ATENCO: EXONERAN A PEÑA NIETO Y FUNCIONARIOS EN EL ESTADO DE MEXICO

■ Seguirá el horror si considera que no hubo violación de derechos en operativos de 2006 Fallo de la Corte sobre Atenco, parteaguas en el sistema de justicia nacional: CCIODH ■ En sus manos, que los funcionarios implicados sean castigados y se reivindique a las víctimas Emir Olivares Alonso La Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) consideró que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no resuelve que en San Salvador Atenco hubo transgresiones a los derechos humanos, “ratificaría la continuidad de la impunidad, como presagio de que el horror ocurrido se pueda repetir. Y de ser así, quedará en cuestión el propio sistema de justicia, incapaz durante casi tres años de imputar, procesar y condenar a un solo funcionario público por las graves violaciones” cometidas en ese municipio. En vísperas de que se debata el caso en el seno del máximo tribunal, la ONG internacional indicó que si, por el contrario, acredita los abusos y finca responsabilidades, “puede definir un cambio en la tendencia para hacer justicia ante las violaciones a esas garantías”. En tal sentido, consideró que el órgano de justicia no puede eludir la endémica violación a los derechos humanos en México como instrumento del poder para reprimir movimientos sociales, como ocurrió en San Salvador Atenco en mayo de 2006. Por separado, organizaciones civiles mexicanas consideraron que el hecho de que el máximo tribunal tenga que pronunciarse al respecto demuestra que el sistema de procuración de justicia del país es “ineficiente” y no cumple con su obligación. La CCIODH, conformada por activistas de diversos países, sobre todo europeos, realizó varios informes en torno a los operativos policiacos realizados en la comunidad mexiquense el 3 y 4 de mayo de 2006, en los que acreditó que el Estado mexicano incurrió en “graves violaciones” a garantías fundamentales, como torturas, asesinatos, abusos sexuales y detenciones arbitrarias, entre otras. En vísperas de que la Corte inicie el debate sobre el caso, la CCIODH se pronunció por que los ministros “reviertan la impunidad” que ha imperado en torno a los hechos ocurridos en ese municipio. Sin embargo, criticó que el dictamen del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo exonere de responsabilidad a funcionarios públicos como Enrique Peña Nieto, Eduardo Medina Mora, Genaro García Luna y Wilfrido Robledo Madrid, entre otros, y consideró “especialmente grave” la afirmación de que “no hay pruebas para imputar a funcionarios los homicidios” de dos jóvenes durante los hechos. Por su parte, Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, confió en que durante las discusiones en el seno de la SCJN, el dictamen –que reconoce la violación de garantías fundamentales– pueda fortalecerse, a fin de que la resolución “moral” obligue a las procuradurías General de la República y de Justicia del Estado de México a sancionar a los responsables de los abusos, porque “hasta ahora se han negado a ello. “La prueba fundamental radicará en que las procuradurías transformen el dictamen de la Corte en acciones de real investigación y sanción del delito, pues a la fecha han garantizado la impunidad”. Cortez subrayó que el hecho de que las víctimas de Atenco tuvieran que acudir a la Corte como última instancia nacional para acceder a una investigación objetiva, expedita e imparcial, demuestra que la justicia mexicana es ineficaz. “El dictamen del ministro Gudiño revela que el sistema de procuración de justicia no cumple su obligación y es prácticamente inaccesible para los ciudadanos. Se niega y escamotea un elemento que es obligación del Estado proporcionar, por lo que se debe recurrir al máximo tribunal”. El activista confió en que los ministros ignoren las presiones ejercidas desde diversos sectores del poder, como que el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, “haya minimizado el dictamen”, a fin de que los responsables de las violaciones a derechos humanos sean sancionados. En tanto, Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, consideró necesario que el dictamen del órgano judicial propicie no sólo el reconocimiento de lo que “ya todos sabemos” respecto a que durante el operativo policiaco en Atenco hubo violaciones a las garantías fundamentales, y también que “las instituciones sancionen a los actores materiales e intelectuales” de esos delitos. “Recordemos que hubo reuniones previas –en las que participaron Peña Nieto y funcionarios de su gobierno, así como Eduardo Medina Mora, actual titular de la PGR, y otros integrantes del gobierno federal–, por lo que hay responsabilidad de funcionarios de los tres órdenes de gobierno”. Los activistas coincidieron en la necesidad de que las procuradurías dejen de depender directamente de los titulares del Ejecutivo –locales y federal, a fin de que no respondan a los intereses políticos y asuman principios de imparcialidad, independencia y autonomía para garantizar justicia.