domingo, 2 de mayo de 2010

OAXACA : VIOLENCIA Y REPRESION CONTINUA


Oaxaca, huele a violencia electoral

2 Mayo 2010 - 00:09.

José Gil Olmos

El ataque armado a la caravana de observadores de derechos humanos en San Juan Copala prendió en Oaxaca los focos de alerta. Ahora se recuerda que Ulises Ruiz es el gobernador más violento y represor del país -a su régimen se le adjudican al menos 62 muertos y una decena de desaparecidos-, que practica el espionaje y que organiza "escuadrones de la muerte" para eliminar a sus adversarios. El riesgo es que se desencadene la violencia durante el inminente proceso electoral, ante la indiferencia, hasta ahora, del gobierno federal.

Como ningún otro gobernador en funciones del país, Ulises Ruiz Ortiz se ha caracterizado por el uso de la fuerza y la violencia, pues grupos de derechos humanos nacionales y extranjeros atribuyen a su régimen una lista de 62 muertos, más de 500 detenidos y una decena de desaparecidos, todos por razones políticas, lo que lo identifica como represor social.

Tildado por algunos de sus propios compañeros de partido como "autoritario", "tirano" y "represor", Ulises Ruiz ha recurrido a la fuerza para imponerse, e incluso ha creado grupos armados paramilitares o parapoliciacos que actúan en las sombras de la ilegalidad y la clandestinidad sembrando el terror entre organizaciones sociales, indígenas y campesinos del estado.

Ahora, en medio de la contienda electoral donde se siente seguro de ganar a través de su ungido, Eviel Pérez Magaña, el gobernador oaxaqueño también es acusado de espiar a sus adversarios, y la Procuraduría General de la República (PGR) ya abrió la averiguación previa 46/UEIDAPLE/LE/7/2010 para localizar a los responsables de realizar estas acciones ilegales contra personajes como el expresidente del Tribunal Superior de Justicia del estado Raúl Bolaños-Cacho, quien en entrevista con Proceso dice que esto enturbia las elecciones del 4 de julio y advierte que, si el gobierno federal no interviene, puede haber graves hechos de violencia durante el proceso electoral.

De la misma manera se expresa Yésica Sánchez, directora de la oficina en Oaxaca de la Liga Mexicana de Derechos Humanos (Limedh), al indicar que es sumamente preocupante la emboscada a la caravana de observadores de derechos humanos en San Juan Copala.

Violencia e impunidad

En vísperas de las campañas electorales para la renovación del Congreso, las presidencias municipales y la gubernatura de Oaxaca, existe preocupación en la sociedad oaxaqueña por la forma en que Ulises Ruiz calificó el ataque a la caravana de observadores, pues tras rechazar su responsabilidad, señaló que se trató de un "enfrentamiento" entre la comunidad y un grupo de "activistas" nacionales y extranjeros.

En agosto del 2004, en un acto de su campaña electoral, un grupo de priistas encabezados por el diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano mataron a palos al profesor Serafín García, quien apoyaba al candidato de la oposición Gabino Cué.

A pesar del escándalo generado por las imágenes del ataque tomadas por el fotógrafo Tomás Martínez y publicadas entonces por el diario Reforma, nunca se actuó contra Desiderio Concha, sino, al contrario, fue premiado, pues el 12 de agosto del 2009 fue declarado diputado federal electo por el Distrito 2 de Teotitlán de Flores Magón.

Ulises Ruiz "así ha ido. Comenzó encarcelando a opositores, haciendo obras sin consultar a la gente, y por eso estalló la rebelión en el 2006. Durante todo este tiempo ha sido un gobierno que ha golpeando a la gente y que incluso ha mandado a asesinar usando la famosa Caravana de la Muerte", asevera uno de los representantes de la APPO que fue encarcelado por órdenes de Ulises Ruiz.

"Un casicazgo con el PRI de rehén"

Ulises Ruiz es actualmente el gobernador que presenta los mayores índices de violencia y represión social, así como de violaciones a los derechos humanos y de asesinatos de líderes sociales.

En el 2008 la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos presentó un informe sobre la situación en Chiapas, Oaxaca y Atenco, Estado de México. Ahí, para el caso de Oaxaca, destacaba que entre junio del 2006 y abril del 2008 se documentaron 62 casos de homicidios por cuestiones políticas o sociales, entre los cuales destacaban los 26 muertos registrados durante el conflicto de la APPO.

Previamente al 2006, cuando se presentó el caso de la APPO, el gobierno de Ulises Ruiz ya tenía en su haber varios casos de líderes sociales asesinados, como el del profesor Serafín García, en Huautla de Jiménez, el 27 de julio del 2004; los de Jorge Enrique García Brenis, Marlon Roberto Miranda y Jorge Alberto Miranda, el 22 de mayo del 2005; el del líder social César Toimil, el 30 de noviembre del 2005, en la capilla de Acatlán de Pérez Figueroa. Y a esos crímenes se sumaron, en 2006, los perpetrados en contra de Neguib Tadeo Manríquez, Moisés Cruz Sánchez, Andrés Santiago Cruz, Octavio Martínez y el profesor universitario Pedro Martínez.

Catalogado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un gobernante que ha violado las garantías individuales de los oaxaqueños, luego de que se investigó la forma como reprimió a la APPO en el 2006, Ulises Ruiz es responsabilizado de haber marcado un alto saldo histórico de muertos, heridos, desaparecidos y reprimidos.

Raúl Bolaños-Cacho, expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), con más de 40 años de militancia en el PRI, dice que si se toma en cuenta el dictamen del máximo órgano de justicia del país, se ve con claridad lo que ha sido el gobernador Ruiz y su necesidad de que gane su candidato Eviel Pérez Magaña para protegerse del juicio de tribunales internacionales y de las investigaciones que aún no hacen las autoridades competentes.

El Chuky y los escuadrones de la muerte

Durante el conflicto de la APPO fue documentada la aparición de un grupo de sicarios que se dedicaron a sembrar el terror entre los simpatizantes del movimiento popular que luchaba por un cambio de gobierno. A este grupo de sicarios se le conoció como la Caravana de la Muerte y se le achacó el asesinato de varios maestros y colonos, e incluso el homicidio del periodista estadunidense Brad Will.

En el informe sobre derechos humanos 2007-2009 Oaxaca, un régimen agrietado, de la agrupación civil Servicios para una Educación Alternativa (Educa), se asienta que varios funcionarios del gobierno de Ulises Ruiz participaron en la organización y operación del grupo paramilitar, entre ellos la entonces procuradora Lizbeth Caña Cadeza y quienes fungieron como secretario de Protección Ciudadana, Lino Celaya, y como secretario de Gobierno, Jorge Franco, quien en la actualidad es diputado federal.

Flavio Sosa, por su parte, señala a otros funcionarios que participaron en estos aparatos de represión e inclusive de espionaje al servicio de Ulises Ruiz, como al secretario de Gobierno Heliodoro Díaz Escárcega; Alejandro Barrita, asesinado; Aristeo López Martínez también asesinado y los marinos José Manuel Vera Salinas, a quien le acaba de reventar el espionaje político que realizó en Cancún y Manuel Moreno Rivas, a la sazón director de la Policía Ministerial de Oaxaca.

Más aún, algunos de estos represores, ubicados en otras partes, siguen siendo severamente cuestionados por conductas parecidas, mientras que otros han sido ejecutados.

El 30 de enero del 2008, el teniente Alejandro Barrita, fue abatido a tiros, mientras hacía ejercicio en el parque deportivo El Tequio; otro de los personajes acusados de integrar la Caravana de la Muerte, Aristeo López Martínez, excoordinador de Seguridad Pública, también fue ejecutado de 30 balazos de armas largas cuando viajaba en su vehículo por la Calzada de la República en la capital oaxaqueña.

Curiosamente, ambos personajes también estaban involucrados en la detención y desaparición de dos cuadros políticos del EPR, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Ramírez Amaya, el 25 de mayo del 2007.

"Así ha ido Ulises Ruiz. Durante todo el tiempo ha usado la asesoría de gente proveniente de la Secretaria de Marina. Hace poco fue encontrado un equipo de espionaje en Cancún a cargo del teniente de navío Manuel Vera Salinas", señala Flavio Sosa.

Efectivamente, durante la rebelión de la APPO los dos tenientes tuvieron una actuación destacada en los operativos policiacos, sobre todo en los destinados a detectar acciones del grupo guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR). De hecho, estas actividades las venían realizando desde el gobierno de José Murat.

Cuando fracasó en el desalojo de los maestros del zócalo de la capital oaxaqueña el 14 de junio del 2006, Ulises Ruiz Ortiz tuvo que destituir a su secretario de Gobierno, Jorge Franco, operador de los grupos de choque, y al teniente Vera Salinas. Sin embargo, ambos siguieron operando en el control de los grupos opositores al gobernador.

Después del conflicto en Oaxaca, Vera Salinas se trasladó a Quintana Roo y fue nombrado director de Tránsito de Cancún. Ahí se vio envuelto en otro escándalo.

El 17 de abril pasado, elementos del Ejército descubrieron un centro de espionaje político en los condominios de Xcaret, Cancún.

Espionaje oaxaqueño

Desde el inicio de la administración de Ulises Ruiz, los líderes sociales y políticos del estado manifestaron su preocupación por el espionaje y el seguimiento de que eran objeto por parte del gobierno. Aunque había quejas, no se había presentado ninguna acusación hasta que en las últimas semanas se conoció de una denuncia anónima -interpuesta ante la PGR- de espionaje telefónico en Oaxaca.

El 18 de marzo pasado, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la PGR abrió la averiguación previa 46/UEIDAPLE/LE/7/2010, y ha citado a varias personas que presuntamente son espiadas, entre ellos el expresidente del Tribunal Superior de Justicia del estado Raúl Bolaños-Cacho.

Entrevistado, el magistrado con licencia lamentó que algunas personas se estén dedicando a estos actos ilegales, pero sobre todo que lo hagan en este momento, cuando arranca el proceso electoral, y contra personas que son ajenas al gobierno y al PRI.

El magistrado sostiene que es preciso que el gobierno federal intervenga porque de las 12 elecciones que habrá este año en el país, la de Oaxaca es la más peligrosa por la violencia que se puede desatar, como la que se ha empezado a ver en el ataque a la caravana humanitaria en San Juan Copala.

En esto coincide el integrante de la APPO Flavio Sosa, para quien el ataque a la caravana de observadores de derechos humanos y periodistas en San Juan Copala es una señal de la violencia que se puede generar durante el proceso electoral.

Sobre todo porque ya hay antecedentes de la actuación de grupos armados, quienes han herido a 10 niños y niñas de bala en las últimas fechas, dice la directora de la Limedh, Yésica Macías, y porque el 7 de abril del 2008 asesinaron a Teresa Bautista Flores y a Felicitas Martínez Sánchez, locutoras de la radio comunitaria La voz que rompe el silencio.

Saldo negro

* 62 muertos durante el presente sexenio
* 500 detenidos
* Una decena de desaparecidos, todos por razones políticas

Brazos ejecutores

* El Chucky Jorge Franco, galardonado con una diputación federal
* Desiderio Concha, premiado como diputado federal por Teotitlán
* Lizbeth Caña Cadeza, Auditora Superior del Estado
* Lino Celaya
* Heliodoro Díaz Escárcega, diputado federal
* Alejandro Barrita, ejecutado
* Aristeo López Martínez, ejecutado
* José Manuel Vera Salinas, encargado del espionaje político en Cancún
* Manuel Moreno Rivas

"No quiero ser pesimista, pero veo un escenario turbulento y violento para las elecciones de julio".

Yésica Sánchez, directora de la oficina en Oaxaca de la Liga Mexicana de Derechos Humanos



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