REPUDIOA LA REPRESION PARAMILITAR EN CHIAPAS

Repudio a “represión paramilitar” contra zapatistas de El Chuchumil ■ Crecen ataques de Opddic en la región de Morelia, dice red de solidaridad ■ Los tres niveles de gobierno “solapan” la impunidad del grupo priísta Hermann Bellinghausen/La Jornada Ante los “graves acontecimientos” denunciados el 4 de diciembre por la junta de buen gobierno (JBG) de Morelia, debido a la agresión armada contra bases zapatistas por reconocidos miembros de la Organización para de Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) en la ranchería El Chuchumil (municipio autónomo Camandanta Ramona, Chiapas), la Red Nacional contra la Represión y la Solidaridad repudió “los actos paramilitares de Opddic, así como su impunidad, solapada por los tres niveles de gobierno”. La red, espacio de coordinación de la otra campaña en el valle de México, denuncia que los “ataques constantes” de Opddic, organización “de claro quehacer paramilitar”, a las comunidades zapatistas “han aumentado considerablemente en las últimas semanas, ante todo en el caracol de Morelia, región en que los grandes intereses del capital han decidido desarrollar diversos proyectos de ecoturismo sin consultar a sus habitantes”. En un pronunciamiento respaldado por una veintena de organizaciones y colectivos de Puebla, Tlaxcala, estado de México, Chihuahua, Sinaloa y el Distrito Federal, la red se refiere a la nueva agresión contra campesinos zapatistas de El Chuchumil, donde el pasado 2 de diciembre, seis jóvenes tzeltales fueron baleados mientras trabajaban la tierra. Además de armas de fuego, los atacantes (Javier, Miguel y Salvador Gutiérrez Hernández, así como Genaro Gutiérrez) llevaban una cámara de video que fue identificada como propiedad del Registro Civil del municipio oficial de Chilón. A pesar del discurso bienintencionado del gobernador Juan Sabines Guerrero en relación con las comunidades autónomas zapatistas, la relación de Opddic con las instancias oficiales es más que abierta. El 23 de septiembre, en el contexto del Convenio de Confianza Agropecuaria (Codecoa), la Secretaría del Campo informaba en el documento público El campo en hechos (página 23): “Uno de los actos más trascendentes que se han llevado a cabo durante el primer trimestre del año fue el reconocimiento de Opddic al gobierno del licenciado Juan Sabines Guerrero, sumándose al esfuerzo de trabajo y acciones de beneficio para las regiones productivas del estado”. En un acto encabezado por el coordinador estatal de Codecoa, Óscar Serra Cantoral, campesinos de Opddic en las cañadas de Ocosingo “manifestaron su total apoyo y respaldo a las políticas agropecuarias del gobierno”. La información oficial añadía que en Monte Líbano, “otra comunidad con presencia zapatista” (lo cual es un tanto inexacto, pues si algo caracteriza a esa comunidad es la presencia sostenida de paramilitares y de una importante base de operaciones del Ejército federal), “donde las acciones del gobierno eran pocas o nulas, Codecoa entregó 2 mil paquetes de aperos de labranza”. En realidad, Monte Líbano ha recibido de manera sostenida los “beneficios” económicos y políticos de la contrainsurgencia activa desde 1995, si bien el escenario principal de agresiones contra zapatistas por miembros Opddic se ha desplazado de Ocosingo a Chilón, principalmente en el área de las cascadas de Agua Azul. Según informó La Jornada el pasado 20 de noviembre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) señalaba “el encubrimiento del gobierno del estado” a Opddic, que permite a la organización priísta “seguir ejerciendo la violencia contra zapatistas y sus simpatizantes”. El centro recordaba que ha “exhortado y exigido constantemente al gobierno del estado que actúe de manera seria y efectiva en la investigación, procesamiento y sanción de los miembros de Opddic responsables de varias agresiones armadas en los últimos meses contra zapatistas y adherentes de la otra campaña de las comunidades de Chilón”. A los casos reciente de Ba’yulubmax, Jolamaltzac y San Sebastián Bachajón se suma ahora El Chuchumil. Según el CDHFBC, las autoridades ministeriales han sido “ineficaces, incumpliendo su deber de garantizar protección a las víctimas”. La negligencia de las autoridades estatales se ha convertido en “un manto de impunidad y permisión para este grupo de corte paramilitar”, lo cual evidencia que el gobierno de Chiapas “cumple una función importante en la estrategia de contrainsurgencia que se aplica contra el EZLN, sus bases de apoyo y los adherentes de la otra campaña”.