Reprueban el “crimen y terrorismo de Estado” con el que pretenden intimidarlos
Rompen organizaciones con el gobierno estatal y el de Ayutla
Exigen la destitución de Murueta y Salinas y juicio político contra el alcalde ayutleco
Es hora de acabar con los que hacen daño, advierte Samuel, el hijo de Raúl Lucas Lucía
CITLAL GILES SANCHEZ (Enviada)
Ayutla, 24 febrero. Organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos rompieron todo tipo de relación con los gobiernos estatal y municipal, y exigieron a las autoridades federales atraer el caso del doble asesinato de los indígenas na savi Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas. También demandaron la destitución del procurador Eduardo Murueta y del secretario de Seguridad Pública, Heriberto Salinas Altés, y juicio político contra el alcalde priísta Armando García Rendón.
Las organizaciones e indígenas me’phaa y na savi protestaron frente al ayuntamiento, hasta donde llevaron los cuerpos de los dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM). Ahí reprobaron el “crimen y el terrorismo de Estado” con el que pretenden intimidar a los defensores.
Durante el acto, Samuel Lucas Castro, hijo de Raúl Lucas, exigió justicia para su padre y su tío Manuel, y lanzó un reto a los asesinos, a quienes les dijo que no tiene miedo de lo que ahora venga, “es hora de acabar con los gobiernos que nada más hacen el mal”. En tanto, quien fuera mano derecha del líder guerrillero Genaro Vázquez Rojas, Arturo Miranda Ramírez, alentó a los hijos de los caídos a que la indignación y el coraje los lleve a reforzar la lucha.
La caravana-protesta en la que participaron poco más de 300 personas, integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), el Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, las Brigadas Internacional de Paz, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), así como la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) llegó con los féretros hasta la explanada principal del ayuntamiento.
Durante casi una hora, tiempo en el que los representantes de las organizaciones fijaron sus posturas, los cuerpos estuvieron sobre la explanada, donde los me’phaa y na savi colocaban flores y se persignaban.
La primera en hablar fue Andrea Eugenio Manuel, en representación de la OPIM, quien responsabilizó al director de Seguridad Pública municipal, José Luis Sánchez Hernández, de facilitar el secuestro de los dirigentes de la OFPM, así como al presidente municipal García Rendón amenazar a la esposa de Raúl Lucas con quitarle la regiduría si seguía exigiendo la aparición de su esposo.
El mensaje de terror y miedo que han sembrado las autoridades, dijo, causó el rompimiento de las organizaciones sociales con las autoridades estatales y municipales.
Samuel Lucas Castro tomó el micrófono y con voz cortada exigió justicia a las autoridades, “ya que no la hago por mi propia mano”, y llamó a los indígenas y luchadores sociales a levantar la voz y reforzar la lucha contra todos los malos gobiernos.
“Es hora de acabar con todos aquellos gobiernos que nada más hacen daño, alcemos la voz contra todos los que nada más escuchan y no hacen nada; no es hora de bajar la cabeza, es hora de alzarla, tener la frente en alto y no decir que aquí terminó todo, aquí terminó, pero la delincuencia”, expresó.
Aprovechó para retar a los ejecutores de su padre y su tío –como llamó a Manuel Ponce–, a quien les hizo saber el coraje que ahora siente por la muerte de sus familiares, y les dejó claro que aunque está conciente que será él o alguien de su familia quien pueda ser asesinado, “no les tengo miedo, ni a las amenazas, ni a nadie; si me quieren conocer aquí estoy y estaré esperando lo que venga, no me voy a esconder, daré la cara por mi papá y por mi tío, porque murieron por la defensa de los pueblos”.
El ex guerrillero Arturo Miranda pidió a los defensores que este “terrorismo” no intimide su lucha, al contrario, incitó a que la indignación, el coraje y la impotencia de los caídos “debe reforzar la lucha contra los malos gobiernos, porque sólo se acuerdan de los pueblos que reclaman justicia cuando nos unimos y luchamos”.
También pidió juicio político contra García Rendón, ya que en este caso todo apuntan hacia él, y aseguró que los pueblos indígenas no están solos, ya que la ACNR y la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero “estamos con ustedes hasta las últimas consecuencias”.
Pero el secretario de Derechos Humanos del PRD estatal, Urbano Lucas Santamaría, fue más allá y exigió al gobernador Zeferino Torreblanca la destitución del procurador Eduardo Murueta Urrutia y del secretario de Seguridad, Heriberto Salinas Altés, “porque no hacen nada por evitar la violencia contra los movimientos sociales”.
De igual forma, demandó al Congreso estatal que intervenga para que cree una comisión especial que se encargue de exigir una investigación seria y se esclarezcan los asesinatos de Lucas y Ponce.
El último en tomar la palabra, y a nombre de todas las organizaciones, fue el presidente de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, quien reclamó que ahora a los indígenas ya no sólo se les encarcela, sino se les mata de manera extrajudicial, debido a la guerra de contrainsurgencia que han implementado el gobierno federal con apoyo del estado y del municipio.
“Hoy los pueblos indígenas están indefensos, silenciados por este terror de Estado, porque se les quiere arrodillar para que (el Estado) siga con estas políticas genocidias para que nadie pueda alzar la voz. No es posible que Ayutla de los Libres sea Ayutla de los presos, de la desaparición y ahora de los ejecutados extrajudicialmente”, recriminó.
Exigió que el gobierno federal atraiga el caso y haga una investigación objetiva, imparcial y exhaustiva, que castigue a los responsables y dé garantías de justicia a las viudas, pues argumentó que en la PGJE sólo hay ineficiencia, incompetencia y falta de compromiso con los pueblos indígenas.
Barrera Hernández señaló la saña con la que mataron a Lucas y Ponce, la indiferencia de las autoridades estatales y municipales hacia los pueblos indígenas. “¿Qué delito ha cometido esta región para que se les quiera seguir poniendo de rodillas? ¿Por qué tanta muerte, tanta tortura, por qué tantas amenazas, por qué no llega la justicia a Ayutla?”.
Llamó a las autoridades municipales y estatales a que dejen de tratar a los indígenas como personas de segunda clase, de responsabilizarlos por la delincuencia que prevalece en el estado y en la región, de tratarlos como gente peligrosa que anda con grupos guerrilleros, porque solamente han pedido justicia y han denunciado los abusos que han cometido las fuerzas del estado.
“Defensores molestaban al gobierno”Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), libraron una enorme lucha en la Costa Chica de Guerrero por el respeto a los derechos humanos de indígenas mixtecos, tlapanecos y mestizos, afirman pobladores de Ayutla
ADRIANA COVARRUBIAS / CORRESPONSAL
El Universal
Jueves 26 de febrero de 2009
estados@eluniversal.com.mx
AYUTLA DE LOS LIBRES, Gro.— Los conocían como “los abogados de los indígenas”, por la lucha que Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), libraron en la Costa Chica de Guerrero por el respeto a los derechos humanos.
A pesar de contar sólo con estudios elementales, realizaron una intensa gestión social, hasta que el pasado 20 de febrero sus cuerpos fueron hallados en la comunidad de Las Cazuelas, municipio de Tecoanapa.
El doble homicidio fue deplorado ayer miércoles por diversas instituciones nacionales e internacionales, como la presidencia de la Unión Europea, que en un comunicado expresó su más enérgica condena por su secuestro, tortura y asesinato.
A su vez, la organización para la protección de los derechos humanos Front Line, dirigió una carta a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en Washington, Estados Unidos, en donde considera que “los asesinatos extrajudiciales de Ponce Rosas y Lucas Lucía, están directamente relacionados con su trabajo legítimo y pacífico de defensa de los derechos de indígenas”.
Además, los organismo Human Rigths Watch, la Fundación para el Debido Proceso Legal, Latin America Working Group y Washington Office on Latin America, cuyas sedes se ubican en la capital estadounidense, mandaron un comunicado al procurador de Justicia de Guerrero, Eduardo Murueta Urrutia, en donde le expresan su preocupación por la muerte de los dos líderes sociales.
Todas estas organizaciones pidieron al gobierno mexicano que se investiguen las circunstancias de su violenta desaparición durante un evento público en Ayutla de Los Libres y su asesinato, y se castigue a los responsables.
A estos requerimientos unieron sus reclamos 140 organismos no gubernamentales nacionales e internacionales, que exigieron además reparar el daño de las víctimas y salvaguardar la integridad de sus familias.
En especial, las ONG´s externaron su preocupación por los miembros de la OFPM, y de los integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco (OPIM).
Insisten a las autoridades en que este tema es urgente, dada la acusación que se hace a los policías que habrían estado involucrados, por lo que se pide que se esclarezca.
Detenidos en un acto público
Ambos fueron detenidos el 13 de febrero por sujetos armados que se identificaron como policías, ante la vista del pueblo. Se encontraban en la secundaria Plan de Ayutla, en un evento de la Secretaría de Educación en Guerrero.
Los familiares de los activistas dicen que en ese acto participó el director de Seguridad Pública municipal, Luis José Sánchez, quien junto con los policías que lo acompañaban, se retiraron luego de que recibió una llamada.
Al poco rato llegaron los hombres armados, quienes subieron a los luchadores sociales a un vehículo sin placas y se los llevaron.
Para el coordinador del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, los líderes se interesaron en los problemas de los pueblos indígenas.
Rogelio Téliz, integrante de este organismo, comentó que las denuncias que más recibían eran en contra del Ejército mexicano, policía ministerial del estado, policías preventivos y autoridades gubernamentales.
Recordó que en 2007, Lucas y Ponce fueron detenidos e interrogados por soldados sobre las actividades que desarrollaban y el por qué encabezaban movimientos sociales, además de que los querían vincular con guerrilleros.
Un día después de los funerales de las víctimas, el pasado martes, los habitantes de las comunidades del municipio de Ayutla de los Libres, platican —en lengua mixteca— que a “lo mejor por miedo”, la autoridad los mandó a secuestrar y matar.
Según dicen sus amigos, “eran muy queridos por los indígenas mixtecos, tlapanecos y mestizos”. Los pobladores dicen sentirse molestos por su muerte ya que no hacían mal a nadie. Sólo molestaban al gobierno, porque siempre luchaban por los presos y denunciaban las arbitrariedades que cometía el Ejército.
Asesinato de líderes de OFPM, deja a familias en desamparo
México DF, febrero 09 (CIMAC).- Luego de que el pasado sábado fueron hallados los cadáveres de Raúl Lucas Lucía, 39 años, y Manuel Ponce Rosas, de 32 años de edad, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco Na Savi (OFPM), quienes habían sido secuestrados por policías el pasado 13 de febrero, sus viudas, Guadalupe Castro Morales y Margarita Martín de las Nieves, quedaron en el desamparo, señaló a Cimacnoticias el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
El hallazgo de los cadáveres, envueltos en bolsas de plástico enterrados a 80 centímetros de profundidad en un cerro del municipio de Tecoanapa, en la región de Costa Chica, con signos de tortura y en avanzado estado de descomposición, fue informado por la policía Investigadora Ministerial de Guerrero, a cargo de Erit Montúfar Mendoza.
Presentaban, informó un comunicado de Tlachinollan emitido hoy, visibles huellas de tortura y que en el caso particular de Raúl Lucas presentaba un orificio de bala en la cabeza, mientras que la muerte de Manuel Ponce se presume que pudo haber sido por traumatismo craneoencefálico.
Los dirigentes habían sido secuestrados el pasado 13 de febrero por presuntos agentes policíacos en el municipio de Ayutla de los Libres, de acuerdo con Prensa Indígena (www.prensaindigena.org.mx).
El asesinato de los líderes indígenas fue calificado como “Crimen de Estado” por parte del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
LA DETENCIÓN
Tres hombres, informó Prensa Indígena y Tlachinollan, presumiblemente agentes de la Policía Investigadora Ministerial, se presentaron sin orden de aprehensión alrededor de las 13:00 horas de aquel día, llegaron en una camioneta negra, denunciaron sus familiares ante las autoridades correspondientes.
Raúl Lucas Lucía fue detenido por ellos las 13:15 horas del viernes, afuera de la escuela secundaria Plan de Ayutla, a un lado de la carretera que va de Cruz Grande a Tierra Colorada, mientras esperaba a su esposa Guadalupe Castro Morales, quien como regidora del ayuntamiento de Ayutla participaba en un acto público en ese plantel.
En ese mismo evento participaba el director de Seguridad Pública de Ayutla –y ex militar–, Luis José Sánchez Hernández quien junto con los policías que lo escoltaban se retiró del lugar justamente minutos antes de que Raúl Lucas y Manuel Ponce fueran subidos a un vehículo sin placas y llevados con rumbo desconocido.
HOSTIGAMIENTO POR DEFENDER DH
Raúl Lucas, así como Manuel Ponce, han denunciado abusos y atropellos del Ejército en comunidades na’savi, como lo informa el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Raúl Lucas había sufrido hostigamientos por parte de militares, incluidos allanamientos, retenciones e interrogatorios ilegales. Fue interrogado por miembros del Ejército Mexicano el 18 de octubre de 2006. El 15 de febrero de 2007 sufrió una emboscada, de la cual salió vivo.
Raúl Lucas Lucía trabajó más de 10 años en forma coordinada con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan , en defensa de los derechos humanos de unas 32 comunidades mixtecas ubicadas en la zona de la Costa Chica y Montaña, del municipio de Ayutla de los Libres, señala el organismo.
Raúl Lucas, junto con indígenas tlapanecos, creó en 1994 la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos mediante la cual comenzaron a documentar y denunciar pública y legalmente los atropellos en que habían incurrido los militares en varias comunidades.
En 2002 los dos pueblos decidieron unirse bajo el nombre de Organización para el Desarrollo del Pueblo Mixteco para impulsar el trabajo organizativo en esa región; a través de ésta Lucas ha continuado exigiendo el respeto a los derechos del pueblo mixteco en busca de transformar los escenarios de terror y violación constante a los derechos humanos por parte del Ejército y las corporaciones policíacas, señala Tlachinollan.
La OFPM, igual que la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), provienen de la Organización del Pueblo Indígena Mixteco y Tlapaneco (OPIMT) mediante la cual desde hace unos 10 años comenzaron a documentar y denunciar pública y legalmente, los atropellos en que habían estado incurriendo los militares en varias comunidades de Ayutla, detalla Tlachinollan.
En la zona mixteca, donde tiene presencia la OFPM , se encuentra El Charco, comunidad en donde soldados del Ejército masacraron a 11 indígenas, el 7 de junio de en 1998. De igual manera en tres comunidades de esa área como Ojo de Agua, La Fátima y Ocotlán, fueron esterilizados de manera forzada 18 indígenas por parte de la Secretaría de Salud.
El 24 de octubre del 2006, Raúl Lucas presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de soldados del Ejército mexicano a causa de la retención e interrogatorios ilegales a los que fue sometido el 18 del mismo mes.
Por el mismo hecho, Raúl Lucas interpuso denuncia penal ante la PGR dándose apertura a la averiguación previa número 355/2006 por los delitos de abuso de autoridad e intimidación. El 15 de febrero de 2007 sufrió una emboscada, de la cual salió vivo.
Como presidente de la OFPM , Raúl documentó en 2008 cuatro casos de violaciones a los derechos humanos consistentes en allanamientos, robo, daños, retenciones e interrogatorios ilegales efectuados por militares en comunidades indígenas mixtecas y tlapanecas. Estos casos ameritaron también la interposición de cinco quejas ante la CNDH y denuncias penales.
DENUNCIA Y NEGACIÓN
La noche de su desaparición y la de Manuel Ponce, Tlachinollan interpuso dos amparos por incomunicación, posible tortura y privación ilegal de la libertad en los cuales se solicita al Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Chilpancingo, que personal a su cargo inicie una búsqueda de los desaparecidos en las instalaciones y separos de la PIM , de la Policía Preventiva Municipal de Ayutla, del 48 Batallón de Infantería con sede en Cruz Grande y las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en Chilpancingo y Acapulco.
El sábado 14 de febrero, los familiares de los desaparecidos, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) y Tlachinollan presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington DC una petición de medidas cautelares a favor de los dos indígenas y pidiera al Gobierno de México que estableciera todas las acciones y medidas pertinentes para dar con el paradero de los desaparecidos y garantizara la integridad física y sicológica de sus familias y que a los demás miembros de la organización no les pase lo mismo, a causa de su trabajo.
Como respuesta a la denuncia ante las autoridades el Director de la Policía Investigadora Ministerial rechazó entonces que agentes de esa corporación haya detenido a los dos mixtecos: “nos deslindamos, incluso ya instruí a mi coordinador en la Costa Chica para que informe de lo que haya sucedido, pero nosotros no hemos llevado a cabo ninguna aprehensión el viernes pasado en ese municipio”.
De igual forma, el secretario de Seguridad y Protección Civil, general Heriberto Salinas Altés, señaló que hasta las 19 horas de este sábado tampoco él tenía ninguna notificación ligada con la detención; por su parte, Armando García Rendón, alcalde de Ayutla de los Libres, dijo: “tengo la información de que ninguna autoridad de gobierno detuvo a los dirigentes indígenas.
Los familiares continuaron los días siguientes la búsqueda de los dirigentes en cárceles y hospitales, sin hallarlos.
ONU Y AI
El jueves 19 de febrero, una delegación del Área Jurídica de Análisis de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU estuvo en Ayutla, donde se reunió con los familiares de los dirigentes mixtecos, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, informó el Centro de Derechos Humanos de La Montaña , Tlachinollan.
Por su parte, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) lanzó una “acción urgente” en la que externó su preocupación por la desaparición de los dirigentes de la OFPM , exigiendo a las autoridades una investigación inmediata para encontrarlos.
Cuestionó el organismo que el Ministerio Público de Ayutla se negó a abrir una investigación inmediata por el secuestro y la desaparición de Raúl y Manuel, a pesar de la denuncia de un testigo.
AI indicó que organizaciones locales de derechos humanos “creen que estos hechos pueden tener conexiones con las autoridades” y considera que “la desaparición de Manuel Ponce Rosas y Raúl Lucas Lucía puede haber ocurrido como consecuencia de su trabajo para promover los derechos de los pueblos indígenas mixtecos de la región”.
Hace tres años, Raúl Lucas fue detenido e interrogado por miembros del Ejército Mexicano y también fue emboscado cerca de Ayutla “y casi asesinado por hombres armados que lo dejaron con una herida de bala en su cuello”, señala Tlachinollan.
El organismo internacional también señaló que miembros de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM), entre ellos su presidenta Obtilia Montaño, también han sido atacados y amenazados en numerosas ocasiones.
Además de que actualmente cinco de sus integrantes están detenidos y Amnistía Internacional los ha adoptado a todos ellos como presos de conciencia; pues considera que los cargos en su contra tienen motivos políticos.
Con los asesinatos de los dos dirigentes indígenas, señala Tlachinollan, lo más urgente es resolver la situación en que se quedan sus familias, mientras su organización define su estrategia para buscar justicia.
Lamentamos, dice en su comunicado de hoy, las declaraciones públicas del procurador General de Justicia del estado, cuando refiere que Raúl Lucas y Manuel Ponce fueron ‘levantados’ “esto es un elemento que distrae la investigación y pretende justificar una ejecución extrajudicial”..
Para los familiares integrantes de la OFPM y Tlachinollan “es insustituible que la línea de investigación a seguir deben ser los ataques, amenazas y atropellos que sufrieron por su lucha y su trabajo como defensores de derechos humanos del pueblo indígena, es decir, queda claro su asesinato es consecuencia de su actividad como defensores de derechos humanos”.
Y finaliza: “Unimos nuestra voz a la de las viudas, deudos, familiares y compañeros de Raúl Lucas y Manuel Ponce para exigir al gobierno del estado y federal que se realice una investigación exhaustiva y objetiva para que se esclarezca este asesinato y se castigue a los responsables”.
Condena AI asesinato de activistas indígenas
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| Mariana Viayra Ramírez Amnistía Internacional (AI) condenó el asesinato de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, activistas de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), de Ayutla, Guerrero, quienes fueron secuestrados hace 10 días por un grupo armado y cuyos cadáveres fueron hallados este fin de semana.
El organismo internacional señaló que el asesinato de indígenas ilustra el pésimo estado de derechos humanos en Guerrero y urgió a las autoridades mexicanas a tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad de defensores de derechos humanos en la localidad.
Kerrie Howard, directora adjunta del Programa para las Américas de Amnistía Internacional, señaló que el patrón de asesinatos de defensores de derechos humanos en Ayutla, ha convertido a la región de Guerrero en un peligro constante para las personas que defienden los derechos de las comunidades indígenas marginadas.
Las autoridades mexicanas deben tomar medidas urgentes para investigar de forma efectiva el asesinato de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), pidió Amnistía Internacional.
Los cuerpos de los dos defensores de derechos humanos de la comunidad indígena mixteca en Ayutla fueron encontrados el pasado 22 de febrero con señales de tortura.
El organismo internacional afirmó que se cree que fueron depositados (los cuerpos) cerca de Ayutla tras haber sido llevados por la fuerza por hombres armados que se identificaron como policías durante un evento público el 13 de febrero en la cabecera municipal donde también estaban presentes autoridades locales.
"El patrón de asesinatos, ataques, amenazas y detenciones a defensores de derechos humanos en Ayutla ha convertido a la región en un peligro constante", insistió Kerrie Howard.
En febrero pasado, una delegación de Amnistía Internacional visitó a cinco activistas indígenas de la Organización del Pueblo Indígena Me' phaa -- organización hermana de la OFPM-- detenidos en Ayutla bajo acusaciones fabricadas. Tras la visita, Amnistía Internacional los declaró "presos de conciencia".
Raúl Lucas y Manuel Ponce fueron sepultados
Los cuerpos de los dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, fueron sepultados en sus comunidades, donde familiares y el organismo de derechos humanos no gubernamentales de Tlachinolla, exigieron al gobierno federal que atraiga el caso y que dé garantías de justicias.
Los familiares y esposas de los campesinos, Guadalupe Castro, quien es regidora de la comuna por el PRD, y Margarita Martín de las Nieves, marcharon por las calles del municipio de Ayutla de los Libres, con los féretros hasta el ayuntamiento, acompañados por música de viento y mantas donde exigían justicia.
Las mantas rezaban "Protestar es un derecho, reprimir es un delito"; "No más violencia ni muerte"; "Pedimos justicia, masacraron a nuestros dirigentes", también pidieron al gobernador del estado, Zeferino Torreblanca, que destituya al procurador de Justicia, Eduardo Murrueta y el titular de seguridad en el estado, Heriberto Salinas Altés, por considerarlos incompetentes.
En el acto celebrado en el zócalo del municipio, se colocaron los ataúdes de color gris, tapados con sabanas blancas y encima fueron colocadas flores de cempasúchil, las que se dan por la región. Ahí el coordinador del centro de derechos humanos Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, acusó que las muertes de los campesinos mixtecos, Manuel Ponce y Raúl Lucas, ponen a los pueblos indígenas en un estado de gran indefensión. (Mar Horacio Ramos en Ayutla)
"No es posible que en Ayutla de los Libres sea Ayutla de los presos y desaparecidos y ahora de los ejecutados, tenemos que exigir al gobierno federal asuma y atraiga esta investigación porque se ha visto ineficacia de la procuraduría de justicia del estado y se ha visto la falta de compromisos con los pueblos indígenas".
También exigieron a los legisladores locales y federales su participación y demanden justicia para esclarecer el crimen de los campesinos mixtecos asesinados que sólo se dedicaban a gestionar apoyos por los campesinos y a exigir la libertad de los presos políticos. |
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