EL PLAN MESOAMERICANO DESPOJO A COMUNIDADES

Construcción de la vía Oaxaca-Istmo-Huatulco, ejemplo de despojo y división física de comunidades,Plan Puebla-Panamá atenta vs pueblos, denuncian ante ONU


Juan Carlos Zavala

-Primera Parte

-Segunda Parte

Denuncian organizaciones civiles violación del derecho de los pueblos a la libre determinación; denuncian daño al patrimonio cultural PRIMERA PARTE El Plan Puebla-Panamá (PPP) propuesto por el ex presidente de México Vicente Fox Quezada y aprobado por siete naciones centroamericanas ha violado sistemáticamente el derecho de los pueblos de los estados del sur del país a la libre determinación, de acuerdo con el cuarto informe de organizaciones civiles entregado al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (ONU). En el documento se afirma que en lo general las políticas y planes de desarrollo regional del PPP fueron diseñados por las autoridades sin la participación de la población y desde una lógica que busca fomentar las actividades de grupos económicos nacionales o extranjeros más que promover proyectos concertados con las comunidades de la región y con base en sus necesidades y aspiraciones. Ni la definición ni la aprobación de la estrategia de desarrollo regional contemplada fue sustentada en una amplia discusión pública, agrega el texto. Al contrario, indica, sus proyectos han sido impuestos a menudo con el uso de la fuerza pública, sin previa consulta y sin haber obtenido el consentimiento de la población afectada; “de esta forma el gobierno mexicano viola el derecho a la libre determinación, en virtud de que todos los pueblos tienen el derecho a establecer libremente su condición política y proveer asimismo su desarrollo económico, social y cultural”. Mayor presupuesto a eje comercial El PPP se compone de ocho iniciativas estructuradas en tres ejes estratégicos: Integración productiva e intercambio comercial y competitividad, que comprende cinco iniciativas: Facilitación del Intercambio Comercial, Promoción del Turismo, Interconexión Energética, Integración Vial e Integración de los Servicios de Telecomunicaciones; y los ejes para el Desarrollo Humano y para el fortalecimiento institucional. Sin embargo, el informe alternativo entregado a la ONU sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), apunta que el análisis del presupuesto federal asignado entre 2001 y 2004 para el Plan y el desarrollo de la región sursureste muestra que la mayor parte de los recursos públicos invertidos, alrededor del 95 por ciento, han sido asignados al primer eje estratégico. Es decir, para el financiamiento de megaproyectos de infraestructura que comprenden la construcción de grandes corredores carreteros, la modernización de instalaciones portuarias y aeroportuarias, la construcción de presas hidroeléctricas, de interconexiones energéticas y de complejos turísticos, entre otros. Mientras que para el componente de desarrollo humano el presupuesto ha sido muy reducido, en alrededor de tres por ciento. El informe asegura que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que es parte de la Comisión de Alto Nivel para la búsqueda de Financiamiento de los Proyectos del PPP, además de orientar fondos propios en esta dirección, busca promover el liderazgo del sector privado como una alternativa de financiamiento con efectos fiscales en el presupuesto gubernamental–contratación de deuda. Sin embargo, afirma que esta tendencia a la “privatización” del financiamiento del desarrollo genera una serie de interrogantes y preocupaciones, ya que contribuye a desplazar el espacio de definición de las prioridades en materia de desarrollo del ámbito público al privado y del principio de soberanía nacional a los intereses económicos de los grandes inversionistas. Piden atención a indígenas Por ser el sursureste mexicano una región con fuerte densidad de población indígena, puntualiza el informe, el gobierno está obligado por convenios internacionales a involucrar a los pueblos indígenas “en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.” Indican que en los mismos convenios se reconoce el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, precisando que “las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”. Según al informe, ha sucedido lo contrario, los pueblos del sursureste no han sido consultados en la definición de la estrategia, ni tampoco debidamente informados y consultados sobre las implicaciones sociales, ambientales y culturales de los proyectos implementados. “Es más, los proyectos que ya se implementaron han significado una regresión en el goce de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población del sursureste, por ejemplo: el despojo de tierras, la destrucción del patrimonio cultural y de los ecosistemas, así como la expropiación de recursos naturales (agua, bosques, biodiversidad, etcétera) han sido el común denominador de varios casos”. SEGUNDA PARTE El Cuatro Informe de Organizaciones Civiles entregado al Comité de Derechos Económicos, sociales y Culturales de las Naciones Unidas señala que los megaproyectos que conforman el Plan Puebla-Panamá ha ocasionado graves violaciones a las formas y procedimientos legales en vigor en el país y a los derechos humanos reconocidos en la normatividad nacional e internacional, en particular en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el propio PIDESC, ambos ratificados por el Estado mexicano desde 1981. Indica que si bien el Comité de la ONU no ha hecho mención explícita del derecho a la libre determinación en sus observaciones finales, a México sí se le ha hecho referencia en torno a situaciones y temas relevantes para el derecho, como sería el caso de las referencias a la situación de los pueblos indígenas, en particular en los estados del sur y sureste (estados de Chiapas, Guerrero, Veracruz y Oaxaca) así como a los impactos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de los programas de ajuste estructural de la Banca Multilateral en nuestro país. Por ejemplo, “en el tema de los pueblos indígenas, las recomendaciones del Comité sobre desalojos forzosos cobran especial importancia a la luz del derecho a la libre determinación ya que se deben revisar los casos de comunidades desplazadas que se ven privadas de sus medios de subsistencia”. El caso de Oaxaca El documento alternativo de las organizaciones de la sociedad civil documentó diversos casos que reflejan la interdependencia del derecho a la libre determinación con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y otros derechos humanos como el derecho a la información, a la consulta y la participación, al desarrollo. Asimismo, evidencian los efectos de la política económica y del modelo de desarrollo vigente en el disfrute de estos derechos. Por lo que refiere al estado de Oaxaca, las organizaciones hicieron señalamientos a las violaciones de los derechos en contra de los pueblos indígenas por la construcción de la supercarretera Oaxaca-Istmo-Huatulco. Detalla que a principios de marzo de 2002 el entonces titular del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (Coplade), Celestino Alonso Álvarez, hizo pública la construcción de la vía de comunicación. En 2003, equipos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) empezaron labores en las comunidades de Guiechiquero y Cerro Chivo, ambas pertenecientes a los Bienes Comunales de Santa María Jalapa del Marqués, Tehuantepec; y en enero de 2004 se presentaron ingenieros para iniciar la construcción del tramo del kilómetro 186 al 198 de la supercarretera. Se asegura en el informe que las comunidades afectadas que no habían sido informadas ni consultadas; con el apoyo del Centro Tepeyac, enviaron un oficio al Presidente de la República, y otras autoridades exigiéndoles el respeto del derecho a la información y a la consulta consagrado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; pero nunca recibieron respuesta. Oídos sordos Posteriormente, en una Asamblea General celebrada en febrero de 2004, las comunidades decidieron no aceptar la construcción de la supercarretera. Sin embargo, la SCT siguió con la obra pretextando haber obtenido el consentimiento de las comunidades al haber firmado un convenio con los integrantes del Comisariado de los Bienes Comunales, a quien otorgó la cantidad de 505 mil 572 pesos por efecto de indemnización para el área afectada. El procedimiento seguido por la SCT, señala, es violatorio de la Ley Agraria que estipula que el consentimiento debe darse en el marco de una Asamblea General convocada con apego a la normatividad agraria en vigor. Del mismo modo, las autoridades violaron las disposiciones del Convenio 169 de la OIT al no promover una consulta efectuada “de buena fe y de una manera apropiada”. Violación a derechos económicos Este megaproyecto resultó en una serie de violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los campesinos e indígenas asentados en los bienes comunales de Santa Maria Jalapa. “La construcción de esta red carretera implicó el despojo de las tierras de cultivo de campesinos que, a casi un año de haberse suscrito el convenio con la SCT aún no han sido indemnizados. Al atravesar los bienes comunales, la carretera obstaculiza el libre tránsito de los campesinos de sus casas a sus parcelas, dificultando la realización de sus actividades productivas y de ganadería, y por ende el desarrollo comunitario”. Además, dice el informe, la construcción de la supercarretera Oaxaca-Istmo-Huatulco constituye una amenaza a la vida cultural de los pueblos indígenas de la región, como sucedió en el tramo Guelaguichi–Tehuantepec que afectó los importantes vestigios arqueológicos de Dainzú y El Carrizal. Frente a ello los pueblos indígenas mixes, zapotecos, mixtecos, zoques, chinantecos, chontales y kunats o huaves del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca se han movilizado para manifestar su rechazo, pero las autoridades han hecho caso omiso de estas resistencias. Otros casos El “Plan Milenium”, promovido por el gobierno del estado de Puebla a partir de 1999 “es un ejemplo claro de la imposición, mediante amenazas, intimidaciones e incluso la criminalización de defensores de derechos humanos, de un megaproyecto de inversión que contempla la construcción de carreteras, zonas industriales, actividades turísticas, en los territorios de comunidades rurales e indígenas del país”, afirman las organizaciones de la sociedad civil, en el documento. Explican que se trataba de una propuesta de desarrollo urbano e industrial que afectaría las tierras de ocho municipios de más de cuatro mil productores la mayoría de origen náhuatl. A partir de octubre del año 2000, y sin haber facilitado información ni promovido consultas con la población potencialmente afectada, funcionarios de la SCT acudieron a las comunidades de San Pablo Actipan y San Nicolás Zoyapetlayoca del Municipio de Tepeaca, a la Colonia José María Pino Suárez del Municipio de Tecamachalco y a San Jerónimo Almoloya para pretender comprar las tierras a un precio irrisorio. Pueblos, bajo presión Asegura que bajo intimidaciones y amenazas, campesinos y campesinas de estas localidades vendieron sus tierras por lo que, en noviembre de 2001, compañeros de las comunidades afectadas se organizaron en la Unión Campesina Emiliano Zapata Vive (UCEZ VIVE) para defender su derecho a la tierra y demandar la cancelación del Plan Milenium. En esta lucha fue muerto el Diputado Teodoro Lozano (un fundador de la UCEZ), fue secuestrado Concepción Colotla y se giraron órdenes de aprehensión en contra de los dirigentes del movimiento. La presión social forzó a que el gobernador del estado, en ese entonces Melquiades Morales, anunciara la suspensión del Plan Milenium. Sin embargo, acota el informe, hasta la fecha las autoridades no han devuelto los títulos de propiedad de la tierra.