MAS IMPUNIDAD CON REFORMA JUDICIAL ( LEY GESTAPO )

-APROBAR LA REFORMA JUDICIAL NOS DEJARA EN ESTADO DE INDEFENSION : OLAMENDI

- "ATROZ" LA REFORMA JUDICIAL ADVIERTE LA CNDH(ni se le cree a Soberanes)

Aprobar la reforma judicial nos dejará en estado de indefensión: Olamendi ONG acuden a la CIDH Por Lourdes Godínez Leal México, DF; 21 feb 08 (CIMAC).- Ante la posible aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma al sistema de justicia penal, ONG de derechos humanos enviaron ayer por la tarde a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los relatores de Naciones Unidas información “urgente” en la que se considera que en esta iniciativa prevalecen elementos contrarios a las garantías del debido proceso y el respeto pleno a los derechos humanos en México. En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez informó hoy lo anterior y agrega que esta es la segunda ocasión que se presenta el tema en la CIDH. En octubre del año pasado las organizaciones civiles acudieron a una audiencia temática en la CIDH donde expusieron varias preocupaciones de las ONG, la fundamental fue que se aprobara una iniciativa de reforma en los términos en que se encuentra en la actualidad, ya que contiene puntos como elevar a nivel constitucional las figuras de arraigo y allanamientos sin orden judicial, las cuales con violatorias de los derechos humanos. Al presentar esta información “urgente” las ONG dan seguimiento al tema presentado en octubre pasado ante esta instancia internacional, con estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos (OEA), y hacen un nuevo llamado para que se atiendan las violaciones a los derechos humanos en nuestro país. La discusión en primera lectura de las reformas al Sistema de Justicia Penal se programó para el día de hoy en la Cámara de Diputados, sin embargo su análisis y posible aprobación se pospuso para la sesión de la próxima semana, el martes 26 de febrero. En el comunicado, organizaciones civiles como el Prodh, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos y Abogadas y Abogados para la Justicia hicieron un llamado a las y los legisladores a no limitar las garantías procesales propias de un Estado de derecho democrático, ya reconocidas en los tratados internacionales ratificados por México, “en aras de un siempre incierto combate contra el narcotráfico”. Señala que las ONG han resaltado que las acciones preventivas y de persecución a la delincuencia organizada y el narcotráfico deben darse con pleno respeto a los derechos humanos, por lo que “legalizar” en la Constitución un proceder contrario, sienta las bases para su violación. ESTADO DE INDEFENSIÓN Al respecto, la experta en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Patricia Olamendi Torres, señaló que uno de los principales problemas que enfrenta México es la falta de respeto a los derechos humanos y, de aprobarse la iniciativa de reforma judicial, “quedaremos en un estado de indefensión”. Ya que, enfatizó, esta iniciativa no garantiza la protección de los derechos humanos en nuestro país y da más “poder” a MP y policías que son más corruptos que antes. La ex subsecretaria para temas globales y derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, consideró que antes de “priorizar” esta reforma se tuvo que haber realizado una revisión de las más de las 400 recomendaciones que organismos internacionales han hecho a México en esta materia, específicamente en la actuación de policías, MP y jueces. En su opinión, estamos en el México de los 70 --época que se conoce como la Guerra Sucia contra la guerrilla-- “lo cual me parece gravísimo”, subrayó. Como también lo es la ausencia de las y los legisladores y en particular del Partido de la Revolución Democrática (PRD) quien en su opinión, lejos de votar en contra y sólo oponerse, debieron haber puesto sobre la mesa propuestas serias en materia de derechos humanos. La feminista y experta en violencia de género lamentó que no hay garantía de que con esta reforma, la policía y el MP mejoren porque “los hechos hablan de un sistema de procuración de justicia mucho más corrupto que antes y darle más poder a estas instancias me parece que es un problema muy serio”. Para Olamendi Torres lo más preocupante de la reforma es la ausencia de los derechos humanos y el poder que se aumenta para el aparato de justicia, ya que una vez que tengan éste y teniendo más facultades de intervenir en muchos casos so pretexto de combatir la delincuencia y el crimen organizado y, ante la ausencia también de una definición clara de ambos, colocan a la ciudadanía “en un estado de indefensión”, insistió. La ex funcionaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo un llamado para insistir en que hay más de 400 recomendaciones internacionales que deben tomarse en cuenta, para conocer cómo nos están viendo en el exterior en el tema de justicia. Eso ayudaría, dijo, a pensar y proponer una reforma seria con una visión diferente de la que ha sido consensada entre las y los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN). 08/LGL/CV “Atroz”, la reforma judicial, advierte la CNDH gloria leticia díaz * Defensores de derechos impugnan temas como arraigo y allanamiento México, D.F., 21 de febrero (apro).- Defensores de derechos humanos, oficiales e independientes, reprobaron la reforma judicial que será aprobada por los diputados el próximo martes. El propio José Luis Soberanes, titular de la CNDH, calificó de “atroz” la minuta en temas como el allanamiento y el arraigo. Algunas ONG insistieron en que la propuesta de ley contiene preceptos claramente violatorios de las garantías individuales. Ante integrantes de la Comisión del Distrito Federal en el Senado, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fustigó las figuras del allanamiento y arraigo. En el primero caso, porque se rompe con el principio de “inviolabilidad del domicilio”, y en el segundo porque a un inocente “se le somete a pruebas que a los mismos reclusos”. A ese reclamo se sumó el jurista Juan Velásquez, quien advirtió que México no cuenta con cuerpos policiacos eficaces que garanticen que las modificaciones constitucionales se traduzcan en disminución de los delitos graves. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) señaló que a pesar de que la reforma contiene avances, como la incorporación de un “modelo acusatorio más transparente y garante del derecho al debido proceso”, también incorpora “medidas que generan excepciones injustificables en relación con las personas que son procesadas o sentenciadas bajo el régimen de delincuencia organizada”. En un comunicado, el organismo que encabeza Emilio Álvarez Icaza alertó sobre la gravedad de la “constitucionalización de prácticas que son en sí mismas violatorias de derechos humanos, o bien que pueden serlo en su aplicación”. La CDHDF advirtió que es necesario “acotar en la legislación secundaria cualquier espacio de discrecionalidad que permita interpretaciones autoritarias de las normas reformadas en la Constitución, porque ello sería contrario al espíritu de la reforma, pero principalmente por el potencial de estas medidas para poner en riesgo la dignidad de las personas”. Además manifestó su preocupación por “la capacitación de los operadores que llevarán a los hechos la enmienda constitucional”, ya que la reforma “implica un cambio de actitudes que incide en la forma de apreciar el derecho no sólo a la luz de las normas, sino de los derechos humanos”. Por su parte, el director de Incidencia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), Humberto Guerrero, destacó que la única manera legal de frenar la reforma sería “promover una acción de inconstitucionalidad”. Guerrero aclaró que las instancias facultadas para promover este recurso ante la Suprema Corte, son PGR, una tercera parte del total de diputados o de senadores, así como la CNDH u órganos similares en las entidades. En entrevista, apuntó que “es claro que la PGR no va a recurrir a esa opción; la CNDH, a pesar de que ha expresado su rechazo a la reforma, no se ha distinguido por ir en contra de los lineamientos del gobierno federal; los legisladores, incluidos los del PRD, no se con qué cara irían a la Corte contra un asunto que ellos mismos aprobaron; en cuanto a los organismos públicos de derechos humanos de los estados, sabemos que hay divisiones: algunos están por recurrir a la Suprema Corte y otros en esperar que en las leyes secundarias se pongan los límites”. Después de recordar que durante la elaboración de la reforma “prácticamente se impidió la opinión de organismos de derechos humanos”, Humberto Guerrero advirtió que el proceso de aplicación de los preceptos del modelo acusatorio “es lento y tiene que ver con la aplicación de recursos, pero también con la capacitación de los abogados”. El modelo chileno En Chile, ejemplificó, “se tardaron 20 años para pulir el esquema, por lo que los ocho años que da la misma enmienda constitucional para aplicar el sistema acusatorio serán muy pocos, y mientras es previsible se caiga en viejos vicios o se inventen nuevos”. El también representante ante la mesa de la reforma del Estado en materia de derechos humanos, alertó sobre un aumento “en el trabajo de las organizaciones no gubernamentales, porque al ‘constitucionalizar’ medidas como el arraigo y el allanamiento, no van a proceder los amparos, y los casos de violaciones van a tener que ser llevados ante organismos internacionales”. El jurista Juan Velásquez –defensor de personajes como Raúl Salinas de Gortari y el expresidente Luis Echeverría-- consideró que “el problema no es de leyes: es de ineficiencia y corrupción de las instituciones policiacas”. Aseguró que en países donde se ha combatido esos males se han abatido los ilícitos hasta 75 por ciento. Destacó que reformas como la judicial que se aprobará la semana próxima, se han aplicado en países de primer mundo. “El problema es que no somos del primer mundo ni tenemos policías del primer mundo”. Velásquez advirtió que con esa reforma se retoma la política que permitía a las autoridades policiacas hacer lo que fuera de manera impune, con ello volverán “de nueva cuenta a ser autoritarias”.