SALEN A LA LUZ ANOMALIAS DE LA ACE IMPUESTA POR GORDILLO-CLADERON

Carlos Ramos Mamahua

Elba Esther Gordillo es una de las firmantes del acuerdo por la educación y quien enfrenta severas críticas de los profesores disidentes. En la imagen, una manifestación contra la líder del SNTE

■ No incluye enfoques particulares para los requerimientos de cada entidad del país Salen a la luz más anomalías de la alianza por la educación ■ En ninguno de los acuerdos oficiales aparece la rúbrica de algún representante de la SEP Emir Olivares Alonso/La jornada Aun cuando las autoridades educativas federales han hecho hincapié en que la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) se aplicará con base en las necesidades y particularidades de cada entidad del país, el documento con el se pone en marcha el acuerdo no plantea esas especificaciones. La documentación oficial de la alianza es prácticamente idéntica para todos los estados del país, revelaron fuentes educativas, como se puede comprobar en los pactos firmados tanto en Nuevo León como en Puebla, de los cuales este diario tiene copia. En ambos documentos se indican los cuatro principales lineamientos de la ACE: modernización de los centros escolares, profesionalización de profesores y autoridades educativas, bienestar y desarrollo integral de los alumnos y evaluación para mejorar, sin que se haga mención a las particularidades de cada región. Además, pese a ser una iniciativa del gobierno federal, el acuerdo formal no es firmado por autoridades de la SEP, sino sólo aparecen las rúbricas de los mandatarios de Nuevo León, José Natividad González Parás, y de Puebla, Mario Marín Torres; las autoridades educativas de cada entidad; la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, y de los secretarios de las dirigencias seccionales. El tópico de modernización abarca la infraestructura y equipamiento de las escuelas, en las que en ambos estados se hace referencia al impulso de mecanismos para la “dignificación” de los establecimientos escolares; también incluye lo relacionado con tecnologías de la información y la comunicación, donde se incluye el desarrollo de habilidades digitales para docentes y en la que la única diferencia sustancial es que mientras en Puebla se pretende que para 2011 al menos 75 por ciento de las escuelas de educación básica cuenten con cobertura de conectividad, en Nuevo León ese objetivo se estableció para 2012 y a 80 por ciento de los planteles de ese nivel, además de que en la entidad norteña se construirán más de 5 mil aulas de habilidades digitales. En el pacto educativo la participación social también se incluye dentro de la modernización. En sendos documentos se hace hincapié en el fomento del programa Escuela segura, de tal forma que la comunidad escolar debe convertirse en centro de la atención de las políticas educativas; así como que tanto las secretarías de Educación y las secciones magisteriales de cada entidad fomentarán mecanismos participativos de gestión escolar en los que intervengan los padres de familia, organizaciones de la sociedad civil y académicos; la diferencia más destacable en este punto es que en Nuevo León se adoptarán “las medidas necesarias” para que las escuelas abran los sábados para “la promoción de las actividades extraescolares”. En lo referente a la profesionalización de maestros y autoridades educativas, la ACE, en ambas entidades, coincide en la obligatoriedad de que éstos sean sometidos a un examen de oposición para concursar las plazas de base del personal docente de nuevo ingreso y la promoción de los directivos; en que se fortalecerán los programas para la enseñanza del español, matemáticas, ciencias e historia, “a fin de contribuir en la eficiencia del sistema educativo”. En este punto la diferencia radica que en Nuevo León se creará un instituto de investigación, innovación y estudios de posgrado, en el que se impartirán estudios avanzados de maestría y doctorado en educación. Los documentos son prácticamente idénticos en lo referente al bienestar y desarrollo integral de los alumnos, ya que modificar y mejorarlos es “condición esencial para el logro educativo”. En este tópico las autoridades de ambas entidades y las secciones sindicales se comprometen a garantizar que la niñez y juventud de educación básica “tengan cubierto el derecho constitucional a la salud y a la alimentación”; asimismo, prometen que se impulsarán programas en áreas de nutrición, atención oportuna de sobrepeso y obesidad, detección de adicciones, entre otras. Además, en los dos acuerdos los firmantes se responsabilizan de favorecer el acceso, permanencia y egreso oportuno de los alumnos de hogares en situación de pobreza, así como fortalecer los programas de becas. En cuanto a la reforma curricular la documentación oficial pone énfasis en el impulso que se debe brindar a la enseñanza del inglés desde nivel prescolar hasta el término de la educación básica y la reforma integral en los contenidos del nivel básico para que se “garantice una educación moderna y pertinente, más orientada al desarrollo de competencias y habilidades para la formación de ciudadanos íntegros”.