EMETERIO MARINO CRUZ ACTIVISTA DE LA APPO CON SECUELAS YA "OFICIALES"

Foto: Emeterio Marino Cruz, durante la agresión en el cerro del fortin Oaxaca ,donde es detenido y camina sin oponer resistencia ,despues es golpeado,torturado y dejado casi en estado vegetativo por policias que comandaba Sergio Segrestre y Aristeo Lopez en ese 16 de Julio del 2007 durante las fiestas de guelaguetza del pueblo de Oaxaca.

Activista de la APPO padece secuelas de tortura: PGR PEDRO MATÍAS OAXACA, Oax., 24 de febrero (apro).- La Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República (PGR) concluyó que el activista de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Emeterio Marino Cruz, "sí presenta alteraciones físicas y psicológicas, las cuales se correlacionan con eventos de sufrimiento, malos tratos y/o tortura". Según la revisión psicológica practicada a Marino Cruz, éste presenta deterioro del lenguaje, trastornos del sueño, irritabilidad y disminución de la atención y concentración, alteraciones que afectan su desempeño laboral y social. También se le detectó trastorno por estrés postraumático y depresión profunda; así mismo, exhibe secuelas irrecuperables en la "marcha hemipléjica", lo que le impide realizar actividades que requieran destreza. Las conclusiones se dieron a conocer casi ocho meses después que Emeterio Marino presentara una denuncia de hechos ante la PGR tras su captura el 16 de julio de 2007 en el marco de la represión al movimiento popular-magisterial. La queja sería ratificada un año después, el 24 de julio pasado. El testimonio El activista denunció que el 16 de julio de 2007, cuando recorría el Fortín Plaza, un contingente de la APPO se topó con la policía estatal y municipal, que comenzó a reprimir y detener a los inconformes. "Corrí y me escondí con otras gentes en el hotel, pero ahí nos sacaron los policías a todos y a mí me empezaron a golpear a patadas y con toletes y piedras. "El director de la policía municipal, Aristeo López Martínez (ejecutado el 23 de enero pasado), gritó, '¡rómpanle su puta madre a este buey, para que aprendas que Ulises Ruiz es tu padre!' "Posteriormente Aristeo me agarró del cabello y me llevó a golpes y patadas hasta el interior de una caja de trailer (…) obligándome a quitarme el pantalón y los zapatos… en el interior había un baño que estaba lleno de excremento y sumió mi cabeza en la taza del baño, y me dijo 'mierda es tu lugar y aquí se van a morir todos los perros que le faltan el respeto a su padre el gobernador'. "(…) después me echaron tehuacán con chile en la nariz y nos acostaron bocabajo y corrían sobre nuestras cabezas, y también nos quemaron con cigarro y soplete. A las 14:30 nos subieron a una camioneta blanca, nos vendaron los ojos y nos llevaron a la casa de seguridad de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que se conoce como 'Los Pinos'". En ese lugar, "Daniel Camarena Flores, director de la Policía Ministerial, se acercó y me dijo, 'a ver ven para acá pinche lidercito de mierda', y sacó una pistola de entre la cintura y, con la cacha de la misma, me dio un golpe en la ceja izquierda, se me nubló la vista y caí al suelo". Posteriormente, "Alejandro Barrita Ortiz, director de la Policía Auxiliar, Bancaria e Industrial (ejecutado el 30 de enero de 2008), ordenó a los elementos que me torturaran (y) Daniel Camarena se acercó y empezó a interrogarme, exigiéndome que diera los nombres y direcciones de todos los líderes de la APPO y dijera quién financiaba el movimiento. "Mientras me golpeaban, Aristeo López tomó con sus manos un tolete y me propinó un golpe en la cabeza… dejaron de torturarme porque pensaron que ya había fallecido". Posteriormente lo internaron en el hospital de especialidades Las conclusiones del estudio de la PGR se integraron a la averiguación previa 4SDHASC/2008. La denuncia enfila responsabilidades al gobernador Ulises Ruiz Ortiz; al exsecretario de Gobierno, Jorge Franco Vargas; al extitular de la Secretaría de Protección Ciudadana, Sergio Segreste Ríos, así como a los exjefes policiacos Aristeo López Martínez y Daniel Camarena Flores. El caso incluso se llevó a la revisión de la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH).