IMPUNES ABUSOS MILITARES EN GUERRERO Y RESTO DE MEXICO

Impunes, abusos del Ejército contra indígenas y luchadores de Guerrero, condena HRW Sugiere el organismo reformas legales que permitan enjuiciar a militares por la vía civil La Jornada de Guerrero CITLAL GILES SANCHEZ La organización internacional Human Rights Watch (HRW) en su informe que presentó a finales de abril sobre la impunidad en la que se desenvuelven los integrantes del Ejército mexicano, retomó 17 casos de abusos militares, entre ellos la desaparición forzada de Rosendo Radilla, el encarcelamiento y tortura de los ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, así como la violación sexual que sufrieron las indígenas me’phaa Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, donde critica que en ninguno de los hechos denunciados se ha logrado sancionar a los efectivos. En su informe Impunidad uniformada, la ONG reprochó que las investigaciones sobre “violaciones graves” de derechos humanos que han cometido los militares contra civiles en los últimos años, no concluyen con sanciones hacia estos, porque dichos delitos son investigados por un Ministerio Público (MP) militar. El documento consta de 91 páginas donde se relata cada uno de los 17 casos de abusos y violaciones a los derechos humanos, como desaparición forzada, tortura, encarcelamiento y hasta abusos sexuales contra indígenas. Retoma cuatro ejemplos de Guerrero: la desaparición en 1974 de Rosendo Radilla durante la guerra sucia, quien fue obligado por militares a bajarse de un autobús en el que viajaba. De acuerdo con testigos –dice el informe–, Rosendo fue visto por última vez en las instalaciones militares de Atoyac en 1974, donde “los soldados le vendaron los ojos, le ataron las manos, lo torturaron y lo amenazaron con que lo arrojarían al agua como comida para los pescados”. Luego de 10 años, el gobierno reconoció la desaparición de Rosendo Radilla y aunque el expediente se envió a la Comisión Nacional de Derechos Humano (CNDH), que reconoció graves violaciones a los derechos del guerrerense, y a pesar de que se conformó la Fiscalía especial para investigar los crímenes de la guerra sucia, “hasta el informe de la Comisión, no se habían realizado investigaciones penales serias, a pesar de los reiterados pedidos de la familia Radilla ante distintas autoridades”. Situación similar es la que enfrentaron los líderes ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, quienes fueron detenidos por militares que hacían una redada en la comunidad de Pizotla, a unas horas de la sierra de Guerrero. A los ecologistas los torturaron para que se inculparan por los delitos de posesión de drogas y armas y, “según alegaron, las torturas incluyeron golpes, descargas eléctricas, jalar sus testículos y encandilarlos con una luz en los ojos”. Aun cuando las pruebas de tortura documentadas por Physicians for Human Rights Denmark, “el juez optó por basarse en las conclusiones iniciales del MP, el cual informó que no se habían encontrado signos de abuso físico reciente”. En 1999, el caso pasó a manos de la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), pero ésta cerró la investigación y archivó el caso en noviembre de 2001, con el argumento de que no se encontraron pruebas de que Montiel y Cabrera hubieran sido detenidos en forma arbitraria, privados ilegalmente de su libertad durante dos días y torturados. De igual forma se documentaron las denuncias por violación en agravio de las indígenas me’phaa Inés Fernández y Valentina Rosendo por elementos del Ejército. En el caso de Inés, el agente ministerial argumentó que no podía investigar el ultraje, porque los acusados eran soldados y remitió el caso al MP militar. También ahí rechazaron su solicitud, por lo que la víctima tramitó un amparo, el cual igualmente fue rechazado por el juez y por último cuatro años después la PGJM cerró el caso debido a que, aseguró, no había pruebas de que los militares eran responsables de violación. Ese mismo año, Valentina Rosendo también fue violada por los soldados y al igual que en el caso de Inés, el expediente se turnó al MP militar, donde tuvo el mismo fin, pues en 2004, la PGJM lo dio por cerrado debido a que no se encontraron pruebas en contra. Actualmente, estos cuatro acontecimientos documentados en Guerrero siguen abiertos, pero en instancias internacionales, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al menos en el de Inés Fernández está próximo a darse a conocer algunas resoluciones. Finalmente HRW destacó que mientras la jurisdicción castrense atraiga las denuncias por abusos militares, no habrá condenas penales contra estos. Recomendó modificar el artículo 57, fracción 2 del Código de Justicia Militar para que establezca que al menos las acusaciones por presuntas violaciones graves de derechos humanos perpetradas por las fuerzas armadas contra la población civil, incluidas desapariciones forzadas, torturas, asesinatos, detenciones arbitrarias y violaciones sexuales, no sean juzgadas por el sistema de justicia castrense, deben ser remitidos a los agentes del MP locales o federales así como instruir a las autoridades del Ejército que cooperen en la investigación y el juzgamiento de los abusos.