LA TORTURA EN MEXICO Y OAXACA

-PREVENCION CONTRA LA TORTURA

-EL GOBIERNO DE MEXICO INCITA A LA TORTURA Y LA DESPARICION FORZADA

Prevención contra la tortura Sociedad abierta ERNESTO REYES Del 28 de agosto al 12 de septiembre pasados, el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó una visita a nuestro país como parte de su mandato de realizar giras periódicas a diferentes naciones y hacer recomendaciones a fin de proteger, de tortura y malos tratos, a las personas que se encuentran en cualquier lugar de detención. El Subcomité tiene su origen en el Protocolo Facultativo de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles. Este protocolo fue firmado por México el 23 de Septiembre del año 2003 entrando en vigor el 22 de junio de 2006, razón por la cual es obligatorio para nuestro país. En 1978, el comité suizo contra la tortura que actualmente es la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) y la Comisión Internacional de Juristas, elaboraron un primer borrador sobre el Protocolo Facultativo, instrumento que fue aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas el 18 de diciembre del 2002. Cabe destacar que México introdujo la novedad de los Mecanismos Nacionales de visita en ese instrumento. Un requisito para que este protocolo entrase en vigor era que 20 estados partes debían de ratificarlo. Es así, que el 23 de mayo del 2006 se completaron estas ratificaciones cuando Honduras y Bolivia depositaron su ratificación en las sede de las Naciones Unidas en Nueva York. El Subcomité visitó ahora la Ciudad de México, el estado de México, Jalisco, Oaxaca y Nuevo León; recibiendo información tanto de autoridades como de organizaciones civiles. Con toda esta información deberá hacer una evaluación de las diferentes problemáticas que propician la tortura en los centros de detención, identificar las causas estructurales que impiden su efectivo combate y formular recomendaciones para lograr la prevención de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. En el Informe se incluye lo observado por el Subcomité en todos los centros de reclusión, lo cual incluye estaciones migratorias, hospitales psiquiátricos, cárceles, centros de detención de menores, instalaciones de policía, separos, casas de arraigo, etcétera. Cuando estuvieron aquí los visitantes, faltaban unas horas para que sucedieran los hechos en el penal de Tijuana, donde entre el 13 y 16 de septiembre más de 20 internos fueron asesinados por elementos de la Policía Federal Preventiva sin que se haya acreditado que usaron armas para atacar, salvo algunos objetos para defenderse y reclamar algunos derechos como alimentación y agua, además de abusos contra mujeres y el asesinato de un recluso. Este caso que no ha sido foco de atención mediático, es apenas un ejemplo de la brutalidad con que actúa la policía mexicana. En episodios como Atenco y Oaxaca, se denunciaron en su oportunidad maltratos que llegaron a niveles calificados como de tortura, frente a los cuales, ha sido insuficiente la denuncia de diversos organismos defensores de derechos humanos. Ahora que en Oaxaca estuvieron los integrantes de la Subcomisión, resurgen las esperanzas de que el Informe que van a presentar contenga pruebas que repercutan en el castigo contra los autores materiales e intelectuales de estos abusos. El informe al que hacemos alusión, tiene carácter de confidencial. Sin embargo el Estado visitado tiene la opción de hacer público el informe y sus recomendaciones. Por tanto, y dado que en México la tortura sigue siendo una práctica sistemática, organismos independientes como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, “Todos los derechos para todas y todos”, a la que pertenecen entre otros el Centro “Bartolomé Carrasco” de Oaxaca, exigieron al gobierno mexicano hacer pública dicha información. Esto sería – afirman- una muestra de que existe voluntad por parte del Estado mexicano para prevenir la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y servirá como un ejercicio de rendición de cuentas que permita a la ciudadanía identificar las causas estructurales del problema, aportar para encontrar soluciones y poder monitorear el grado de cumplimiento que haga el gobierno federal, los gobiernos de los estados así como los municipios. Después de la multiplicidad de Informes que organismos internacionales han realizado sobre Oaxaca, cuyos efectos no han sido sancionados lamentablemente por alguna instancia judicial interna, sigue pesando la desconfianza. Sin embargo, como digo líneas arriba, no hay que perder la esperanza. Contactos. Ernesto_reyes_647@hotmail.com El gobierno de México incita a la tortura y la desaparición forzada ■ Cejil: impulsa políticas represivas con el aumento de condenas ■ Permite la impunidad en violaciones a derechos humanos, señala Emir Olivares Alonso El Estado mexicano está obligado a garantizar la seguridad pública nacional bajo una perspectiva de derechos humanos, y sin embargo, ha impulsado políticas “represivas” como el aumento de penas y el incremento del arraigo hasta por 80 días, con lo que vulnera acuerdos internacionales e incita a prácticas como la tortura, la desaparición forzada y las detenciones arbitrarias, aseguró Soraya Long, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organismo con estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos. En entrevista, tras una visita de trabajo que esa organización realizó a México y que finalizó la semana pasada, Long aseguró que en distintos acuerdos y organizaciones globales se establece que aún en situaciones de terrorismo, los Estados deben establecer pautas básicas que garanticen los derechos fundamentales. Asimismo, denunció que el Estado mexicano permite la impunidad en las violaciones a las garantías fundamentales, pues no ha cumplido completamente ninguna de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pese a haber ratificado el Sistema Interamericano en la temática. Con esa actitud, dijo, el gobierno de México demuestra su doble discurso en la materia. Al hacer un estudio de la situación de las garantías fundamentales en el país, la directora del Cejil afirmó: “en México no se garantiza la seguridad pública desde la óptica de los derechos humanos, se ha omitido; por ejemplo, no vemos que exista ninguna garantía en temas como protección judicial o debido proceso dentro del marco de seguridad nacional”. La activista recordó que las autoridades mexicanas están obligadas a brindar seguridad con base en una perspectiva en garantías fundamentales, por lo que al no hacerlo –como sucede con la política de Felipe Calderón Hinojosa– el Estado mexicano está vulnerado normativa internacional. Las autoridades de este país “no pueden, por un lado, fomentar temas de seguridad represivos olvidándose de los derechos humanos porque con ello justifican la tortura, la detención arbitraria, la desaparición forzada y otros en aras de la seguridad nacional”, subrayó. Agregó que el Estado mexicano ha incumplido con las recomendaciones de la CIDH, siendo las denuncias contra militares por violaciones a derechos humanos los que más resistencia generan de parte de las autoridades de este país. “Con esto, el Estado mantiene un doble discurso: de liderazgo y promoción de esas garantías en el exterior, pero a nivel local no garantiza los derechos fundamentales, incumple con obligaciones internacionales y no armoniza la legislación interna con la externa”. Agregó que el incumplimiento radica básicamente en que no se presenta la reparación de daño a las víctimas ni se impulsan las investigaciones para sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos. Señaló que al incumplir con la CIDH, México no muestra interés, intención ni voluntad de garantizar los derechos humanos, y pone en duda que cuente con voluntad política para cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana, organismo judicial que ya analiza dos casos: la desaparición forzada en la década de los 70 de Rosendo Radilla, en Guerrero; y el conocido como “campo algodonero”, referente a las víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua. http://www.jornada.unam.mx/