Desalojo en la mina de Trinidad de Cuzcatlan en San Jose del Progreso el dia de ayer
-Liberan bajo fianza a 14 manifestantes en Oaxaca
-Recomienda magisterio al gobierno evitar otro 2006
-Aseguran organizaciones sociales sobre posibles millonarias ganancias en mina
Ulises Ruiz apoya a la minera canadiense Liberan bajo fianza a 14 manifestantes en Oaxaca Octavio Vélez Ascencio Corresponsal Oaxaca, Oax., 7 de mayo. Catorce pobladores de San José del Progreso y Magdalena Ocotlán, detenidos el miércoles por agentes de las policías Federal y Estatal Preventiva que desalojaron un bloqueo en un yacimiento propiedad de la Compañía Minera Cuzcatlán –subsidiaria de la trasnacional canadiense Fortuna Silver Mines— fueron liberados bajo caución. El gobernador Ulises Ruiz dijo que su administración respaldará a las empresas que cumplan la normatividad ambiental, La excarcelación se logró en una mesa de negociación en la cual participaron el secretario general de Gobierno, Jorge Toledo Luis, representantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de los inconformes con la explotación del yacimiento, quienes consideran que la actividad minera contamina mantos freáticos y ríos. Otros nueve manifestantes permanecen en prisión, acusados de ataques a las vías de comunicación, resistencia de particulares, lesiones y despojo, informó el secretario general de la sección 22 del SNTE, Azael Santiago Chepi. El director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Gustavo García Bautista, explicó que los 14 activistas –afiliados a la Coordinadora en Defensa de los Recursos Naturales y Nuestra Madre Tierra del Valle de Ocotlán, y al Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codep), que forma parte de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca– fueron liberados luego de pagar una caución de 4 mil pesos cada uno. Azael Santiago expuso que Gustavo García se comprometió a liberar a cinco manifestantes más. Los otros cuatro inconformes fueron consignados al juzgado mixto de primera instancia, con sede en Ocotlán de Morelos, acusados de lesiones, despojo y ataques a las vías de comunicación, y no alcanzan fianza. Claudia Tapia, de la Comisión Política del Codep, dijo que Apolinar García Vásquez, quien fue reportado como desaparecido, y Agustín Ríos Cruz, quien se recupera en un lugar no precisado de los golpes que recibió de los policías, también tienen órdenes de arresto. Recomienda magisterio al gobierno evitar otro 2006 La postura es concreta: repudia la agresión y no quiere más represión ni que se esté golpeando a las organizaciones sociales y a los pueblos (10:09 h) El Colectivo de Organizaciones en Defensa del Territorio alertó que el proyecto de explotación de la mina de San José del Progreso del Distrito de Ocotlán de Morelos abarca más de 40 mil hectáreas y según datos obtenidos, se pretende obtener tan sólo en plata cerca de 50 millones de onzas, que equivalen a más de 12 mil millones de pesos. Este Colectivo está integrado por Servicios para una Educación Alternativa AC (EDUCA), Unión de Organizaciones de la Sierra de Juárez de Oaxaca SC (UNOSJO), Servicio del Pueblo Mixe AC (SER), Parroquia de San Pedro Apostol, Ocotlán, Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto AC. De igual manera por el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales AC (ProDESC), Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño AC (Barca), Centro de Derechos Humanos Ñu´u Ji Kandii AC, Tequio Jurídico AC, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC (Prodh), entre otras organizaciones. Al respaldar la lucha de habitantes de esta comunidad y que ayer fueron objeto de un operativo policial, el Colectivo exige se frene el proyecto de exploración y explotación minera de oro y plata de la “Compañía Minera Cuzcatlán”, una empresa subsidiaria de la compañía canadiense “Fortuna Silver Mines ltd.”. Agrega que a los pueblos no se les puede despojar ni desconocer sus legítimos derechos de propiedad ni tampoco permitir que las empresas trasnacionales continúen con su actitud. En este sentido, el Colectivo se pronunció en contra de las modificaciones y cambios a la legislación mexicana que desde hace más de una década han abierto el camino para que las empresas trasnacionales “aplasten brutalmente a las comunidades, en donde la minería extractiva es uno de los ejemplos más crueles”. Entre sus demandas están que se garantice la paz y la tranquilidad de las comunidades de la región del Valle de Ocotlán afectados por la minera además que los gobiernos resuelvan los problemas ocasionados por la minería a través del diálogo y el respeto a los derechos humanos y el derecho de los pueblos Indígenas. |
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