-Detenidos en 2006 demandan al Estado 1.8 mdp por daño moral
-Exige Limeddh indemnización a 'reprimidos' por URO
Juan José Flores Hernández y Juan Crisóstomo Aparicio García, detenidos en 2006 por la Policía Federal Preventiva (PFP) en inmediaciones de Brenamiel, demandaron al Estado Mexicano, a través de sus gobiernos federal y estatal, para que les reparen el daño moral por ser encarcelados y torturados de forma injusta. En conferencia de prensa, el representante jurídico de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), Isaac Torres Carmona, demandó la cantidad de 1 millón 880 mil pesos, así como imparcialidad de los jueces civiles locales para resolver ambos casos. Acompañado de Flores Hernández, uno de los involucrados, y de Emiliano Juan, hijo del otro denunciante, Juan Crisóstomo Aparicio García, el abogado de la Limeddh dio a conocer que otras 99 personas tienen posibilidad jurídica de interponer el mismo recurso legal. Explicó que el 1 de noviembre de 2006, en inmediaciones del paso peatonal conocido como "Puente de Brenamiel", Juan Crisóstomo Aparicio García y Juan José Flores Hernández --originarios de la Mixteca oaxaqueña-- fueron detenidos por elementos de la PFP. Desde su aprehensión, los oaxaqueños sufrieron tortura tanto física como psicológica, tratos crueles, inhumanos y degradantes, además de que fueron incomunicados y coaccionados en la Base Aérea Militar número 15 de la Fuerza Aérea Mexicana, ubicada en Santa Cruz Xoxocotlán. Luego fueron consignados ante la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuicatlán, Oaxaca, Rosalba Morales Lázaro, quien les decretó ilegalmente auto de formal prisión por los presuntos delitos de "sedición, asociación delictuosa, resistencia de particulares y ataques a las vías generales de comunicación". Cuestionó que a estas personas se les haya elaborado de forma inmediata su ficha criminal. Por ello, Juan Crisóstomo Aparicio García y Juan José Flores Hernández demandaron el amparo en contra del ilegal auto de formal prisión, el cual fue concedido por la Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. "Ahí determinó que la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan Bautista Cuicatlán infringió en perjuicio de Juan Crisóstomo Aparicio García y Juan José Flores Hernández sus garantías constitucionales, por lo que el auto de formal prisión es ilegal", aseguró. El abogado Isaac Torres detalló que la demanda de "reparación de daño moral" se interpuso en contra del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, el Gobierno del Estado, así como en contra de la Juez Rosalba Morales Lázaro. Se requiere el pago de 1 millón 880 mil pesos, a razón de 940 mil pesos por cada una de las víctimas, como indemnización por concepto del daño moral sufrido por la vulneración ilegalmente de su libertad. Se trata apenas de dos de las más de 500 personas que fueron aprehendidas de manera arbitraria durante el conflicto sociopolítico del 2006. El abogado de la Limeddh indicó que estas son dos de las primeras 100 demandas que se interpondrán bajo el mismo concepto.
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