LOS PROLEGOMENOS DE LA UCHA MAGISTERIAL

Los prolegómenos de la lucha magisterial José Martínez Cruz La realidad precede la conciencia. O, en un principio, el caos. El magisterio morelense en pie de lucha está trastocando la realidad. Emulando a Hegel, hay quienes admiten el movimiento, pero como diría Marx, hay que poner la realidad invertida para conocerla verdaderamente. En Morelos son más de 400 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en el sistema escolarizado público. Estos son atendidos por 23 mil profesoras y profesores de educación básica que en su inmensa mayoría cuentan con estudios normalistas o licenciaturas similares. Estos están distribuidos en unas mil 700 escuelas ubicadas en los 33 municipios. Aún cuando las desigualdades económicas regionales son significativas entre las escuelas ubicadas en las zonas urbanas y las rurales, llegando a extremos en las pequeñas comunidades de la sierra de Huautla por una parte y por otra en las ubicadas en el centro de Cuernavaca, existen también similitudes históricas, políticas y sociales en un estado que tiene una de las tazas más elevadas de densidad demográfica en el país. Morelos está ubicado entre los primeros sitios de educación escolarizada, alcanzando un 92.9 de mujeres y 91.7 por ciento de hombres entre 6 y 15 años de edad, con una tasa de alfabetismo de 90.6 por ciento en mujeres y 93.1 en hombres, aunque el promedio de escolaridad es apenas de 8.2 años en mujeres y 8.6 años en hombres. Es decir, la pirámide educativa es igualmente excluyente en la medida en que se eleva el nivel educativo. Todos estos datos son proporcionados por INEGI en su censo general de población y vivienda de 2000 y en su Conteo de Población y Vivienda de 2005. Esta enorme cantidad de población está vinculada al sistema educativo público, sostenido, por supuesto, por las y los maestros que mantienen básicamente una identidad colectiva vinculada a la comunidad y si tomamos en cuenta que la población morelense total está compuesta por 775 mil 311 hombres y por 837 mil 588 mujeres de acuerdo al censo de 3 años atrás, es indudable que el efecto económico, social, político y cultural es hacia el conjunto de la sociedad morelense. Así, hay que dejar claro que no es el movimiento magisterial el que crea las contradicciones sociales y económicas, sino que las hace visibles, las exhibe ante los ojos, incrédulos de muchos, y sobre todo permite abrir un profundo proceso de reflexión y politización de la sociedad que, polarizada con antelación, encuentra motivos para exteriorizarlos y llevarlos a todos los niveles y ámbitos públicos y privados, lo mismo en el campo que en la ciudad, en las calles y las plazas que en el interior de las familias, no solo en las cúpulas partidarias sino entre las bases afiliadas o militantes, entre los comerciantes y obispos contra el movimiento que con organizaciones sociales y sindicales a favor del magisterio en lucha. Estos datos, hay que decirlo, no permiten, sin embargo, hacer del todo visible la profunda desigualdad económica y social prevaleciente en la entidad, donde las mujeres se han incorporado crecientemente al mercado laboral, pasando de 37.3% a 45.7% del 2000 al 2005, en tanto que los hombres han disminuido su participación del 80.1% al 76.8% en el mismo período, entre otras razones por el alto grado de emigración que ha ocurrido. Si bien las tasas de desocupación que recoge INEGI son muy bajas y no reflejan la elevada tasa de subempleo, empleo informal o carente de estabilidad laboral, la cantidad de personas que trabajan y no reciben remuneración económica es muy significativa, siendo un 9.9% de mujeres y un 4.8% de hombres. Empresarios que ocupan una persona o más llega a 2.1% de mujeres y 5.4% de hombres. El peso político de los más ricos es evidente en el gobierno panista. Un ejemplo claro fue la reunión con la cúpula empresarial que organizó la marcha de blanco contra la inseguridad, ofreciendo asumir plenamente todas y cada una de sus demandas, y la negativa durante casi dos meses a aceptar el pliego de 12 puntos del magisterio democrático. Si es el magisterio quien aplica el principio de la defensa del derecho a la educación pública por parte de los 400 mil alumnos que son atendidos cotidianamente, resulta un despropósito acusar al magisterio de violar este derecho cuando se suspenden las clases precisamente porque el gobierno el que está poniendo en cuestión la validez del artículo 3o. de la Constitución de que la educación debe ser pública, laica, gratuita y al alcance de todos con el acuerdo para la calidad de la educación. Es el magisterio, a pesar de los bajos salarios que tiene la mayoría contratados por hora o con dos plazas que les obliga a laborar mañana y tarde, quienes sostienen el andamiaje de la educación pública. No son los funcionarios y aviadores, con salarios estratosféricos e insultantes, los que hacen posible mantener en la escuela a estos 400 mil alumnos, sino los maestros y maestras de a pie, los que con su vida y esfuerzo cotidiano sacan fuerzas de flaqueza para brindar conocimientos a alumnos que, cuando son evaluados con los mismos criterios empresariales y homogeneizadores, son reprobados por un sistema excluyente que únicamente quiere entre sus filas a los que considera mejores, en una ley del mercado que no puede ser aceptada como mecanismo de selección por quienes tienen la divisa de una educación humanista integral. La Alianza para la Calidad de la Educación es un proyecto clásicamente empresarial, como lo demuestra el especialista Hugo Aboites en un documentado análisis sobre la alianza para la evaluación. En este documento se demuestra contundentemente como el gobierno ha establecido acuerdos con los grandes empresarios capitalistas a través del TLC y otros compromisos firmados para elevar los controles de producción y productividad técnica mediante mecanismos de competencia individual que tiende a fracturar el cuerpo social del magisterio. La ofensiva privatizadora empresarial del gobierno se remonta a dos décadas atrás con las políticas neoliberales en todos los terrenos, empezando los gobiernos priístas y profundizándolas los panistas que comparten en lo esencial la defensa de los intereses capitalistas. En este período han enriquecido enormemente a una clase capitalista parásita de la burocracia con la privatización demás de cinco mil empresas públicas que fueron adquiridas en su momento con los dineros públicos de todo el pueblo de México. El caso paradigmático de Teléfonos de México es el antecedente inmediato que propicia la creación del hombre más rico del mundo, a expensas no de su trabajo, sino de los beneficios de la corrupción legalizada que significó su privatización. El negocio de las Afores y la privatización de la salud también son los precedentes de lo que se pretende con la privatización de la educación, del petróleo y de la energía eléctrica. Morelos, en la actualidad representa el paraíso de la privatización de la educación privada en el nivel medio superior y superior, ya que se han abierto alrededor de 60 universidades particulares. Es un negocio muy lucrativo y esperan con ansiedad que este se extienda al conjunto de los niveles de la primaria y secundaria para elevar aún más sus ganancias. El criterio de la educación ligada a elevar los niveles de productividad se remontan a los inicios del capitalismo y se agudizan con el paso de los métodos tayloristas y fordistas de la producción en cadena a los métodos japoneses y del “just in time” y de flexibilidad laboral actuales que significa precisamente eliminar la estabilidad en el empleo que hoy groseramente tratan de presentar como “herencia” de plazas a los hijos de los trabajadores de la educación. No esta en juego la venta de plazas, que siempre ha estado controlada por la burocracia sindical charra del SNTE en complicidad con las autoridades de la SEP y del IEBEM, sino la vía hacia los contratos temporales, anuales si acaso, sujetos a un mecanismo de control de productividad y eficiencia empresarial pero de ninguna manera vinculada a la educación humanista que, aún, es vigente en el artículo 3o. de la Constitución. El movimiento de bases democrático de la Sección 19 en Morelos, ha logrado colocar todos estos temas en la reflexión pública durante casi 60 días de lucha y protesta masiva. Primero fueron las marchas contra la ley del ISSSTE, la creación de la Asamblea de Amparados que interpusieron recursos legales ante la Corte por miles para defender su derecho a la seguridad social, y las protestas contra la ACE que originaron la toma de las instalaciones del SNTE, la declaración de huelga constitucional y el paro de labores que se ha sostenido desde el 13 de agosto, 53 días hasta la fecha, con impresionantes movilizaciones de decenas de miles de personas, algunas de las cuales han llegado a ser de alrededor de 50 mil asistentes en cada una de ellas, bloqueos carreteros, un plantón permanente en las calles aledañas a la plaza de Armas de Cuernavaca y un sin fin de actividades que han encontrado eco entre madres y padres de familia, pueblos, sindicatos, organizaciones, partidos políticos, inclusive un impacto significativo en los medios de comunicación, que ha trastocado la vida cotidiana y ha colocado a la sociedad frente a un gran espejo. La realidad invertida. Ha puesto al descubierto lo que no se quiere ver: una sociedad tremendamente injusta que requiere de una transformación social, política, económica de grandes dimensiones. Eso, en términos llanos y simples, significa que apenas estamos en los prolegómenos de un movimiento social que sea capaz de transformar de raíz esta sociedad, en una perspectiva liberadora, que no acepte que alumnos y maestros son mercancías que pueden ser usadas y desechadas, Se trata, en primer lugar, de dignidad, piedra angular de la defensa de los derechos humanos. ere entre sus filas a los que considera mejores, en una ley del mercado que no puede ser aceptada como mecanismo de selección por quienes tienen la divisa de una educación humanista integral.