CNDH , PGR, APPO

CND, PGR, APPO Miguel Ángel Granados Chapa 22 de oct de 2008. Peor que la impunidad que deja sin castigo un delito es procesar y eventualmente condenar a un inocente atribuyéndole ese delito. Y es todavía más grave que la imputación en falso que genere ese injusto resultado surja de conveniencias políticas, de uso extrajudicial de la ley. A esos extremos parece haber llegado la Procuraduría General de la República al consignar ante un juez penal a Juan Manuel Martínez Moreno quien muy probablemente, a diferencia de lo que sostiene el Ministerio Público Federal, no asesinó al periodista norteamericano Brad Will. La hipótesis que achaca a un miembro de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca el homicidio de un periodista cuyo trabajo contribuía a conocer las razones de la protesta social contra el gobernador Ulises Ruiz, fue urdida en la Procuraduría de Justicia de Oaxaca tan pronto se percató el gobierno de la trascendencia de que Will hubiera sido privado de la vida. Para sostener esa conjetura era preciso probar que los disparos que mataron al reportero de Yndimedia surgieron de su entorno inmediato y no a la distancia, de hasta cincuenta metros, desde donde disparaban agentes policiacos municipales y estatales según fue visto y documentado ese 27 de octubre. Esa posición fue asumida como suya por la Procuraduría federal, que atrajo la investigación en abril del año pasado (un mes después, casualmente, de que asumiera sus funciones el fiscal encargado de investigar los delitos contra periodistas, Alberto Orellana Wiarco). Determinar el punto de donde partieron los disparos que ultimaron a Will es crucial para indagar quién pulsó el arma asesina. La Comisión Nacional de Derechos Humanos llegó en la pesquisa donde fundó su recomendación 50/2008 a una conclusión contraria a la que sirvió para consignar a Martínez Moreno ante el juez cuarto penal de Oaxaca, quien a más tardar mañana ha de resolver si encausa o deja libre al indiciado, un hombre sin antecedentes penales ni práctica profesional que implique el uso de armas. Siempre con la intención de probar que los balazos contra Will surgieron muy cerca de él, la PGR osciló en establecer la distancia de los disparos. Primero supuso que el arma había sido utilizada en un tramo de entre 30 y 60 centímetros del cuerpo de la víctima. Luego alargó la distancia hasta decir que fue entre dos y ocho metros, y al final concluyó que se realizó a dos metros, posición que se completa con la consideración de que es muy difícil acertar a un blanco situado a más de treinta metros, como si el tirador colocado a esa distancia hubiera disparado directamente contra el periodista y no lo hubiera hecho, como probablemente ocurrió, contra la multitud en general. En cambio la CNDH sostiene que el arma homicida fue disparada a una distancia de entre 35 y 50 metros. Impulsada desde un revólver 38 especial una bala adquiere (según información de los fabricantes) una velocidad de 165 milésimas de segundo, tiempo que coincide con los análisis al audio de la cámara del periodista, que captó el sonido del disparo y registró la caída de su cuerpo herido: entre esos dos momentos hay 166 milésimas de segundo. “Si el agresor hubiera accionado el arma a dos metros de la víctima, como afirma la PGR, no habría sido posible percibir ni identificar lapso alguno entre el disparo y el impacto”, explicó el quinto visitador de la CNDH, Mauricio Farah Gebara, a periodistas el lunes pasado. “De acuerdo a nuestros dictámenes periciales –agregó—los dos disparos fueron efectuados a la misma distancia y de manera sucesiva”. El tirador se parapetó tras un vehículo de volteo que se encontraba a 40 metros aproximadamente del lugar donde cayó Will. La procuraduría federal, a su turno, sostuvo que entre los dos disparos, uno que entró de frente y otro por la espalda, medió un cierto lapso, lo que alimenta la tesis del gobierno local de que Will no murió en el lugar de los hechos sino que fue rematado a bordo del vehículo en que se le trasladaba al hospital. Esa hipótesis ha sido cuestionada no sólo por la oficina del ombudsman nacional sino por el Programa Internacional de Forenses, una de cuyas conclusiones establece que las investigaciones de las procuradurías “se guiaron desde un principio por la hipótesis, sin evidencia científica alguna” (las cursivas son mías) de que Will “fue ultimado por una persona en su alrededor inmediato.” La CNDH inició su indagación sobre el asesinato del periodista inmediatamente después del hecho, y la cerró el 23 de junio pasado, para elaborar la recomendación respectiva, que el gobierno de Oaxaca admitió y la PGR rechazó exactamente al mismo tiempo que consignaba al presunto asesino, que habría disparado muy cerca de su víctima. Entre las razones del rechazo la procuraduría federal aduce que haber cerrado la pesquisa tres meses antes de emitir la recomendación no la sustentó debidamente “pues no tomó en cuenta las diligencias que se efectuaron” en ese lapso. Se asignó al fiscal especial para delitos contra periodistas refutar la recomendación de la CND. Es un triste papel, que contradice la función para la cual fue designado. Si su labor consistiera realmente en esclarecer el homicidio de Hill el agente Orellana Wiarco debería dar la bienvenida a cuanta información bien elaborada lo condujera a ese fin, en vez de disputar con quien la ofrece. Temamos, a partir de esa conducta, que la fiscalía investigadora de agresiones a comunicadores tenga realmente por objeto enturbiar su tratamiento.