OFENSA ,LA ENTREGA DE DINERO A AGRAVIADOS EN CHIKULTIC,CHIAPAS: ONG

-"Lo mataron como un perro"

-Ofensa, la entrega de dinero a agraviados en Chinkultic: ONG

-Consignan a seis preventivos por homicidio en Chiapas

-Chiapas:Operativo policiaco provoca enfrentamiento y muerte de seis indígenas

“Lo mataron como a un perro” Elio Henríquez, corresponsal/ La Jornada Ojo de Agua Ocotal, Chis., 6 de octubre. “Lo mataron como a un perro; siete balazos le dieron los policías y sin deber nada, porque iba a apoyar a los heridos”, dijo Eloísa Margarita Espinosa Morales, quien vio morir a su esposo, Agustín Alfaro, y otros pobladores de Miguel Hidalgo. “Me lo empezaron a golpear y yo le dije: ‘No llores’. Lo agarré y le besé la frente, pero lo arrastraron al monte y le dispararon”, agrega la viuda, de 24 años, quien denunció que los agentes dijeron a las víctimas: “Con el gobierno no se juega, malditos”. La joven madre de dos niños relató que el viernes 3 su esposo, de 31 años, quien trabajaba de chofer, le propuso visitar a su suegra en Miguel Hidalgo. Al entrar al poblado, le dijeron que no fuera al centro porque estaba muy duro; pero él “no entendió y fuimos a ver a mi mamá”. Al llegar –continúa– su amigo Miguel Antonio Martínez (quien fue asesinado) le rogó: “Échame la mano, mi papá está herido”. Agustín puso reversa, el amigo subió y con él otros heridos. Eludieron el bloqueo campesino a la entrada del pueblo y enfilaron a Comitán hacia las 18:30 horas. En el camino hallaron a varios agentes que los dejaron pasar porque llevaban heridos, pero a la altura del kilómetro 30 varios policías “empezaron a disparar hacia la camioneta y una bala le pegó a Agustín en el pie”. Los uniformados se acercaron, gritando: “Bájate, perro”. Él les contestó: “Llevo heridos, estoy ayudando; pero le decían que se callara y lo empezaron a golpear”. A ella y otros heridos los bajaron de la camioneta. “Cubrí a mi bebé de tres años para que no viera nada. Lo único que hacía yo era rezar. Me decían que no levantara la vista. Me sentaron atrás. Me golpearon, me quitaron mis aretes a jalones, una cadena; a él su reloj y las carteras a los demás. A rastras lo llevaron al monte. “Oí que disparaban pero no pensé que fueran balas de verdad. A dos señoras que nos acompañaban les decían: ‘Ustedes, malditas, nos agredieron’”. Prosigue: “Yo los veía y me cacheteaban: ‘Cállense y no hablen si no quieren morir igual que estos perros, malditas’. Después le dieron el séptimo balazo a mi esposo. Fue cuando él gritó. A esa hora empezaron a pasar los policías que venían de regreso”, cuando ya habían asesinado a Rigoberto López Vázquez, Alfredo Hernández Ramírez y Miguel Antonio Martínez, cuyo padre, Miguel Martínez, iba herido en la camioneta y se salvó al darlo por muerto. En su casa –con veladoras ante un altar con fotos de Agustín– la mujer dice que cuando su esposo y los demás habían sido asesinados, comenzaron a pasar más policías, preguntando quién había matado a la gente. Ella respondió: “Compañeros de ustedes”, a lo que uno repuso que eso no era posible. La madre replicó: “Se los juro por la Virgencita de Guadalupe. Tengan piedad de mí”. Entonces un uniformado le indicó: “Señora, métase a la cabina, yo la cubro; soy padre y tengo hijos”. Ella esperó a que se fueran unos 300 policías para escapar y pedir auxilio; abrazó al bebé y corrió cuando estaba oscureciendo. “Lo único que pido es justicia porque me lo mataron peor que a un animal. Siete balazos le dieron sin piedad. Como digo en mis declaraciones: Lo único que pido es justicia, ¡que se haga justicia, justicia! ¡Que paguen lo que hicieron!”, clamóOfensa, la entrega de dinero a agraviados en Chinkultic: ONG La PGR se deslinda del violento desalojo que causó seis muertos Ofensa, la entrega de dinero a agraviados en Chinkultic: ONG ■ Exige el Frayba pesquisa eficiente; reparar el daño no es sólo pagar, dice Ángeles Mariscal (Corresponsal) La Jornada, 08 de octubre del 2008. Tuxtla Gutiérrez, Chis., 7 de octubre. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) consideró una “ofensa” a la población afectada por el desalojo y la muerte de campesinos de la zona de Chincultik que el gobierno estatal intente “solucionar” con la entrega de dinero los agravios cometidos por los cuerpos policiacos. En un balance de lo ocurrido en la colonia Miguel Hidalgo, de la zona de Chincultik, el Frayba sostiene que los funcionarios que intervinieron en el operativo violaron los límites y procedimientos democráticos que permiten preservar la seguridad pública, como los derechos fundamentales de la persona, en hechos que van desde las ejecuciones hasta detenciones y agresiones a la población. Según los testimonios de los campesinos, en el operativo, que habría sido dirigido por Víctor Librado Polo Estrada, subdirector de la policía ministerial, las autoridades y funcionarios no sólo no tomaron las medidas pertinentes para prevenir, de manera razonable, las violaciones al derecho a la vida de los habitantes, sino que sus acciones trajeron en consecuencia la muerte de las seis personas. El centro humanitario exigió a los gobiernos federal y estatal una investigación imparcial y eficiente sobre los hechos, sanción a los responsables, reparación de los daños materiales, y medidas que permitan el resarcimiento de los daños ocasionados al tejido social de la comunidad. La reparación del daño, adviertió, no se ciñe a la entrega de apoyos económicos, ya que hasta el momento autoridades han optado por aportar 35 mil pesos por gastos funerarios y 75 mil pesos por apoyo económico a las familias que perdieron a sus familiares. También prometieron a los pobladores la entrega de despensas, apoyo en proyectos productivos y de desarrollo comunitario para impulsar fondas o restaurantes turísticos, “significando esto una ofensa a la población ante el agravio perpetrado”. En este contexto, la Procuraduría General de la República (PGR) se deslindó del enfrentamiento entre policías y pobladores de la colonia Miguel Hidalgo, del poblado de Chinkultic, que dejó seis muertos. En un comunicado, la PGR explica que el 3 de octubre se efectuaron dos operativos en la zona, el primero en Lagos de Montebello y otro en la colonia Miguel Hidalgo. Los policías federales, aseguró, únicamente estuvieron en el desalojo de la caseta de cobro del parque nacional Lagunas de Montebello. A raíz de ese operativo se detuvo a los campesinos Armando Álvarez Alfaro y Abenamar Álvarez Alfaro, a quienes se les acusa de despojo y oposición a que se ejecutara una obra o trabajo público, por lo que se les consignó ante las autoridades. “Culminado el operativo en el que se aseguró a dichas personas se suscitó un enfrentamiento entre pobladores de la colonia Miguel Hidalgo, del poblado Chinkultic, en el que ningún elemento de la PGR intervino”. El Ministerio de Justicia del estado informó en su momento que “en el segundo de ellos hubo hechos de sangre, motivo por el cual diversos servidores públicos del orden estatal están sujetos a investigación”. Sin embargo, a la PGR le fueron remitidos los detenidos en los dos operativos, 22 de los cuales “obtuvieron su libertad con las reservas de ley, y 37, que estaban en calidad de presentados, obtuvieron su libertad absoluta”. Consignan a seis preventivos por homicidio en Chiapas La dependencia solicitó además arraigo judicial para el director de la Policía Estatal Preventiva, José Domingo Besares Vázquez, quien iba al frente del operativo del desalojo de la zona arqueológica de Chinkultic Óscar Gutiérrez El Universal Tuxtla Gutiérrez Lunes 06 de octubre de 2008 19:04 El Ministerio de Justicia del Estado (MJE) consignó a seis policías preventivos por el homicidio de cuatro campesinos muertos en el desalojo de la zona arqueológica de Chinkultic y el parque nacional Lagos de Montebello, ocurrida el viernes. La dependencia solicitó además arraigo judicial para el director de la Policía Estatal Preventiva, José Domingo Besares Vázquez, quien iba al frente del operativo, y del subdirector de la Policía Ministerial, Víctor Librado Pola Figueroa. Asimismo, se decretó la detención ministerial de 313 personas, entre ellas 31 policías del Grupo Táctico de la Policía Ministerial, cuatro peritos de la Dirección de Servicios Periciales del MJE y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SS y PC). El ministro de justicia Amador Rodríguez Lozano informó en conferencia de prensa que fueron consignados por los delitos de homicidio calificado, lesiones calificadas y abuso de autoridad dos mandos policíacos y cuatro agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP). Ellos son el primer oficial Amílcar Corzo Díaz, presunto autor material de dos homicidios; el comandante del Agrupamiento de Caballería , José Luis Gómez González, así como el policía raso Miguel Díaz Sánchez, presunto autor material de dos homicidios. Son procesados penalmente también los policías rasos Javier Moreno Estrada, Samuel Ordoñez Muñoz y Jaime López Roblero. Rodríguez Lozano indicó que además de los cuatro muertos se confirmó oficialmente el deceso de otros dos lugareños. "Inicialmente se determinó que estaban desaparecidos, luego nos enteramos que habían sido inhumados en la comunidad, con la cual negociamos a fin de levantar la fe ministerial; asimismo buscaremos a los homicidas", aseguró. El viernes, policías preventivos y federales se enfrentaron a balazos, con piedras y palos con campesinos que mantenían tomados los accesos de la zona arqueológica de Chiinkultic y del parque nacional Lagos de Montebello del municipio La Trinitaria. El ministro de Justicia Rodríguez Lozano informó que en las últimas horas la Procuraduría General de la República (PGR) liberó a 59 campesinos y consignó por los delitos de despojo y oposición a la ejecución de obra pública, a los hermanos Armando y Abenamar Álvarez Alfaro, originarios de la zona de Lagos de Montebello. El funcionario estatal indicó que la PGR citó a declarar a 24 elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), que participaron en el operativo de desalojo. El Ministerio de Justicia informó que se indemnizará y pensionará a las viudas de los campesinos muertos y a sus hijos se les otorgará becas. Además, las autoridades trasladarán para su atención médica a la ciudad de México a uno de los heridos reportados graves, tres más serán internados en esta capital. Chiapas:Operativo policiaco provoca enfrentamiento y muerte de seis indígenas El pasado viernes 3 de octubre, un violento operativo efectuado por policías federales y estatales dejó un saldo de seis muertos, 17 personas heridas y 36 detenidos, casi todos habitantes del ejido Miguel Hidalgo, ubicado en el municipio de La Trinitaria, Chiapas. SIPAZ expresa fuerte preocupación por lo ocurrido. El pasado 7 de septiembre, los ejidatarios habían tomado las ruinas de Chincultik que se encuentran enfrente de su comunidad, con la intención de que el propio ejido administrara el sitio arqueológico maya cercano a la ciudad de Comitán y a los Lagos de Montebello. En respuesta, el Instituto Nacional de Antropología y de Historia (INAH), hasta la fecha responsable de la administración de dicho sitio, había presentado una denuncia penal contra los responsables de la ocupación (Averiguación Previa PGR/CHIS/COM/156/2008). Se había iniciado un proceso de negociación con las autoridades y la última reunión se había realizado apenas el 2 de octubre. El día 3 de octubre, aproximadamente a las 11:00 hrs. se realizó un primer operativo policiaco con la presencia de unos 40 elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Ministerial, quienes ingresaron a la comunidad en vehículos, caballos y a pie, tirando gases lacrimógenos y allanando varios domicilios. Los integrantes de la comunidad se opusieron a su entrada con piedras, palos y machetes, provocando un primer enfrentamiento. Alrededor de las 17:30 hrs., unos 300 agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP), Policía Ministerial, Agencia Federal de Investigación (AFI) y Policía Estatal Preventiva (PEP) intentaron nuevamente entrar a la comunidad, provocando un nuevo enfrentamiento. Según testimonios, los agentes policiales usaron armas de fuego, hiriendo a varias personas. Según la información del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Sr. Agustín Alfaro Alfaro, originario de un poblado cercano, junto con su esposa y uno de sus hijos en brazos, acudieron en su camioneta para apoyar en el traslado de los heridos al hospital más cercano. En el camino, fueron interceptados por una camioneta de la Policía Estatal Preventiva que empezó a dispararles. Al bajarlo de la camioneta los policías, le dispararon en el pecho al Sr. Alfaro y ejecutaron a tres personas más en el lugar (Rigoberto López, Alfredo Hernández y Miguel Antonio Martínez). Miguel Martínez quedó herido, mientras la esposa del Sr. Alfaro, Eloisa Margarita Espinoza Morales y su hijo resultaron ilesos, siendo testigos de los hechos. Dos otras personas (Ignacio Hernández López y Ricardo Ramírez Ramírez) heridas con armas de fuego fallecieron durante su trasladado al Hospital de Amparo Agua Tinta, en el municipio de Las Margaritas. Los 36 campesinos detenidos, a los que trasladaron a San Cristóbal de Las Casas y a La Trinitaria, fueron liberados el 5 de octubre a cambio de las armas que los pobladores habían quitado a los policías en la mañana del 3. Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, de los 17 campesinos lesionados, 6 de ellos por armas de fuego, 2 estaban todavía de gravedad. Las autoridades por su parte hablan de 22 lesionados: 16 policías y seis campesinos. Hasta el momento autoridades estatales y federales han optado por la entrega de 35 mil pesos por gastos funerarios y 75 mil pesos por apoyo económico a las familias que perdieron a sus familiares. El gobierno de Chiapas también señaló a 5 policías como responsables de la masacre y se comprometió a castigar a los que resulten culpables de excesos en el cumplimiento de sus funciones. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas reprobó “enérgicamente los crímenes cometidos por los agentes federales y estatales contra los pobladores de la comunidad de Miguel Hidalgo”“al gobierno federal y al del estado de Chiapas, una investigación imparcial y eficiente sobre los hechos, sanción a los responsables, la reparación de los daños materiales e inmateriales, medidas que permitan el resarcimiento a los daños ocasionados al tejido social de la comunidad, y las medidas de no repetición que garanticen que nunca más el ejercicio de la función pública y del uso de la fuerza pública excedan sus límites”. Cabe subrayar que el mismo 3 de octubre, se realizó otro operativo interinstitucional en contra de grupos indígenas tojolabales de las comunidades de Antelá, Nueva Rosita y Nuevo Hidalgo, quienes también desde principios de septiembre pasado, habían tomado pacíficamente el acceso al Parque Nacional Lagunas de Montebello, administrado hasta entonces por la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas (CONANP).