EL INFORME SOBRE OAXACA QUE NO ADJUDICA RESPONSABILIDADES

-Comisión de ministros entrega 39 tomos sin calificar la actuación de las autoridades

-Chepi cuestiona a la SCJN

-Omiten conclusiones sobre caso Oaxaca

-Ministros hallan violaciones graves en caso Oaxaca

Comisión de ministros entrega 39 tomos sin calificar la actuación de las autoridades Recibe la SCJN informe sobre Oaxaca que no adjudica responsabilidades Jesús Aranda La comisión de magistrados encargada de investigar la presunta grave violación de garantías individuales en Oaxaca, durante el periodo del primero de mayo de 2006 a enero de 2007, y el 16 de julio de 2007, entregó ayer su informe al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el que no califica la legalidad en la actuación de las autoridades federales, estatales, y municipales involucradas en los hechos. Los magistrados destacaron que debe tomarse en cuenta el impacto que genera el régimen competencial entre la Federación y el estado de Oaxaca en lo relativo a la asignación de recursos en materia educativa a partir de la denominada federalización de la educación en 1992. Esto, porque el análisis de esta serie de factores que contextualizan el conflicto permite entender por qué en el año 2006 una petición del magisterio oaxaqueño presentada al gobierno del estado desemboca en los hechos materia de la investigación. El documento, que servirá de base para que el ministro Mariano Azuela Güitrón –quien concluye su cargo el 30 de noviembre próximo– elabore el dictamen definitivo sobre el tema, tampoco adjudica responsabilidades, sino que únicamente se identifica a las personas que participaron en los hechos calificados como graves violaciones a las garantías individuales. Los magistrados Manuel Baráibar Constantino y Roberto Lara Hernández concluyeron de esta forma los trabajos iniciados el primero de septiembre de 2007 con un documento que consta de 39 tomos, que incluye mil fotografías y mil 780 imágenes de notas periodísticas sobre los hechos en los que los integrantes de la APPO denunciaron la violación de, entre otros, el derecho a la vida e integridad corporal, a la libertad personal, a la propiedad privada y a la inviolabilidad del domicilio, entre otros. En apego a las disposiciones establecidas por el pleno los magistrados dieron a conocer que su indagatoria no tiene nada que ver con la que en su momento llevó a cabo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ni con las realizadas por la Procuraduría General de la República y la del estado de Oaxaca, sino que se centró en indagar el origen de los acontecimientos que alteraron el orden público y la seguridad en la ciudad de Oaxaca y su zona conurbada. Para tal efecto se investigó la violación de diversos derechos, denunciada, principalmente, por la Asamblea Popular del Pueblos de Oaxaca y maestros de la entidad; así como la probable violación generalizada de garantías individuales, particularmente las de libre tránsito, de trabajo y el derecho a la información; así como los probables excesos de las fuerzas policiacas federales, estatales y municipales. Además, probables omisiones o pasividad de las autoridades de los tres niveles para restaurar, mantener el orden público y la seguridad en las zonas afectadas. El informe, del cual los magistrados hicieron un sucinto resumen, divide la investigación en cuatro aspectos centrales: El primero de mayo de 2006, cuando la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación presenta su pliego de demandas, hasta el 13 de junio de ese año, cuando inicia un plantón indefinido en el centro de la capital del estado y la suspensión de clases de educación básica en toda la entidad. El rompimiento de negociaciones entre el gobierno estatal y los grupos inconformes, que va del 14 de junio al 28 de octubre, durante el cual se constituye la APPO y se aprueban algunas medidas de distensión. A partir del 28 de octubre, el despliegue de fuerzas federales con el fin de restablecer el orden, la seguridad pública y la paz social y con ello el despliegue de varios operativos hasta el 24 de enero de 2007, hasta que la autoridad retoma la función de brindar seguridad pública a la comunidad. Y, por último, lo ocurrido el 16 de julio de 2007, fecha en que se realiza la Guelaguetza. En total, la comisión obtuvo 151 informes de las autoridades de los tres niveles, realizó 426 entrevistas con prácticamente todos los actores involucrados para integrar un archivo total de 418 tomos y 217 mil 77 cuartillas. Chepi cuestiona a la SCJN PEDRO MATIAS Jueves 26 de Marzo de 2009 22:43 El secretario general de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Azael Santiago Chepi, cuestionó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque... El secretario general de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Azael Santiago Chepi, cuestionó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque sólo se ha dedicado a encubrir a los culpables de los violaciones a los derechos humanos y garantías individuales. Enterado de la decisión que tomó la comisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se negó hacer pública la investigación sobre el conflicto de 2006 en Oaxaca, advirtió que el magisterio no sólo dará seguimiento y tramite a este caso sino que se movilizará hasta que los culpables de la represión sean castigados. Por lo pronto, dijo que en la cuarta mesa jurídica que se instalará este viernes en la secretaría de Gobernación exigirá que se castigue a los culpables de la represión que dejó 26 muertos, 450 detenidos y 350 torturados. Santiago Chepi reprobó la postura de las instituciones principalmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque únicamente se dedican a emitir “consideraciones y exhortaciones” para encubrir a los culpables de la represión como sucedió con la periodista Lydia Cacho y el caso de San Salvador Atenco. Recordó que desde el 2006, el magisterio muestra ese rechazo a las instituciones que solamente encubren a los verdaderos responsables. Recordó que en los 28 años del “magisterio democrático” su lucha se ha soportado con movilizaciones y así han avanzado, entonces, advirtió: “Queremos un trato distinto, queremos avanzar y no genera más conflictos y eso está en manos de los funcionarios dar respuesta en el orden político, laboral y social, de lo contrario, el Estado no nos deja alternativa que las movilizaciones”. A su vez, el secretario de Asuntos Jurídicos de la Sección 22 del SNTE, Gustavo Tomás Hernández Cruz, precisó que la mesa en la secretaría de Gobernación, exigirán que en el dictamen que emita la Corte no se antepongan acuerdos políticos. Además, adelantó que “no vamos a defender solamente a maestros sino a 20 casos de presos y perseguidos políticos que hay pendientes, de los recientes asuntos de secuestros y tortura a los que han sido sometidos algunos luchadores sociales. Por su parte, el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, consideró prematuro adelantar juicios cuando apenas se entregó la investigación, es decir, todavía hace falta el pre-dictamen o dictamen del ministro ponente, Mariano Azuela Guitrón, quien dará a conocer las conclusiones a las que llegue la corte. Entonces, dijo, “yo no especularía ni adelantaría, es parte del procedimiento y todavía se tiene que dar vista a todas las partes, tienen que exponer los argumentos desde el punto de vista de cada una de las instituciones y en su momento emitir su opinión”. Finalmente, resaltó que “la Corte ha actuado con gran seriedad, entonces, yo no creo que haya un seso político en el estudio y definición de ese órgano tan importante para los mexicanos”. Finalmente, dijo estar tranquilo porque “nosotros hemos estado acudiendo a todo lo que se nos ha convocado y vamos a estar atento que se nos de vista de lo que ocurra”. Omiten conclusiones sobre caso Oaxaca Difusión Cencos México D.F., 26 de marzo de 2009 Fuente: Reforma.com Víctor Fuentes Magistrados que investigaron los hechos de 2006 sólo dan a entender que consideran sí existió grave violación de garantías Ciudad de México (26 marzo 2009).- La comisión designada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para investigar el conflicto de 2006 en Oaxaca se abstuvo este jueves de difundir públicamente sus conclusiones sobre la violación grave a garantías individuales en esa entidad. Los magistrados Roberto Lara y Manuel Baráibar pasaron año y medio investigando los hechos de violencia que involucraron a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y los Gobiernos estatal y federal, y hoy comparecieron ante el Pleno de Ministros. A diferencia de la comisión que investigó el caso de San Salvador Atenco, los magistrados optaron por una escueta exposición en la que no difundieron una sola conclusión o comentario sobre los hechos, aunque en un párrafo dieron a entender que consideran que sí existió grave violación de garantías. "No se adjudican responsabilidades, sino únicamente se identifican a las personas que participaron en los hechos calificados como graves violaciones a las garantías individuales", dijo Baráibar. El informe completo es confidencial y fue turnado al Ministro Mariano Azuela, quien deberá notificar a las autoridades mencionadas, que presumiblemente incluyen al Gobernador Ulises Ruiz y buena parte de su gabinete, para que aporten pruebas y alegatos en los próximos meses. Posteriormente, Azuela deberá elaborar un proyecto de dictamen en el que propondrá a sus colegas si efectivamente hubo violación grave de garantías, y en su caso, cuáles fueron las autoridades involucradas. No hay plazo para la presentación del dictamen, pero el nombramiento de Azuela como Ministro termina el próximo 30 de noviembre. En el caso Atenco pasaron 11 meses entre la entrega del informe de la comisión y la discusión del dictamen en el Pleno. El informe completo sobre Oaxaca consta de 6 mil 600 páginas en 39 tomos, respaldado por un archivo de casi 218 mil fojas que fue sistematizado en un portal electrónico en el sitio interno de la Corte. "Los precedentes de investigaciones realizadas con anterioridad no guardan similitud con la encomendada a esta comisión", dijo Baráibar, en alusión a casos como Atenco, Lydia Cacho y Aguas Blancas, que se limitaron a hechos ocurridos en uno o dos días. La comisión tuvo que investigar un conflicto que duró 277 días y la investigación se dividió en cuatro etapas, comenzando en mayo de 2006 con la presentación de un pliego petitorio de la Sección 22 al Gobierno estatal, y terminando con los disturbios del 16 de julio de 2007 durante los festejos de la Guelaguetza. Se recabaron 29 informes de autoridades federales, 71 de estatales y 51 de municipales y se realizaron 346 entrevistas con la Sección 22, la APPO, las cámaras empresariales y comerciales de Oaxaca y representantes eclesiásticos, etc. La Corte ordenó a la comisión aclarar cuatro puntos: violación a garantías de personas físicas, violación generalizada de garantías como libertad de tránsito y trabajo, probables excesos de fuerza pública y omisiones o pasividad de autoridades. Pero Baráibar cerró su exposición recordando que será el Pleno de la Corte el que determinará si existió grave violación de garantías. Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos Ministros hallan violaciones graves en caso Oaxaca Entregan reporte; Suprema Corte revisará y dará dictamen Carlos Avilés El Universal Viernes 27 de marzo de 2009 caviles@eluniversal.com.mx La comisión que se encargó de investigar los conflictos magisteriales, políticos y sociales que se vivieron en Oaxaca durante el 2006, y a las administraciones del gobernador Ulises Ruiz y del ex presidente Vicente Fox, comprobó la existencia de violaciones graves a la garantías de la población cometidas, en este caso, por diversas autoridades. Pero, los magistrados encargados de las indagatorias, Roberto Lara Hernández y Manuel Baraibar Constantino, omitieron dar a conocer los nombres de los funcionarios involucrados, pues, explicaron, será el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el que declare, en definitiva, si se registraron violaciones en el caso de Oaxaca. Al presentar los resultados de sus indagatorias ante el Pleno del máximo tribunal, los magistrados aclararon que en su reporte no “se adjudican responsabilidades, sino únicamente se identifican a las personas que participaron en los hechos calificados como graves violaciones a las garantías individuales”. Para llegar a esta conclusión, entre otras cosas, la comisión investigadora dijo que realizó 346 entrevistas tanto a autoridades federales, estatales, municipales, así como a ex funcionarios de los tres niveles de gobierno; además de a integrantes y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca; miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; y del sector económico y turístico, restauranteros, hoteleros, comerciantes, notarios; y miembros del clero oaxacaqueño, entre otros. En su reporte ante la Corte, por cuestiones de reserva, los magistrados omitieron dar a conocer en público los detalles de las conclusiones a las que llegaron en su informe, que consta de 39 tomos, con un total de 6 mil 600 páginas. Una vez que presentaron su reporte final, el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz, declaró concluidas las actividades de la comisión investigadora del caso Oaxaca y, por turno, le entregó al ministro Mariano Azuela el informe preeliminar para que lo revise, lo analice y elabore un dictamen en el que le proponga al pleno del máximo tribunal declarar si existieron o no violaciones graves a las garantías individuales en este asunto. Azuela tiene atribuciones para volver a citar a declarar a las autoridades —de cualquier nivel— que él considere necesario para que aclaren su participación en los hechos, en especial si considera que alguna es responsable de incurrir en violaciones graves a las garantías de la población. El único problema con el ministro Azuela es que su periodo como integrante de la Corte termina el 30 de noviembre próximo y se desconoce si en 8 meses podrá concluir su dictamen, al igual qué se ignora qué pasaría si no termina el dictamen antes de dejar la Corte, pues no se sabe qué ministro se haría cargo del asunto. La Corte decidió ejercer su facultad de investigar violaciones graves en el caso de Oaxaca, en respuesta a una solicitud que le hizo la Cámara de Diputados.