ATENCO Y OAXACA EN MANOS DE LA SUPREMA CORTE DE INJUSTICIA EN MEXICO

PROTESTAS Simpatizantes y pobladores de San Salvador Atenco, se manifestaron afuera de la Suprema Corte de Justicia de Nación, luego de que el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, presentara un informe en el que afirma que sí se violaron los derechos humanos, durante la entrada de la policia en la población en mayo de 2006 (Foto: MOISÉS PABLO / CUARTOSCURO.COM )

El ministro Genaro Góngora Pimentel (Izquierda)solicito al gobernador y procurador que se les declararan responsables.NTX

Libran a Peña Nieto y a Medina Mora del caso de Atenco * Los abusos fueron cometidos sólo por algunos de los policías de los pelotones y secciones que participaron en los enfrentamientos La votación en torno a la fijación de las responsabilidades atribuibles a autoridades se programó para la sesión de mañana CIUDAD DE MÉXICO.- La mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció a favor de declarar que ni el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, ni el actual procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, son responsables de las violaciones graves a las garantías que se registraron en la comunidad de Atenco, durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006. De los 11 ministros que integran el máximo tribunal, únicamente el ministro Genaro Góngora Pimentel solicitó que al gobernador y al procurador se les declarará responsables de la violencia registrada en Atenco "por la omisión de vigilar" lo que hicieron las fuerzas públicas. Durante el tercer día de análisis en torno a este caso, aunque por diversos motivos, 10 de los 11 integrantes de la Corte llegaron a la conclusión de que a dichos funcionarios no sólo no se les pueden atribuir las violaciones registrados, sino que, por el contrario, se les debe reconocer su actuación al haber autorizado el uso legítimo de la fuerza pública para desalojar la carretera bloqueada, liberar a los policías detenidos y restablecer el orden público. De los 10 ministros en cuestión, 7 se dijeron convencidos de que las violaciones y , así como por algunos de los mandos medios que tenían la obligación de supervisar los operativos en marcha. Dos más José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan Silva Meza se manifestaron en el sentido de no fijarle responsabilidades a ningún funcionario, por sólo dar a conocer una lista de los más de dos mil elementos de la policía y altos mandos federales y locales que participaron en los hechos. Y, de manera solitaria, el ministro Sergio Aguirre se mantuvo en su postura de considerar que no existieron violaciones graves, por lo que no aludió a responsabilidades de funcionarios en los hechos. De tal suerte que, aunque con diferencias en los argumentos, al final todas estas posturas tendrán por efecto no responsabilizar de ninguna violación al gobernador Enrique Peña Nieto y al actual procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, quien fuera secretario de Seguridad Pública federal al momento de los hechos. En esencia, en opinión de los ministros Sergio Valls Hernández, Mariano Azuela Güitrón, José Ramón Cossío, Margarita Luna Ramos, Franco González Salas, Olga Sánchez Cordero y Guillermo Ortiz Mayagoitia, a quienes dieron la orden de usar la fuerza pública no se les puede responsabilizar de los abusos en que incurrieron los policías y quienes tenían, en la operación, el deber de supervisarlos. De entre ellos sólo el ministro José Ramón Cossío ubicó al almirante Wilfrido Robledo Madrid, titular de la Agencia de Seguridad Pública Estatal en el momento de los hechos, como el funcionario de más alto rango al que podría responsabilizarse de los hechos. Pero la votación en torno a la fijación de las responsabilidades atribuibles a alguna autoridad se programó para la sesión de mañana. ■ El Estado incumplió con garantizar el derecho de las víctimas, asegura Silva Meza La mayoría de ministros exculpa a Peña Nieto y Medina Mora por el caso Atenco Jesús Aranda La mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció ayer por señalar como los responsables únicos de la violación grave de garantías individuales en San Salvador Atenco a los policías que infringieron tratos crueles o abuso sexual, así como a los mandos operativos federal y estatal que permitieron los abusos. Respecto del gobernador del estado de México, el secretario de Seguridad Pública federal y otros funcionarios de alto nivel, ocho juzgadores los exoneraron de cualquier responsabilidad. Este criterio no lo compartieron Genaro Góngora Pimentel, Juan N. Silva Meza y el ministro instructor José de Jesús Gudiño Pelayo, aunque por diferentes razones. Sergio Aguirre Anguiano mantuvo su postura en contra del proyecto, con el argumento de que no hubo violación alguna de garantías en Atenco. Incluso dijo que los señalamientos de Góngora sobre la responsabilidad del gobernador mexiquense y de otros altos funcionarios era una consideración personal y que él no era “francotirador” para validar ese tipo de argumentos. En cambio, Góngora señaló directamente al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto; al entonces secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora (actual procurador general de la República), así como a mandos superiores de la Agencia Estatal de Seguridad (ASE) y de la Policía Federal Preventiva (PFP), como los principales responsables de los abusos, debido a que toleraron conductas de sus subordinados que lastimaron a las víctimas y a la sociedad. Sostuvo que altos funcionarios estatales y federales no supervisaron que sus órdenes en el uso de la fuerza se ajustaran a derecho; tampoco han sancionado a los elementos que cometieron las barbaridades documentadas en el dictamen, y “ni siquiera se delinea esa intención”, pues no se tomaron medidas inmediatas para identificarlos. Mandos superiores que ordenaron el operativo merecen “reproche expreso”. Juan N. Silva Meza responsabilizó al Estado mexicano de haber incumplido con su obligación de garantizar el derecho de las víctimas y las normas internacionales en la materia. Incluso señaló que las víctimas de Atenco “tienen derecho a que, de ser procedente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordene reparaciones e indemnizaciones, porque México aceptó la jurisdicción de ésta y está obligado de buena fe a hacer las reparaciones correspondientes”. Aun cuando estuvo de acuerdo con el dictamen de Gudiño, en el sentido de enlistar a todos los funcionarios involucrados en la violación de garantías, pero sin especificar la responsabilidad concreta de ninguno de ellos, Silva señaló que, además de reparar las violaciones a las víctimas, las autoridades “deben tomar cartas en el asunto” y perseguir penalmente a los responsables y aplicar, en su caso, sanciones políticas y/o administrativas. Después de un intenso debate que se dividió en dos sesiones, hubo ministros que plantearon agregar al dictamen que, además de los derechos constitucionales a la libertad sexual, al acceso a la justicia, al debido proceso, etcétera, establecidos en el proyecto de dictamen, se sumara como garantía violada el derecho a la libertad de expresión. La propuesta de Góngora de incluir la violación al derecho a la vida (en razón de la muerte de Alexis Benhumea y Javier Cortés Santiago) no fue respaldada por los demás. En la sesión vespertina, a la que no asistieron Sergio Valls ni Sergio Aguirre Anguiano, se definió prácticamente el sentido del voto que adoptará este jueves la mayoría respecto del fincamiento de responsabilidades. El ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, resumió los puntos de vista de José Ramón Cossío, Servio Valls, Mariano Azuela, Fernando Franco y Olga Sánchez Cordero, respecto de la necesidad de que la Corte responsabilice a los encargados directos de violar los derechos de las víctimas y, en su caso, a los mandos policiacos federales y estatales que no actuaron para impedir los abusos. Pero nada más. Se prevé que los ministros propongan hoy “a las autoridades correspondientes” que continúcon las investigaciones y se castigue individualmente a los responsables.