JUSTICIA A MEDIAS EN CHIAPAS

■ La captura del ex fiscal es una venganza política de la oligarquía, afirma el FNLS Lamenta La Voz del Amate que detención de Herrán no sea por vejaciones a indígenas ■ Demanda que se haga justicia y se libere a todos los que fueron encarcelados durante ese periodo Hermann Bellinghausen (Enviado) San Cristóbal de las Casas, Chis., 1º de febrero. El espectáculo justiciero desatado en Chiapas con la aprehensión, encarcelamiento y exhibición del ex fiscal y ex ministro Mariano Herrán Salvatti, según coinciden en señalar La Voz del Amate y diversas organizaciones sociales, ha dejado de lado el aspecto más grave de la gestión pública del alguna vez “hombre fuerte” en la entidad: las violaciones a los derechos humanos de indígenas de diversas organizaciones durante los siete años que comandó la acción judicial. La Voz del Amate, organización de presos políticos adherentes de la otra campaña que aún se consideran “secuestrados” por el sistema de justicia, y que hoy irónicamente comparten la misma cárcel con quien los metió allí, exigió que “se le investigue por la vejaciones y detenciones arbitrarias que cometió cuando era procurador y fiscal en el estado”. La Voz del Amate, respaldada por los reclusos de la Casa del Pueblo de Venustiano Carranza, el Movimiento Campesino Regional Independiente y la Coordinadora Plan de Ayala- Movimiento Nacional, agregó: “Lo más importante es que se haga justicia a todos los que fuimos encarcelados y a los cuales nos inventaron delitos y donde sus fiscales y agentes del Ministerio Público, por consigna y por sus órdenes, fabricaron nuestros delitos y armaron los expedientes que hoy son la base para tenernos secuestrados y muchos hasta sentenciados”. En consecuencia, demandan su “libertad inmediata”. Los términos empleados por la coordinación estatal del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) respecto de la detención contra Herrán Salvatti, el 24 de enero, son aún más severos. El procesamiento “del brazo ejecutor del gobierno represivo y violador de derechos humanos de Pablo Salazar Mendiguchía no es, bajo ninguna forma, un mensaje del actual gobierno de Juan Sabines Guerrero, de que en Chiapas nadie está por encima de la ley, y mucho menos un acto de justicia”. El FNLS subraya que la acción “sólo constituye un acto de venganza política y ajustes de cuentas entre grupos de la oligarquía, y es parte de un reacomodo y reposicionamiento de oscuros personajes del alborismo, como Eduardo Montoya Liévano o Noé Castañón León”, ambos reivindicados por el gobierno de Sabines, a pesar de su pasado represor durante el gobierno de Roberto Albores Guillén. Así, añadió el FNLS, “la intención gubernamental” de fincar responsabilidad penal a Herrán Salvatti “sólo por los delitos de peculado y asociación delictuosa por el desvío de 6 millones de pesos, resulta una muestra de cinismo, y una burla más por parte del actual gobierno hacia las organizaciones democráticas e independientes que fuimos objeto de feroz persecución, criminalización y represión durante el gobierno de Salazar Mendiguchía”. Para el FNLS, “un paso para hacer verdadera justicia sería fincarle responsabilidad por los múltiples abusos y violaciones de derechos humanos que se instrumentaron” mientras estuvo al frente de la fiscalía de justicia de Chiapas. El FNLS señala que bajo el actual gobierno de Chiapas “nada ha cambiado” y persisten las violaciones de los derechos humanos. “Las legítimas demandas de nuestro pueblo no son atendidas y son criminalizadas; se persigue y reprime a las organizaciones independientes; persiste la impunidad oficial”. Abusos contra indígenas El indígena Miguel Gómez Gómez, originario de la comunidad Campo La Granja, del municipio de Simojovel, miembro de La Voz del Amate, aseguró que Herrán Salvatti le gritó en una ocasión “soy tu patrón, soy tu papá”, cuando lo forzó a él y a su primo Antonio Gómez a firmar una declaración que nunca les fue leída. El indígena base de apoyo del EZLN, sentenciado a más de 10 años de prisión, relató que el 14 de septiembre de 2002, policías estatales detuvieron en su poblado a varios líderes del lugar, a quienes acusaron de secuestros. Otro caso implicó a Ángel Hidalgo Espinosa, a los hermanos Mario, Enrique y Alberto Coutiño Morales, así como a José Arnulfo Díaz Vázquez, todos integrantes de la Casa del Pueblo de Venustiano Carranza, detenidos en 2003, torturados y sentenciados a 300 años de cárcel, acusados de dar muerte a campesinos. Aseguraron que el operativo de detención, la declaración y el proceso fueron supervisados por Mariano Herrán, como parte de una estrategia del gobierno de Chiapas para controlar las movilizaciones de la Casa del Pueblo, la principal organización de la zona centro de la entidad. Con información de Ángeles Mariscal, corresponsal