miércoles, 6 de mayo de 2009

PROCESO PORCINO A LOS INTEGRANTES DE LA OTRA CAMPAÑA

Abogado de indígenas consignados en el penal El Amate denuncia 'falta de ética' en el caso

Hermann Bellinghausen
Publicado: 06/05/2009 10:26

Tuxtla Gutiérrez, Chis. La defensa de los ocho indígenas de la Otra Campaña de San Sebastián Bachajón y de la región autónoma zapatista San José en Rebeldía acusó de “conductas ilícitas, que contravienen la buena impartición y administración de justicia” a funcionarios judiciales en la capital del estado.

En un documento presentado esta mañana, destaca “la falta de ética y profesionalismo” de diversos funcionarios estatales, “al evadir sus funciones de guardia y encargados de despacho para atender con dedicación asuntos de término, minimizando y menospreciando la labor de la defensa y la privación de libertad” de los campesinos tzeltales.

Ricardo Lagunes Gasca, acreditado para la defensa de los indígenas aprehendidos entre el 13 y el 17 de abril en los municipio de Ocosingo y Chilón, exhibidos sin pruebas como delincuentes, luego arraigados en Chiapa de Corzo y ahora consignados en el penal El Amate de Cintalapa, presentó esta mañana el escrito ante Juan Gabriel Coutiño Gómez, presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.

Es deleznable que el titular del Juzgado Segundo Penal, Carlos Alberto Bello Avendaño, no esté desempeñando sus funciones” ya que este martes se encontraba ausente, al igual que la secretaria del juzgado Fabiola del Rosario Díaz García, “dejando como responsables a funcionarios que manifiestan no tener ni capacidad ni facultades para tomar decisiones y dar atención” a las solicitudes del defensor, miembro del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y de sus representados, “inculpados injustamente”.

Los funcionarios que han retrasado o impedido la defensa de los indígenas, incluyendo la exhibición de documentos claves para iniciar el proceso, cuyo plazo vence en dos días solamente, son Hugo Martín Hernández, secretario del juzgado, y Lluvia Yazmín Sanchez Toledo, actuaria judicial, además del mencionado juez Bello Avendaño y la secretaria Díaz García.

Se trata, concluye la defensa, de “una clara obstrucción” que “vulnera la garantía de juicio justo, adecuada defensa y debido proceso legal” para los indígenas.


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