LA OTRA GUERRA SUCIA EN GUERRERO

La otra guerra sucia en Guerrero Abel Barrera Hernández 1 Noviembre 2008 A 40 años de la masacre de los estudiantes en la plaza de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, en nuestro país continúa reinando la impunidad y se mantiene un sistema de justicia corrupto que protege al expresidente Luis Echeverría, al Ejército Mexicano y a los aparatos de seguridad del Estado. Los saldos sanguinarios son deleznables. Ahora ya no sólo es el Estado el que amedrenta a la población, sino el crimen organizado amenaza con tomar el control político en varias regiones del país. En Guerrero, más de 600 casos de desaparecidos por la Guerra Sucia siguen sin esclarecerse. Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado mexicano que investigue el paradero de Rosendo Radilla y entregue sus restos a sus familiares. Las autoridades federales no tuvieron otra alternativa que enviar a una delegación de la Procuraduría General de la República para excavar en el excuartel militar de Atoyac. A pesar de la solicitud planteada por los familiares de Rosendo Radilla, de que utilizaran maquinaria para tener una muestra más amplia de los restos humanos, las autoridades evadieron su compromiso con las víctimas de la Guerra Sucia. Esta herida abierta viene a causar más daños por el acrecentamiento de la violencia que se vive en el estado ante la implantación de una estrategia de guerra de baja intensidad, que se aplicó desde el fallido intento de aniquilar a la guerrilla. La matanza de Aguas Blancas y El Charco se enmarcan dentro de esta estrategia bélica de contener la fuerza social que más bien ha abonado el terreno de la insurgencia armada. Por otra parte, en los sótanos de los aparatos de seguridad del Estado fue cobrando carta de naturalización el recurso de la violencia como método de control político y social, dejando el campo libre para que los verdaderos delincuentes se enquistaran dentro de las estructuras policiacas para poder blindar desde las mismas instituciones públicas a la delincuencia organizada. La perversidad del sistema político es que ha permitido que los intereses de la sociedad se supediten no sólo a los intereses de los grupos políticos y económicos, sino a los intereses del crimen organizado. La mezcla impune entre lo público y lo privado ha desdibujado fronteras jurídicas y ha dejado en un estado de indefensión a una sociedad que ha depositado su confianza en los partidos políticos y sus candidatos. La crisis de gobernabilidad se viene profundizando de manera trágica y paradójica con el proceso de transición política que se ha vivido en el país y en nuestro estado. Los “gobiernos del cambio” han puesto al descubierto su fragilidad política, su incapacidad para llenar las expectativas de una sociedad pujante y demandante para que haya una verdadera democracia participativa. El cambio destapó la cloaca del poder político y dejó correr a lo largo y ancho del país la corrupción y la colusión que existe entre algunos gobiernos y el crimen organizado. En el proceso electoral de 2005, Guerrero fue un escenario cruento por la violencia que mostró un poder incontrolable y sumamente sanguinario. El 25 de enero de ese año, un comando armado ejecutó en plena carretera Costera Miguel Alemán al empresario Alexis Iglesias Aragón, que era el presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Acapulco. En la víspera de esa elección se dio el primer ataque con granadas de fragmentación dirigido contra un cuartel de la policía del estado; ese mismo día encontraron a tres policías municipales y a un estudiante de 15 años ejecutados. A partir de esta contienda electoral se desencadenó la violencia en el puerto de Acapulco, la Costa Grande, Zihuatanejo, la región de Tierra Caliente y las ciudades de Iguala y Chilpancingo. A partir de entonces aparecen las decapitaciones, los levantones, los encajuelados y los narcovideos. Ante tales acciones violentas, las autoridades han quedado rebasadas por el poder del narcotráfico, que aparece como otro Estado dentro del Estado, porque controla ciertos territorios y mercados, tiene su propio ejército, sus empresas y un capital financiero que ha sido capaz de invertir en las regiones pauperizadas, y de tener un gran auge económico. La imagen exitosa de los jefes de los cárteles ha sido más atractiva que la imagen de los políticos que después de las campañas se desfondan y se refugian en los búnkeres del poder para no atender las demandas de la población. El desfondamiento político que se vive en Guerrero ha dejado en estado de indefensión a una sociedad que le ha apostado al cambio por la vía pacífica, y ahora se encuentra en el umbral de la ingobernabilidad. La elección local para alcaldes y diputados, realizada el 5 de octubre, carga con una cifra escalofriante de 2 mil 400 muertes violentas, en un periodo que va de enero de 2005 a enero de 2008. Esta violencia endémica atraviesa a todos los sectores sociales y a la misma clase política. Han habido ejecuciones de empresarios, políticos, policías federales, estatales y municipales, elementos del Ejército, comerciantes, mujeres, niños, jóvenes, funcionarios de corporaciones policiacas, indígenas, campesinos y periodistas. Ante esta ola de violencia, un grupo de familiares han conformado el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, y han documentado 150 casos de desaparecidos, 30 secuestros y más de 1 mil asesinatos en los tres años de administración del gobernador Zeferino Torreblanca. Estamos ante otra guerra sucia, donde la violencia causada por la delincuencia organizada y el narcotráfico está también presente en la contienda electoral: varios candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han sufrido atentados en las regiones más álgidas del estado, como Tierra Caliente, Costa Grande y zona Centro; el Partido Acción Nacional ha tenido que suspender varios cierres de campaña en las regiones de la Costa Grande, Costa Chica, Tierra Caliente y La Montaña; y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) también ha sido víctima de la violencia: el pasado 25 de septiembre asesinaron al candidato a diputado por el distrito 14, el doctor Homero Lorenzo Ríos. Tres días después, el aspirante a la alcaldía por Coyuca de Benítez, Javier Bataz, truncó su cierre de campaña ante una provocación montada por dos sujetos armados que se encontraban cerca del templete. Al siguiente día otro candidato a diputado por el Distrito VII fue herido de bala cuando viajaba rumbo a Zirándaro. El ambiente electoral ha estado precedido por algunos homicidios suscitados en los municipios de Copanatoyac, Tlalixtaquilla y Zapotitlán Tablas. El candidato del PRD a presidente municipal de Metlatónoc sufrió un atentado hace varios meses que lo puso al borde de la muerte. En Acapulco, las campañas de desprestigio entre el PRI, el PRD y Convergencia también han contribuido para enturbiar el ambiente electoral. Lo más grave es que los guerrerenses corremos el riesgo de perder la oportunidad para rescatar a nuestro estado de las garras de la narcoviolencia y de sufrir la parálisis política que le viene bien a los operadores de la otra guerra sucia. *Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan