EN EL NORTE CON EL NARCO Y EN EL SUR CON LA GUERRILLA

En el norte vinculan a defensores con el narco; en el sur, con la guerrilla Soledad Jarquín Edgar jueves, 26 de febrero de 2009 Mientras en el norte del país se cometen abusos por parte de militares contra la población civil y se les vincula con el narcotráfico, en entidades del sur, como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, la tendencia es vincular a los defensores de derechos humanos con grupos guerrilleros, denunció aquí la abogada Vanesa Coria Castilla, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en ingles). En entrevista con e-consulta, Vanesa Coria explica la utilización del Ejército en tareas que no les corresponden y habla sobre cómo el Estado mexicano no ha hecho caso de las recomendaciones que en ese sentido han hecho organismos internacionales, para reformar el código de justicia militar, sobre todo ahora que con la lucha contra el narcotráfico se han reportado más y graves violaciones a los derechos humanos. Señaló que México enfrenta una "guerra frontal, una guerra cruzada y se corre el mayor peligro de tener casos sumamente graves de violaciones a los derechos humanos que podríamos lamentar, por lo han hecho un llamado claro al Estado mexicano para que considere el papel de los defensores de derechos humanos como fundamental en la democracia. Apuntó que CEJIL ha denunciado su preocupación por el aumento a las violaciones a derechos humanos cometidas por militares, al menos 14 documentadas y consideradas graves, en lo que va de la administración de Felipe Calderón, sobre todo ahora que algunos funcionarios militares han declarado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ha podido comprobar hechos de impunidad, sin embargo, apuntó, CEJIL es representante de algunos de esos casos. Se refirió al caso de las hermanas González, tres niñas tzeltales violadas por militares en Chiapas en 1994, "el más emblemático porque ha tenido muchos años de una lucha que aún continúa en donde la CIDH recomienda al Estado mexicano que no se investigue en el fuero militar y que sea atendido por la jurisdicción ordinaria, precisamente porque el caso permanece en la impunidad". En el mismo contexto se encuentran los casos de Valentina e Inés, mujeres de comunidades de Guerrero violadas también por militares, entre otros, donde los militares están cobijados bajo el velo de la impunidad, a pesar de que existe una recomendación por el caso de las hermanas González, en tanto que en el de Inés, en noviembre de 2008, se emitió una recomendación en un informe confidencial, donde señaló responsable al Estado por las violaciones. Coria Castilla recalcó que esta historia se volvió a repetir en el reciente Examen Periódico Universal realizado por la Comisión Internacional de Derechos Humanos en Ginebra, donde volvió a surgir la preocupación de los países miembros por el tema del fuero militar, considerando la coyuntura actual por la presencia del ejército en las calles en la lucha contra el narcotráfico, tarea que es responsabilidad de la policía. En ese sentido, la abogada apuntó que CEJIL realiza un trabajo con funcionarios y diputados con la Secretaría de la Defensa Nacional para llegar a un entendimiento sobre la reforma que México requiere y cumpla con todas sus obligaciones internacionales de adecuar su legislación a los estándares internacionales. Reconoció que hay posiciones que señalan que en términos constitucionales no hay justificación para que el ejército esté en las calles, está no es facultad de las fuerzas armadas, situación que también han señalado los estándares interamericanos, que determinan que los ejércitos deben realizar tareas exclusivas de protección a la soberanía nacional, es decir hacia el exterior, al interior son las policías las responsables de la seguridad pública. Si los soldados estuvieran en sus cuarteles el riesgo de violación a los derechos humanos de las personas sería mucho menor, añadió la entrevistada durante una visita que realiza junto con un grupo de integrantes de CEJIL a Oaxaca para analizar, con las organizaciones, los avances en cuanto a las recomendaciones y visitas que han hecho organismos internacionales defensores de los derechos humanos. En ese sentido, reiteró la preocupación del organismo por el riesgo que corren los defensores de derechos humanos, sobre todo por las declaraciones de algunas autoridades militares que vinculan a los defensores con el narcotráfico "lo que abre la puerta para que cualquier manifestación de una persona que denuncié violación a derechos humanos cometidas por militares en el marco de la lucha contra el narcotráfico pueda ser señalada como del otro bando y este sentido se convierten enemigos del estado". Estamos ante una guerra frontal, una guerra cruzada, se corre el mayor peligro de tener casos sumamente graves, que tengamos que lamentar, advirtió la abogada quien agregó que no se puede pensar en un país que protege los derechos humanos como un asunto "de imagen internacional" si no existen las medidas que garanticen la protección de los derechos humanos. Coria Castilla apuntó que la criminalidad como la inseguridad deben ser un tema de preocupación para el Estado y que éste debe adoptar políticas adecuadas para combatir la delincuencia organizada, porque también es una preocupación de la sociedad, sobre todo donde el narcotráfico ha permeado a la sociedad, pero hemos dicho que esas políticas deben estar cobijada por medidas de protección de garantías mínimas, como el derecho a la vida, la integridad, a la libre asociación a la libre expresión, garantías que hacen efectiva una política de seguridad pública. Sin embargo, si permea la impunidad cuando existen violaciones de funcionarios del estado, sean policías o militares que participan en la lucha contra el narcotráfico, y no hay una investigación seria estas violaciones se seguirán cometido, agregó. La abogada de CEJIL reiteró que el llamado a las autoridades responsables de la seguridad nacional es que la política se lleve con responsabilidad y respeto a los derechos humanos y que las denuncias sean tomadas con seriedad, que se investigue conforme a los estándares del debido proceso legal, que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sobre el caso de Oaxaca y la resolución que planteará la Suprema Corte de Justicia de la Nación también estamos preocupados porque obviamente podría suceder lo mismo que en Atenco, donde se omitió la cadena de mando en la comisión de delitos contra la ciudadanía, incluyendo la violación sexual a mujeres y se exoneró a funcionarios del gobierno, "un exceso de la SCJN en sus funciones, porque así como no tiene permitido establecer sanciones, tampoco tiene el derecho de quitárselas".