FALTA POSTURA DEL EPR PARA REACTIVAR COMISION DE MEDIACION

El Lic. Granados Chapa antes de la Conferencia sobre el caso EPR, en oaxaca en la Plazuela del carmen Alto.
-Sociedad debería impedir la desaparición forzada

-Esperan postura del EPR para reactivar mediación

-Comisión Intermediadora entre el gobierno el EPR retomaría sus tareas: Granados Chapa

Sociedad debería impedir la desaparición forzada * Durante la conferencia “desaparición forzada de personas caso: EPR”, el maestro en periodismo habla de diferentes desapariciones recientes Luis PARRA 24/05/2009, 07:05:41 AM En la plaza del Carmen alto lucía un gran toldo blanco para proteger a las personas del intenso sol de mediodía; la conferencia debía empezar a las 11, pero comenzó a las 12 con una entrevista previa, donde el maestro Miguel Ángel Granados Chapa hablaba con “mis compañeros periodistas” sobre lo que explicaría a detalle durante la conferencia; la realidad de vivir en un país donde personas desaparecen sin justificación y, lo que es peor, aseguró, por acciones cometidas por el propio Estado. Durante su ponencia, el destacado periodista especificó diferentes casos de desaparición de personas recientes en México, de los que, dijo, “es una atrocidad que multiplica a las víctimas: no sólo los desaparecidos sufren, sino sus familiares durante la búsqueda, por la tensión por la que atraviesan; no son sólo castigados los desaparecidos, sino su entorno. En su participación, Granados Chapa comparó a México con los países sudamericanos durante el tiempo de la dictadura, donde aseguró se vivieron dictaduras militares muy severas donde se despojó de su libertad a muchas personas. Habló en específico del caso de Argentina donde fueron asesinadas o desaparecidas 30 mil personas entre 1976 y 1983, por un gobierno militar. En México, dijo, se tienen otras características en un sistema político regido por la simulación y la hipocresía, y remarcó que si bien no es numéricamente igual el caso de México, comparado con el del país sudamericano, sí lo es cualitativamente, puesto que durante la guerra sucia librada en los años setentas, el gobierno recurrió a instancias criminales para eliminar a sus adversarios políticos. “El gobierno tiene que regirse por la ley, someter a juicio y averiguaciones previas a quienes participen en movimientos armados, según el marco jurídico”, aseguró. Posteriormente, aseveró que al participar en la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas, el cual México firmó junto con varios países de América, la nación está obligada por ley a no practicar este crimen y a castigar a quien lo haga, “es una conducta criminal que ofende a la humanidad entera, es por esto que se le conoce como un crimen de lesa humanidad, puesto que lesiona al valor de defender la humanidad”, puntualizó. Afirmó que tanto el gobierno federal como el estatal y el municipal han actuado con aquiescencia, que es el término legal para actuar en consentimiento con la autoridad, y aseguró que esa negligencia no sólo es de carácter político y jurídico, sino político, puesto que en el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) existen evidencias de que fueron policías municipales y estatales, los que participaron en la detención de los desaparecidos y según se comprobó en un informe del ejército, estos fueron entregados al mismo. Sin embargo dijo, que la Secretaría de la Defensa Nacional se negó a dar entrevistas a la CNDH puesto que afirmó contrario a lo que marca la ley que no tiene la obligación de responder a este órgano. Luego detalló que más allá de la CNDH, que no tiene atribución legal más que para emitir recomendaciones, el gobierno ha actuado de dos formas las cuales dijo no saber cuál era peor, si fingir como lo hizo la administración federal aceptando esas recomendaciones y no haciendo nada al respecto o negarse a aceptar las recomendaciones como lo hizo el gobierno estatal. Reafirmó que el EPR actuó conforme a su lógica, con la decisión de combatir al Estado mexicano, al destruir con explosiones en Guanajuato, Querétaro y Veracruz, la tubería de PEMEX, ocasionando un grave daño y falta de suministro, y explicó que tomaron como estrategia complementaria crear una Comisión de Mediación para trabajar para la presentación con vida de los desaparecidos, en mayo desde hace dos años, la cual fue disuelta el 21 de abril pasado ante la falta de voluntad de las autoridades. Después habló de numerosos casos de desaparición forzada en México, como sucedió en Monterrey, donde en el 10 de mayo del 2007 un camarógrafo y un reportero de TV Azteca desaparecieron sin dejar rastro, y donde dijo, ni siquiera la televisora ha denunciado públicamente el caso, mientras que continúan desparecidos. Lo mismo en el caso del 14 de mayo en Torreón cuándo el dirigente de la unidad anti-secuestros, de la Procuraduría del estado de Coahuila, desapareció y aunque su esposa habló con la Presidencia de la República y solicitó su ayuda para encontrarlo, sigue desparecido sin que se conozca su paradero. También habló de los desaparecidos de la sección 49 del sindicato petrolero, también en Monterrey donde 38 personas, incluyendo a su líder desaparecieron entre el 16 y 17 de mayo, mientras que la sociedad continúa indiferente al caso. Lo mismo que en el 2 de febrero cuando dos defensores de Derechos Humanos desaparecieron en Ayutla, en la mixteca guerrerense, para una semana después aparecer muertos. Impunidad con uniforme El maestro Granados Chapa habló de la desaparición en Nuevo Laredo de tres jóvenes, por una guarnición del ejército en el año 2008, luego de unas semanas se encontró el cadáver de los jóvenes, y fueron detenidos un mando militar, es decir un teniente coronel, tres oficiales y ocho soldados para un total de 12 miembros del ejército, para ser juzgados por un juez militar, aun cuando las personas eran civiles. Remarcó a su vez que la justicia militar no funciona y citó a la investigación que hizo la asociación civil Human Rights Watch, que fue titulada “impunidad con uniforme”, en la cual se detalla que de 17 casos de delitos cometidos en nuestro país entre 1964 y 2008, de los cuales once se dieron sólo entre 2007 y 2008 –la actual administración- sólo se aplicó el castigo en un caso, y esto por que fue un juez civil quien dictaminó la sentencia. Por estos motivos, llamó a la sociedad a no permanecer indiferente ante estos casos, puesto que, aseguró, “nos puede pasar a cualquiera de nosotros”. En la conferencia también participaron los familiares de los desaparecidos, Nadín Reyes Maldonado, hija de uno de los desaparecidos, así como Margarita Cruz Sánchez, quienes durante su ponencia dijeron que la sociedad no podía mantenerse indiferente sin hacer nada ante la situación de la desaparición forzada de personas. También participó Israel Ochoa Lara, quien dijo que el asunto de las desapariciones no es nuevo en el estado, y dio una lista detallada desde pintores, periodistas y profesores así como indígenas triquis, quienes fueron desparecieron en Oaxaca, y posteriormente fueron liberados. Este hecho sucedió luego del ataque que perpetrara el EPR en Huatulco en 1996, donde murieron integrantes del ejército y policías, y desde entonces, aseguró, ha habido mucha represión en la zona de Loxicha. Granados Chapa critica negligencia oficial Esperan postura del EPR para reactivar mediación Octavio Vélez Ascencio Corresponsal Oaxaca, Oax., 23 de mayo. La comisión de mediación que seguía el caso de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, ocurrida hace dos años en Oaxaca, espera la respuesta del Ejército Popular Revolucionario (EPR), que reclama a esos militantes suyos, para decidir si acepta la invitación de la Secretaría de Gobernación (SG) para reintegrarse nuevamente en la mesa de diálogo, informó el periodista Miguel Ángel Granados Chapa. En declaraciones a la prensa, antes de dictar la conferencia magistral La desaparición forzada en México: caso EPR, el ganador de la medalla Belisario Domínguez 2008 consideró que el grupo armado emitirá un comunicado una vez terminada la consulta a sus bases, y si solicita que la comisión continúe actuando, el grupo sería restablecido. Pero la reintegración de la comisión, subrayó, no tendría caso si sigue existiendo desidia y negligencia en la SG y la Procuraduría General de la República. La comisión nunca fue recibida por (el ex secretario de Gobernación, Juan Camilo) Mouriño, cuando debió ocuparse del asunto por su importancia, y el actual secretario, Fernando Gómez Mont, sólo nos recibió durante cinco minutos en febrero pasado, apuntó. Agregó: es tal la descomposición y la impunidad en el país que se han multiplicado las desapariciones forzadas en todo el territorio mexicano. Éstas ocurren porque el Estado mexicano carece de poder para impedirlo. Refirió que en México están creciendo las tentaciones autoritarias al criminalizar la protesta social y solapar la guerra sucia contra los opositores al régimen. Comisión Intermediadora entre el gobierno el EPR retomaría sus tareas: Granados Chapa El periodista considera electoralmente beneficioso para el PAN si el gobierno reconociera que las autoridades participaron en la desaparición de los dos militantes del EPR, hecho que cumple dos años el 25 de mayo. Oaxaca, Méx.- La Comisión de Intermediación entre el gobierno federal y el Ejército Popular Revolucionario (EPR) que desde hace casi dos años exige la aparición con vida de sus militantes Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, podría retomar sus tareas a petición de ambas partes, señaló el ex miembro de la misma, Miguel Ángel Granados Chapa. Esto al impartir en Oaxaca la conferencia magistral “Desaparición Forzada en México. Caso EPR”, donde estuvo acompañado de la hija de uno de los desaparecidos, Nadín Reyes Maldonado y de la hermana de otro de ellos, Margarita Cruz Sánchez, así como del abogado defensor de derechos humanos, Israel Ochoa Lara. El reconocido periodista refirió que la Comisión de Intermediación integrada por otros destacados intelectuales y defensores de derechos humanos como Rosario Ibarra de Piedra y el escritor Carlos Montemayor, fue nombrada en mayo del 2008 y disuelta el pasado 29 de abril debido a que no se lograron avances en la exigencia de que los eperristas fueran presentados con vida. Y en este sentido, destacó que de retomarse los trabajos de la Comisión de Intermediación, como lo ha pedido la misma Secretaría de Gobernación (SEGOB) y que hay una petición semejante del grupo guerrillero, se continuará insistiendo en que el estado reconozca la participación de autoridades de los tres niveles en la desaparición forzada de ambas personas. “Electoralmente sería beneficioso para el Partido Acción Nacional (PAN) si el gobierno reconociera que las autoridades participaron en la desaparición de los dos militantes del EPR, el gobierno tiene la oportunidad de reconocer la desaparición y ganar puntos en el proceso electoral, la coyuntura sería favorable, es imposible e insostenible que el gobierno continúe negándose a admitir que autoridades de los tres niveles tuvieron que ver con la desaparición”, dijo. También consideró que existen las mismas posibilidades de que los eperristas luego de dos años continúen con vida o hayan sido ejecutados extrajudicialmente, pero es necesario que el estado reconozca su responsabilidad para castigar a las autoridades involucradas por el delito de desaparición forzada que al considerarse un delito de lesa humanidad no prescribe y es más grave que el homicidio. Y consideró que existen indicios que evidencia la participación del estado en la desaparición de los eperristas, como fue la detención de los mismos el 24 de mayo por elementos de policías estatales y municipales, entregados luego a elementos del Ejército Mexicano siendo desaparecidos al siguiente día, aunque no se ha establecido con certidumbre. Destacó que los casos de ejecuciones de jefes policíacos, como el caso del comandante Alejandro Barrita Ortiz (entonces director de la Policía Auxiliar Bancaria y Comercial) y Aristeo López Martínez (entonces coordinador de la policía capitalina), refuerza la hipótesis de que los agentes estatales tuvieron que ver al menos con la detención de los eperristas. Granados Chapa condenó que el actual gobierno aplique las tácticas de la guerra sucia de los años 60’s y ofrezca una reacción armada contra grupos que han decidido tomar las armas porque consideran que se han agotado las vías institucionales para las transformaciones sociales, en lugar de que el estado diera un castigo conforme a la ley, ya que de ser detenidos y juzgados conforme a derecho podrían gozar de recursos como el amparo, pero en la desaparición forzada se niega esa posibilidad, así como el gobierno niega su participación, lo que es todavía más grave. Ante esta situación denunciada en junio por el EPR, Granados Chapa refirió las acciones militares a las que recurrió el grupo guerrillero por la desaparición de sus militantes, como las explosiones en instalaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en julio y septiembre del año pasado, en Guanajuato, Querétaro y Veracruz.