PROTESTAN POR LIBERACION DE MEMBROS DE LA OPIM

Si no se hace efectivo el amparo irán a instancias internacionales, anuncia Rosales Sierra Protestan ONG en el Poder Judicial federal por la liberación de cinco miembros de la OPIM Les dicen que la resolución estaría el 15 o 16 de marzo; militares vigilan la manifestación CITLAL GILES SANCHEZ Integrantes de organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos del estado, nacionales e internacionales, protestaron afuera del Poder Judicial de la Federación para exigir la libertad de los cinco presos de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM). El abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, destacó que de no encontrar una solución en la revisión del amparo contra la formal prisión, llevarán el caso a instancias internacionales, ya que en Guerrero no se ha podido encontrar justicia. Por otra parte, las organizaciones recalcaron que atrás de la ejecución de los líderes na savi Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas “está la mano del estado”, por lo que la propuesta del gobernador de crear una comisión especial para esclarecer el asesinato tendrá –como las anteriores– irregularidades e impunidad. Coincidieron en que el estado quiere sembrar el terror en los movimientos sociales, en especial en Ayutla, para desarticular la lucha de las organizaciones, ya que el atentado fue directamente contra una agrupación indígena. Durante más de dos horas unos 100 integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (CECOP), la radio comunitaria Ñomdaa La Voz del Agua, la Red Guerrerense, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), las Brigadas Internacional de Paz (BIP), el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), la Organización Fundar, el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, entre otras, fijaron sus posturas contra la detención de los integrantes de la OPIM, así como la ejecución de los dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM). Mientras se llevaba a cabo la protesta, una comisión integrada por los abogados de Tlachinollan, un representante de cada organización así como las esposas de los “presos de conciencia”, buscó una entrevista con el magistrado del segundo tribunal colegiado, pero fueron atendidos por su secretario, quien les confirmó que este viernes se va a publicar el recurso de revisión –que pidió a última hora un Ministerio Público de la PGR– y el jueves 4 de marzo sesionarían los tres magistrados que integran el segundo tribunal, para que la semana siguiente dicten su resolución; a más tardar el recurso de publicaría el viernes 6 y el día 15 o 16 sería efectivo. “El compromiso es que se van a apegar a derecho, de lo contrario, vamos a llevar el caso a las instancias internacionales porque de no favorecernos este amparo estarían agotados todos los recursos internos en México y eso evidenciaría que en el país no hay justicia para los pueblos indígenas y que ya no hay recursos jurídicos de los cuales echar mano para obtener la libertad de los compañeros”, indicó Rosales Sierra. Lamentó la actitud insensible de los juzgados de distrito y de los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que trataron de impedir la entrada a las esposas de los presos de la OPIM. Afuera, en la explanada del Poder Judicial de la Federación, la manifestación estuvo vigilada, en una esquina del edificio, por al menos 10 militares en un Hummer, quienes permanecieron ahí durante toda la protesta, pues al retirarse los inconformes también lo hicieron los soldados. Rosales Sierra, al igual que las organizaciones sociales que participaron, coincidió en que la pretensión del gobierno es desarticular los movimientos sociales, sobre todo los de Ayutla, ya que en un principio giró órdenes de aprehensión contra miembros de la OPIM y su dirigente, Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez, quien tuvo que dejar la dirigencia para protegerse contra la orden de aprehensión. Sostuvieron que el estado ordenó la ejecución del presidente y el secretario de la OFPM, Raúl Lucas y Manuel Ponce. En respuesta a las declaraciones del procurador de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia, el abogado de Tlachinollan recalcó que sí es un crimen de estado, pues dese 1998 hubo acciones contra Raúl Lucas, además de que hay evidencias de que intentan desarticular la OPIM y la OFPM, pues ni los casos de violación sexual de Valentina e Inés han sido investigados, ni el asesinato de Lorenzo Fernández Ortega, que a pesar de que ocurrió el mismo día que el del espía del Ejército Alejandro Feliciano García –por el que encarcelaron a los integrantes de la OPIM–, en el caso de Fernández Ortega no hay ni un solo detenido; también están las denuncias que pusieron Obtilia Eugenio Manuel, Cuauhtémoc Rodríguez Ramírez y Fortunato Prisciliano Sierra por amenazas y hostigamiento, que no se han resuelto. “¿Qué pasa con la Procuraduría, qué pasa con el gobierno del estado, con la represión que el mismo Raúl había sufrido? No ha habido la más mínima investigación. Es evidente que hay la intención del gobierno de desarticular esa organización (la OFPM), de pisotearla”, recriminó. Consultado sobre la postura del Congreso del estado de pedir que sea la PGR quien lleve el caso de los na savi, aunque consideró tardía su postura, “es bienvenida”, y confió en que no sea parte de una coyuntura política. Sobre la creación de una fiscalía especial, Rosales Sierra consideró que es sinónimo de impunidad e injusticia, ya que recordó que se han creado varias fiscalías “y no ha pasado nada”.