APPO DENUNCIARA A ULISES RUIZ

APPO denunciará a Ulises Ruiz pedro matías OAXACA, Oax., 11 de septiembre (apro).- Los 350 miembros de la Asamblea Popular de Oaxaca (APPO) que recobraron su “libertad absoluta” la semana pasada, anunciaron que interpondrán una denuncia penal en contra del gobernador Ulises Ruiz y de “las autoridades que criminalizaron la protesta social”. Jesús Bolaños Santiago, en representación de los miembros de la APPO agrupados en el Comité de Familiares y Amigos de Desaparecidos, Asesinados y Presos Políticos de Oaxaca (Cofadappo) reiteró que la lucha no termina con la liberación de sus compañeros, sino hasta que Ulises Ruiz deje el cargo como gobernador. “Los expresos no olvidamos, no perdonamos: ¡resistimos!”, afirmó Bolaños Santiago luego de relatar las vejaciones que sufrieron cuando fueron detenidos por la fuerzas especiales del Ejército Mexicano, la Marina, la Policía Federal Preventiva y diferentes corporaciones policíacas estatales durante la crisis social de 22006 y 2007. En conferencia de prensa, el representante de la Cofadappo dijo que la “protesta social para los excluidos de la justicia” es su única alternativa y cada quien, en su trinchera, “seguirá su lucha con la frente en alto y con mucha dignidad” porque no lograron derrotarlos. Agradeció al pintor Francisco Toledo –quien fundó el Comité de Liberación 25 de Noviembre--, y a la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) por asumir la defensa de los detenidos hasta lograr su “libertad absoluta”. Recordó que la demanda de renuncia del gobernador Ulises Ruiz se fortaleció tanto que cimbró las esferas del poder; sin embargo, criticó que para contener la protesta, el gobierno del estado “inició la represión en todas sus variantes” desde la provocación hasta el asesinato y desapariciones forzadas, así como las detenciones, el encarcelamiento y la tortura. Agregó que los días 2, 20 y 25 de noviembre de 2006, así como el 16 de julio de 2007, se recrudeció la represión con detenciones arbitrarias y vejaciones en contra de los miembros de la APPO. Relató que tan sólo el 25 de noviembre fueron detenidos 143 personas por la PFP, fuerzas especiales del Ejército, la Marina y diferentes corporaciones policíacas estatales, “con el uso indiscriminado de gases tóxicos, armas de alto calibre y el abuso de la fuerza bruta para someterlos y torturarlos”. Bolaños Santiago denunció que cuando fueron trasladados a los penales de Miahuatlán y Tlacolula, pese a estar heridos, se les negó atención médica; en el trayecto fueron torturados física y psicológicamente, se les prohibió el acceso a un abogado y sus declaraciones “fueron inducidas” para que se declararan culpables. Criticó que las autoridades estatales y federales los trataron como si fueran “delincuentes de alta peligrosidad”, y los trasladaron a un penal federal en Rincón, Nayarit, donde un juez le impuso una fianza de 46 millones de pesos a cada uno. “Sin embargo, con la movilización social hoy somos libres porque no cometimos delito alguno, a pesar de que el gobierno federal y estatal han criminalizado la protesta social”, afirmó. Finalmente, responsabilizó al gobierno del estado de cualquier atentado que pudieran sufrir tanto él como sus demás compañeros “de lucha”.