John M. Ackerman ¿Presidente “no recomendable”? En lugar de atender los graves problemas estructurales del país, el gobierno de Calderón se ha limitado a buscar las “manzanas podridas” por medio de la aplicación de exámenes a los servidores públicos. Para enfrentar el preocupante rezago educativo, se han venido aplicando una serie de evaluaciones a los maestros dentro del marco de la llamada Alianza por la Calidad de la Educación. Para purgar las fuerzas del orden de la infiltración del narcotráfico, también se ha determinado aplicar exámenes de “control de confianza” a los policías. Pero como se ha señalado hasta el cansancio, el problema principal de la educación en México no surge de algunos “malos maestros”, sino de la falta de recursos y los indignos salarios, así como de la corrupción y el autoritarismo de los caciques sindicales encabezados por Elba Esther Gordillo. No tiene ningún sentido realizar una depuración de los docentes si se mantiene la misma estructura que fabrica niños y maestros reprobados. Del mismo modo, si el Presidente realmente quisiera enfrentar la corrupción de las fuerzas policiacas, no se limitaría a aplicar exámenes a los agentes de más bajo nivel, sino que empezaría por depurar los altos mandos y también transformaría de manera integral la estructura de vigilancia y control de las fuerzas del orden. El verdadero problema de la corrupción en la sociedad no se encuentra en las “mordidas”, sino en la “captura” de las funciones centrales del Estado por intereses ajenos. Pero ya que Felipe Calderón quiere resolver todos los problemas del país empleando pruebas y exámenes, habría que invitarlo a que antes de aplicar un examen más a los policías rasos y a los profesores de primaria del país, él asuma su responsabilidad y se someta personalmente tanto a la “certificación de competencias profesionales” que se recetan en la Alianza Educativa como a los exámenes de control de confianza del Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza. No estaría de más que Elba Esther Gordillo y otros actores públicos bajo sospecha, como Genaro García Luna y Carlos Romero Deschamps, también predicaran con el ejemplo y se sometieran al mismo tipo de pruebas. Ya incluso el mismo ex presidente Vicente Fox se sometió a su propia prueba personal, aunque impulsado por motivaciones distintas a la lucha contra la corrupción. En días recientes, todos los mexicanos nos hemos enterado de que durante seis años fuimos gobernados por un hombre con “serios trastornos sicológicos”. El informe del Vaticano sobre la anulación del matrimonio de Fox, dado a conocer en la prensa nacional, indica que el ex presidente cuenta con fuertes problemas de narcisismo e histeria, entre otras complicaciones mentales. Todos los mexicanos tenemos el derecho a saber si nuestro actual presidente no presenta problemas similares. Los exámenes de confianza que se aplican a los policías incluyen una evaluación sicométrica, un examen toxicológico, una prueba socioeconómica, un examen médico y una evaluación poligráfica. El informe más reciente revela que más de la mitad de los policías del país son simplemente “no recomendables” para sus puestos. ¿Será que el mismo Presidente de la República es también “no recomendable” para su cargo? Más allá de invertir el orden de aplicación de los exámenes de control de confianza, empezando por los altos mandos en lugar de por los policías rasos, resulta urgente implementar estrategias estructurales de largo plazo para combatir la corrupción. Por ejemplo, dentro del marco de la reforma penal y de justicia pendiente sería recomendable analizar la propuesta que ha realizado el senador René Arce, del Partido de la Revolución Democrática, de dotar de autonomía al Ministerio Público. Una reforma de esta envergadura liberaría la investigación de los delitos y las corruptelas del control político del titular del Ejecutivo. También habría que explorar la posibilidad de dotar de mayor autonomía a otros órganos de control, como la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. No estaría tampoco mal emular la experiencia de Brasil, que ha creado una instancia autónoma exclusivamente dedicada a la investigación y la acción penal para los delitos cometidos por servidores públicos. Este ministerio público especializado ha tenido gran éxito en las últimas dos décadas en castigar y prevenir la corrupción de alto nivel en aquel país sudamericano. Otra alternativa sería la creación de una instancia específicamente dedicada a la persecución de los delitos cometidos por el personal de seguridad pública del país, esfuerzo que se ha implementado con éxito en varios países alrededor del mundo. En fin, propuestas sobran, lo que falta es voluntad política. Al cumplir la tercera parte de su gestión, Felipe Calderón tiene la obligación de replantear el camino por el cual ha llevado el país. De lo contrario, en 2009 nos podríamos enfrentar con una debacle de proporciones históricas.