EL FACISMO SE HACE EN EL PODER

El fascismo se hace con el poder. Morales protesta. James Petras por Juan Carlos Postigo Ríos Los fascistas bolivianos se han hecho con el poder en cinco de los estados más ricos de Bolivia, derrocando enérgicamente a todos los dirigentes nacionales, asesinando, hiriendo y agrediendo a los líderes, activistas y votantes que han respaldado al gobierno nacional, con total impunidad. Desde que Evo Morales fue elegido presidente hace ya casi tres años, la extrema derecha boliviana se ha aprovechado de cada concesión, compromiso y gesto conciliador realizado por parte del ejecutivo de Morales para expandir su poder político, bloquear incluso las reformas sociales más benignas y paralizar el funcionamiento del gobierno, por medio de maniobras legales y bandas de violentos gamberros callejeros. Mientras que el gobierno boliviano utilizaba la represión estatal contra los ocupantes del campo y los mineros en huelga, permaneció como un espectador pasivo e impotente de la toma derechista de la Asamblea Constitucional, el mayor aeropuerto de Santa Cruz (forzando al presidente a huir hasta su palacio), suspendiendo todo el transporte público, la recaudación del impuesto federal e inversiones públicas y proyectos. Y peor aún, las brigadas de paramilitares fascistas han insultado, pegado, desnudado y obligado a desfilar repetidamente a los campesinos de raza india, partidarios del presidente Morales, por las calles y plazas principales de las capitales de las provincias que controlan. A pesar de ganar casi el 70% del escrutinio nacional en las elecciones de destitución del 10 de agosto de 2008, Morales no ha tomado ninguna medida para responder a la toma fascista del poder regional, sino que aboga por el diálogo y el compromiso, mientras que la extrema derecha se fortalece y prepara para entrar en una violenta guerra civil contra los indígenas y pobres de Bolivia. El gobierno boliviano expulsó al embajador estadounidense, Phillip Goldberg, después de que la Embajada de los EE.UU. apoyara activamente la toma del poder regional por parte de la ultraderecha tras casi 3 años de clara financiación y colaboración pública con los separatistas. Como el gobierno de Morales no rompió las relaciones con Washington, es probable que un nuevo embajador vuelva pronto para continuar con la conspiración activa de Goldberg con la extrema derecha. El contraste entre la ignominiosa pasividad del presidente y el agresivo y violento golpe de estado político de la derecha fascista es sorprendente. El eje del violento levantamiento y la exitosa toma del poder fascista se localiza en cinco departamentos regionales: Santa Cruz, Pando, Beni, Tarija y Chuquisaca, agrupados en una masiva organización regional, el Consejo Nacional Democrático (CONALDE). Aquí están agrupados prefectos locales, alcaldes, líderes empresariales y directores de organizaciones terratenientes apoyadas por bandas de gamberros armados de ultraderecha en distintas organizaciones, siendo la más importante la Unión Juvenil Cruceñista, especializada en degradar, pegar e incluso matar a los indios desarmados que apoyan a Morales. Preludio de la guerra civil y toma del poder La guerra civil y la toma del poder por parte de los derechistas en los cinco departamentos siguen una secuencia de eventos resultante en un restablecimiento gradual del poder político y social y la posterior puesta en marcha de una gran diversidad de movimientos ofensivos desde dentro de instituciones gubernamentales y cada vez más a través de la acción directa extraparlamentaria. Esto ha desembocado en una escalada desde los ataques esporádicos hasta la violencia sistemática contra individuos, organizaciones, instituciones públicas y recursos económicos estratégicos. En esta etapa más reciente, la oposición se ha despojado de su fachada institucional «legalista» y ha abrazado la toma violenta de instituciones estatales declarando abiertamente su separación del gobierno central, desafiando la autoridad del ejecutivo a gobernar y ejerciendo su monopolio legal sobre el poder policial. Desde el poder popular a la toma de poder neofascista El punto de partida de la sublevación separatista y neofascista empieza en 2005 cuando, a efectos prácticos, un levantamiento masivo de trabajadores del campo y mineros indios derrocó al régimen neoliberal en ejercicio y dominó las calles, presentando todos los ingredientes para un nuevo gobierno revolucionario. Bajo el liderazgo de Evo Morales y el antiguo organizador de ONG, García Linera, y su partido electoral, Movimiento al Socialismo (MAS), el movimiento de masas se apartó de las calles, de la actividad autónoma y la revolución social hacia la política electoral. Evo Morales fue elegido presidente en diciembre de 2005 y procedió a firmar pactos políticos con partidos de la derecha para compartir el poder institucional en pos de un programa político-económico centrista. Esto supuso la colaboración con todas las compañías multinacionales de extracción mineral (sin incluir expropiaciones y nacionalización), programas simbólicos minimalistas de reforma agraria (jamás llevados a la práctica) y fuertes políticas fiscales (excepto la redistribución de la renta, la limitación de los sueldos y aumentos del salario hasta la tasa de inflación). Para mediados de 2006, la extrema derecha ya se había recuperado de su derrota electoral y por medio de su presencia en la recién elegida Asamblea Constitucional maniobró con eficacia para bloquear el trámite de la nueva Constitución. El gobierno se centró exclusivamente en las reformas políticas más importantes, consolidó su colaboración con las principales multinacionales del gas y el petróleo, renovó desfavorables contratos sobre el gas con Brasil (pagando Bolivia muy por debajo de los precios del mercado mundial) y desmovilizó los movimientos de masas a través del control del partido MAS por encima de los líderes urbanos y rurales (con la excepción de los mineros). Comenzando a finales de 2006 e incrementándose durante 2007, la derecha neofascista contó con sus tropas de asalto para agredir a los diputados pro-gobierno en la Asamblea Constitucional, para organizar bloqueos de carreteras y afirmar su independencia («autonomía») del gobierno nacional. El gobierno boliviano rechazó cualquier recurso para la movilización popular demandada por los sectores más radicales de los mineros en Oruro y Potosí. En lugar de eso, se retiró haciendo frente a la presión institucional de la derecha neofascista, ofreciendo concesiones en la redacción de la Constitución. Morales realizó una serie de concesiones sobre las dimensiones de las tierras exentas de reforma agraria, cediendo poderes judiciales y fiscales a los gobernantes fascistas de las regiones y les concedió el control de las carreteras, las autopistas y las plazas a bandas de neofascistas bien armados. Durante 2008, la derecha neofascista continuó su «avance por las instituciones» consolidando su control de los gobiernos locales y regionales y las reivindicaciones sobre los ingresos de sectores económicos estratégicos, los cuales se encuentran en las regiones en contienda. A mediados de 2008, la derecha afirmó abiertamente sus reivindicaciones separatistas y procedió a crear un cuerpo de policía paralelo, una aduana y una agencia fiscal entre otras. El régimen separatista concedió licencia al comercio, a los terratenientes y a la élite urbana de la clase media. Por medio del liderazgo de las autollamadas «organizaciones cívicas» y sus secuaces armados, procedieron a intimidar y agredir a cientos de seguidores del gobierno, campesinos, activistas indios, propietarios de negocios pro-gobierno, vendedores ambulantes, profesores de colegio, trabajadores sanitarios y otros empleados públicos. La estrategia neofascista para hacerse con el poder estatal estaba basada en la acumulación de fuerzas a través de manifestaciones públicas de poder, reuniones masivas y cierres patronales para paralizar el comercio de las ciudades. Todos los partidarios del gobierno nacional que no respetaran los llamamientos a la huelga sufrirían crueles castigos públicos, incluyendo palizas y la humillación pública de indios y campesinos seguidores de Morales en las plazas metropolitanas, donde eran desnudados y azotados para burla de la mayoría blanca, de la multitud de origen europeo. De las protestas a la toma de poder Tras experimentar solamente suaves protestas sin importancia desde el régimen de Morales y García, en agosto de 2008, los neofascistas lanzaron un importante ataque sorpresa, dando rienda suelta y apoyo financiero y político a las agresiones a gran escala sobre las principales instalaciones federales, agencias, sindicatos y oficinas de asociaciones de campesinos en los cinco departamentos que controlaban. Éstos se hicieron con el control de los aeropuertos negando el derecho a aterrizar a cualquier directivo del gobierno o relacionado con éste, incluyendo al presidente Morales y al vicepresidente García y cualquier dignatario que estuviera de visita. El acontecimiento que motivó el inicio de la «guerra civil» neofascista desde los altos cargos y la violenta toma del poder fue la victoria electoral de Morales y García en el referéndum del 8 de agosto, en el que Morales consiguió el 67% de los votos. El resultado dejó claro que la derecha no podía volver al poder nacional por medio de las elecciones, ya que su única mayoría electoral se encontraba en los departamentos que gobernaba. Pero incluso en los cinco departamentos gobernados por la derecha, Morales obtuvo aproximadamente el 40% de los votos, una fuerte minoría en las ciudades y una mayoría en muchas áreas rurales entre el campesinado. La clase capitalista, como en otros lugares a lo largo de la historia, cuando se veía frente a algunas reformas de la propiedad moderadas, pero sobre todo frente a un régimen cobarde, que se retira y conciliador, ha descartado métodos de oposición constitucionales. Se unieron a los dirigentes locales neofascistas, líderes «cívicos» e incluso a las violentas bandas de jóvenes ricos de Santa Cruz. Morales rehusó ordenar a la policía y al ejército que defendieran los edificios públicos haciendo frente a los violentos ataques incendiarios, que destruyeron servicios públicos, telecomunicaciones, oficinas portuarias, de contabilidad, de mensura de tierras, archivos oficiales y registros estatales. Por el contrario, Morales les obligó a retirarse. En Pando y Tarifa hicieron estallar los oleoductos y gaseoductos, causando importantes daños y costando millones de dólares en pérdidas de ingresos estatales. Finalmente el 11 de septiembre de 2008, más de cien campesinos pro-Morales fueron muertos o heridos en Pando en una emboscada organizada por vigilantes armados apoyados por el departamento del prefecto Leopoldo Fernández y sus seguidores de las organizaciones «cívicas». La destrucción sistemática de todos los símbolos y rastro de autoridad del gobierno federal y el asesinato e intimidación de los campesinos seguidores de Morales marcaron el comienzo de la etapa final de este proceso de secesión que ya dura 3 años, la represión étnico-racial y la imposición de un nuevo orden político fascista. Mientras la guerra civil dirigida por los neofascistas continuaba sin una oposición del gobierno nacional en las cinco provincias, los ministros de Morales adoptaban posiciones muy extrañas: García-Linera racionalizó la impotencia del régimen descartando la toma de poder por el aparato neofascista de los cinco departamentos como «actos vandálicos llevados a cabo por una banda de 500 gamberros». Mientras Bolivia ardía, el ministro del Interior, Alfredo Rada, y el ministro de «Defensa», Walker San Miguel, intentaron en vano minimizar la toma ilegal de poder de los neofascistas de casi la mitad del país con el 80% de la renta nacional reduciendo la inminente guerra civil a actos de «violento vandalismo delincuente en diferentes regiones del este y sur del país». El 12 de septiembre de 2008 Morales, al parecer ajeno al ataque masivo y continuo y la toma de poder, llegó a convocar una reunión con los prefectos neofascistas para un «diálogo sin precondiciones». En otras palabras, Morales les absolvió de la masacre y trato brutal de más de cien campesinos e ignoró el sabotaje económico, que acompañaron a su toma de poder y la destrucción del petróleo, el gas y otros sectores esenciales productores de ingresos. Huelga decir que los neofascistas se reunieron con Morales sin conceder nada. De hecho, la única razón por la que accedieron a reunirse es porque Morales se vio finalmente forzado a declarar un «estado de sitio» en Pando –posterior al asesinato de 30 campesinos a manos de vigilantes armados bajo el control del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández. Las tropas tuvieron que despejar el aeropuerto de gamberros derechistas, quienes antes habían impedido el aterrizaje de un avión del gobierno. Los otros cuatro departamentos bajo control neofascista no se vieron afectados por la declaración del estado de sitio. En Pando, con militares ahora custodiando edificios públicos e instalaciones de petróleo y gas, el gobierno decidió por fin arrestar al prefecto de derechas por su colaboración en las masacres. ¿Un giro hacia el buen gobierno? El presidente Morales ordenó finalmente al embajador estadounidense Phillip Goldberg que abandonara el país tras dos años de intervención directa en la planificación, financiación y apoyo de la lucha de clases neofascista organizada y la toma del poder regional. Con más de 125 millones de dólares en fondos de ayuda financió casi exclusivamente a las organizaciones «cívicas» neofascistas, y a través de éstas a los vigilantes raciales armados de la Unión Juvenil de Santa Cruz. La tan esperada declaración del estado de sitio de Morales se produjo bajo presión de sus descontentos seguidores entre los movimientos masivos del campesinado y la población ciudadana, quienes empezaron a organizarse y armarse independientemente del impotente gobierno federal. Morales también respondió a la presión desde Brasil, Argentina, Venezuela y otros países para acabar con la violencia. Brasil y Argentina se vieron afectados por la interrupción de importantes envíos de gas natural desde Bolivia. Incluso regímenes constitucionales de derechas, como el de Bachelet en Chile y Alain García en Perú, apoyaron a Morales e indirectamente le instaron a actuar por temor al precedente de que una exitosa toma del poder regional de carácter separatista y violento impulsado por la derecha pudiera reflejarse en sus países. Conclusión El estado de sitio y la expulsión del embajador norteamericano pueden verse como medidas positivas muy retrasadas para reiterar la soberanía boliviana y defender el orden constitucional, pero, ¿qué será lo siguiente? Los neofascistas se han hecho con el poder gubernamental de la región. Aún controlan el 80% de los recursos económicos claves de Bolivia. La mayoría de la población bajo gobierno derechista no cuenta con la protección del gobierno central. Tan solo unos pocos oleoductos y gaseoductos naturales han sido temporalmente protegidos por las tropas federales. Morales ha contado con el ejército para defender su régimen, dejando fuera, marginando y desmovilizando a los emergentes movimientos populares de autodefensa. La fiabilidad del ejército boliviano no está garantizada. Tras convertirse en clave para la defensa del régimen de Morales contra la derecha neofascista, las fuerzas armadas pueden asumir poderes mayores, como árbitros del futuro del país. Morales está relativamente a salvo, refugiado en los Andes; pero sus partidarios de los cinco departamentos del este continúan enfrentándose al gobierno represivo de los neofascistas y sus bandas de vigilantes organizados. Igualmente importante, Morales, enfrentado con la violenta resistencia de la extrema derecha, muestra la firme intención de hacer nuevas concesiones sobre la renta y división del poder a la élite gobernante. Está abierto a realizar incluso mayores concesiones a los cien terratenientes, los magnates de los medios de comunicación, los banqueros y los agroexportadores, quienes han luchado por la secesión. Repetidamente, durante los pasados 3 años, los indios, los campesinos, los mineros, los residentes de los barrios bajos y los empleados públicos se han organizado y luchado por una reforma agraria, la nacionalización de las minas controlada por los trabajadores, los yacimientos petrolíferos y sueldos y salarios decentes. Lo que han conseguido de Morales es un gobierno de autoridad fiscal, acuerdos económicos con empresas multinacionales extranjeras de extracción y enormes complejos industriales intocables. A pesar de tener un mandato que finalizar, Morales ha llevado a cabo una sucesión de esfuerzos fallidos para reconciliarse con las antagónicas élites económicas y regionales. Si hay una lección que Morales puede aprender de los campesinos que han sido degradados y azotados en las calles de Santa Cruz, los sindicalistas que tuvieron que abandonar sus sedes y casas por los incendio en Pando y los vendedores ambulantes que han sido llevados a los mercados en Tarija, es que no se puede «llegar a acuerdos» con los fascistas. Al fascismo no se le derrota con elecciones y concesiones a sus grandes pagadores terratenientes.