CHIAPAS: 15 AÑOS DE DEMAGOGIA

15 años de demagogia domingo, 04 de enero de 2009 Una década y media se cumplió ya del alzamiento indígena en Chiapas. Desde distintos ámbitos, voces y frentes, la evaluación respecto de la actitud del Estado mexicano ante las demandas de los zapatistas es desfavorable para el gobierno de Felipe Calderón. En el acto conmemorativo de los 15 años del levantamiento del EZLN, efectuado entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, fue el comandante David, con la ausencia del subcomandante Marcos, quien rechazó las "limosnas" de los gobiernos locales y federal y advirtió que la resistencia sigue. ¿Qué es hoy de los indígenas en nombre de quienes medio mundo hablaba? Estudios y testimonios, así como un recorrido de Proceso por regiones de los Altos, permiten confirmar un hecho: que estos mexicanos siguen viviendo en alarmantes condiciones de miseria y marginación. ISAÍN MANDUJANO REGIÓN DE PATWITZ, SAN JUAN CANCUC, Chis., 3 de enero (proceso).-A 15 años de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se levantó en armas, la demanda de que se atiendan las condiciones de miseria y marginación de las comunidades indígenas de Chiapas no ha sido solventada, pese a las versiones oficiales de que para ello se han invertido cifras millonarias. Líderes sociales, investigadores académicos e inclusive funcionarios estatales y municipales así lo han testimoniado y, en un recorrido de Proceso por al menos 12 parajes ubicados en esta región de uno de los 28 municipios más pobres de Chiapas, se confirmó que la demanda de servicios básicos de salud -uno de los principales signos de marginación- no ha sido cubierta. En Chancolom -donde el año pasado hubo una serie de muertes de niños por un brote epidemiológico de tos ferina- y en las comunidades de La Palma, Oniltic, Iwiltic, Tzemen, Bajelchan, Yocwitz, El Rosario, Tzajalucum, Ashultic, Jucmil y Te'mach, unos 10 mil hombres, mujeres y niños tzeltales viven permanentemente en riesgo de morir por enfermedades curables. Hace un año las muertes de niños por una epidemia de tos ferina azotó al menos a siete de esas comunidades, en tanto que los zapatistas, empeñados en que se atendieran estos y otros males, se toparon con un gobierno que pretendió ocultar el problema y opacar la denuncia pública. En Chancolom, donde opera la Micro Clínica Zapatista Santa María, un reducido grupo de indígenas que se mantienen en rebeldía acuden a recibir ayuda, pero el resto de los moradores de los parajes tienen que caminar largas jornadas entre cerros y senderos pedregosos para obtener la precaria atención médica que se otorga. Así mismo, los miembros de la comunidad El Rosario, los más alejados de la cabecera municipal de San Juan Cancuc, deben caminar hasta dos horas y media para ver a un médico, y cuando llegan a veces éste no se encuentra, como ocurrió el pasado viernes 19 de diciembre. Alrededor de las 14 horas, el doctor Rodolfo Barrientos, responsable de la Unidad Médica Rural del IMSS, había cerrado su centro de trabajo y nadie lo vería sino hasta el lunes 21 después de mediodía. Mientras tanto, a las puertas de ese lugar, una mujer indígena tzeltal permanecía con su hijo de seis años llorando en sus brazos. Desconsolada, no sabía a dónde acudir sin dinero. Estas son escenas que se repiten cotidianamente, dicen los regidores indígenas Domingo Gómez Cruz, Juan Velasco López y Juan López García, quienes atienden al reportero en ausencia del alcalde perredista Cirio Vázquez Cruz, primer alcalde no priista del lugar. El municipio de San Juan Cancuc tiene 36 parajes o pequeñas comunidades donde conviven los más de 28 mil habitantes de la demarcación. Para toda esa población solo hay cinco doctores, que atienden entre semana en los cinco centros de salud ubicados en Yaschen, Chiloljá, El Pozo, Nichteel y Chacteé. "Pero de qué sirve que haya médicos si no hay medicinas", dice Domingo Gómez Cruz, tercer regidor del ayuntamiento, quien señala que cada mes mueren de cuatro a cinco personas por enfermedades que se podrían prevenir. "Luego somos tan pobres en este lugar, que vienen a pedirnos ayuda para enterrar a sus muertos o para traerlos desde donde hayan fallecido", agrega. En este lugar, donde los indígenas siembran café que los coyotes les compran regateando hasta ofrecer 19 pesos por kilogramo, también se cultiva maíz y frijol para el autoconsumo, pero no les alcanza porque muchos comuneros sólo disponen de una hectárea para sembrar y tienen hasta seis u ocho hijos. Si se toma en cuenta que un jornalero indígena cancuquero gana 25 pesos diarios -menos de la mitad de los 51.95 pesos que dictaminó la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para este 2009 en la región C, que abarca Chiapas-, se comprende por qué muchos tienen que emigrar. Por eso el viernes 19, cuando Proceso visitó San Juan Cancuc, un camión de turismo estaba apostado en el centro del poblado esperando juntar al menos 30 campesinos aspirantes a emplearse como jornaleros migrantes en los campos de melón, sandía, fresa, uva, calabaza y tomate de Sonora. La mayoría de los que llegaban con maletas y papeles en mano eran jóvenes que no rebasaban los 20 años de edad. El próximo año, San Juan Cancuc cumplirá 20 años de haberse convertido en un municipio más de Chiapas. El presidente Carlos Salinas, acompañado del entonces gobernador de Chiapas, Patrocinio González Garrido, llegó a dejarles la carta de decreto correspondiente, en un evento multitudinario en que toda la población se volcó a la cabecera municipal. Desprenderse del municipio de Ocosingo trajo a los cancuqueros la esperanza de que podrían salir de la miseria siendo ya un municipio libre y autónomo. Sin embargo, esto no fue como esperaban y, peor aún, al menos de 1989 a 1994 permanecieron olvidados por las autoridades estatales y federales. No fue sino a raíz del alzamiento armado del EZLN que empezó a llegar la ayuda gubernamental, pero no ya con el fin de apoyar a la población, sino en medio de una campaña del Ejército Mexicano para contrarrestar la simpatía que empezaban a despertar en comunidades no zapatistas las demandas que enarboló el grupo armado. Esto explica que, si bien San Juan Cancuc tiene ya una carretera pavimentada y escuelas de educación básica, la asignatura de la salud sigue pendiente y por ello se mantiene catalogado como uno de los municipios con "muy alto" grado de marginación. Males como oncocercosis, tracoma, leishmaniasis y enfermedad de Chagas, aunque ya son raras en el país, en este municipio de los Altos y el Norte de Chiapas, donde el agua escasea y se raciona en cada temporada de sequía, son frecuentes. Situación alarmante Tras un diagnóstico que se hizo en 2007, el entonces secretario de Salud de la entidad, José Luis Castellanos Coutiño, se dijo alarmado por la gravedad de los problemas de salud de Chiapas. Chiapas tiene, dijo, las tasas más altas del país en mortalidad infantil y por cáncer cervicouterino, además de que presenta el primer lugar en enfermedades diarréicas y una de las más bajas coberturas de vacunación para evitar enfermedades que se pudieran prevenir con una dosis. Aún más, Castellanos Coutiño se refirió a las enfermedades que son "la vergüenza en pleno siglo XXI": el tracoma sólo existe en Chiapas, y más del 90% de los casos de leishmaniasis visceral que brotan en el territorio nacional se registran en el estado. "Es factible la eliminación de la oncocercosis, el tracoma y la leishmaniasis visceral si se implementan estrategias para lograrlo durante el presente sexenio", había advertido Castellanos Coutiño, pero por cuestiones políticas su cabeza rodó de la titularidad de la Secretaría de Salud estatal antes de que pudiera desplegar su plan de trabajo. No obstante, su visión no era aislada. Bajo el auspicio del organismo no gubernamental internacional Médicos por los Derechos Humanos (PHR, por sus siglas en inglés), Marcos Arana Cedeño, director del Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos-Defensoría del Derecho a la Salud (CCESC-DDS), y Héctor Javier Sánchez, miembro del Colegio de la Frontera Sur, encabezaron un trabajo de investigación sobre la salud en Chiapas. Les llevó varios años, pero fue más específico porque se concentró en observar la situación de la salud en la zona del conflicto armado de Chiapas. Editado en 2006, el informe titulado Pueblos excluidos, comunidades erosionadas reveló una de las peores facetas de las condiciones de vida registradas desde el levantamiento armado zapatista. Para ello aplicaron encuestas en unas 2 mil 997 viviendas de 46 localidades de las zonas Altos, Selva y Norte del estado. Encontraron, por ejemplo, que en esta región de la zona de conflicto el 23% de los niños no cuentan con el esquema completo de vacunación, cuando la cifra oficial reduce esa carencia al 5%. Así mismo, se observó una de las tasas más altas de desnutrición que existen en el país, lo que coloca a la región en el mismo nivel que los países con bajo desarrollo humano, en tanto que el índice de mortalidad materna -siete veces superior al calculado por los servicios públicos de salud gubernamental para esa área- no sólo debe interpretarse como un indicador de la inadecuada organización y funcionamiento de los servicios de salud en la zona, sino como un indicador de las condiciones de marginación de la mujer. Durante la investigación encontraron "altísimos índices de desnutrición infantil, tuberculosis pulmonar y mortalidad materna, condiciones de vida inadecuadas, falta de acceso a agua potable, a saneamiento básico y significativas barreras de acceso a la salud". Según el informe, las dimensiones de exclusión que enfrentan los habitantes de la zona de conflicto de Chiapas se repiten en todos los pueblos indígenas de México, y sus condiciones sociales de vida y sus carencias en servicios de salud "reflejan el desafío de establecer una verdadera democracia en todo el país". Demandas vigentes Previamente, El Colegio de México había divulgado otros inquietantes datos en un informe elaborado para el gobierno de Pablo Salazar en 2003. Los investigadores Fernando Cortés, Israel Banegas, Tabaré Fernández y Minor Mora echaron por tierra las versiones de los gobiernos federales en el sentido de que, a partir de 2004, se habían hecho millonarias inversiones para el desarrollo social. En su documento Perfiles de la pobreza en Chiapas, revelaron la grave marginación en que sobreviven muchas comunidades indígenas. En unas 225 páginas recabaron los datos del escenario chiapaneco y concluyeron: "La intensidad de la pobreza, es decir, su gravedad, también es bastante más acentuada en Chiapas que en el país. La incidencia y la intensidad de la pobreza en Chiapas se refuerzan mutuamente dibujando un triste paisaje. El estudio demostró que hay proporcionalmente más chiapanecos pobres que pobres en el país, y que, además, la pobreza que viven es mucho más recia que la que vive el resto de los mexicanos..." Líderes indígenas que se forjaron a partir del alzamiento armado del EZLN y otros dirigentes sociales que habían iniciado su lucha antes de 1994 señalan que, a 15 años de la irrupción del grupo armado, las demandas siguen vigentes. Agregan que, si bien se avanzó en la apertura de caminos y carreteras pavimentadas en la región de la zona del conflicto y sus alrededores, esto no fue para sacar de la pobreza a los indígenas, sino que respondió a una estrategia militar para mantener mejor control de la región. Patricia Sánchez López, una mujer indígena de Teopisca y connotada lideresa de una organización social cuyo arrojo le ha ganado respeto hasta entre los más acendrados machistas de su pueblo, comenta que el dinero que el gobierno dice haber invertido en los últimos 15 años de poco ha servido a los pueblos indígenas de Chiapas, que siguen padeciendo los peores males sociales, como falta de servicios básicos de salud, educación y una permanente crisis alimentaria. Al igual que Patricia Sánchez, otros líderes, como Caralampio Hernández y Concepción Mérida Altuzar, de la OCEZ-CNPA; Juan Encinos, de Oxchuc, y Marcelino Gómez Núñez, de las Regiones Autónomas Pluriétnicas, coinciden en que las demandas del EZLN siguen vigentes y en que las inversiones oficiales anunciadas nunca han aterrizado de forma directa a las comunidades. "Todo -asegura- se va quedando en el camino. Se ocupa mucho dinero en gasto corriente, en altos sueldos a funcionarios, y lo que llega a los pobres indígenas solo es una migaja. El recurso llega, pues, a cuentagotas".