A 34 años de la muerte de Lucio Cabañas Martes, 02 de Diciembre de 2008
Por Julio Pimentel Ramírez/POR ESTO
Este 2 de diciembre al recordar el aniversario 34 de la caída en combate del profesor Lucio Cabañas Barrientos, dirigente y fundador del Partido de los Pobres, se puede constatar que a pesar de que el México del siglo XXI no es el mismo que el de hace cuatro décadas persisten, entre otras cosas, la pobreza, marginación, exclusión social -males que seguramente se profundizarán debido a la actual crisis económica y a las políticas neoliberales que insiste en aplicar el gobierno calderonista- y el autoritarismo y la represión en contra de los movimientos sociales.
Si bien muchas cosas se han modificado en el país, otras tantas nos recuerdan que aún hay mucho por hacer, siguen pendientes la verdad y la justicia sobre la cruenta represión que el Estado mexicano desató sobre comunidades de la sierra guerrerense y las guerrillas que encabezaron Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, que arrasó aldeas, torturó, encarceló y desapareció a cientos de campesinos, vinculados o no con el movimiento armado. (La represión fue extensiva a toda la República y en contra de guerrillas urbanas y rurales de otras entidades).
Tomando en cuenta las circunstancias y el tiempo transcurrido, hay hechos que nos muestran que sigue intacto el hilo conductor de la represión e impunidad del régimen político mexicano, que no ha modificado su esencia a pesar de la alternancia de partidos en la administración federal, uno de ellos es el hostigamiento y persecución en contra de medios de comunicación que se atreven dar voz a fuerzas sociales y políticas molestas para las cúpulas del poder.
En los años 70 la revista Por Qué? -dirigida por el Periodista Mario Menéndez Rodríguez- ofrecía sus generosas y valientes páginas a la publicación de los documentos de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y el Partido de los Pobres, entre otras guerrillas de la época. En respuesta el gobierno de Luis Echeverría Alvarez ordenó su cierre y destrucción de su maquinaria, previos actos de intimidación y represión en contra de sus directivos.
Ahora el POR ESTO!, Diario de la Dignidad, Identidad y Soberanía, y su Director General, son sometidos a recurrentes medidas de hostigamiento y acoso de los gobiernos panistas y sus socios, por brindar espacio al movimiento popular en defensa del petróleo, la economía popular y la soberanía nacional, así como por no quitar el dedo del renglón respecto al carácter ilegítimo y espurio de Felipe Calderón.
Este paralelismo no pretende comparar las características políticas de ambos movimientos de resistencia popular, al de hace más de tres décadas y al de estos años, cada uno de ellos se explica por sus condiciones particulares, el segundo, el de ahora, aprendiendo las lecciones del primero para no repetir errores y rescatando el espíritu de lucha y congruencia de Lucio Cabañas, por mencionar un ejemplo.
Así, este 2 de diciembre se cumple el 34 aniversario de la caída en combate, tras cruenta persecución e intenso cerco militar en la sierra guerrerense, del profesor Lucio Cabañas Barrientos, fundador del Partido de los Pobres (PDLP) y comandante de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, luchador social ejemplo de congruencia revolucionaria que obligado por la represión gubernamental optó por la vía armada para transformar la injusta sociedad que oprimía a los pobres.
En los 60s, se vivía en Guerrero una situación de violencia estructural. Caciquismos añejos, abusos, corrupción, crímenes, violaciones, miseria, insalubridad, inequitativa distribución de la riqueza, son algunos de los factores que a diario debe de combatir la población campesina e indígena guerrerense.
¿Hay mucha diferencia con lo que sucede actualmente en el país? Más de la mitad de mexicanos en la pobreza, desempleo en crecimiento mientras un puñado de millonarios concentra la mayor parte de la riqueza nacional, gobernadores “preciosos” y represivos, violencia e inseguridad, corrupción rampante en amplios sectores de la función pública, parecen darnos la respuesta a dicha interrogante.
Al hablar de Lucio Cabañas, si bien recordamos hechos acontecidos hace ya más de treinta años, nos estamos refiriendo a páginas de la historia nacional que aún no se han cerrado, los expedientes siguen abiertos: persisten en México más de mil 300 personas detenidas desaparecidas, 600 de ellas en Guerrero -más de cien de éstas con el apellido del jefe insurgente; cientos de masacrados y decenas de ejecutados extra judicialmente, sin olvidar los torturados y encarcelados sin respetar procesos legales.
Los responsables intelectuales y materiales de los delitos de lesa humanidad que enlutaron cientos de hogares y que agravian a la sociedad en su conjunto, permanecen en la impunidad. Con dificultad, la verdad se abre paso pero la justicia espera su turno.
La biografía de Lucio Cabañas es ejemplo de una vida entregada a una causa, como señala David Cabañas, hermano consanguíneo y de armas de Lucio: “…nos brinda un conjunto de ejemplos de ética y principios a seguir….nace en un hogar humilde, se desarrolla políticamente dentro de las masas populares, se convierte en líder popular entre los estudiantes y entre el campesinado y consecuentemente, cuando el Estado le cerró los caminos para continuar demandando justicia para los suyos, pasa a la clandestinidad y crea la organización revolucionaria Partido de los Pobres (PDLP).
Finalmente cabe anotar que el sistema educativo popular, al que pertenece la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, escuela en la que estudió Lucio Cabañas, es sometido a un intenso acoso y persecución gubernamental con el objetivo de reducir o eliminar el papel que aún juegan en los movimientos sociales de protesta.
TRES DÉCADAS DE CONTRAINSURGENCIA EN GUERRERO
Laura Castellanos
En el espejo de la memoria colectiva, la estrategia gubernamental que hoy sufre el estado de Chiapas aparece como un reflejo amplificado de la guerra de baja intensidad que, un cuarto de siglo atrás, azotó al estado de Guerrero. En este recuento aparecen las líneas maestras de un diseño de contrainsurgencia que, visto retrospectivamente, si en algo ha ganado hoy en día es en sofisticación. Acciones "humanitarias" del Ejército,poblaciones tomadas por la fuerza, inversiones millonarias en "obra social", grupos paramilitares. Nada ha cambiado en las formas de punición contra los pobres
El 6 de abril de 1997, por el camino de terracería, aparecieron 50 vehículos verdes: Hummers, tanquetas, jeeps, con más de 300 efectivos a bordo. Mientras los helicópteros sobrevolaban la comunidad nahua de San Miguel de Ahuelican, municipio de Ahuacuotzingo, Guerrero, los soldados irrumpieron en las casas buscando armas. Reunieron a hombres, mujeres y niños en la cancha de cemento, seis hombres fueron detenidos y torturados. A Abelino Tapia Morales, de 70 años, lo colgaron de una peña con la amenaza de arrojarlo al desfiladero si no hablaba.
Hace 26 años fue sometido de igual manera El Quemado, en la Sierra de Atoyac. Entonces, los militares que perseguían a la guerrilla de Lucio Cabañas arrasaron la localidad. Concentraron a todos sus habitantes en la cancha y se llevaron a 84 hombres. Tres murieron en la tortura, seis fueron desaparecidos y 20 permanecieron encarcelados cuatro años.
A tres décadas de la militarización de Guerrero bajo el método político militar de guerra de baja intensidad (GBI) -mismo que funciona en Chiapas desde 1995-, ha sido casi ininterrumpida la actuación de diversas guerrillas en el estado, el cual sigue encabezando la lista de la marginación y también la de violaciones graves a los derechos humanos.
14 campañas 14
En Guerrero, la historia y el presente parecen fluir en círculo. Cuando Lucio Cabañas entró al clandestinaje en mayo de 1967, y un año después lo hizo Genaro Vázquez, 14 campañas militares trataron de aniquilarlos. Baloy Mayo, en su libro La guerrilla de Genaro y Lucio, las documentó ampliamente: en la primera, 1967, se hicieron rondines "pacíficos", principalmente en la sierra de Atoyac, pretextando acciones "humanitarias" de carácter médico o deportivo para ganarse la confianza de los pobladores. Pero en la segunda, 1968 y 1969, se recurrió a los grupos paramilitares, integrados por guardias blancas de los caciques, y los soldados incursionaron violentamente en las poblaciones serranas, escribiendo los primeros nombres de la mayor lista de desaparecidos políticos en el país.
Durante la tercera, 1970, el Ejército fue reforzado desde el aire por naves de las policías militar y federal. La cuarta incluyó medidas políticas: hubo "campañas de sanidad", pusieron tiendas Conasupo en todas partes, abaratando o regalando sus productos, abrieron una sucursal del Instituto Mexicano del Café para tener una relación directa con el combativo sector de los cafetaleros , y dieron "cursos de orientación política" a los comisariados ejidales y municipales de la sierra para detectar simpatizantes o militantes de los grupos armados. El resto de las campañas se concentró en operaciones militares.
Durante el año siguiente, 1971, Baloy Mayo registró la instalación de 15 partidas militares adicionales y de 24 mil efectivos: la tercera parte del Ejército Mexicano. A pesar de semejante despliegue, la existencia del Partido de los Pobres (PDLP) de Lucio Cabañas y de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez -como ocurriría en 1995 con el Ejército Popular Revolucionario (EPR)- fue negada por el secretario de la Defensa en turno.
Luego de la muerte de Genaro Vázquez, en febrero de 1972, la lucha contrainsurgente se centró en Lucio Cabañas. En el verano de ese año, el PDLP realizó dos emboscadas y dio a conocer su ideario.
La militarización en los municipios de Atoyac, Coyuca y Acapulco se recrudeció. Cinco batallones reforzados por 10 mil policías peinaron la zona e hicieron detenciones masivas, incluidos los familiares de Lucio Cabañas. Su madre, Gervasia Barrientos, quien murió recientemente, fue internada en el Campo Militar Número Uno por dos años. El 28 de septiembre de 1972, un comunicado del PDLP, publicado en el periódico El Machete, denunció los excesos del Ejército contra la población civil de 32 comunidades: "Torturan, golpean, capan, queman, ahogan y matan a hombres, mujeres, niños y ancianos".
Un hecho desató la peor represión conocida en la historia de México: el secuestro del senador Rubén Figueroa Figueroa por parte del PDLP en mayo de 1974. Una semana antes del plagio, la Secretaría del Patrimonio Nacional anunció en la prensa que se habían invertido más de mil 161 millones de pesos, gran parte en Guerrero, para realizar obras públicas y duplicar la red carretera.
Ese año, 173 personas fueron desaparecidas, la mayoría por militares, principalmente en la Sierra de Atoyac y La Montaña. El gobierno justificaba la presencia del Ejército en el estado para salvaguardar la ejecución de su proyecto social mientras facilitaba el movimiento y la permanencia de tropas en las zonas marginadas. A fines de 1974 Figueroa fue rescatado, el cerco se estrechó y mataron a Lucio Cabañas. Figueroa fue elegido gobernador. Al finalizar su administración era responsable de un centenar más de desapariciones. Para 1981, la cifra del Comité Pro Defensa de Presos Perseguidos Desaparecidos y Exiliados Políticos de México sería de 330.
El Ejército mejoró sus tácticas contrainsurgentes y Guerrero fue el laboratorio para ponerlas en práctica. Algunos de sus más connotados miembros habían sido adiestrados en Estados Unidos. De 1962 a 1977, 37 oficiales mexicanos, entre ellos el teniente José Domingo Garrido Abreu -que era jefe de la Región Militar con sede en Tapachula, Chiapas, cuando surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional-, viajaron a Fort Benning, Fort Bragg y la Escuela de las Américas. Después circularían versiones de asesoría extranjera, entre la cual habría agentes de la CIA. Se había puesto en marcha una versión de la guerra de baja intensidad, basada en una estrategia global contraguerrillera que abarca aspectos económicos y psicológicos en tres frentes: el castrense, el de la opinión pública y el civil.
Las nuevas guerrillas
A pesar de la fuerte militarización de Guerrero, otros grupos actuaron durante 1974: la prensa registró a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), el Frente Armado del Pueblo (FAP) -antes Vanguardia Armada Revolucionaria (VAR)- y las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL).
A tres meses de la muerte de Cabañas, media docena de sobrevivientes, algunos de su comandancia, entre ellos una mujer de sobrenombre Adela, se reunían en la ciudad de México para reconstruir el PDLP. Un año después, en 1976, contactaron a Unión del Pueblo, embrión del Partido Revolucionario Obrero Clandestino (PROCUP), con ramificaciones en Oaxaca, Guadalajara y la ciudad de México. Si bien ambas organizaciones actuaron de manera vinculada, fue hasta finales de los ochenta que se fusionaron como PROCUP-PDLP. En los siguientes años buscaron tener un "crecimiento en silencio" bajo la estrategia de guerra popular prolongada (GPP), y el 28 de junio de 1996, tras aglutinar a 12 organizaciones más, aparecieron como Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Durante el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu (1986-1992) y hasta el inicio de la gestión de Rubén Figueroa hijo (1992-1993), los altos mandos castrenses mantuvieron en Guerrero una comunicación abierta con los periodistas e hicieron público el número de 4 mil soldados en la entidad. Sin embargo, a fines de 1993, refiere un informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, se registraron supuestos desembarcos clandestinos de armas en el estado, que posiblemente tendrían "como destinatario la guerrilla o el narcotráfico", lo que aumentó la militarización en la Costa Grande, Costa Chica, Tierra Caliente y La Montaña.
En 1994 la situación se agudizó con la aparición del EZLN. Abundan los casos de hostigamiento, detenciones arbitrarias, tortura y asesinato contra activistas magisteriales, campesinos, indígenas y militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), bajo acusaciones de ser guerrilleros. Así ocurrió en Aguas Blancas, donde fueron asesinados 17 miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) -a la que el gobierno vincula con la guerrilla-, el 28 de junio de 1995.
Ese año las incursiones militares se multiplicaron en los poblados y se volvió secreta la cifra de efectivos en el estado. De nuevo se hicieron campañas de labor social que han sido rechazadas con temor por los habitantes de la Sierra de Atoyac, Coyuca y La Montaña, que no olvidan las experiencias de los setentas. En el primer aniversario de Aguas Blancas, en junio de 1996, apareció el EPR.
Las crecientes denuncias contra el Ejército hicieron que en junio del año pasado 46 organismos de la red Todos los Derechos para Todos enviaran a una treintena de observadores a la entidad. Y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez dio a conocer un informe sobre la presunta implicación de los militares en más de treinta casos de violaciones a los derechos humanos cometidos de julio de 1996 a junio de 1997. El reporte recogió principalmente los testimonios de pobladores del municipio de Ahuacuotzingo, donde en 1996 fueron detenidos cuatro presuntos eperristas y, meses después, los militares irrumpieron en algunos poblados, por lo que fueron acusados de aprehensiones ilegales y torturas, como la del anciano Abelino Tapia Morales.
En Guerrero actúan cuatro grupos paramilitares, tres de ellos en la sierra. Uno existe desde la época de Lucio Cabañas, el de la familia Peñaloza, en Cucuyachi, municipio de Atoyac; otro es dirigido por el judicial Epifanio Hernández Vélez; uno más por Bautista Catalán, y el último es lidereado por la familia Flores en el rumbo de Mexcaltepec, ha reportado Maribel Gutiérrez, corresponsal de La Jornada.
En diciembre de 1997 treinta habitantes de El Cucuyachi huyeron de los paramilitares y dieron a conocer la desaparición, siete meses antes, de Fredy Nava Ríos y Miguel Castro Monillo. También en diciembre del año pasado Aurelia Méndez Ramírez y Delfina Flores Aguilar, indígenas tlapanecas de Zopilotepec, municipio de Atlixtac, denunciaron haber sido violadas, delante de sus hijos, por militares. El Ejército intimidó a la gente en El Quemado en busca de eperristas y el año nuevo arrancó con movilizaciones militares en la Sierra de Atoyac y en La Montaña.
Hoy reaparecen algunos protagonistas del pasado. El actual comandante de la Novena Región Militar, que abarca Guerrero, Luis Humberto López Portillo Leal, era mayor en tiempos de Lucio Cabañas; el general Alfredo Oropeza García, ubicado en la 27 Zona Militar del estado, era entonces capitán, y el general Enrique Cervantes Aguirre, actual secretario de la Defensa Nacional, era jefe del Estado Mayor de la 35 Zona Militar.
El círculo no se cierra en Guerrero y parece ser expansivo. Según informes periodísticos, desde 1995 se han registrado, además del EPR, otros grupos armados: las Fuerzas Armadas por la Revolución Mexicana (FAR), el Ejército de Ajusticiamiento Genaro Vázquez Rojas, Justicia de Guerrero (JG), el Frente Armado para la Liberación de los Pueblos Marginados de Guerrero (FARLPMG) y el Ejército Popular Insurgente Revolucionario (EPIR).
El 6 de enero pasado un nuevo grupo armado, el Ejército Justiciero del Pueblo Indefenso (EJPI), reivindicó el ataque a un cuartel de la Policía Judicial del Estado en Tlapa, ocurrido tres días antes, como represalia por la masacre en Acteal, Chiapas. En los últimos días el Frente de Organizaciones Democráticas de La Montaña denunció que en Tlapa se realizan cateos ilegales en domicilios de maestros por parte de militares y policías del estado, así como vuelos rasantes de helicópteros, en busca de presuntos militantes del EJPI.
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