DICTAMEN LIGHT DEL CASO ATENCO EN EL EDO. DE MEXICO

-El proyecto de la Corte sobre Atenco puede otorgar impunidad a funcionarios

-La Corte inicia una discusión light del dictamen sobre el caso Atenco

■ Los ministros sólo buscarán identificar a funcionarios que hubieran violado garantías La Corte inicia una discusión light del dictamen sobre el caso Atenco ■ No se prevé un señalamiento sobre probables responsabilidades civiles, penales, políticas o administrativas, ni reparación de daño a víctimas ■ Ninguna mención sobre presos del FPDT Jesús Aranda Ampliar la imagen Llegada de la Policía Federal Preventiva a San Salvador Atenco, al inicio de la operación del 4 de mayo de 2006 Foto: Alfredo Domínguez /Archivo En medio de grandes expectativas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comienza hoy la discusión pública del caso San Salvador Atenco, en la que no se prevé que el pleno se refiera a formas de reparación de las “violaciones graves a las garantías individuales” cometidas por autoridades estatales y federales, como tampoco un señalamiento expreso sobre probables responsabilidades civiles, penales, administrativas o políticas de los involucrados. De acuerdo con información obtenida en el máximo tribunal, los 11 ministros centrarán su labor en identificar el cargo y nombre de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública federal y de la Agencia Estatal de Seguridad y Procuraduría del estado que hubieran violado gravemente las garantías, pero nada más. El dictamen que discutirán tampoco hace referencia alguna a los dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) que aún se encuentran presos y que fueron sentenciados por la justicia mexiquense con un rigor que llama la atención, como es el caso de Ignacio del Valle, quien está en el penal de máxima seguridad del Altiplano, con una condena de 112 años de prisión. Tampoco plantea el documento que los ministros aprueben un pronunciamiento concreto sobre la reparación de daños a las víctimas, por considerar que el Estado mexicano estaría obligado a hacerlo de acuerdo con el compromiso asumido ante instancias internacionales. Trascendió que ante lo limitado de los alcances del resolutivo que adopte la Corte sobre los hechos violentos que provocaron dos muertos (Alejandro Benumea y Javier Cortés Santiago), más de 200 detenciones (31 de las mujeres denunciaron agresiones sexuales a manos de los policías mexiquenses durante su aprehensión y traslado al penal de Santiaguito), el pleno centrará su atención en demostrar la necesidad de que los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión y del estado de México aprueben reglamentos y protocolos sobre el uso de la fuerza pública para evitar que a nivel local y nacional se repitan abusos policiacos en contra de la sociedad. A pesar de que el texto documenta suficientemente la existencia de agresiones sexuales en contra de mujeres –mexicanas y extranjeras– en Atenco, al final el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo señala que las averiguaciones están en proceso y que corresponde a las autoridades locales sancionar a los responsables. Ello a pesar de que en el dictamen elaborado por el ministro Gudiño se expresa que los días 3 y 4 de mayo de 2006 fueron violados gravemente los derechos constitucionales a la vida, la integridad de la persona, libertad sexual, no discriminación por género, inviolabilidad del domicilio, libertad personal, de debido proceso, trato digno a los detenidos y derecho a la justicia. El documento se limita a “identificar” el cargo y nombre de los funcionarios que participaron en los hechos. Cabe señalar que en el texto se menciona la reunión que sostuvieron la noche del 3 de mayo mandos policiacos estatales y federales para analizar la situación en San Salvador Atenco, la cual estuvo encabezada por el actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, y el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto. A pesar de ello, el documento no atribuye responsabilidad alguna a nadie. Es más, el texto de 924 cuartillas –de acuerdo con la versión pública del dictamen que fue subido a la página de Internet de la Corte– reconoce que, a pesar de haberle solicitado a la Agencia de Seguridad Estatal los nombres y cargos de los policías que participaron en la detención de mujeres y que las escoltaron desde su detención hasta su llegada al penal, ésta argumentó no tener esos datos. En cambio, el dictamen de la SCJN –que recoge el sentir de la mayoría de los ministros– señala “omisiones legislativas” en materia de uso de la fuerza pública, que se traducen en carencias y deficiencias con que operan los cuerpos de seguridad; la inexistencia de legislación sobre el uso de la fuerza pública, a nivel legal y reglamentario y la inexistencia de protocolos en materia de policía que permitan prever y automatizar acciones y reacciones de los cuerpos de seguridad y sus elementos. Esos problemas, enfatiza el texto, tienen alcance nacional y por lo mismo generan un estado delicado de vulnerabilidad de las personas frente al Estado. ■ De aprobarse como está favorecería a Peña Nieto y Medina Mora, entre otros: Bárbara Zamora El proyecto de la Corte sobre Atenco puede otorgar impunidad a funcionarios ■ Se deja la responsabilidad a policías mal instruidos e incompetentes, sostiene la abogada Alfredo Méndez y Víctor Ballinas La abogada Bárbara Zamora, representante legal de varias de las personas que fueron detenidas durante los operativos policiacos de San Salvador Atenco, efectuados en mayo de 2006, y una de las promoventes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que desde el máximo tribunal se investigara a las autoridades federales y estatales que ordenaron y participaron en esas acciones, sostuvo en entrevista que “de aprobarse como está el proyecto de resolución que comenzará a discutirse por el pleno de ministros este lunes, la Corte estaría otorgando una carta de impunidad”. Tal como está el proyecto elaborado por uno de los 11 ministros, “terminaría por protegerse al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto; al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, así como a Miguel Ángel Núñez, Humberto Benitez Treviño, Héctor Guevara Ramírez, Eugenio Alonso Chombo, Irineo Monroy, Abel Villicaña, Sergio Macedo López, Alberto Castrejón Muñoz, Hipólito Treviño Licea, Natividad Carrera Santiago, Nazario Gutiérrez Martínez, Wilfrido Robledo, Ardelio Fosado, Gudmero Rodríguez Leyva y a más de 3 mil policías federales, estatales y municipales, todos ellos participantes en las graves violaciones a los derechos humanos que la Corte constató en su investigación”. Por su parte, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) destacó que el dictamen del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, en caso de aprobarse como está, “omite una conclusión que limita el alcance de la declaración y favorece la impunidad a los altos funcionarios federales y estatales, al decir que esas violaciones graves no obedecieron a una estrategia estatal, por no haberse demostrado instrucciones expresas y órdenes ilícitas de altos funcionarios, dejando toda la responsabilidad a la libre voluntad de unos policías mal instruidos e indisciplinados. “Esto contrasta con el hecho de que la propia comisión investigadora determinó que el 3 de mayo de 2006, por la noche, se reunieron Enrique Peña Nieto, Wilfrido Robledo, Abel Villicaña, Humberto Benítez Treviño, Eduardo Medina Mora, Genaro García Luna y Miguel Angel Yunes para definir el operativo Rescate Atenco, lo que implica una planeación y dolo para aterrorizar a la población y tratar de exterminar al FPDT.” En tanto, Zamora, que encabeza el despacho jurídico Tierra y Libertad, puntualizó que “a pesar de que el proyecto señala a los funcionarios que están involucrados en los delitos cometidos en contra de más de 200 ciudadanos detenidos con motivo de esos hechos, como son homicidios, violaciones sexuales, lesiones que ponen en peligro la vida, detenciones arbitrarias, robos, cateos ilegales y tortura, no hay pronunciamiento alguno respecto a la sanción penal, civil, administrativa y política que corresponde a cada funcionario según su grado de participación”. Asimismo, Zamora indicó en un comunicado que el ministro ponente, José de Jesús Gudiño, “aduce que la Corte no tiene facultades para determinar la responsabilidad de los mencionados funcionarios; sin embargo, esto es falso, en virtud de que la propia Corte había determinado en febrero de 2007, en el pleno, que la investigación tendría también como objetivo hacer llegar a las autoridades competentes su opinión sobre las formas de reparación de la violación de las garantías, ya sean jurídicas o civiles, así como también, en su caso, la opinión sobre posibles responsabilidades civiles, penales, administrativas o políticas. Por lo que esta decisión del pleno implicaba la facultad de la Corte de pronunciarse respecto de las responsabilidades de los funcionarios”. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra señaló que con la publicación del dictamen que se discutirá esta semana, “omitiendo los nombres de las víctimas, autoridades y policías, así como el no incorporar los puntos resolutivos de la declaración, no se protege a los agraviados, porque nuestras denuncias han sido públicas; por el contrario, se despierta la sospecha de la impunidad para los altos funcionarios, cuya responsabilidad parece consistir –según este dictamen– en excederse en el uso de la fuerza y no como violadores de derechos humanos, dejándoles la responsabilidad política en la reglamentación posterior”.