismo, por el caso de la indígena me´phaa (tlapaneca) de Ayutla de los Libres, Inés Fernández Ortega que fue violada sexualmente por soldados del Ejército en 2002. En ambos casos ha habido impunidad y ninguno de los responsables ha sido castigado.

Barrera Hernández lamentó que la historia oficial no cite estos acontecimientos y criticó que el Comandante de la Novena Región Militar, general Sergio Magaña Mier, haya declarado ante reporteros que el Ejército no viola los derechos humanos y que los soldados entran a los pueblos sólo como parte de las campañas antidrogas.

MÁS MILITARES EN SEXENIOS PANISTAS

Destacó Barrera Hernández que con esta nueva política del control de drogas que se ha implantado en México, “es reprobable que no sólo se estén ampliando las funciones al Ejército para suplir a las corporaciones policíacas”, sino que se incremente también el número de elementos.

Citó que esto es evidente con las mismas cifras que maneja el Gobierno federal cuando da a conocer que de los 19 mil 781 soldados que al principio participaban en las acciones de gobierno del presidente de la República, Vicente Fox, al final se incrementaron a 37 mil 253 militares y 14 mil 14 marinos.

Mencionó que con Felipe Calderón esa importancia al Ejército ha prevalecido, pues para su primer semestre de gobierno ordenó que se incrementara un 20.5 por ciento el número de militares y un 40.7 por ciento los marinos que estaban adscritos a los operativos y programas de “vigilancia” y que explícitamente se incluyera como “propósito” la “prevención y disuasión”.

Barrera Hernández sostuvo que cuando el gobierno conmemora el Día del Ejército, éste “tiene que entender que la política de control de drogas corresponde a las autoridades civiles, pues es preocupante que en este proceso de transición a la democracia en lugar de fortalecer la participación de la sociedad en los asuntos de seguridad pública, así como en la promoción de los derechos humanos, el Ejecutivo Federal esté echando mano del Ejército, para apuntalar su administración y de este modo legitimar un gobierno que surgió en medio de una crisis electoral”.

Agregó que “lo más grave es que en está participación del Ejército en el combate a las drogas no existen mecanismos de control, ni formas eficaces de fiscalización sobre la actuación que tienen las fuerzas armadas cuando entran en acción y ponen en riesgo los derechos humanos de la población”.

08/GG

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OAXACA DE JUAREZ, MAGON Y ZAPATA ,APPO 2011, http://todoelpoderalpueblo.blogspot.com