LA SUPREMA CORTE DE INJUSTICIA EN MEXICO

Deberá mostrarse a la altura la SCJN en el “Caso Oaxaca”: Alba Cruz ISMAEL RIVERA Jueves 26 de Marzo de 2009 07:51 Ante la conclusión y entrega del informe referente a las investigaciones del expediente “Caso Oaxaca”... Ante la conclusión y entrega del informe referente a las investigaciones del expediente 01/2007 “Caso Oaxaca” que recibirá hoy el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la defensora legal de la APPO, Alba Cruz Ramos, integrante del comité de liberación “25 de Noviembre”, pidió al máximo órgano de administración de justicia del país; que se muestre a la altura de la situación, de lo contrario dijo, quedará asentado un nuevo precedente sobre la legalización de la criminalización por parte del Estado contra la protesta social emanada por los malos gobiernos, como el de Oaxaca. De ante mano, la jurista establece que las actuaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nació, a lo único que podrían llegar sería a la ratificación de pruebas en las violaciones sistematizadas de los derechos humanos en la que incurrió el gobierno estatal, sin que determine responsabilidades vinculatorias o directas de funcionarios públicos. Cabe destacar que dicho informe el cual será entregado este día por la “Comisión Especial de Magistrados”, incluye la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como otras 17 documentales de organismos internacionales no gubernamentales, testimonios de víctimas y pruebas estenografitas, entre otras, para establecer responsabilidades en los acontecimientos suscitados del 22 de mayo de 2006 al 31 de enero del 2007, así como en los hechos de los días 16 y 17 de julio del 2007. Frente a la posibilidad de que el fallo pudiera ser adverso, Cruz Ramos puntualizó que sencillamente se evidenciaría –una vez más como en los casos de Aguas Blancas, Guerrero, San Salvados Atenco en el Estado de México y el de la periodista Lidia Cacho- lo obsoleto que se encuentra el sistema de justicia en México, lo que generaría una total desconfianza por parte del pueblo de México. “Esta claro que no nos dará (la Suprema Corte de Justicia de la Nación) resultados de castigos en contra de los responsables de dichas violaciones, pero sí podrá poner en evidencia la existencia de éstas y, es ahí donde tendrá que ser responsabilidad de la Cámara de Diputados Federales para que se concluya el juicio político (en contra de Ulises Ruiz Ortiz) y ejerza en consecuencia acción penal por su responsabilidad en este tipo de situaciones contra funcionarios públicos que se vieron involucrados”, asentó. En referencia al procedimiento de juicio político precisó que de acuerdo al ex gobernador, Diódoro Carrazco Altamirano, quien preside esta comisión legislativa, les manifestó que lo único que los detiene -a los congresistas- para poder emitir un dictamen, es que precisamente la SCJN una que haya concluido las indagatorias, pronuncie su sentencia. No obstante, la abogada acotó que a diferencia de San Salvador Atenco, en Oaxaca sí existen pruebas fehacientes que establecen la responsabilidad tanto del poder legislativo como ejecutivo del estado, como es la solicitud de intervención de la Policía Federal Preventiva (PFP), que fue publicada en el “Diario Oficial del Estado de Oaxaca”. “En Oaxaca, los responsables son directamente los poderes legislativo y ejecutivo del estado, porque ellos solicitaron la entrada de la fuerza pública federa para calmar la situación de conflicto que se vivía en ese momento”, aseguró. De igual forma, Ramos señaló que en los próximos días será emitido –también- el informe por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que sin duda vendrá a reforzar las acusaciones por su responsabilidad y toda una serie de atropellos que instrumentó el gobierno que encabeza Ruiz Ortiz. “Sin embargo, hay antecedentes importantes en el caso de Atenco, porque la ministra Margarita Luna y Ramos exigía documentos que vincularán la actuación de la fuerza pública, dándose el señalamiento a dos tipos de mandos policíacos, pero en el caso de Oaxaca hay documentos, se dieron 23 asesinatos, hubo una serie de violaciones a los derechos humanos, no solamente a los que fueron detenidos, si no también se dieron omisiones graves en cuanto a la falta de seguridad a la población en general, a diferencia del caso Atenco”, añadió. Finalmente, consideró: “No confiamos en el sentido de obtener responsabilidades, porque sabemos que no es vinculatorio, pero sin duda sí se puede dejar un precedente muy importante y asentar una jurisprudencia en este caso. Lo único que podríamos esperar es que el ministro al que le toque resolver el caso valore todo lo que ocurrió y vivió el pueblo de Oaxaca, sobre todo teniendo los antecedentes de Aguas Blancas, Atenco y Lidia Cacho”, anotó.