AHORA LOS PERIODISTAS

Ahora los periodistas Sociedad abierta ERNESTO REYES Molestia es lo menos que le causó a la Procuraduría General de la República (PGR), la Recomendación emitida el pasado 26 de septiembre por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde pone en duda el trabajo del Ministerio Público Federal acerca de la autoría del homicidio del camarógrafo estadounidense Brad Will. Por tanto, la difusión pública sobre las irregularidades y deficiencias en la investigación, motivaron una reacción virulenta de la PGR para que el juez de la causa obsequiara las órdenes de aprehensión contra 9 presuntos implicados y “resolviera” el caso, según este punto de vista. El apresuramiento de la dependencia tenía el fin de rechazar, en el tiempo señalado por la ley, las conclusiones que aporta el Ombudsman nacional. En consecuencia, y tal como se precipitaron las cosas, ahora el gobierno de Oaxaca le hará segunda a la PGR, al igual que el Congreso del Estado. ¿El objetivo? Muy claro: ex culpar a priistas –entre regidores y policías municipales- y particulares, quienes el 27 de octubre, confrontaron con disparos a los barricaderos de Calicanto en Santa Lucía del Camino. A ninguno de ellos se les toca en la investigación. Para defender su trabajo, altamente cuestionado no sólo por esta instancia moral sino por organismos acreditadamente serios como Amnistía Internacional, la PGR se dice ofendida por la opinión de los investigadores de la CNDH que aplicando la más elemental lógica jurídica, enumeran la serie de inconsistencias en que cae la institución de “buena fe” que se presume representa la PGR. “No fue sino hasta el 18 de marzo que la PGR estableció que la distancia había sido de entre 2 y 8 metros, lo que no sostuvo con un argumento técnico. Y ahora en su respuesta sostiene que el disparo se realizó a dos metros de la víctima", acusó Mauricio Farah, quinto visitador de la CNDH, al tiempo de alertar que este proceder puede impedir el acceso a la justicia por parte de los familiares del occiso, incluso está politizada. "La PGR señala que el primer disparo se llevó a cabo a una distancia de 2 metros del lado derecho, pero cuando se pandea la cámara se hubiera visto a alguien. En segundo lugar, dicen que el segundo disparo se llevó a cabo cuando lo iban cargando, a una distancia de entre 2 y 8 metros; verdaderamente tenía que haber sido un proyectil teledirigido para que le hubiera dado, cuando hay mucha gente, es prácticamente imposible", dijo. Lo increíble es que ahora la PGR ubica el móvil que motivó a Juan Manuel Martínez Moreno, a asesinar al periodista fue “evitar” que grabara escenas de la agresión de policías y funcionarios de Santa Lucía contra miembros de la barricada. Nada más absurdo. Mediante esta añagaza pretenden acreditar que la voz que se escucha es una amenaza de Juan Manuel para que fotógrafos y camarógrafos no tomaran escenas de la balacera. Es más, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra Periodistas se apoya en al menos siete testimonios de periodistas que declararon haber sido amenazados si tomaban fotografías; “incluso, el día de los hechos, hay una amenaza que se escucha en el audio del propio video de Bradley en el cual ( Juan Manuel) le dice que no esté filmando” y “allí está la amenaza que se vierte”. Inclusive el periodista que da constancia de ello en la averiguación previa dijo que “había amenazas con arma de fuego”. En la desmesura de acreditar culpa a gente de la APPO, y de las barricadas, la PGR afirma que habrían sido los periodistas llevados a declarar como testigos, quienes hunden a Juan Manuel, dejando libres de sospecha a quienes en ese momento atacaban, que no eran otros que empleados o regidores de Manuel Martínez Feria, quienes fueron incluso filmados y fotografiados haciendo disparos con armas de fuego en contra de la gente y los reporteros que en ése momento cubrían el evento. Ahora la PGR implica a periodistas como delatores. ¡Qué grave!, para quienes acudieron a declarar y les manipularon sus declaraciones. Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com