GUERRERO: LA APPG EXIGE ESCLARECER ASESINATOS DE LUCHADORES SOCIALES

-Demandan esclarecer asesinato de mixtecos en Guerrero

-Exigen investigación sobre asesinato de defensores en Ayutla Guerrero

Demandan esclarecer asesinato de mixtecos en Guerrero 24 de Marzo, 2009 - 16:39 — Chilpancingo, 24 Mar (Notimex).- Integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) protestaron en calles de esta ciudad, para pedir resultados en las investigaciones sobre el asesinato de dos líderes mixtecos, en el municipio de Ayutla de los Libres. El pasado 13 de febrero fueron asesinados Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario, respectivamente, de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, cuyos cuerpos fueron localizados en un paraje del municipio de Tecoanapa. Nicolás Chávez Adame, dirigente de la APPG, informó que la movilización de hoy es para solicitar a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) resultados en torno al asesinato de los dirigentes mixtecos, a 40 días de los acontecimientos. Asimismo, condenó el asesinato de quienes llamó luchadores sociales, a favor de la defensa de los derechos humanos de los indígenas mixtecos de los poblados de Ayutla de los Libres. Los inconformes recorrieron la avenida Insurgentes hasta llegar al Palacio de Gobierno, donde pidieron ser atendidos para que les dieran informes de los avances de las investigaciones sobre el homicidio de los líderes mixtecos. Organizaciones nacionales e internacionales exigen investigación sobre asesinato de defensores de derechos humanos en AYUTLA, GUERRERO, Organizaciones nacionales e internacionales exigen una investigación sobre el asesinato de los dos defensores de derechos humanos - 2 de marzo de 2009 Organizaciones sociales de todo el país manifiestan su consternación y condena al asesinato de los defensores de derechos humanos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, miembros de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos en Ayutla, Guerrero. Exigen investigación exhaustiva e imparcial para sancionar a responsables y prevenir futuras agresiones. Actitud omisa e irresponsable por parte de las autoridades estatales impidió salvaguardar la integridad física y la vida de los defensores torturados y asesinados. Organizaciones en México y el mundo exigen inicio inmediato de investigación para y esclarecer las ejecuciones extrajudiciales de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rojas, salvaguardar la integridad de sus familias y garantizar la reparación del daño a las víctimas. El asesinato se da en un contexto de hostigamiento y persecución de los movimientos sociales en Guerrero a cargo de autoridades estatales que debe detenerse de inmediato. Acontecimientos dan muestra de la incapacidad del Estado para desempeñar la responsabilidad irrenunciable de garantizar la integridad física y la vida de activistas y defensores y defensoras de derechos humanos, en Guerrero y en todo el país. El pasado 13 de febrero, tres hombres armados que se identificaron como policías ministeriales secuestraron a Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas de un evento público. Horas más tarde, Guadalupe Castro Morales, esposa de Raúl Lucas, recibió una llamada a su celular que provenía del número de Manuel Ponce. La intimidación del interlocutor fue directa: “No empieces a chingar, quédate calladita o jodemos a tu esposo. Esto le pasa por defender indios”. Desde ese momento se denunció la desaparición forzada sin que ninguna autoridad respondiera por la detención. Inmediatamente después de los acontecimientos, distintas organizaciones de la sociedad civil externamos nuestra preocupación por la seguridad e integridad física y psicológica de Raúl y Manuel. Se solicitaron medidas cautelares exigiendo la presentación con vida de los defensores. Lamentablemente, el viernes 20 de febrero aparecieron los cadáveres de los dos indígenas mixtecos en Las Cazuelas, municipio de Tecoanapa, en la Costa Chica de Guerrero. Los dos activistas fueron brutalmente torturados. Raúl Lucas murió de un disparo en la cabeza y Manuel Ponce a causa de los golpes. Raúl era presidente y Manuel secretario de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos, y tenían proyectos con la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco (OPIM) para promover el desarrollo de las comunidades de la región. Las dos organizaciones han denunciado casos de allanamiento, retenciones e interrogatorios ilegales por parte de integrantes del Ejército Mexicano. El asesinato se da en un contexto de hostigamiento generalizado. La Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido a que sus integrantes han sido sometidos a amenazas, intimidaciones y hostigamiento por denunciar violaciones a los derechos humanos de parte de autoridades federales. Hace apenas cuatro días, a propósito de su visita a la sierra de Guerrero, una delegación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas recomendó que los crímenes en contra de defensores de derechos humanos, periodistas y abogados sean investigados y procesados jurídicamente de manera efectiva, a fin de que se castigue a los responsables. La desaparición y ejecución de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas es particularmente grave por su condición de defensores de derechos humanos, por la falta de interés e ineficacia del Estado para presentarlos con vida tras la denuncia de su desaparición forzada, y porque el caso puede sentar un precedente funesto en caso de no realizarse acciones concretas para prevenir que se repitan violaciones graves en el futuro inmediato. Por todo ello, las organizaciones que suscribimos este comunicado exigimos al Estado implementar de manera expedita todas las medidas necesarias para investigar, identificar y sancionar a los responsables de estas ejecuciones. Les conminamos, además, a abstenerse de realizar declaraciones y pronunciamientos hasta que la indagatoria sobre los asesinatos haya concluido. El uso de calificativos y expresiones de descalificación sobre lo acontecido por parte de las autoridades aporta al entorno de incertidumbre e impunidad y puede alentar una progresión en la espiral de violencia contra defensores de derechos humanos. El hecho de que la autoridad emita juicios de valor puede afectar el curso de la investigación, además del derecho al debido proceso, a la buena imagen y reputación de los afectados y de sus familiares. Sólo si esclarecen las circunstancias de la violación y se fincan responsabilidades por medio de un proceso apegado a derecho, el Estado habrá proporcionado a los familiares de las víctimas el derecho a conocer la verdad de lo sucedido. Sólo en la medida en que la investigación conduzca a la sanción de los responsables, se sentarán las bases para que los afectados y la sociedad puedan recobrar la confianza en las instituciones del Estado. Al demandar una respuesta expedita y acorde con la gravedad de los hechos por parte de las autoridades estatal y federal, manifestamos nuestra preocupación por las condiciones de riesgo y por la seguridad de las organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales e indígenas en el estado de Guerrero. En especial, externamos nuestra preocupación por los miembros de la Organización por el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), y de los integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco (OPIM). En consecuencia exigimos al Estado Mexicano dé pleno cumplimiento a las recomendaciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el examen periódico universal el pasado 10 de febrero: Incrementar la efectividad de las medidas preventivas para proteger a defensores y defensoras de derechos humanos. Reconocer públicamente el importante papel de los defensores de derechos humanos y las ONG para la protección de los derechos humanos en México. Garantizar que los crímenes en contra de defensores de derechos humanos, periodistas y abogados sean investigados de manera efectiva y que se castigue a los responsables. Ampliar a otras entidades federativas, la tipificación del delito de desaparición forzada y el mecanismo de compensación para las víctimas y sus familiares. Continuar las reformas en materia de Seguridad Pública y el Sistema de Justicia Penal y garantizar que las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad sean investigadas, los autores llevados ante la justicia y las víctimas indemnizadas. Revisar el Código de Justicia Militar a fin de adecuarlo más estrechamente con las obligaciones internacionales de derechos humanos. Reconocer la centralidad de los derechos humanos en el enfoque a la mejora de la seguridad pública. Cumplir a cabalidad con estas recomendaciones es un primer paso indispensable para rearticular la confianza de la sociedad en la capacidad de las instituciones para garantizar la seguridad e integridad de las personas. Mientras tanto, quienes suscribimos esta demanda unimos nuestra voz a la de las viudas, deudos, familiares y compañeros de Raúl Lucas y Manuel Ponce, para exigir a los gobiernos del estado y federal den inicio formal de inmediato a una investigación exhaustiva y objetiva, para que se esclarezca el asesinato y se castigue a los responsables. Suscriben: Organizaciones Mexicanas Artículo XIX Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad DECA-Equipo Pueblo, A. C. Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C. Academia Mexicana de Derechos Humanos Alianza Cívica Alianza Cívica, A.C. Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL) Cencos (Centro de Nacional de Comunicación Social) Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.“ A.C., Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A.C., Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. Comité de Derechos Humanos Ajusco Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, A. C. El Caracol A.C. El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), ENLACE Comunicación y Capacitación Fundar Centro de Análisis e Investigación, GESOC, Gestión Social y Cooperación, A.C. Iniciativas para la Identidad y la Inclusión, A.C. La Coalición Internacional para el Hábitat-Oficina para América Latina (HIC-AL) Organización Indígena Fotzi ñaño Promotores de la Autogestion para el Desarrollo Social (PADS) Salud Integral para la Mujer, A. C. (SIPAM) Sonora Ciudadana, A.C. Unión de Pueblos de la Region Oriente de Coyuca de Benitez y Poniente de Acapulco Universidad Campesina del Sur, AC Redes Mexicanas Colectivo por la Transparencia Organizaciones de otros países El Movimiento Manuela Ramos. Perú. Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer – DEMUS, Perú; Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz de Colombia, APSCP-Colombia Asociación de Mujeres Flor de Piedra - San Salvador, Asociación Humanidad Libre – Arequipa, Perú; Centro de Derechos de Mujeres – Tegucigalpa, Honduras Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Perú Federación de Mujeres de Ica-Perú Los 16 capítulos del CLADEM: CLADEM Argentina; CLADEM Bolivia; CLADEM Brasil; CLADEM Chile; CLADEM Colombia; CLADEM Ecuador; CLADEM El Salvador; El Salvador; CLADEM Guatemala ; CLADEM Honduras; CLADEM México CLADEM Panamá; CLADEM Paraguay; CLADEM Perú; CLADEM Puerto Rico; CLADEM Rep. Dominicana; CLADEM Uruguay Milena Radio. Perú. Organizaciones Internacionales Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Comité de América Latina y del Caribe para la Defensa de los Derechos la Mujer. CLADEM Regional. La Coalición Internacional para el Hábitat-Oficina para América Latina (HIC-AL) Personas en lo particular Sergio López Menéndez. México. Oscar Guerra Ford. México. Oscar Banda González. México. Norma Enríquez Riascos. Colombia. Juan Pablo Guerrero Amparán, México. Helena Hofbauer. México. Guadalupe Ramos. México. Andrea Medina Rosas México Andrea De La Barrera México Alejandra Rios Cazares. México.