CRISIS Y ESTIMULOS FISCALES

Crisis y estímulos fiscales Editorial/la jornada El Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó ayer que, ante la actual crisis del sistema financiero mundial –cuyas consecuencias se han comenzado a sentir en los meses recientes y amenazan con ser aún más severas en 2009–, las economías requieren de “iniciativas audaces” de los gobiernos para evitar la “probabilidad de otra gran depresión”. En particular, señaló el organismo, se necesitan amplios programas de estímulos fiscales. La recomendación del Fondo tiene sentido en un momento en que las economías de todo el mundo acusan signos de debilitamiento, el crédito escasea y es urgente elevar el poder adquisitivo de las personas, fomentar la demanda y la generación de empleos. Es significativo que diversos países contemplen ya la aplicación de estímulos fiscales: el pasado 26 de noviembre, la Comisión Europea aprobó un paquete por 200 mil millones de euros, y Bruselas instó a los países miembros de la Unión Europea a que avanzaran en ese mismo sentido; a principios de ese mes, China anunció la aplicación de estímulos fiscales por 586 mil millones de dólares, y en Estados Unidos se aprobó desde enero pasado un programa de incentivos equivalente a 150 mil millones de dólares, en tanto el presidente electo de ese país, Barack Obama, analiza aplicar otro de entre 675 mil y 775 mil millones de dólares. En México, la crisis económica ha puesto en relieve la necesidad de reactivar los anquilosados motores de la economía y el mercado interno y frenar así la fuerte dependencia económica respecto de la nación vecina del norte. Sin embargo, tal acción resulta particularmente complicada cuando se ha adoptado una política fiscal sumamente injusta e inequitativa, que beneficia a los causantes mayores –las grandes empresas, los capitales financieros, los dueños de inmensas fortunas– y se ensaña con los que menos tienen. Los incrementos impositivos decretados en el último año, como el impuesto empresarial a tasa única (IETU), han afectado principalmente a los asalariados, a los sectores productivos y a las pequeñas y medianas empresas, que son, cabe recordarlo, las principales generadoras de empleo formal en el país. El sistema tributario nada pudo hacer cuando la venta de Banamex a la trasnacional Citigroup, mediante una operación bursátil, significó un quebranto al erario por unos 3 mil 500 millones de dólares en impuestos que no se pagaron, pero en cambio no permite a quien realiza sus compras en el sector formal dejar de cubrir el impuesto al valor agregado. La actual política fiscal, de suyo inmoral por cuanto mide con distintos raseros a los pequeños y a los grandes contribuyentes, constituye, en la circunstancia presente, un elemento nocivo para la economía –pues inhibe la inversión y merma la creación de puestos de trabajo– y un factor de descontento adicional para los sectores castigados, que son, por añadidura, los que más resienten los efectos de las crisis económicas. La aplicación de un paquete de estímulos fiscales en el país se presenta como una medida sensata, pero cabría esperar que se orientara a beneficiar a quienes efectivamente lo necesitan.