CONGELA PGJE EXPEDIENTE DE PORNOGRAFIA INFANTIL EN OCOTLAN,OAXACA.

Congela PGJE expediente de pornografía infantil en Ocotlán Nuevo Excélsior lunes, 29 de septiembre de 2008 Los padres y las madres de familia de menores víctimas de pornografía infantil en el Colegio Guadalupe, del municipio de Ocotlán de Morelos, denunciaron que a pesar de que ya se realizaron las investigaciones y se ha acreditado el cuerpo del delito, el expediente no ha sido consignado, con lo que, dicen los afectados, se demuestra que existe dilación en torno a este caso en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). La madre de uno de los trece ex alumnos agraviados señaló que se cumplió un mes sin consignar la averiguación previa --182(DS)/2008 iniciada el 30 de mayo pasado por la Fiscalía para la Atención de Delitos por Violencia de Género contra la Mujer-- contra Norberto Dionisio Martínez Luis, porque éste interpuso un amparo. Lamentó que por burocracia de esa instancia federal, el juzgado del cuarto distrito, con sede en esta capital bajo responsabilidad de Ponciano Velasco Velásquez, no haya revisado su expediente y emitido la resolución sobre la denuncia de pornografía infantil en agravio de los menores que acudían a un colegio de las Mercedarias del Santísimo Sacramento. El fotógrafo identificado por los niños como el individuo que los semidesnudó, auxiliado por Minerva Díaz Torres, en uno de los salones de la escuela el 29 de mayo, apeló al derecho constitucional e intervino la averiguación previa, rindió pruebas y presentó testigos para demeritar las acusaciones. La fiscal Ileana Hernández Gómez explicó que el presunto responsable impugnó la averiguación previa e interpuso un amparo basado en la negativa de la Ministerio Público, ustentada en la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, de autorizar un segundo peritaje para la valoración del estado mental de dos menores. La funcionaria reconoció estar "atada de manos" mientras el juez federal no emita la resolución del amparo. "Es imposible efectuar la consignación o determinar si se configura el o los delitos como prostitución o pornografía infantil". Por lo anterior, los padres de las víctimas reiteran su exhorto a que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga el caso, investigue y resuelva con imparcialidad y celeridad la denuncia interpuesta ante estos actos, y detenga y sancione a los responsables. Los ofendidos piden se castigue al agente del Ministerio Público Benito Julián Caballero, quien abusó de su autoridad al consignar a tres de los ofendidos por un supuesto delito de robo en agravio del fotógrafo, esposo de la regidora de Hacienda, y defendido legalmente por el abogado Efraín Meraz Concha, hermano del presidente municipal de Ocotlán, Sergio Meraz Concha, militante priista y vinculado con la clase política estatal. En ese sentido, el subprocurador Netolín Chávez Gallegos reconoció que el funcionario tiene cinco quejas por su mal desempeño, pero su permanencia depende de la Visitaduría General de la PGJE, instancia encargada de calificar a los servidores públicos encargados de procurar e impartir justicia. En un año, padres de familia han denunciado 18 casos de abuso sexual y pornografía infantil ocurridos en colegios privados de la entidad. En octubre de 2007, Leticia (se omiten sus apellidos para proteger al menor) denunció que su hijo de cuatro años presuntamente fue violado en el área preescolar del Instituto San Felipe del Agua, en esta capital. La víctima de cuatro años identificó a la educadora Magdalena García Soto, al profesor de computación Adán Salvador Pérez Ramírez y a Hugo Gabriel Constantino García, esposo de la propietaria del plantel, como sus agresores. García Soto está encarcelada en la penitenciaría central de Santa María Ixcotel, acusada de violación equiparada, y es defendida por Humberto Castillejos Cervantes, quien hasta hace cuatro meses era coordinador de asesores del procurador general de la República. El ex funcionario federal relevó a su padre, Marcos Castillejos Escobar, luego de que éste murió asesinado el pasado 9 de junio en la Ciudad de México. El representante de la parte acusadora, José Bonilla Sada, opinó que la presencia de Castillejos —cuñado de Luis Cárdenas Palomino, director federal de Seguridad Privada, y aparentemente cercano a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal— probablemente pueda beneficiar con la protección de las autoridades federales a Pérez Ramírez y Constantino García, actualmente prófugos. En otro orden, el abogado espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva en 45 días los recursos de revisión promovidos en favor de sus defendidos.